Colombia: Costos de la política internacional – Por Socorro Ramírez

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Socorro Ramírez *

La política internacional del gobierno de Iván Duque, centrada en Venezuela, se ha ligado a un par de actores lo que genera altos costos para Colombia y afecta aún más la relación con su mayor vecino, con el que comparte estrechas articulaciones de todo orden y con el que debe procesar problemáticas compartidas que se agudizan.

Por un lado, ha estado articulada con estrategias de la administración Trump cuyas ofensivas responden sobre todo a sus necesidades electorales nacionales. Por otro lado, se ha mimetizado con un sector de la diversa y dispersa oposición de Venezuela, olvidando que lo que haga frente a esa grave crisis, aumenta nexos positivos o riesgos y amenazas para ambos países.

Efectos peligrosos

Ante su desespero reeleccionista, el pasado 13 de mayo, Trump incluyó a Cuba en la lista negra de no cooperantes en la lucha contra el terrorismo, y enseguida el comisionado Miguel Ceballos mostró esa decisión como un logro de la insistente exigencia de Duque a Cuba -desde el atentado contra la academia de policía de Bogotá, en enero de 2019- de extraditar a los del ELN que han participado en la Mesa de diálogos.

Esa exigencia incumple los protocolos firmados por el Estado colombiano para el regreso de la delegación guerrillera en caso de ruptura de la negociación, y tiene efectos contraproducentes.

Impide que Cuba siga ayudando a cerrar el conflicto armado; desconoce el acuerdo con las Farc e impacta el apoyo internacional a su implementación y a la construcción de una paz completa en Colombia; deja sin credibilidad la presidencia de la Comisión de Consolidación de Paz de la ONU, que el gobierno de Duque preside desde enero pasado.

Seguir la política de Trump para Venezuela tiene altos costos para Colombia y debilita la búsqueda de una salida pacífica, negociada y constitucional en Venezuela. Y con la alianza irrestricta de Duque con un sector opositor venezolano -que, aunque ganó las elecciones legislativas en su nada fácil lucha contra un régimen cada vez más autoritario, ha actuado con ambigüedades e inmediatismos-, ha llevado a que Colombia aparezca involucrada en confusos episodios.

El todo vale de opciones encima o debajo de la mesa

En 2019, una vez Juan Guaidó fue elevado a presidente interino por la Asamblea Nacional el 23 de enero, sucesivos eventos implicaron a Colombia. El 22 de febrero, de este lado de la frontera se desarrolló el concierto Venezuela Aid Live en el que tuvieron una actuación protagónica Iván Duque y Guaidó. El 23 de febrero, falló el intento de forzar una entrada de camiones con ayuda a Venezuela. Y el 30 de abril, algunos militares opositores iniciaron revueltas que fueron aplastadas por el régimen de Maduro, por lo que muchos de sus promotores desertaron y buscaron refugio en Colombia.

En 2020, siguieron los complicados anuncios y eventos. Desde Washington lanzaron una triple ofensiva contra el régimen venezolano. El 26 de marzo, imputaron cargos de conspiración narcoterrorista contra Maduro, su entorno y un exchavista, y ofrecieron fuertes recompensas por información para su captura.

El 31 de marzo, presentaron el llamado marco de transición democrática. El 1 de abril, Trump, hablando sobre la pandemia, anunció el envío de barcos de guerra y aviones de inteligencia cerca a Venezuela señalada como narcoestado y corredor de drogas.

Enseguida sucedieron episodios complicados en Colombia conectados con los anteriores anuncios. El 27 de marzo, Clíver Alcalá -quien fue general de Hugo Chávez y acababa de reconocer que las armas decomisadas el 23 de marzo por la Policía colombiana en la vía hacia Riohacha, eran para una operación contra Maduro- se entregó a la DEA pues el día anterior había sido vinculado en el indictment contra Maduro.

En entrevistas radiales dijo que ninguna autoridad colombiana conocía de la operación que venían preparando como parte de un acuerdo con Guaidó y asesores estadounidenses; que miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia, con quienes mantenía comunicación, lo recogieron en su casa en Barranquilla para facilitar su entrega e inmediato traslado a Estados Unidos. La Silla Vacía confirmó con una fuente oficial de la DNI que desde que Alcalá se exilió en 2017, había trabajado como colaborador de ese organismo que depende de la presidencia colombiana.

Empezando mayo 2020, Maduro informó de la Operación Gedeón como un intento de incursión armada en la costa venezolana para capturarlo, entregarlo a Estados Unidos y cobrar la millonaria recompensa que Trump ofreció por él. El exmiembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, Jordan Goudreau, quien trabajó en la seguridad del Venezuela Aid Live, dijo que de ahí salió convencido de la necesidad de pedir recursos al gobierno de Trump para tumbar a Maduro como fuera.

El mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juvenal Sequea Torres, en entrevista desde Colombia, dijo que el plan contaba con 300 soldados venezolanos, incluidos los del intento de insurrección un año antes. Según JJ Rendón (asesor de Guaidó de ingrata recordación por sus fake news contra Mockus en la campaña presidencial en 2009), él aceptó al comienzo el plan, firmó el contrato con Silvercorp y le adelantó 50.000 dólares.

Otros implicados han contado de sus reuniones en el hotel Marriot en Bogotá para planear el operativo, y que, pese al rechazo por algunos opositores venezolanos, Goudreau con su empresa Silvercorp y Alcalá continuaron los preparativos contratando mercenarios. Han aparecido, además, reseñas de cómo el régimen de Maduro infiltró la operación, e incluso la inteligencia y la Fuerza Armada de Colombia. Quedan muertos y heridos, la oposición más averiada y aún más tensa la relación binacional.

El 9 de mayo, la GNB anunció que incautó tres lanchas artilladas con un lanzacohetes, ametralladoras y munición de la Armada de Colombia, que encontró en costas del estado Bolívar. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Maduro acusó a Colombia y Estados Unidos de “organizar, entrenar, financiar y proteger” mercenarios; y dijo que esas lanchas trasportaban otro grupo y estaban en condiciones de emprender un ataque a gran escala.

Según el comandante de la fuerza naval colombiana, los botes no habían sido incautados sino que, sin tripulación a bordo, se soltaron y terminaron en la otra orilla, en territorio venezolano; que los hechos son materia de investigación, que no se puede descartar ninguna hipótesis y que lo sucedido no tiene precedentes ni justificación[6].

Esa sucesión confusa de hechos en un contexto de graves crisis y de uso del “todo vale”, genera situaciones peligrosas e ilegales y el riesgo de que episodios como esos escalen la confrontación.

¿Y el gobierno colombiano?

En su informe, Guaidó dijo que, en octubre 2019, cuando se enteró que militares y civiles en el exilio estaban involucrados con Alcalá y “que habían sido infiltrados por agentes de la dictadura”, compartió esa información con “algunos países aliados” para advertirles sobre los peligros respectivos. Es de suponer que enteró a su cercano aliado el presidente colombiano.

Duque dijo que no tenía nada que ver en esa operación y que Maduro lo señalaba para desviar la atención. Aunque Colombia ha reiterado que no patrocinará agresión militar contra el vecino, hace falta que el gobierno condene estos hechos y examine si hubo negligencia o incapacidad para impedir el uso del territorio colombiano para actos ilegales.

Si la DNI depende de la presidencia ¿investigó que desde suelo colombiano se planeaba ese operativo, que exmilitares venezolanos se entrenaban en campamentos en La Guajira y que desde ahí partirían lanchas hacia Venezuela? Si era posible y lo supo ¿por qué no ordenó la expulsión de Alcalá ni de los demás exmilitares implicados en la conspiración?

Desde este lado siempre se le ha exigido a Venezuela no apoyar las guerrillas contra el Estado colombiano ni permitir que desde su territorio esos grupos armados lancen acciones, por ejemplo, contra oleoductos, afectando poblaciones y ríos compartidos.

Las denuncias hechas por el presidente Duque y su cancillería -en la ONU y ante la Corte Penal Internacional- sobre el apoyo que el régimen de Maduro le presta al ELN y a las disidencias de las Farc en su acción armada, pierden peso al quedar enredado el país en esos episodios confusos, muchos de los cuales han usado territorio colombiano en acciones ilegales.

En suma, esa sucesión de peligrosos y confusos episodios que han dejado rastros a ambos lados, provocan muy problemáticas hipótesis y daños. Para evitar los costos que le generan a Colombia, le exigen al presidente dar un giro en su política internacional que diferencie los intereses y posiciones de Colombia frente a los de Estados Unidos hacia Venezuela.

También queda cuestionada la estrategia contra Cuba y la mimetización con Guaidó. El sector opositor que éste representa ha perdido credibilidad por esperar que desde el campo internacional se concreten salidas a la crisis de Venezuela y, ahora, por las versiones contradictorias sobre estos confusos episodios. Pero ese es tema para otro artículo.

* Doctora en Ciencia Política y fue profesora en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (iepri) de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta su jubilación, coordinó el Grupo Académico Colombia-Venezuela y los programas andino-brasileño y Colombia-Ecuador.


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