Argentina: Alberto Fernández anunció la intervención y expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin

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Alberto Fernández: “La expropiación de Vicentín es un paso hacia la soberanía alimentaria”

Por Gimena Fuertes

El gobierno nacional anunció que estatizará la empresa alimenticia Vicentin S.A., que recibió de manera irregular créditos desde el Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández desde Casa Rosada. El gobierno intervendrá la agroexportadora por decreto primero y luego enviará al Congreso el proyecto de ley de declaración de utilidad pública y expropiación. El objetivo, dijo el presidente, es rescatar a la empresa, cuyo principal acreedor es el Banco de la Nación, para que cumpla el rol de empresa testigo en la comercialización de granos y en la producción de alimentos.

“Hemos firmado un decreto para disponer la intervención del Grupo Vicentín”, explicó el presidente en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto al Ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas. Fernández adelantó que todos los activos del Grupo Vicentín serán parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, como parte de un Decreto de Necesidad y Urgencia para el rescate de la empresa agroexportadora. Precisó que la firma “será declarada de utilidad pública” y destacó su relevancia también en la producción de alimentos. “Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empress que continuarán en su puesto de trabajo y a los 2.600 productores que podrán seguir operando y vendiendo sus granos a través de ella”, detalló.

El interventor designado por el Estado Nacional es Gabriel Delgado, “un experto en temas agropecuarios” según lo calificó el mandatario, que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015, es doctor en Finanzas de la Universidad del CEMA y economista del INTA. El proyecto fue pensado por la senadora Anabel Fernádez Sagasti, presente durante el anuncio, e integrante de la cámara por la que ingresará la iniciativa.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el rescate del grupo cerealero permitirá sostener su “papel central en el mercado agroindustial” y que al Estado le dará la ocasión de contar con una “empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.

Como aclaró el presidente, se dispondrá la creación de YPF Agro SA y la intervención de Vicentín, unificando la operación de las compañías. El objetivo del Gobierno es “rescatar” a la empresa con el objetivo de hacer frente al pago de deudas a productores de interior, renegociar con los bancos acreedores y asegurar la paz social y estabilidad laboral con gremios.

El Banco Nación, presidido todavía por Javier González Fraga durante el gobierno de Mauricio Macri, le otorgó a Vicentin créditos por 18.182,3 millones de pesos, de los cuales, la tercera parte se los dio entre el 8 y el 26 de noviembre 26, unos 5785,4 millones de pesos.

Fueron 26 las autorizaciones de crédito otorgados en el mes de noviembre de 2019, cuando ya la empresa estaba en cesación de pagos en concepto de prefinanciación de exportaciones. La exportadora de granos, harinas y aceites Vicentin acumuló al momento de la convocatoria de acreedores, 18.182,3 millones de pesos.

El gobierno informó que más allá de la intervención, el proceso de convocatoria de acreedores que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista seguirá su cauce normal. Y se pondrá a disposición de la Justicia toda la información para que se lleve adelante la investigación sobre el proceso de vaciamiento al que fue sometida la empresa.

Vicentin, líder en la producción de alimentos, entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines del 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80 por ciento de la deuda financiera.

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Tiempo Argentino


El proyecto enviado al parlamento busca declarar a Vicentín como “empresa de interés público”

Por Verónica Benaim

El proyecto de Ley que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación busca declarar a Vicentin como una empresa de interés público y por tanto sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta.

La iniciativa ingresaría formalmente a la brevedad en el Senado de la Nación que preside Cristina Fernández de Kirchner, y giraría -en principio- a la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuyo titular es el oficialista Carlos Caserio y a la de Asuntos Constitucionales a cargo de la senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun.

En la Cámara Alta, el senador Oscar Parrilli, ya había presentado a fines de abril un proyecto de ley para crear una Comisión Bicameral Investigadora de las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentín, durante la gestión de Javier González Fraga al frente de la entidad en el gobierno de Mauricio Macri. Fuentes parlamentarias, comentaron a Tiempo que la iniciativa, que tiene pendiente su tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se discutiría en paralelo con la de expropiación.

En el texto preliminar al que accedió este diario, la fundamentación del proyecto se basa en inserción en toda la cadena de comercialización del mayor commodity de exportación argentino. De esta manera, se intervendría y consolidaría el mercado de Granos, ayudaría a fortalecer la liquidación de divisas de las ventas al exterior y claridad en los precios exportables. Asimismo, brindaría la pauta para establecer valores de referencia en los órganos de control y recaudación los efectos del cobro de Derechos de Exportación, e impuestos y aseguraría la base imponible de ganancias por renta global de las Multinacionales que operan en el mercado.

Asimismo, establece que los activos expropiados serían aportados a una empresa privada, con un 51% de capital estatal que concentre los activos fijos corrientes y no corrientes e intangibles en la Argentina y fuera de ella, hasta hoy propiedad de Vicentín SA, y sus vinculadas y controladas, para la continuidad de la explotación.

YPF, sería el marco económico y financiero adecuado para la tenencia del paquete accionario de la nueva empresa creada para la concentración de los activos expropiados, dado su prestigio y envergadura de negocios y lo activos serían transferidos a YPF Agro, una compañía de la petrolera nacional que comercializa semillas, productos para la protección y nutrición de cultivos, además de silo bolsas y lubricantes. La regulación se dejaría en manos de Ministerio de Agroindustria, AFIP, Aduana.

Finalmente, señala que deberán ser expropiados los puertos y demás activos de la operatoria logística que conforman la integración de la operación agropecuaria y la totalidad de las operaciones financieras, y sus empresas subsidiarias ubicadas fuera del territorio. Para el proceso de expropiación, actuará como expropiante el organismo que designe el Poder Ejecutivo Nacional.

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández en torno a la Intervención del Grupo Vincentín, distintos legisladores del Frente de Todos, salieron a expresar su acompañamiento. Para la senadora María de los Ángeles Sacnun, la decisión es “estratégica para la Economía Nacional y para garantizar Arraigo y Soberanía Alimentaria en nuestro país. Esto tiene un impacto muy importante para la provincia de Santa Fe, no solamente porque se cuida a los acreedores que fueron damnificados por el concurso de la empresa, sino que también se cuida a los acreedores bancarios que también representan los ahorros del pueblo argentino y a los trabajadores y trabajadoras que eran esos sectores más desprotegidos y más nos preocupaba la situación del concurso de la empresa”.

En la Cámara de Diputados, una de las primeras en expresarse en Twitter fue la diputada Fernanda Vallejos, quien semanas atrás había instalado la idea de que el gobierno avanzara en la capitalización de empresas por parte del Estado. “El gobierno decidió la intervención y próxima expropiación de Vicentín, empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores”, publicó.

Por su parte, Gabriela Cerruti posteó: “La expropiación de Vicentin significa cuidar trabajadores, rescatar a pequeños productores, gobernar en pos de la soberanía alimentaria y entender que los nuevos tiempos necesitan que YPF trabaje sobre algo más que petróleo. Esperamos con orgullo el proyecto en Diputados”.

En la oposición, el diputado de Juntos por el Cambio Luciano Laspina se adelantó al comunicado que prepara el bloque y en su cuenta personal twitteó: “Tengo algunas dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que nos costó Usd 8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún esperamos los beneficios. Por ahora solo tenemos que pagar el ´barril criollo´’ más caro para que no pierda Plata”.

“No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicentin. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos”, finalizó el santafesino.

Tiempo Argentino


Para Juntos por el Cambio la estatización de Vicentin “es ilegal e inconstitucional”

La coalición Juntos por el Cambio rechazó hoy la intervención y el proyecto de estatización del Grupo empresario Vicentin, al señalar que la iniciativa es “ilegal e inconstitucional”, en tanto que advirtió que le va a “terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”.

“El anuncio sobre Vicentin es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”, protestaron los principales referentes de los partidos políticos que conforman la alianza opositora en un comunicado conjunto.

Según sostienen, se trata de “una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”.

En esta línea, advierten que la intervención estatal de la empresa de exportación de granos sería “un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario”, a la vez que “repite experiencias anteriores” que terminaron “costando muy caras a los argentinos”, como las expropiaciones de YPF y de la empresa calcográfica Ciccone.

En una larga lista de fundamentos al rechazo de la medida, los firmantes al documento sostienen que “el anuncio es ilegal y pasa por encima del Congreso y el Poder Judicial”.

“El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de intervención transitoria de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución.

Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentin, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa”, recalcó el comunicado.

Por otra parte, alertan que “con la excusa de la soberanía alimentaria” el Gobierno se propone con este “primer paso” avanzar “en una mayor regulación del mercado de granos”, actividad que aseguran que “funciona bien y es la principal fuente de divisas del país”.

“Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo anhelo de una parte de la coalición oficialista”, resaltan.

Otro argumento que apuntala el rechaza es que con Vicentin se reiterará la historia que el actual oficialismo ya protagonizó con las estatizaciones de YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, “a las que expropió por decreto con un discurso triunfalista y por las que después los argentinos tuvimos que pagar miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas”.

“Con Vicentin va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos los argentinos”, lamentaron.

Pero además, advierten que la expropiación de una empresa en problemas como Vicentin podría utilizarse como “peligroso” primer precedente en términos de seguridad jurídica para que el Gobierno pueda avanzar con la apropiación de “miles de empresas argentinas hoy al borde de la supervivencia” a raíz de las restricciones que el mismo Estado impuso a través de la cuarentena obligatoria.

“Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar que cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano”, resaltaron.

“El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal en empresas, a pesar de haber sido desmentida por el Presidente Fernández en Formosa. Hoy nadie dijo el famoso “¡exprópiese!” chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos estar en pie de alerta”, concluyó el escrito.

El documento lleva la firma de los presidentes de los tres partidos de la coalición, Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); además del jefe del interbloque de senadores de JxC, Luis Naidenoff; su par de Diputados, Mario Negri; el presidente del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni; y su homólogo en Diputados, Cristian Ritondo.

Ámbito


La intervención de Vicentin: Jugada audaz en el momento preciso

Con la intervención de Vicentin, el gobierno tomó un atajo, le dio respuesta a un tema urgente y trazó una línea: a partir de aquí, el Estado ocupará el lugar que le corresponde para defender el interés social.

“Intervención” es la palabra que define el paso adelante que ha dado el gobierno. “De utilidad pública”, es la clave para entender qué asuntos el Estado debe tomar en sus propias manos. “Soberanía alimentaria” indica un objetivo social y económico, y “empresa testigo en el mercado de granos y el cambiario” es una definición indicativa de los espacios estratégicos, vitales, en los que el país no puede permitir que “las fuerzas del mercado” los lleven en sentido contrario al interés nacional. La intervención, además, le pone un dique a los intentos de grandes cerealeras internacionales que ven en Vicentin un bocado más que apetecible.

Vicentin es un enorme holding en el área de procesamiento de granos y en la exportación de harinas y aceites. Trepó hasta el primer lugar en el ranking de exportadores durante los cuatro años de macrismo y, curiosanmente, terminó en cesación de pagos y convocatoria de acreedores unos pocos días antes del cambio de autoridades nacionales.

Su mayor acreedor individual es el Banco Nación, del cual obtuvo 300 millones de dólares en préstamos por prefinanciación de exportaciones, la tercera parte de los cuales se transfirieron a su favor en los 30 días previos a su presentación en convocatoria.

Nadie podría explicar cómo una empresa que exporta más de la mitad de su producción, en un año con buena cosecha, después de una megadevaluación entre agosto y octubre en la cotización oficial, y con semejante financiamiento estatal en noviembre, puede haber caído en cesación de pagos en diciembre.

Lo que es más explicable es que, al menos, tres de sus principales competidoras se disputen el control de Vicentin, gran exportador, con empresas de acopio (boca de entrada de los granos al holding) y puerto propio (boca de salida), que sumada a cualquiera de sus rivales supondría una concentración de mercado insuperable.

Bocado tan apetecible para estas firmas como peligroso para el país. El proyecto de expropiación dirá que la medida se toma por razones “de utilidad pública”. También podría decir “en defensa propia” y no faltaría a la verdad. Un buen acuerdo para reestructurar la deuda sin resolver un buen control sobre la principal puerta de entrada de divisas, nos puede llevar a una nueva situación de escasez de divisas, o dejar al país sometido a las presiones devaluacionistas de quienes tienen la única lleva de esta puerta. El gobierno acaba de reclamar una copia de la misma.

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