Guatemala: el Covid-19, la falta de anticonceptivos y los embarazos no deseados

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Carmen Quintela

Se viene advirtiendo desde que las palabras pandemia, encierro y cuarentena forman parte de nuestro vocabulario habitual. Esta crisis no afecta igual a todas las poblaciones. Y las mujeres —más aún las mujeres expuestas a los altos índices de pobreza— son las que están recibiendo con más crudeza los efectos de la COVID-19.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) publicó un estudio en el que señala los posibles impactos de la pandemia —y sobre todo del encierro para prevenir el contagio de la COVID-9 — en la planificación familiar, la violencia contra las mujeres y los matrimonios infantiles.

Estos impactos fueron calculados a través de proyecciones realizadas con la colaboración de Avenir Health, la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos y la Universidad de Victoria, en Australia.

Los investigadores analizaron la repercusión de la pandemia sobre tres objetivos que UNFPA aspira a lograr de aquí a 10 años: terminar con las muertes maternas evitables, con la necesidad insatisfecha de planificación familiar y con la violencia de género.

El estudio menciona una serie de situaciones en relación al acceso a la salud y a los anticonceptivos. “Los establecimientos sanitarios están cerrando o limitando sus servicios en muchos sitios y las mujeres no acuden a los mismos por miedo a contraer la COVID-19 o las restricciones de circulación impuestas se lo impiden”, expone.

Además, los investigadores alertan que “las interrupciones en la cadena de suministro están afectando a la disponibilidad de anticonceptivos en muchos lugares, y se prevé que las existencias de muchos métodos anticonceptivos se agoten en los próximos seis meses en más de 12 países con ingresos más bajos”, aunque no se especifica cuáles son estos países.

También añaden que “la escasez de productos y la falta de acceso a clínicas o proveedores capacitados conlleva la posibilidad de que las mujeres no puedan utilizar su método anticonceptivo preferido y lo sustituyan con métodos a corto plazo menos eficaces, o dejen de utilizar anticonceptivos por completo”.

En el estudio aseguran que los anticonceptivos que probablemente se dejen más serían los métodos inyectables, ya que requieren la interacción con un profesional sanitario para ser aplicados.

Son proyecciones globales, pero los datos del estudio de UNFPA nos hablan de que un estimado de “47 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y medianos” no podrán acceder a anticonceptivos modernos “si las medidas comunes de confinamiento o las afectaciones relacionadas con la COVID-19, continúan causando interrupciones significativas de los servicios durante seis meses”.

Por esto, prevén que “esta reducción en el uso de anticonceptivos podría tener graves consecuencias para las mujeres, desde 325 mil embarazos no planeados —estimación correspondiente a interrupciones mínimas durante 3 meses—, hasta la extraordinaria cifra de 15 millones de embarazos no planeados —si se producen interrupciones graves durante un período de 12 meses—”.

“Por cada tres meses que se mantenga el confinamiento —aseguran—, habrá hasta dos millones más de mujeres que no puedan utilizar anticonceptivos modernos”.

En cuanto a la violencia contra las mujeres, el estudio alerta de que se podrían dar grandes pasos hacia atrás en los avances logrados. Esto, debido a una reducción de las iniciativas de protección y prevención y a un aumento en la incidencia de la violencia.

“Si la violencia aumenta un 20% durante los períodos de confinamiento, habría 15 millones más de casos de violencia infligida por la pareja en 2020 por un período de confinamiento medio de 3 meses”, explica el estudio. Estaríamos hablando entonces, según los cálculos, de 61 millones de casos si el período de confinamiento medio llegara al año.

El estudio también habla de proyecciones a más largo plazo, por ejemplo, en relación al matrimonio infantil. Desde UNFPA aseguran que “es probable que la COVID-19 tenga un impacto considerable en la implementación de las intervenciones destinadas a poner fin al matrimonio infantil, especialmente como consecuencia de los requisitos de distanciamiento social establecidos en muchos países. No se prevé que todas las intervenciones se vean afectadas del mismo modo, pero, en promedio, podría considerarse que un retraso de un año constituye una hipótesis prudente”.

En cifras, estiman que si se retrasa sólo un año la aplicación de un paquete bien definido de intervenciones destinadas a reducir el matrimonio infantil, no se podrían evitar 7.4 millones de matrimonios infantiles.

En un comunicado publicado estos días, se citan declaraciones de Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA, que asegura que “estos nuevos datos muestran el efecto catastrófico que pronto podría tener la COVID-19 en las mujeres y niñas de todo el mundo. La pandemia agrava las desigualdades, y las mujeres y niñas que ahora corren el riesgo de perder su capacidad para planificar sus familias y proteger sus cuerpos y su salud se suman por millones”.

Impacto para las mujeres en Guatemala

Además, ONU Mujeres publicó esta semana un documento en el que analizan las dimensiones de género en la crisis de COVID-19 en Guatemala, en relación al impacto socioeconómico y a la violencia contra las mujeres.

El documento recuerda que “las mujeres y niñas siguen siendo las más afectadas por la emergencia del COVID-19, debido al trabajo de cuidados no remunerado del que, por lo general, suelen responsabilizarse”.

“Las mujeres dedican siete veces más tiempo que los hombres a actividades de cuidado no remuneradas que incluyen las tareas para atender a familiares enfermos o ancianos, cuidar de niñas y niños, así como las labores de trabajo doméstico y la coordinación logística del hogar —continúa el análisis—. Ante la emergencia, esta carga de trabajo de cuidados se incrementa debido al cierre de escuelas, el aislamiento preventivo en los hogares y la necesidad de contención emocional de los demás miembros de la familia ante a la incertidumbre producida por la pandemia”.

Debido a la saturación del sistema de salud y el cierre de servicios, añaden, “las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres en los hogares, quienes, por lo general, tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, personas mayores y dependientes y niños y niñas”.

Las mujeres son además las principales recolectoras de agua en hogares sin cobertura, “un trabajo arduo y con altos requerimientos de tiempo, que dificulta su involucramiento en otras actividades y, ante las restricciones de movilidad por la emergencia, puede dificultarse aún más”.

Sobre las actividades laborales remuneradas, el estudio menciona que “sólo cuatro de cada diez mujeres participan en el mercado laboral (41% mujeres comparado con 84% de hombres) y ellas tienen fuerte presencia en segmentos de baja productividad y en empleos temporales, a tiempo parcial, en condiciones de informalidad y de autoempleo”.

Son empleos que en esta crisis reciben un impacto y unas consecuencias más graves que el trabajo formal: “las trabajadoras informales tienen múltiples barreras de acceso a modalidades de teletrabajo o formas de generar ingresos desde el hogar”, señalan, y añaden que “en el caso de las restricciones requeridas en este momento por el COVID-19, sectores altamente generadores de empleo femenino como el comercio o el turismo se han visto gravemente afectados”.

Además, el sector de trabajadoras domésticas, recuerdan en ONU Mujeres, también está siendo fuertemente golpeado, ya que “en su gran mayoría no cuentan con las garantías laborales mínimas, por lo cual es importante valorar sus necesidades específicas”.

La organización también reserva un espacio para hablar de la violencia contra las mujeres, que, reiteran, suele aumentar en períodos de emergencias sanitarias. Mencionan una conferencia de prensa que Lucrecia Vásquez, Secretaria de la Mujer del Ministerio Público, realizó el 14 de abril: “El MP ha manifestado su preocupación ante la disminución que han detectado en la tendencia del promedio de denuncias diarias por los delitos de violencia contra la mujer”, continúan.

“Antes de la declaración del Estado de Calamidad Pública, el promedio diario de denuncias era de 155. Sin embargo, a partir de la entrada en vigencia de las medidas de aislamiento social, se están recibiendo 55. De este nuevo promedio diario de denuncias, un promedio de cinco a seis son violaciones y tres son mujeres desaparecidas”, concluyen.

ONU Mujeres da también una serie de recomendaciones para disminuir el impacto de esta crisis en las mujeres. Entre ellas, asegurar que las medidas de protección social y económica incorporen acciones específicas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; incrementar las inversiones públicas y de cooperación internacional para atender las necesidades de las mujeres y mitigar los efectos socioeconómicos sobre ellas; mantener el acceso a los servicios esenciales para prevenir y responder a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes; y recolectar datos desagregados por sexo, edad y pertinencia étnica para monitorear los efectos que la emergencia tiene y para facilitar la toma de decisiones.

Agencia Ocote


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