Llamado global de indígenas de la Amazonía para recaudar fondos “ante la inacción de los gobiernos”

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Temiendo un etnocidio, los pueblos indígenas de la Amazonia lanzan fondo de emergencia

Dada la inacción de los gobiernos ante la crisis humanitaria debido a la expansión de COVID-19, la Coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca del río Amazonas (COICA) lanzó un llamado global urgente para recaudar recursos esenciales mientras espera que los gobiernos de la región tomen medidas inmediatas.

Dada la inacción de los gobiernos de la cuenca del Amazonas para satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas ante la expansión de COVID-10, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas (COICA) ha lanzado una campaña para recaudar al menos tres millones dólares para emergencias y fondos esenciales para las próximas dos semanas. Sin embargo, el liderazgo de COICA advirtió que estos fondos son solo un “mínimo absoluto para comenzar a operar” y que se necesitarán muchos más fondos para responder a la pandemia en la región.

COICA ha pedido a los gobiernos, agencias de cooperación, organizaciones internacionales, fundaciones y ciudadanos que donen al Fondo de Emergencia del Amazonas. Este fondo ha sido creado con el objetivo de recaudar y canalizar recursos a comunidades indígenas y organizaciones de base que enfrentan la emergencia COVID-19 en toda la cuenca del Amazonas: https://www.AmazonEmergencyFund.org/

Los líderes indígenas buscan recaudar más de tres millones de dólares con el objetivo de iniciar operaciones para proporcionar urgentemente alimentos, medicamentos, comunicaciones de emergencia, evacuación, protección y seguridad contra intrusiones inminentes. El fondo, que luego ampliará su objetivo en su búsqueda de recursos a una segunda fase, también buscará fortalecer la soberanía alimentaria y la resiliencia comunitaria de los pueblos indígenas.

“Si los gobiernos de la región no van a ayudar, que la comunidad internacional lo haga. Parece que proteger a los pueblos indígenas no es conveniente entre todo este discurso sobre la soberanía de la Amazonía. Los estados nacionales siempre hablan del poder soberano del territorio, pero ese poder va de la mano con la responsabilidad de cuidar a su pueblo “, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de COICA y miembro del pueblo Wakuenai Kurripaco (Venezuela) .

Según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) (1), 34 millones de habitantes viven en la región, lo que representa el 11% de la población de los países amazónicos, con 420 pueblos indígenas y tribales diferentes que hablan 86 idiomas y 650 dialectos. COICA estima que más del 9 por ciento de la población amazónica (más de 3 millones) está compuesta por pueblos indígenas, y que al menos 60 de esos pueblos viven en aislamiento total.

COICA advirtió que si los nueve países que ocupan la Amazonía no toman medidas urgentes, el mundo encenderá un etnocidio con consecuencias que sufrirá la mayor parte del mundo. “El Amazonas tiene el 30% de la biodiversidad y el 70% del oxígeno en el planeta, pero su verdadera importancia radica en la interrelación que los pueblos nativos tienen con el bosque, lo que garantiza la vida de todos. Si la interrelación que ha garantizado un Gran parte de la estabilidad ecológica no se cuida, el planeta sufrirá un colapso del clima, con un retorno muy difícil “, advirtió Tabea Casique Coronado, coordinadora de educación de COICA y líder del pueblo Ashéninka (Perú).

El llamado a apoyar la defensa de los pueblos indígenas contra COVID-19 comenzó en los Estados Unidos el martes 5 de mayo, donde se realizó una edición extraordinaria de “Giving Tuesday” (2) para organizaciones benéficas que trabajan en la pandemia. “Gran parte de los Estados Unidos, especialmente el sur, el centro y el noroeste, se beneficia de las lluvias agrícolas y estacionales, que provienen de la Amazonía. Y la ciencia ha sido clara: proteger a los pueblos indígenas es proteger a la Amazonía, por lo que ayudarlos en este momento es ayudándolos a mediano y largo plazo “, dijo Julio César López, presidente de OPIAC y nativo del pueblo Inga (Colombia).

El 100% de los recursos recaudados se asignarán a las comunidades indígenas amazónicas. Las decisiones sobre las subvenciones y la gobernanza del Fondo se tomarán bajo una estricta coordinación y comunicación por un Consejo de Gobierno que incluye a los líderes indígenas de COICA y sus organizaciones miembros, y en menor medida representantes de las ONG participantes, donantes y asesores que han formado el Círculo Fundador. de solidaridad. El Fondo también tendrá un Círculo de Asesores compuesto por organizaciones e individuos con un historial comprobado para guiar y apoyar estrategias efectivas de gestión de subvenciones.

Durante más de 500 años, los pueblos indígenas de la Amazonía y en todo el continente americano han enfrentado invasiones y pérdida de sus territorios ancestrales. Han sufrido discriminación étnica y socioeconómica, y una amenaza constante de exterminio físico y cultural que resultó en desalojo, enfermedad y genocidio. Pero hoy en día, los pueblos indígenas, especialmente aquellos que viven en aislamiento voluntario y los ancianos, que son los guardianes de la sabiduría, están en grave riesgo por el surgimiento de la pandemia. Las comunidades forestales tradicionales, que incluyen ríos, quilombolas, recolectores de caucho y otras poblaciones extractivas, que han estado defendiendo la selva con sus vidas también están amenazadas.

“COVID-19, que afecta a todo el mundo, ha llegado a territorios indígenas poniendo en riesgo nuestras vidas. Pero debe decirse que este virus se une a otras amenazas preexistentes, de las cuales vivimos permanentemente en comunidades indígenas. Dichas amenazas son la contaminación ambiental directa debido a la explotación indiscriminada de los recursos naturales, que limita el acceso a los servicios de salud pública y educación, así como a la violencia y la discriminación que amenazan no solo la permanencia de nuestros pueblos, sino también nuestro conocimiento de la conservación. del planeta “, dijo Francinara” Nara “Soares Baré, coordinadora del COIAB y nativa del pueblo Baré (Brasil).

COICA advirtió que a medida que el patógeno se propaga rápidamente a través de la cuenca del Amazonas, los pueblos indígenas y las comunidades forestales tradicionales se vuelven desproporcionadamente vulnerables a las enfermedades debido a la persistente falta de acceso a servicios públicos equitativos y adecuados, que incluyen vivienda y atención médica, derivadas de siglos de colonización y racismo.

“Es urgente tomar medidas, es urgente atender nuestras necesidades. Todos están llamados a unirse a esta iniciativa y asegurar que la atención llegue a las comunidades, ya sea de salud, alimentos o suministros médicos. Solo de esta manera, aplanando la curva de la pandemia en la región, ¿podemos hacer nuestra parte para aplanar la curva de las emisiones de dióxido de carbono y la sexta extinción “, concluyó Sirito-Yana Aloema, presidente de OIS y nativo del pueblo Kariña (Kalina) Caraib (Surinam), quien representar a las organizaciones de Guayana.

El Fondo será patrocinado fiscalmente por la subvención de los Estados Unidos de la Fundación Rainforest y las decisiones de gobernanza se llevarán a cabo bajo la coordinación de un Consejo de Gobierno establecido que incluye líderes indígenas de COICA y sus nueve organizaciones miembros. “Nunca ha habido una mayor urgencia para apoyar a las comunidades indígenas en todo el Amazonas”, dijo Suzanne Pelletier, directora ejecutiva de la Fundación Rainforest de Estados Unidos. “Los pueblos indígenas luchan por protegerse de COVID-19 mientras continúan salvaguardando los bosques tropicales que el mundo necesita para combatir los peores impactos de la crisis climática. Ahora es el momento para que todos, individuos y organizaciones, se unan para apoyar a los pueblos indígenas que son absolutamente esenciales para la protección de la selva tropical y cuyas vidas y culturas están en riesgo “.

El Espectador


Comunicado de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 

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México | Indígenas desplazados, entre agresiones de grupos paramilitares y el Covid-19

Por Hermann Bellinghausen

En el contexto de la pandemia de Covid-19, más de mil personas desplazadas por la violencia continua en el municipio tzotzil de Chalchihuitán, en Los Altos de Chiapas, denunciaron un nuevo ataque armado el pasado día primero de mayo contra uno de sus campamentos de refugio. Según los testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), individuos de un grupo de corte paramilitar vestidos de negro dispararon desde el vecino municipio de Chenalhó.

Sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom. Esto ha provocado mucho miedo, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar, manifestaron los indígenas.

Es difícil encontrar cómo alimentarnos en esta situación. Las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del Covid-19, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela. Tampoco podemos comprar en la comunidad, porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

De acuerdo con el Frayba, las comunidades de Chalchihuitán enfrentan mayor riesgo de crisis humanitaria. Los actos de violencia armada aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en las comunidades que han sido agredidas desde tiempo atrás. Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de Covid-19 a las 273 familias, un total de mil 236 personas desplazadas forzadamente. Se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada ni agua potable, en carencia de servicios de salud, apunta el Frayba.

De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch’enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán, y Majompepentik, municipio de Chenalhó.

El organismo con sede en San Cristóbal de Las Casas señala que, a pesar de que las comunidades desplazadas cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, el Estado mexicano no ha cumplido con implementar las acciones necesarias.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5 mil 23 personas desde octubre de 2017.

La Organización de las Naciones Unidas ha postulado: Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas. Además, son custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo. En consecuencia, se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Jornada


Indígenas bloquean acceso a territorio por Covid-19 en Brasil

Los indígenas del pueblo Yawanawá, ubicada en el municipio Tarauacá, en el estado brasileño de Acre, cerraron el cruce del río Gregorio que da acceso a dos de sus poblaciones, las aldeas Nueva Esperanza y Sagrada, según reportan medios locales.

Ante los ocho casos confirmados de Covid-19, la comunidad tomó la medida de autoaislarse para protegerse del virus, “un momento triste, es desafortunado pero es una cuestión de supervivencia”, dijo Biraci Brasil, el jefe de los Yawanawá.

“Estamos viviendo en un país donde las autoridades públicas de nuestro país nos están quitando nuestros derechos, especialmente el gobierno federal. Muchas tierras están siendo invadidas por la tala de agricultores, la minería, y como esto no era suficiente, ahora esta pandemia”, dijo Biraci.

El jefe de los Yawanawá señaló que los indígenas no cuentan con la protección por parte del Ejecutivo presidido por Jair Bolsonaro, “no tenemos un sistema de salud que garantice la atención y el tratamiento. De ahí la decisión de cerrar. Es la única forma en que tenemos que protegernos”, agregó.

Al menos 24 comunidades indígenas de Brasil han adoptado medidas de autoaislamiento para protegerse del nuevo coronavirus, en contraposición a la postura gubernamental, que promueve la apertura de la sociedad.

Telesur


Ecuador | Pueblo indígena Siekopai pide protección ante el COVID-19

La nacionalidad indígena Siekopai, en la Amazonía ecuatoriana, pidió este lunes protección urgente al Gobierno tras 16 casos confirmados por el COVID-19 en la comunidad y la falta de un plan de contención del Ministerio de Salud.

Hasta el momento, han fallecido dos personas adultas de la nacionalidad con síntomas relacionados con el coronavirus: el primer deceso se registró el 14 de abril, lo que encendió las alarmas de la comunidad, que alertó entonces a las autoridades.

Tras registrarse el primer deceso de un mayor de la comunidad y síntomas compatibles con el virus, varios miembros de la nacionalidad, conformada por poco más de 700 integrantes, se adentraron en la selva con los abuelos para evitar una propagación de la enfermedad.

El presidente de la nacionalidad Siekopai, Justino Piaguaje, aseguró que el pueblo transfronterizo entre Ecuador y Perú, vive “momentos complicados” por la falta de pruebas de detección del coronavirus, así como protocolos de prevención que ayuden a disminuir la propagación de la enfermedad.

“No podemos estar excluidos de la atención médica, exigimos pruebas rápidas para establecer cuantas personas están contagiadas”, manifestó el dirigente al denunciar que no se han hecho cercos epidemiológicos, ni socializado del virus con esta nacionalidad.

Los indígenas buscaron el apoyo de organizaciones aliadas para conseguir 50 pruebas rápidas con las que pudieron identificar catorce positivos y una prueba posterior PCR elevó esa cifra a 16.

Sin embargo, advierten que miembros de otras nacionalidades también podrían estar contagiados.

La coordinadora legal de Amazon Frontlines, María Espinosa, urgió al Ministerio de Salud a la realización de pruebas masivas en todas las comunidades indígenas de esa región selvática, después de conocerse que “a mediados de marzo hubo una fiesta con varias nacionalidades”.

En la primera semana de abril miembros de la comunidad Siekopai empezaron a tener síntomas del virus y acudieron al centro de salud de Tarapoa, en el cantón Cuyabeno, donde se había registrado el primer caso de COVID-19 en la provincia.

“En ese momento, el Ministerio de Salud dio tratamiento a estos casos como problemas respiratorios y no se realizó un proceso de verificación”, puntualizó Espinosa.

De acuerdo a una denuncia de la nacionalidad Siekopai, “personal del Distrito de Salud Cuyabeno tomó contacto con dirigentes de la nacionalidad, indicando que no tienen elementos de sospecha para pensar en casos COVID-19 y, por ello, no se han administrado procesos de testeo rápidos y PCR”.

Los indígenas piden también ayuda alimentaria acorde a sus costumbres, pues las actividades de cacería o pesca se han visto restringidas por la presión de terceros y la contaminación de las fuentes de agua, además de las restricciones de movilidad que les impiden realizar actividades de sustento económico.

Pese a que las autoridades habían comprometido una ayuda alimentaria para paliar esta situación, la nacionalidad indígena denunció asimismo que esta no ha llegado.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Comisión de Derechos Económicos Sociales y Culturales expresaron su preocupación por la falta de garantías en la salud del pueblo indígena Siekopai ante el contagio de COVID-19.

“Según información pública, casos positivos suponen grave riesgo para pervivencia de una comunidad de 744 personas”, reza un mensaje de sendas comisiones en Twitter. EFE

El Mercurio


Ecuador | Indígenas sufren por agua, en medio de emergencia sanitaria, tras derrame de crudo en la Amazonía

Decenas de comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana demandan atención de autoridades y empresas petroleras para sobrellevar la contaminación de tres ríos que les proveen de agua y pesca a causa de un derrame de crudo en plena pandemia.

Un derrumbe el pasado 7 de abril destruyó tres ductos, provocando la fuga de unos 15 000 barriles de petróleo y combustibles, según cifras oficiales, que se vertieron en ríos como el Napo, uno de los principales afluentes del Amazonas.

“Las familias, los abuelitos, las mujeres que están en las riberas están escasos de comida, no tienen dónde bañar, no tienen de dónde coger agua para beber”, dijo por teléfono a la AFP Marcia Andi, presidenta la comuna kichwa Mushuk Llacta, en la provincia petrolera de Orellana (este y fronteriza con Perú).

De acuerdo con María Espinosa, abogada de la ONG Amazon Frontlines que acompaña a los indígenas amazónicos, unos 27 000 personas de la nacionalidad kichwa y shuar asentados en las riberas de los ríos Coca y Napo, el cual atraviesa territorio peruano, se vieron afectados por la contaminación, que casi un mes después aún persiste.

La estatal Petroecuador, a cargo del oleoducto que transporta 360 000 barriles por día (bd) y que ya fue reparado, estableció que resultaron perjudicadas 59 comunidades, a las que atiende con la provisión de agua embotellada.

La entidad, acusada de no haber alertado a tiempo sobre el derrame, entregó en abril casi medio millón de litros de agua. Además, realiza una remediación ambiental que se extenderá hasta julio y que incluye al río Quijos, otro de los afectados.

La fuga de crudo aguas arriba del río Coca se produjo en medio de la emergencia por el coronavirus, que ha convertido a Ecuador en una de sus mayores víctimas en Latinoamérica con cerca de 32 000 casos, incluidos más de 1 500 muertos.

Peces muertos

La crisis sanitaria llevó a las autoridades a suspender desde hace ocho semanas el trabajo presencial y las clases e implantar el toque de queda de 15 horas diarias para obligar al confinamiento.

“No salíamos al pueblo, estábamos alimentándonos del río con los peces que podíamos coger (…) y nos cae este derrame de crudo”, lamentó Luis Salazar, de la aldea kichwa de Amarunmesa.

Tras detectar las negras y aceitosas manchas de crudo en el río Coca, Holger Gallo, presidente de la comunidad kichwa Panduyaku, anticipó en abril que pobladores “encontraron peces muertos, lo que hace prever que la fauna acuática del río fue exterminada”, sin que hasta ahora haya un pronunciamiento oficial al respecto.

Líderes indígenas de la Amazonía pidieron hace una semana ayuda internacional humanitaria ante a la poca asistencia que reciben de los gobiernos de la región en medio de la expansión de la covid-19.

Frente a la afectación, incluso a la salud de personas, las comunidades interpusieron ante un tribunal amazónico una acción de protección contra el Estado y las empresas operadoras de los ductos como la privada OCP, que administra otra tubería para 180.000 bd y cuyo arreglo aún está inconcluso.

Los perjudicados demandan “que se generen medidas inmediatas para garantizar que la gente (afectada) tenga abastecimiento de agua, de comida y acceso a salud” , señaló Espinosa a la AFP .

Consideró que la respuesta que están dando las empresas y el Estado ante la emergencia “ no resulta ni suficiente, ni eficaz, ni culturalmente idónea ”.

Andi apuntó por su lado que el agua en bidones que reciben por ahora de las petroleras es insuficiente porque las familias de su poblado “ son numerosas”.

En Mushuc Llacta, la gente se ayuda entre sí compartiendo alimentos de cultivos que están lejos de las riberas del río y que no han sido contaminados, relató.

Ahora “esperamos que nos escuchen por lo menos, que los derechos sean remediados por este tema de la contaminación” del río, expresó Andi.

El Comercio


Colombia | Indígenas aseguran que sufren de “orfandad institucional” durante la pandemia

Con la etiqueta #DuqueIncumpleALosIndígenas, las autoridades de los pueblos indígenas de Colombia se dieron una cita virtual para hacer un llamado de emergencia al Gobierno Nacional. El tema principal fue el supuesto incumplimiento de las ayudas humanitarias prometidas por la ministra del Interior, Alicia Arango.

“El pasado 2 de abril la ministra del Interior anunció la entrega de 480.600 mercados para los indígenas, así como 57,000 kits de bioseguridad para las guardias indígenas que están ejerciendo control territorial. El 80% de los territorios no han recibido mercados y los kits no se han adquirido uno solo”, afirmó Alejandrina Pastor, consejera del pueblo Wiwa.

La Guajira sería uno de esos departamentos a donde toavía no habrían llegado las ayudas para las comunidades originarias. “Nos pidieron que enviáramos los censos como víctimas del conflicto, pero no hemos recibido nada. Ha sido una falencia del Gobierno no hacer presencia través de los alcaldes y gobernadores”, mencionó Arelis Uriana, consejera Wayuú.

Las comunidades indígenas instalaron alrededor de 1.500 puntos de vigilancia para evitar que la pandemia llegue a sus territorios. A pesar del esfuerzo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informó que hay 45 casos positivos de indígenas con coronavirus en el país. Las regiones de mayor vulnerabilidad son las zonas de fronteras.

En el encuentro virtual se pidió al Gobierno fortalecer la red hospitalaria de los municipios cercanos a los pueblos indígenas. “Hemos exigidos que se inicien acciones para detección de casos sintomáticos y asintomáticos, para lo cual es necesario que el 5% del total de las pruebas rápidas que tienen en Colombia se destine para el territorio indígena”, dijo Pastor.

Además del coronavirus, estas comunidades también se enfrentan al conflicto armado que no da tregua y a los megaproyectos que no han cesado en los territorios. “No permitiremos acceso de ninguna empresa en los territorios hasta que el Gobierno nos cumpla y hasta que la ministra del Interior junto con el director de la Unidad Nacional del Riesgo agenden una reunión para definir el camino a seguir respecto a la entrega de ayudas y para discutir un plan integral de atención a los pueblos”, sostuvo Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC.

El llamado de las comunidades indígenas al presidente Iván Duque es a que responda si les darán las garantías o no. “La peor situación para los pueblos indígenas está por venir, más debido al abandono del Gobierno y la orfandad institucional en la que estamos”, concluyó Arias.

El Espectador


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