Almagro recomienda en la OEA declarar la “interrupción del orden constitucional” en Nicaragua

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Almagro recomienda al Consejo Permanente de la OEA declarar “interrupción del orden constitucional” en Nicaragua

Durante la reunión de este miércoles, los países miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se mostraron a favor de continuar el proceso de aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, debido a que en el país no ha encontrado una solución a la crisis.

Durante la reunión que se llevó a cabo de forma virtual, la Secretaría General de la OEA, presentó un informe sobre la situación de Nicaragua.

Durante su presentación, Luis Almagro, secretario general de la OEA, dijo que es necesario activar “procesos subsiguientes” que lleven a la declaración oficial de una “alteración del orden constitucional” en Nicaragua.

“En vista de la negativa del Gobierno de Nicaragua a colaborar con nuestra misión y regresar a la mesa de diálogo y emprender cualquier medida que pueda restaurar los derechos humanos y la democracia en ese país, las gestiones diplomáticos de la comisión han sido infructuosas, sumado a esto al testimonio e información recibida de diversos actores, lleva a recomendar al Consejo Permanente que declare que hay una interrupción del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático de Nicaragua”, expresa de la Secretaría General de la OEA.

El documento está basado en las recomendaciones que realizó a finales de 2019 la Comisión de Alto Nivel, el cual enfatizó que hay una alteración del orden constitucional en Nicaragua.

Almagro además recordó la represión que viven los nicaragüenses desde abril de 2018 y dijo que las fuerzas armadas del país “se han politizado a favor del Gobierno”.

“Hemos visto cómo el poder Ejecutivo ha extendido sus poderes de facto. Hemos visto la politización completa del Poder Judicial y la judicialización de la política. Hemos visto que las fuerzas armadas y la Policía se han repolitizado y actúan de una forma política”, resaltó Almagro.

Almagro además insistió en la necesidad de efectuar reformas electorales que incluyan un cambio en el Consejo Supremo Electoral (CSE).

El jefe de la OEA además ofreció el apoyo de la secretaría general para acompañar el proceso de reformas electorales.

“Reiteramos nuestra disposición a colaborar, a brindar el apoyo que sea necesario al Gobierno y a todos los sectores políticos y sociales de Nicaragua para retomar el camino del diálogo y encaminar el proceso de reformas necesarias”, enfatizó el funcionario.

Vos TV


Países de la OEA apoyan aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática que implica constatar ruptura del orden democrático en Nicaragua

Los países que participaron este miércoles en la reunión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyaron la convocatoria a un «período de sesiones extraordinarias» como lo establece el artículo 21 de la Carta Democrática, cuando se constata que en un Estado miembro se ha producido la ruptura del orden democrático. Este planteamiento se apoya en las recomendaciones del informe de la comisión de alto nivel de la OEA.

El Consejo Permanente de la OEA abordó la situación de Nicaragua a solicitud del secretario general de este organismo, Luis Almagro. En el encuentro virtual, Almagro leyó un informe de los esfuerzos realizados por el organismos, en busca del fortalecimiento de la democracia en el país, los cuales aseguró han sido infructuosos por la negativa del régimen de Daniel Ortega.

«En vista de la negativa del gobierno de Nicaragua a colaborar con nuestra misión y regresar a la mesa de diálogo y emprender cualquier medida que pueda restaurar los derechos humanos y la democracia en ese país, las gestiones diplomáticos de la comisión han sido infructuosas, sumado a esto al testimonio e información recibida de diversos actores, lleva a recomendar al Consejo Permanente que declare que hay una interrupción del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático de Nicaragua», manifiesta el informe.

El documento leído por Almagro está basado en las recomendaciones de la comisión de alto nivel que intentó visitar Nicaragua en 2019, que fue la que observó que en Nicaragua hay «una alteración del orden constitucional» en Nicaragua.

«Ante la falta de voluntad de diálogo del gobierno de Daniel Ortega, hacemos nuestra la conclusión de la comisión de alto nivel respecto a que hay una alteración del orden constitucional, que afecta gravemente el orden democrático de Nicaragua y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional», manifestó el secretario general de la OEA.

Almagro señala que «las fuerzas armadas y la policía se han repolitizado»

El secretario general señaló la politización de las instituciones y poderes del Estado, mencionando «que las fuerzas armadas y la policía se han repolitizado y actúan de una forma política».

Almagro y los países que apoyan la aplicación de la Carta Democrática, señalaron la urgencia de la crisis de Nicaragua; insistieron en la demanda de reformas electorales, para una solución por medio de elecciones libres y justas, y demandaron la reanudación del diálogo nacional.

«Nicaragua definitivamente tiene un proceso electoral que no es transparente ni imparcial en sus autoridades; no es transparente en su ejecución, que no es transparente en los mecanismos de resolución de conflicto, que no respeta el principio de un persona a un voto porque su registro electoral definitivamente está completamente alejado de la realidad y de lo que debe ser un registro electoral. No es transparente con respecto al financiamiento de campañas políticas, no es transparente y no es justo en cuanto al acceso a la prensa», expresa el informe leído por Almagro.

Almagro también dijo que ningún cambio será posible «si los propios nicaragüenses no encuentran la forma de volver a la mesa a negociar».

Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Paraguay, fueron los países que intervinieron para expresar su apoyo a la aplicación de la Carta Democrática en Nicaragua. En la reunión virtual se conectaron 27 países. Nicaragua no fue mencionada.

El representante de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio Otero, usó su intervención para explicar la manera en que Ortega logró «desmontar y destruir» la institucionalidad del país, desde antes de regresar al poder en 2007, a través del pacto del año 2000, con el entonces presidente Arnoldo Alemán. El representante de Bolivia dijo que la clave fue el control del poder electoral, donde el pacto colocó a militantes partidarios, mencionando el caso de Roberto Rivas, quien encabezaba el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua cuando se cometieron los fraudes electorales.

Aparicio dijo que «un nuevo tribunal electoral es vital» para que Nicaragua pueda salir adelante y reconstruir su democracia. Dijo que su país, Bolivia, «apoya ese proceso y todo lo que haya que hacer para llegar a él».

Con esta reunión virtual se reanudó la aplicación de la Carta Democrática al Estado a Nicaragua, con el proceso de «apreciación colectiva». Este proceso había estado congelado al menos seis meses. Esta también es la primera acción sobre Nicaragua que realiza el secretario general Almagro, desde que asumió su segundo período en ese cargo, el 27 de mayo pasado.

Nicaragua vive crisis desde abril de 2018, cuando comenzó la represión armada contra las protestas civiles. Más de 328 países murieron por esa represión de la Policía y de grupos armadas. Desde entonces, la comunidad internacional y organismos internacionales han demandando a Ortega una.

Respaldo para reformas electorales

A raíz de la nueva resolución del Consejo Permanente de la OEA, el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, celebró la postura y dijo que Estados Unidos respaldará un proceso de reformas electorales en Nicaragua para lograr una genuina democratización del país.

«Los Estados Unidos está trabajando con la @OEA_oficial para resolver la crisis en Nicaragua mediante reformas electorales y elecciones libres y justas en 2021. El régimen de Ortega debe dejar de reprimir a sus ciudadanos, restaurar la democracia y cumplir sus compromisos internacionales», expresó Kozak por medio de su cuenta en Twitter.

Michael Kozak es el funcionario de la administración de Donald Trump que insistente en reclamar por una restitución de los derechos civiles y la democracia en Nicaragua.

La Prensa


Las consecuencias de las sanciones de Suiza contra seis funcionarios de Daniel Ortega

El Consejo Federal del Gobierno de Suiza decidió imponer “medidas coercitivas” a seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega, en respuesta a la situación actual de Nicaragua, uniéndose así a las sanciones anunciadas por la Unión Europea, en mayo pasado contra el jefe de la Policía Nacional, primer comisionado Francisco Díaz; el operador político y de espionaje de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau; la exmiministra de Salud, Sonia Castro; y los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.

El exembajador nicaragüense, José Luis Velásquez, califica las sanciones de Suiza como “inusual”, pues asegura que no existe en la historia otro caso en el que el país emitiera una condena “con nombre propio”, en contra de funcionarios de un Gobierno extranjero, en este caso directamente contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Suiza ha sido el paraíso fiscal donde se refugian muchas cantidades de dinero que circulan a nivel internacional desde la Segunda Guerra Mundial”, aseguró Velásquez, en entrevista en el programa Esta Noche, que se transmitirá por YouTube y Facebook Live.

El argumento de las sanciones de Suiza, al igual que las de la Unión Europea y Estados Unidos, son las “continuas violaciones contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho” en Nicaragua.

Las consecuencias de las sanciones de Suiza

En un comunicado divulgado este 24 de junio, el Consejo Federal anunció que impondrá sanciones financieras y de viaje contra los seis funcionarios, que incluyen la congelación de sus activos y prohibición de ingreso o viaje a través de Suiza.

Como consecuencia, valoró Velásquez, los funcionarios orteguistas no podrán “poner a salvo los recursos de los que se han apropiado de forma indebida”, en Nicaragua, tras recordar que Ortega y su Gobierno han administrado de forma discrecional más de 3000 millones de dólares de la cooperación venezolana.

El Consejo Federal detalló en el comunicado que “actualmente, las medidas están dirigidas a dos asesores personales del presidente Ortega y cuatro representantes de alto rango del sistema judicial y la Policía de Nicaragua, acusados ​​de violaciones graves de los derechos humanos”.

Sin embargo, Velásquez considera que las sanciones de Suiza, además de afectar a los seis funcionarios específicos, tendría serias consecuencias a Nicaragua y su acceso a recursos económicos provenientes de esa cooperación.

Según el sitio web de la cooperación Suiza, este país importa de Nicaragua, principalmente, metales preciosos y productos como bananos y café. En el 2018 este intercambio tuvo un valor de 75 millones de Francos Suizos, casi 80 millones de dólares estadounidenses.

Por el otro lado, Nicaragua compra a Suiza maquinaria, productos farmacéuticos, ópticos e instrumentos médicos, que en el mismo año representaron unos 5.3 millones de Francos Suizos o su equivalente en dólares estadounidenses que representan 5.5 millones.

El Consejo Federal precisó que los activos afectados por el congelamiento deben ser reportados de inmediato a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza, y aclaró que “estas sanciones no están dirigidas contra el pueblo de Nicaragua”.

Los argumentos tras las sanciones de Suiza

En el detalle sobre los argumentos de sus sanciones contra los seis funcionarios orteguistas, el Consejo Federal detalla:

Francisco Javier Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional, señalado de ser “responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso por parte de las principales fuerzas policiales que cometen actos de violencia contra civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y detenciones y torturas”.

Ramón Antonio Avellán Medalla, subdirector general de la Policía Nacional, como “responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso mediante la coordinación de la represión de los manifestantes en Masaya en 2018”.

Sonia Castro González, exministra de Salud y ahora asesora especial presidencial en temas de Salud, por “responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, incluso obstaculizando el acceso a la asistencia médica de emergencia para los civiles heridos involucrados en manifestaciones y ordenando al personal del hospital que denuncie a los manifestantes que han sido llevados al hospital por la Policía”.

Néstor Moncada Lau, asesor personal del Presidente en asuntos de seguridad nacional, debido a que “en esta capacidad, ha estado directamente involucrado y es responsable de la toma de decisiones sobre asuntos de seguridad nacional y el establecimiento de políticas represivas del Estado de Nicaragua contra las personas que participan en manifestaciones, representantes de la oposición y periodistas en Nicaragua desde abril de 2018 en adelante”.

Luís Pérez Olivas, comisionado general y jefe del centro penitenciario ‘El Chipote’, como “responsable de violaciones graves de los derechos humanos, incluida la tortura, el uso de fuerza extensiva, el maltrato de detenidos y otras formas de trato degradante.

Justo Pastor Urbina, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP), que, sostienen, “ha estado directamente involucrado en la implementación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, particularmente en Managua. En este contexto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”.

Preocupación de Suiza por solución pacífica

El Consejo Federal también expresó estar “muy preocupado por el debilitamiento creciente de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua”, e instó al Gobierno “a respetar y proteger las leyes nacionales e internacionales sobre derechos humanos, en particular las relativas a la libertad de expresión y reunión”.

Nicaragua enfrenta un estado policial de facto, impuesto desde septiembre de 2018, en un intento de suspender las protestas antigubernamentales que estallaron en abril de ese año. La represión orteguista contra la llamada Rebelión de Abril dejó al menos 325 fallecidos, más de 860 presos políticos, de los cuales 86 continúan en prisión, unos 100 000 nicaragüenses en el exilio debido a la persecución política y decenas de heridos y desaparecidos.

El Consejo Federal de Suiza añadió que el Gobierno de Daniel Ortega debe “respetar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, tal como se definen en dos acuerdos hechos con la oposición en marzo de 2019, y a implementar una reforma electoral genuina”. Las protestas contra Ortega demandaron justicia, libertad y democracia y elecciones anticipadas que no ocurrieron. Según el calendario electoral, las próximas elecciones generales están previstas para noviembre de 2021.

“Continuando con su compromiso de 40 años con el desarrollo de Nicaragua, Suiza está preparada para apoyar los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a este conflicto sociopolítico”, agregó el comunicado.

La medidas anunciadas por el Consejo Federal entran en vigencia a partir de este mismo 24 de junio.

Confidencial

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