Organismos de DDHH advierten sobre el accionar represivo de las fuerzas de seguridad

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La preocupación de los organismos de derechos humanos por los abusos policiales

Los organismos de derechos humanos difundieron un comunicado en el que analizaron la situación sanitaria del país ocasionada por la pandemia del coronavirus y también manifestaron su preocupación en torno al accionar represivo de sectores de las fuerzas de seguridad en distintas provincias y municipios.

Las organizaciones firmantes fueron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Hijos Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, Liga por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

En el caso de la situación sanitaria, los organismos consideraron que el gobierno de Alberto Fernández “actuó sin demoras” y “generó rápidamente una respuesta y un plan riguroso de salud pública, destinado a proteger la vida del conjunto de la población”. A su vez, celebraron las medidas económicas de emergencia dispuestas por el Presidente “en favor de los sectores sociales postergados, tendientes a transferir recursos a quienes viven por debajo de la línea de pobreza o en la indigencia, o bien se encuentran desocupados, o cuentan con trabajos precarios, igual que a los cuentapropistas de más bajos ingresos”.

Por otro lado, los organismos señalaron su preocupación por los casos de violencia institucional en el marco del aislamiento social. “En distintas provincias y municipios detectamos situaciones que vulneran los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, tanto locales como nacionales”, indicaron y agregaron: “Estas prácticas abusivas, muchas de ellas inhumanas, crueles y degradantes, violatorias de los tratados internacionales de derechos humanos de los que la Argentina es parte, se han constatado a partir de denuncias y en algunos casos con registros fílmicos, tanto en la vía pública como en dependencias policiales y carcelarias, detenciones ilegales”.

Según señalaron los organismos, hasta el momento se han documentado este tipo de violaciones en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, Chubut, Río Negro, Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.

“En la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, se registra al menos una denuncia por día por hechos de violencia institucional: amenazas, malos tratos, detenciones arbitrarias, golpes y la utilización de gas pimienta”, denunciaron.

“Repudiamos el accionar represivo de sectores de las Fuerzas de Seguridad y exigimos el cese de las prácticas punitivas y la violencia institucional que padecen nuestros compatriotas. Exhortamos a que se respeten los derechos humanos y que se construyan formas solidarias de cuidarnos entre toda la población en esta situación de crisis mundial”, concluyeron.

Página|12


Córdoba: reprimen y detienen a 42 trabajadores municipales en Jesús María

A través de un exaltado operativo perpetrado por un fiscal de oficio, al menos 42 asalariados municipales de Jesús María, Córdoba, sufrieron el escarnio físico y las posteriores detenciones a partir de la irrupción de la policía e infantería para disuadir una asamblea y manifestación llevadas a cabo en un lugar de trabajo. La reunión de los empleados municipales se dio en el marco de una serie de medidas que tratan de contrarrestar el embate sistemático del intendente jesusmariense, Luis Picat, cuyas determinaciones marchan, desde el advenimiento de la pandemia del coronavirus, hacia la aplicación de un importante ajuste salarial a los trabajadores. Por Máximo Paz para ANRed.

Trabajadores municipales fueron reprimidos y detenidos por las fuerzas policiales en combinación con la Infantería en la localidad cordobesa de Jesús María por organizarse y así poder parar la envestida gubernamental que intentó –e intenta- vulnerar el patrimonio salarial obrero, único sustento de muchos.

Los empleados se encontraban en instancia deliberativa y de manifestación pública, llevadas adelante en las afueras de un obrador del municipio a partir de una escalada de reclamos ante la ambición de la rebaja de salarios a aplicar a parte de la plantilla trabajadora y que algunos de ellos aspiraban a llegar a los 15 mil pesos de descuento.

La resolución que conllevó a la represión y detención de, al menos, 42 trabajadores de la comuna cordobesa, apuntan a una iniciativa llevada adelante por el intendente, Luis Picat, ante la supuesta violación, por parte de los empleados, del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde el 20 de marzo, impuesto por decreto presidencial y que fuera adoptado para hacer frente a la pandemia del covid-19.

Tal conflicto, que entrelaza las relaciones laborales entre la dirección municipal y los obreros, en desmedro de estos últimos, también encuentra su respuesta en la pandemia, dado que la medida de la gobernación de descuento salarial y amenaza de despidos se basa en la caída de la recaudación a partir de la baja de la actividad comercial impartida por la cuarentena aunque no se halla en funcionamiento legal acuerdo alguno sobre efectuar despidos, suspensiones o rebajas salariales, en el marco de la pandemia, a trabajadores del estado nacionales, provinciales o comunales.Ante la reunión obrera que comenzó a efectuarse el lunes reciente pasado, el desempeño inmediato del fiscal Guillermo Monti, quién actuó de oficio, hizo ordenar la medida procesal de las detenciones por “violación a las medidas del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Además, el funcionario judicial informó que “la mayoría de ellos no respetaban el distanciamiento social, no utilizaban barbijos o tapabocas y algunos de ellos se encontraban jugando al fútbol en la vía pública”, según expresa el texto oficial.

Por su parte, los trabajadores hicieron entender a la Justicia, secundada por las fuerzas represivas, que los comportamientos efectuados al momento de la asamblea respecto a las medidas a respetar por la pandemia no se diferenciaban en absoluto en comparación con la habitualidad diaria llevada adelante a partir del trabajo en la vía pública sobre las actividades de poda, jardinería, barrido y limpieza de Jesús María, actividades realizadas por la mayoría de los obreros que reclamaban.

La represión policial provino a partir de la negativa de los municipales para abandonar la manifestación. La riña policial se extendió mediante la aplicación de dispositivos violentos a través de varias cuadras del corralón municipal.

“Nos golpearon brutalmente, nos corrieron a tiros por los barrios aledaños, intimidando a los vecinos para que no hablen, nos secuestraron las motos y los vehículos con los que nos transportamos hacia nuestro trabajo”, relata un comunicado reciente de los municipales.

Tras el hecho, los manifestantes quedaron, bajo las aprensiones determinadas por la justicia y sus elecciones arbitrarias para actuar, inculpados por la infracción

al artículo 205 del Código Penal, que establece penas de seis meses a dos años de a las personas que violen medidas dictadas para impedir la introducción de una epidemia.José Mansilla, comisario mayor de la departamental Colón, informó al multimedio cordobés Cadena 3 que el personal municipal reprimido y detenido se encontraba en instancias de liberación, a su vez, declaró a la empresa periodística que “se están cumpliendo todas las medidas procesales en la Fiscalía de Jesús María” y que “quedarán todos en libertad”.

Por contrario, el último comunicado de los trabajadores municipales pide por la liberación de sus compañeros.

El conflicto emergió días atrás y fue suscitado por parte de la intendencia, ante la decisión del intendente Luis Picat, a partir de un decreto que determinó la extracción arbitraria del patrimonio salarial, de suspender acuerdos y otros beneficios no remunerativos durante la vigencia de la pandemia sobre la fuerza laboral de la comuna de Jesús María. A caballo de la disposición municipal, los trabajadores afloraron plasmando medidas de protesta. La escalada estatal desembocó un la brutal represión.

ANRED


Chaco: ante la violencia policial presentan un Habeas Corpues colectivo

Más de 12 mil detenciones realizó la Policía del Chaco desde que se inició el aislamiento social y obligatorio decretado el 12 de marzo. Los crecientes denuncias por violencia y detenciones arbitrarias llegaron hasta las comunidades indígenas. El Comité de Prevención de la Tortura (CPT) decidió promover una acción de Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo en defensa de la libertad ambulatoria de la población chaqueña. Reproducimos entrevista al abogado Juan Sinkovich*. Por prensa de CTP

El Comité de Prevención de la Tortura (CPT), a partir de denuncias recibidas por irregularidades y abusos por parte de la Policía del Chaco en la aplicación de los protocolos del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), decidió promover una acción de Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo en defensa de la libertad ambulatoria de la población chaqueña.

El Dr. Juan Sinkovich, miembro por los abogados de este organismo y uno de los participantes en la elaboración de la medida, analiza la situación y explica en qué consiste y qué procedencia y alcances tiene en la actual situación que vive la provincia, con un total de detenidas y detenidos por incumplimiento del ASPO que ya supera las 12 mil personas desde el 16 de marzo hasta la fecha.

–¿EN QUÉ CONSISTE UN HABEAS CORPUS COLECTIVO Y PREVENTIVO?

Juan Sinkovich: Un Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo es un remedio procesal constitucional, una vía expedita y rápida, en este caso particular, sobre lo que es una amenaza a la libertad ambulatoria. Se recurre a la Justicia para cuestionar una amenaza de privación a la libertad, ilegítima obviamente, y evitar posibles amenazas, perturbaciones, acosos y molestias por parte de las Fuerzas de Seguridad.

El Comité ha recurrido a la acción de Habeas Corpus a raíz de las denuncias que se fueron suscitando, suficientes como para poder acreditar y decidir que era procedente. Hay personas que están en libertad y pesa sobre ellas una amenaza de privación a esa libertad por parte del personal de las Fuerzas de Seguridad. Estos últimos, constantemente, están llevando a cabo actos y tienen conductas de amenaza, hostigamiento y apremios y eso, en un todo, termina generando un riesgo potencial para el conjunto colectivo de la sociedad.

Estamos denunciando un accionar policial hacia toda la sociedad y se busca un pronunciamiento que proteja a todos, todas y todes. La base del Hábeas Corpus está en el art. 18 de la CN por el principio de que nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de un juez competente, y el art. 43 determina la promoción de su acción para atender ese derecho fundamental, reconocidos por la carta magna. Y con este marco legal, creemos que se están llevando a cabo diferentes actos directos e indirectos que en forma actual o inminente están causando amenazas a la libertad.

Es preventivo porque no se está tratando de buscar una corrección a la conducta. Por ejemplo, hablamos de correctivo cuando hay un agravamiento de las condiciones de detención de personas privadas de la libertad y buscamos, a través de una acción de Habeas Corpus correctivo, cambiar corregir esas conductas. Acá lo que hay es una amenaza actual, inminente, potencial a la libertad ambulatoria y lo que queremos hacer es anticiparnos y poder prevenir que nuevos hechos y denuncias se sigan sucediendo, buscamos que la Justicia disponga acciones o medidas generales.

–¿POR QUÉ EL CPT DECIDIÓ OPTAR POR UNA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS?

El Comité reunido en pleno ha hablado sobre lo que está ocurriendo en la vía pública con respecto al accionar policial. Es muy importante tener en cuenta que el organismo tiene como finalidad primordial proteger y velar por la integridad física de las personas privadas de la libertad, pero también en su sentido más amplio la idea es proteger contra cualquier tipo de maltrato o tortura que pueda estar siendo ocasionado por las Fuerzas de Seguridad.

Si bien siempre apostamos al diálogo político, hemos generado reuniones y hemos tratado de conversar y estar presentes en mesas con diferentes actores institucionales, en el contexto de esta emergencia sanitaria y de las situaciones de violación permanente de las normas decretadas por el orden nacional, evaluamos que para tratar de hacer cesar la amenaza inminente el mejor remedio era recurrir a la Justicia.

-¿CUÁLES SON LOS HECHOS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL QUE SE VIENEN DENUNCIANDO A PARTIR DE LA APLICACIÓN DEL DNU 297/20?

JS: A partir de la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 que declarara la emergencia sanitaria por un año aplicado a partir del 12 de marzo, se sancionó inmediatamente lo que es el DNU 297/20 que es el que lleva a cabo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Desde ese momento, el Comité recibió denuncias gravísimas de acciones cometidas por parte de las Fuerzas de Seguridad que refieren no solamente a hostigamiento y persecución sino también a apremios y detenciones que son arbitrarias.

Nosotros en el escrito hicimos un relato breve de algunas de las denuncias que fuimos relevando y citando otras también relevadas por la institución, declaraciones por parte del Jefe de la Policía que parecieran justificar las detenciones arbitrarias y videos que cotidianamente nos llegan a nuestros teléfonos oficiales o circulan en las redes, donde se evidencia el accionar abusivo por parte de las Fuerzas de Seguridad.

–¿QUÉ MEDIDAS PIDE EL COMITÉ QUE SE ADOPTEN?

JS: La finalidad primordial del Hábeas Corpus es hacer cesar la amenaza a la libertad ambulatoria de la población chaqueña. Como primer punto, se está tratando de que la provincia, el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía de Chaco adecúen su funcionamiento a las normas nacionales, teniendo como base principal el DNU 297/20 y las recomendaciones nacionales.

En el marco de esa primera medida general, vimos necesario pedir medidas significativas y específicas. Por eso, solicitamos que se tome como norma universal la no detención de las personas. El sentido del decreto es evitar la circulación de las personas en la vía pública, pero siempre privilegiando la posibilidad de que las personas que estén en incumplimiento puedan retornar a sus domicilios.

Como segundo punto, ya más descriptivo dentro de las recomendaciones, en el caso de una situación de incumplimiento de una persona que se encuentra muy alejada de su barrio, que el personal policial que interviene, se identifique y previo a la detención se comunique con la autoridad judicial competente que resuelva o no la detención. Si se determina la detención, se deben garantizar todos los derechos: información sobre los motivos y posibilidad de acceder a defensa.

Porque lo que estamos tratando de evitar es la propagación del virus. Si tomamos como primera determinación llevar a las personas a las comisarías, la verdad es que lo último que vamos a evitar es el contagio.

Como último punto que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes (NNA) lo que estamos pidiendo es que se apliquen las recomendaciones emanadas por el de Comité de los Derechos del Niño, es decir, que directamente se restrinjan las detenciones. Y acá una breve introducción: a la fecha 25 de abril, según los datos de la Policía del Chaco, hubo 1.323 NNA detenidos. De acuerdo a la escala de los delitos penales que establecen los artículos 205 y 239, podemos decir que los menores de 16 y 18 años por su edad no son punibles, y esto de acuerdo al artículo 1° de la Ley 22.278.

Por lo tanto, estamos buscando que se garanticen y apliquen estas leyes y derechos y la recomendación del Comité de Derechos del Niño que forma parte de la Convención, restringiendo absolutamente cualquier detención de NNA y propiciando que sean puestos inmediatamente a disposición de sus familias. Debemos pensar en la pirámide jurídica, en nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. Si tenemos un Comité de los Derechos del Niño que nos dice que ante la circunstancia excepcional de una pandemia tenemos que tratar de restringir todo arresto a NNA, es claro que el Estado argentino que forma parte de ese Comité debe cumplirlo.

–¿QUÉ PASA CON LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA?

JS: Si bien estamos viviendo una etapa de excepcionalidad por la pandemia y debe preservarse siempre la salud pública, lo cierto es que la Policía ha utilizado los decretos y medidas adoptadas por el Estado Nacional y Provincial para actuar de manera autoritaria. Creo que esos actos policiales son total y absolutamente unilaterales, contrarios al Estado de Derecho y merecen un control permanente. A su vez, constituyen una enseñanza a la sociedad sobre el valor de los Derechos Humanos.

Viviendo en un Estado de Derecho es el mismo Estado quien tiene que garantizar los derechos individuales y colectivos consagrados. Nosotros como organismo de contralor y los diferentes Poderes del Estado son los que tienen que llevar a adelante políticas para sustituir las malas prácticas policiales por las buenas y siempre pensando en la estructura jurídica, respetando siempre la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

Cabe citar el compromiso que ha asumido el Estado chaqueño en el Caso Juan Angel Greco, expediente 11.804 Solución Amistosa y en acuerdo político con este Comité en marzo de 2020 para trabajar en políticas públicas de erradicación de la violencia institucional.

ANRED


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