Disputa de poderes en El Salvador: por segunda vez, la Corte deberá definir cómo seguirá la cuarentena

Presidente Bukele sufre dos derrotas políticas

Por Gabriel Campos Madrid

Dos derrotas políticas sufrió ayer el presidente de la república, Nayib Bukele, luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara como constitucional el Decreto Ejecutivo 620 que contiene disposiciones que obligan al Gobierno a dotar de un seguro de vida, así como del equipo de protección personal adecuado, a los médicos y enfermeras que atienden la emergencia por la pandemia del covid-19; y luego de que horas después los diputados de la Asamblea Legislativa superaran el veto al Decreto Legislativo 661 que se refiere a la reapertura gradual de la economía y manejo de la pandemia.

La Sala ordenó que el presidente sancione y publique el Decreto 661, que fue aprobado el 1 de abril de 2020 y vetado, supuestamente por inconstitucional, debido a que, según Bukele, vulneraba el principio de equilibrio presupuestario.

Empero, en la resolución de la Sala se lee que “el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 620 es constitucional en lo relativo a la supuesta inobservancia al principio de equilibrio presupuestario que se instituye en el artículo 226 de la Constitución”.

La razón expuesta por la Sala es que la normativa vetada no tiene carácter presupuestario, sino que establece un mandato prestacional que debe ser considerado y concretizado por el Órgano Ejecutivo en cuanto al pago y la fuente de financiamiento respectiva.

En la resolución, la Sala consideró también como constitucionales los artículos 2, 3 y 5 del Decreto, aduciendo que la competencia de legislar de la Asamblea no es excluyente de la competencia del Ministerio de Salud de formular la política nacional de salud.

Ayer mismo, el ministro de Salud, Francisco Alabi, y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentaron en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto por $3 millones para poder otorgar dicho seguro, así como una pensión vitalicia a los trabajadores de la salud, algo que fue anunciado por Bukele a las 2:38 de la tarde en su cuenta de Twitter, en la que también aseguró que el 26 de mayo el Consejo de Ministros acordó dicho refuerzo presupuesto para brindar el seguro de vida.

Es decir, dicho acuerdo se tomó 55 días después de que se había aprobado dicho seguro de vida en la Asamblea Legislativa y 32 días después de que fuera ratificado por los diputados, pues el veto presidencial fue conocido el 20 de abril.

Otro veto superado

Mientras tanto, los diputados, a las 6:45 de la tarde, y con 61 votos, superaron el veto presidencial al Decreto Legislativo 661, el cual contiene las diversas fases para la reapertura gradual de la economía así como disposiciones para manejar la pandemia desde el Ejecutivo.

Con ello, los legisladores abrieron una nueva controversia que será dirimida también por la Sala de lo Constitucional.

Bukele, en el documento enviado a la Asamblea, mencionó que la inconstitucionalidad planteada se da “en los artículos 65 y 66 por invasión de competencias y vulneración del principio de colaboración interorgánica” aduciendo que “el Órgano Ejecutivo debió haber respetado los límites de la función legislativa o, por lo menos, tomar en consideración los planteamientos sobre la situación de la pandemia por covid-19 en el país y las alternativas de cursos de acción”.

Ante esto, el jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, aseguró que “el decreto contemplaba un estado de emergencia por 15 días para atender la vida, la salud, en el marco del covid-19”.

Cristina Cornejo, del FMLN, dijo que “en este decreto (661) no estuvimos de acuerdo (con el Ejecutivo) en transparencia, manejo de fondos, acceso a información, restricción de garantías constitucionales, entre otras. Trabajemos por una pandemia en el marco de la legalidad”.

La Prensa Gráfica


Diputados critican el régimen de excepción propuesto por Gobierno

La Asamblea Legislativa no aprobó ayer el régimen de excepción y cuarentena obligatoria de 15 días solicitado por el presidente Nayib Bukele para contener los contagios de COVID-19: antes escucharán durante dos días a al menos 20 instituciones académicas, jurídicas, médicas y sociales.

Sin embargo, algunos diputados mostraron ayer sus primeras objeciones al proyecto presentado.

Cristina Cornejo, del FMLN, aseguró que la propuesta del Presidente es ilegal. Nidia Díaz, del mismo partido político, cuestionó por qué el mandatario “insiste en enviar decretos inconstitucionales” porque suspende garantías y derechos constitucionales.

Por su parte, Norman Quijano, de Arena, objetó la propuesta porque restringe derechos constitucionales y la realidad económica de muchos “no aguantaría otro encierro total”. Cuestionó que los mayores niveles de contagio se han dado en donde el Gobierno tiene estricto control, como Fuerza Armada, Policía, centros de contención, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el asilo Sara Zaldívar.

“Es el mal control, eso lo hemos visto todos”, dijo.

El diputado Rodolfo Parker, del PDC, consideró que con el proyecto insiste en tener una facultad que ningún gobernante democrático quiere: “Prorrogando cuarentenas hasta que exista vacuna, deteniendo arbitrariamente, pisoteando derechos y dejando sin sustento a nuestra gente que no trabaja no come”, dijo.

Lo estudiarán

Pese a las críticas emitidas ayer por Arena, FMLN y PDC, expresaron que estudiarán la propuesta, citando para el lunes, al ministro de Salud, Francisco Alabí, a la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Colegio Médico, a infectólogos, epidemiólogos, doctora María Eugenia Barrientos; y a las organizaciones Human Right Watch, Tutela Legal, Cristosal, Acción Ciudadana, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y el Instituto de Derechos Humanos de la Uca (Idhuca).

Para el martes, citarán a las organizaciones Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Corporación de Exportaciones de El Salvador (Coexport), Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IDDC), Universidad de El Salvador (UES), Universidad Dr. José Matías Delgado, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), Universidad Francisco Gavidia y Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).

El Mundo


El Salvador suma 7 muertes por COVID-19 y reporta 186 nuevos contagios

El Salvador sumó al final de miércoles siete nuevos fallecimientos por el nuevo coronavirus (COVID-19) y registró 186 nuevos contagios confirmados de la enfermedad respiratoria.

Con las nuevas víctimas mortales del coronavirus, El Salvador llegó a las 126 muertes por la pandemia y registra 5,336 casos positivos del coronavirus.

Según informó el Ministerio de Salud los casos son 1,939 mujeres y 3,397 hombres, mientras que hay 5,213 bajo sospecha, y 2,094 pacientes recuperados, luego de sumar 192 personas recuperadas este miércoles.

Las autoridades sanitarias identifican que de los 2,094 de los casos activos: 613 son asintomáticos, 559 con pronóstico estable, 496 con riesgo moderado, 288 graves y 138 en condición crítica.

El Salvador ha hecho 150.252 pruebas y se encuentra, según las fuentes oficiales del gobierno, en la tercera etapa de la pandemia, donde hay riesgo de contagio masivo.

La comisionada presidencial, Carolina Recinos, anunció ayer, por primera vez que El Salvador podrían entrar a “la cuarta fase de la enfermedad”, sin entrar en detalles las características de este nueva fase de la enfermedad.

DiarioCoLatino


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