En Perú fallecen 182 presos por Covid-19 y en Brasil aumentan 33% las muertes en penales de Río

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Perú | INPE: 182 internos y 12 trabajadores han fallecido por COVID-19

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó que, a la fecha, 182 internos y 12 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) han fallecido a causa del nuevo coronavirus.

En entrevista con RPP, Castañeda indicó que el sector ha realizado una serie de acciones preventivas en las cárceles para reducir el riesgo de contagio, entre ellas las labores de aseo y desinfección en las instalaciones de manera permanente, toma de temperatura, desinfección de zapatos, lavado de manos e implementación de dispensadores con gel desinfectante.

Asimismo, la Oficina de Asuntos Internos del Inpe se encuentra verificando la distribución mascarillas reutilizables a todos los internos y trabajadores.

Por otro lado, han aislado a los internos que dieron positivo para COVID-19 en 60 módulos facilitados por el Ministerio de Vivienda, los cuales están dentro de los penales, pero alejados de la celdas.

Castañeda indicó que hasta el momento se han tomado 2.803 pruebas entre los trabajadores, de los cuales 674 resultaron positivos. De este número, 607 permanecen en sus casas cumpliendo el aislamiento domiciliario por presentar síntomas leves o por ser asintomáticos.

Asimismo, el ministro indicó que hay 1 trabajador atendido en la Villa Panamericana, 18 se encuentran hospitalizados y 36 fueron dados de alta.

También indicó que en la última semana fallecieron 3 de este grupo, elevando a 12 el número de muertos entre el personal del INPE.

En el caso de los internos, se tomaron 3.212 pruebas, de las cuales 1.223 resultaron positivas. Del total de infectados, 945 se encuentran aislados dentro de los penales, 96 están internados en hospitales y 182 han fallecido.

Por otro lado, el titular del Ministerio de Justicia recalcó que su sector espera liberar a un máximo de 10.000 procesados es decir, aquellos que se encuentran recluidos si sentencia, y alrededor de 2.500 o 3.000 condenados, a través de indultos o conmutaciones de penas.

La República


Brasil | Aumentaron 33% las muertes en las cárceles de Río de Janeiro durante la pandemia

La Defensoría Pública de Río de Janeiro informó hoy en los últimos meses las muertes en las cárceles aumentaron 33% en comparación al año pasado y señaló que al menos medio centenar de presos falleció en plena crisis del coronavirus.

Entre el 11 de marzo y el 15 de mayo, durante la cuarentena decretada en las penitenciarías por el coronavirus, murieron 48 presos, el mayor número registrado en los últimos seis años y, según la Defensoría Pública regional, el aumento “puede ser una consecuencia del coronavirus”.

La Secretaría de Administración Penitenciaria (Seap) confirmó la muerte de al menos cuatro presos por coronavirus desde que comenzó la pandemia.

La Defensoría no confía en la transparencia de la Seap por lo que presentó un recurso para acceder a los reportes de salud de los presos y tener información actualizada sobre los avances del virus en las cárceles, informó la agencia de noticias EFE.

Según la entidad, además de las sospechas de que el incremento de muertes se deben a la pandemia, hay registros de fallecimientos por insuficiencia respiratoria en algunos presidios.

“La situación que ya era grave en tiempos normales, empeoró en tiempos extraordinarios como el que se vive hoy”, afirmó Emanuel Queiroz, coordinador de Defensa Criminal de la Defensoría Pública de Río de Janeiro a través de un comunicado.

Brasil registró ayer un récord diario de 1.179 muertes, lo que elevó el número de fallecimientos a 17.971 en dos meses y 271.628 personas contagiados, por lo que se convirtió en el tercer país con más casos del mundo, detrás de Estados Unidos y Rusia.

Río de Janeiro tiene 49.000 presos, de los cuales, al menos 800 están en el grupo de riesgo por tener más de sesenta años.

A raíz de la pandemia, el gobierno de Río determinó la suspensión de visitas en unidades penitenciarias y autorizó la salida de 2.200 presos que estaban en régimen semiabierto.

La suspensión de las visitas a los presos en las cárceles también fue adoptada más tarde por otros gobiernos regionales y por el gobierno nacional a fin de evitar la propagación del virus en una población penal calculada en unas 800.000 personas, en su mayoría hacinadas en lugares poco adecuados, informó EFE.

Según organismos de derechos humanos, el sistema penitenciario brasileño está considerado como uno de los peores del mundo, con un déficit cercano a las 350.000 plazas y un hacinamiento cada vez peor, además de una precaria atención sanitaria.

Télam


Colombia | Juez ordena al INPEC dotar de elementos de bioseguridad a sindicatos de las cárceles

María Kamila Correa

El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá les ordenó al INPEC y a la USPEC dotar a los sindicalistas, de las cárceles del país, de elementos de protección personal y de bioseguridad para prevenir una propagación del COVID-19.

Y es que la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, UTP, interpuso una acción de tutela por la presunta violación de los derechos fundamentales al trabajo digno y seguro, dignidad humana, igualdad, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, ambiente sano y acceso a la justicia.

En su estudio el juez concluyó que aunque la USPEC ha suministrado elementos de protección a los establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional, estas acciones “resultan insuficientes para quienes prestan su labor en los centros penitenciarios y carcelarios”.

“Son los que a diario están encargados de vigilar la población reclusa, lo que obliga en ocasiones a no respetar la distancia mínima que debe haber entre personas y con ello a una exposición mayor. No hay acciones que permitan establecer que se garantiza el trabajo en condiciones de higiene y seguridad”, señala el fallo de tutela.

WRadio


Argentina | Cárcel de Devoto: Cuatro nuevos contagios de coronavirus confirmados

Por Irina Hauser

El coronavirus se propaga en el penal de Devoto. Con cuatro nuevos contagios confirmados, ya son 13 los presos con covid-19 en esa cárcel, que fue epicentro de protestas el mes pasado por la falta de condiciones sanitarias, el hacinamiento y las demoras en el otorgamiento de prisiones domiciliarias u otras morigeraciones como forma de descomprimir el lugar, como ocurre en la mayor parte de los países. Desde que se firmó un acuerdo que dio por finalizado el reclamo se agravó la situación. Todos los contagios corresponden a personas alojadas en el mismo piso, en el módulo dos. Hasta ahora se testea a quienes tienen síntomas, pero habría modificaciones el protocolo de salud que se viene aplicando.

Los primeros contagios que se conocieron en Devoto correspondían a personal de salud y celadores. Luego de la protesta, se supo que el preso que había caído de un techo y que había sido internado en el hospital Fernández, Nicolás Cardozo, se había contagiado covid-19. Más adelante se confirmó también que otros dos que resultaron heridos con balas de plomo aquel día (24 de abril) y que fueron internados en el hospital Pirovano, donde continúan, también tenían coronavirus. Uno de ellos difícilmente vuelva a caminar. Fueron 36 los internos heridos en total y hay una causa abierta donde se investiga la violencia institucional y la tentativa de homicidio, a cargo del juzgado de instrucción 7. El resto de los covid-19 positivo se encuentran alojados en la Unidad 21 del Hospital Muñiz.

La noticia sobre cuatro nuevos contagios impactó ayer en el encuentro de la mesa de diálogo que se hace de manera periódica para analizar la situación en el penal, donde participan el Servicio Penitenciario y Ministerio de Justicia, defensores, la Procuración Penitenciara y el Comité para la Prevención de la Tortura. Estos dos últimos vienen pidiendo la intervención específica del Ministerio de Salud frente al agravamiento de los contagios. Por el momento se aplican tests a quienes tienen síntomas. Desde hace poco toman como parámetro la fiebre o dos síntomas juntos, pero los organismos apuntan a que se lleve allí el operativo Detectar (que se viene usando en barrios vulnerables). Es posible que haya modificaciones en los protocolos de salud. Al menos en el penal de Devoto, en uno de los pisos, es evidente que el virus está instalado.

La alarma por la posible expansión del coronavirus en las cárceles no es tema que atañe solo a la Argentina, y como ha motivado pedidos y recomendaciones expresos de la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Cruz Roja, entre otros, para que se tomen medidas para descomprimir los penales, donde el aislamiento para evitar los contagios es de imposible cumplimiento. Son muchos los países donde se han otorgado miles de arrestos domiciliarios y libertades.

En Argentina la posición de los poderes ejecutivos, nacional y de la provincia de Buenos Aires (donde se concentra la mayor cantidad de población y superpoblación carcelaria) ha sido delegar el tema en el Poder Judicial. Contra lo que intentó instalar una campaña fogoneada por la oposición política, no hubo liberaciones ni domiciliarias masivas. Incluso después del escándalo público, hubo tribunales como la Suprema Corte bonaerense, que impusieron mayores restricciones al otorgamiento de domiciliarias y morigeraciones. Devoto empieza a dejar en evidencia que el problema se acrecienta.

Página|12


Costa Rica | Consulado tico en Nicaragua pide repatriar a ‘un grupo’ de presos costarricenses por pandemia de covid-19

Por Katherine Chaves R

Justicia indicó, en un escueto video, que trabaja en un plan estratégico para la eventual recepción de estos nuevos ingresos provenientes de Nicaragua. Foto: Jorge Navarro.

El Consulado de Costa Rica en Nicaragua hizo la solicitud formal al Gobierno vecino para poder repatriar a “un grupo” de presos costarricenses, ante la pandemia por el nuevo coronavirus. No detalló cuántas personas serían.

Según confirmó a La Nación el cónsul Óscar Camacho, la petición al Ministerio de Gobernación nicaragüense se realizó en este mes de mayo; no obstante, recalcó, son gestiones que se hacen todos los años.

Por ejemplo, el año pasado se lograron repatriar 19 costarricenses para que descontaran el resto de la pena en cárceles nacionales. En lo que va de este 2020, se han repatriado dos.

“Vivimos coordinando con el Ministerio de Gobernación de Nicaragua estos procesos y, en efecto, por todo el tema del covid-19 hemos pedido que se estudie la posibilidad de repatriar un grupo de presos de Nicaragua”, apuntó.

Debido a que la solicitud aún está en estudio, Camacho prefirió no ahondar sobre cifras de cuántos privados de libertad se verían beneficiados con el cambio.

“No tenemos el dato exacto porque no sabemos si se van a poder repatriar. Es una solicitud expresa del Consulado hacia las autoridades nicaragüenses. Esperamos tener afinado ese detalle en las próximas semanas. Hasta ese momento podríamos decir quiénes se van”, señaló.

Esta solicitud se da en medio de que la prensa nicaragüense ha denunciado en múltiples ocasiones que el gobierno de Daniel Ortega oculta los datos verdaderos sobre la cantidad de pruebas realizadas de covid-19, sus resultados y la cantidad de víctimas mortales.

Además, aseguran que hay un contagio comunitario.

Paralelamente al trámite que realiza Costa Rica ante las autoridades penitenciarias de Nicaragua, trascendió, según el diario nicaragüense La Prensa, que el régimen de Daniel Ortega ordenó la expulsión de privados de libertad extranjeros que cumplen penas en las distintas cárceles del país.

Ortega dictó el regreso de los presos hacia sus países de origen por medio de la figura de la «Expulsión», contemplada en el artículo 95 del Código Penal de Nicaragua. Sin embargo, la figura no puede utilizarse de esa manera, según penalistas independientes del país del norte.

El diario indicó que el Código Penal de Nicaragua señala que la figura de la expulsión se aplica a reos extranjeros cuyas penas privativas de libertad impuestas son inferiores a cinco años.

Sin embargo, los penalistas consultados por el medio advirtieron que la mayoría de extranjeros condenados en Nicaragua están cumpliendo penas mayores a los cinco años de cárcel, por lo que no pueden ser expulsados a través de esta figura.

Por su parte, el Ministerio de Justicia de Costa Rica indicó en un video de menos de un minuto, enviado por su oficina de prensa, que conocen de las intenciones del Consulado tico y que, por ello, trabajarán en un plan estratégico para la eventual recepción de estos nuevos ingresos.

Se les enviaron más consultas al departamento de prensa, pero no se ha obtenido respuesta.

Imagen de la cárcel El Chipote, en Nicaragua. Cortesía El Nuevo Diario
Imagen de la cárcel El Chipote, en Nicaragua. Cortesía El Nuevo Diario

¿Cómo funciona este proceso?

Para empezar, estas solicitudes se realizan bajo el marco de la Convención Interamericana para Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, el cual Costa Rica suscribió en 1998.

Según explicó Camacho, cualquier privado de libertad puede solicitarlo, no tiene que cumplir con algún requisito puntual. Recalcó que estas petitorias se hace basándose en la calidad de su nacionalidad y no así del delito que cometió.

Lo único que sí es necesario es que el recluso exprese su consentimiento para el traslado.

“Sí lleva un trámite especial, lleva documentación y una coordinación entre el Poder Judicial de Nicaragua y el de Costa Rica. Una vez que se cumpla con eso, queda a voluntad absoluta de Nicaragua quiénes se van, cuándo se van y la forma en que se van”, explicó.

Como parte del proceso, se da la coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, debido a que son ellos quienes deben ingresar a los reclusos al sistema penitenciario nacional. “Eso lleva su tiempo”.

Entre los presos costarricenses que actualmente están en Nicaragua, destaca Luis Ángel Martínez Fajardo, alias Pollo, de 37 años.

Él fue detenido en abril del 2015 y fue condenado a 18 años por el delito de tráfico internacional de drogas y a 12 años por crimen organizado.

Sin embargo, lo último que se conoció de él es que, en el 2016, se rehusó a ser repatriado.

Precisamente, en una carta que había enviado a los funcionarios de la Embajada de Costa Rica en Nicaragua en ese tiempo, él daba a conocer que no quería entrevistarse ni tener contacto con ningún funcionario diplomático.

Así las cosas, él se mantuvo en la cárcel Tipitapa, ubicada en las afueras de Managua.

La Nación


México | Presos indígenas inician huelga para exigir su libertad al no tener garantías de salud

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Presos del Centro de Readaptación Social (CERESO) número 5, en San Cristóbal de Las Casas, iniciaron una huelga de hambre, pues, aseguran que debido a la contingencia sanitaria, ellos también están expuestos y han quedado desprotegidos por las autoridades estatales.

“Las autoridades de este centro han negado el contagio de un oficial de rango comandante y la supuesta muerte de un oficial de nombre Artemio”, aseguraron en un comunicado presos que pertenecen a la organización La Voz de Indígenas en Resistencia y la organización La Voz Verdadera del Amate.

Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, confirmó que existe el contagio de ocho personas en dicho centro penitenciario, pero aseguró que se están tomando las medidas de protección necesarias para los reos.

“También enfatizamos que la población interna está sufriendo de calenturas, dolores musculares, diarrea, lo que no sabemos si es el Virus de COVID-19 o calenturas normales. Los internos se nos vulneran nuestros derechos a la salud. No hay cómo sacar la prueba de COVID-19 y tampoco hay medicamentos”, comunicaron.

Manifestaron que tomarán otras medidas en caso de no ser atendidos ya que aseguraron, además, ser inocentes de los delitos que se les imputa.

AquíNoticias


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