Juicio disciplinario contra 13 altos mandos del Ejército por espionaje

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La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 militares por el escándalo de seguimientos informáticos a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos que reveló la revista Semana, caso que se ha conocido como “carpetas secretas”. Se trata de dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a diferentes dependencias de inteligencia militar que el Ministerio Público viene investigando por “presunta recolección de información de carácter íntimo de ciudadanos nacionales y extranjeros”. Además, ordenó medidas cautelares.

En sus pesquisas, la Procuraduría encontró que, al parecer, durante 2019 los militares recopilaron “información de carácter personal, tanto de los aparentemente perfilados, como de otras personas con quienes aquellos tendrían afinidad o interacción”. El ente de control reprocha esta conducta pues, de demostrarse, “iría contravía de los requisitos previstos en la Ley de Inteligencia y en una eventual afectación de los derechos fundamentales de personas”.

Asimismo, el Ministerio Público encontró que, al parecer, en noviembre de 2019 se le ordenó a uniformados del Batallón de Ciberinteligencia, ubicado en Facatativá, desplazarse para “realizar labores de inteligencia que favorecerían a un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”; “falta de vigilancia y control frente al aseguramiento de los fines y límites previstos en la Ley de Inteligencia”, y, “la presunta recolección de información de carácter personal e íntimo de periodistas nacionales y extranjeros, integrantes de organizaciones sindicales, ONG, políticos y congresistas”.

Además del llamado a juicio disciplinario, el ente de control emitió medidas cautelares para prevenir que hechos similares ocurran. En el pliego de cargos, informó la Procuraduría, le dio cinco días al Ministerio de Defensa, para que informe de las acciones que está tomando para fortalecer los protocolos de inteligencia y los mecanismos de control interno. “En caso de que no existan o no fuesen suficientes esas medidas, se requirió al Ministerio ordenar la suspensión de todo procedimiento que tenga por objeto perfilamientos o acciones similares, impartiendo las instrucciones necesarias e informando al despacho lo pertinente”, hasta que se implementen medidas “necesarias y razonables”, agregó .
Según informó la Procuraduría, estas pesquisas están en marcha desde enero de este año, cuando el jefe del ente de control, Fernando Carrillo, ordenó iniciar una indagación. Entre las pruebas que se han recabado en estos cuatro meses y que los oficiales llamados a juicio deberán entrar a explicar figuran, dijo el Ministerio Público, “la visita de inspección disciplinaria efectuada a las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia, informes técnicos científicos elaborados por la Dirección de Investigaciones Especiales, declaraciones de los Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército y la visita a la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, entre otras”.
Los uniformados pertenecen o estaban adscritos a la Jefatura del Estado Mayor Operaciones, al Comando de Apoyo Combate Inteligencia Militar, al Comando Brigada #1 de Inteligencia Militar y a los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégico #4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información. Aunque la Procuraduría se reservó los nombres de los 13 militares, sus rangos y sus posiciones coinciden con los de oficiales que ya salieron del Ejército por este escándalo y cuyas identidades reveló El Espectador cuando estalló el escándalo en estas dos notas: Los militares que salieron del Ejército en medio del nuevo escándalo de “chuzadas” y Los dos generales que saldrán del Ejército por cuenta del escándalo de “carpetas secretas”.

Según Semana, desde Inteligencia y Contrainteligencia se realizaron sofisticados seguimientos informáticos y perfilamientos de periodistas, políticos de Gobierno y oposición, y defensores de derechos humanos. Entre las víctimas de estas “tareas especiales”, como las llamaban, estarían el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco; el corresponsal de la National Public Radio, John Otis; el del Wall Street Journal, Juan Forero; el fotógrafo Stephen Ferry; las periodistas de Time, Lynsey Addario y de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, entre muchos otros.

El Espectador


Perfilamientos desde el Ejército serán denunciados ante el Congreso de EEUU

Los perfilamientos a opositores, líderes sociales y periodistas que se estarían haciendo desde el Ejército Nacional de Colombia, y que fueron revelados por la revista Semana a principios de este mes, será denunciados ante el Congreso de los Estados Unidos, según anunciaron los senadores Antonio Sanguino, Iván Cepeda y Gustavo Bolívar en medo del debate de control político al Ministerio de Defensa de este miércoles.

Los congresistas enviarán una carta al legislativo estadounidense en la que le informarán sobre la “operación de espionaje” que, acusan, se adelanta desde el Gobierno Nacional en contra de periodistas y líderes opositores que “ha sido con presupuesto que ha donado los Estados Unidos, para espiar también a ciudadanos norteamericanos”, dice el comunicado.

De igual forma harán llegar una comunicación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para que se conozca lo que ellos califican como “hecho de corrupción y violación a los derechos humanos” por parte de miembros del Ejército Nacional, miembros de inteligencia y de contrainteligencia militar colombiana.

Por último, se ventiló la radicación de un proyecto de ley para modificar las disposiciones normativas que rigen los ascensos de generales (Ley 1792 de 2016 y Ley 1405 del 2010) para que este proceso sea “más transparente” y no afecte el buen nombre de las Fuerzas Militares.

“Es necesario de forma urgente reformar los mecanismos y criterios de ascensos; las disposiciones actuales no garantizan transparencia y pulcritud en las Fuerzas Militares,” comentó el senador Sanguino, quien promueve la iniciativa legislativa.

El Espectador

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