Ecuador: juez dictó prisión preventiva para el diputado Daniel Mendoza acusado de delincuencia organizada

Juez dictó prisión preventiva contra asambleísta Daniel Mendoza

Tras cinco horas de la audiencia de formulación de cargos, el asambleísta Daniel Mendoza y otras cuatro personas más fueron procesadas por el presunto delito de delincuencia organizada.

Para el Legislador y otros cuatro implicados Edmundo Tamayo, Jennifer C., Tania S. y Ángel A, se dictó prisión preventiva y para Olga M., arresto domiciliario.

El Juez Marco Rodríguez acogió el pedio de Fiscalía y señaló que la instrucción fiscal durará 90 días.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó 15 elementos de convicción y realizó un análisis del por qué solicita la prisión preventiva del legislador Mendoza.

La fiscal, Diana Salazar, señaló que con este pedido se busca evitar “que los procesados evadan la justicia, ya que existe un alto riesgo de fuga, al tratarse de un delito grave contra la administración pública”.

Mendoza, asambleísta por Alianza País, fue detenido después de que Fiscalía General del Estado anunciara 10 allanamientos, realizados durante la madrugada, por investigación de presuntos casos de corrupción en la construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí.

Según informó la cartera de Estado, se procedió a su aprehensión por presunto delito de delincuencia organizada.

Como resultado de las incursiones, también se detuvo a René Tamayo Silva, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Los allanamientos se realizaron la madrugada del viernes en forma simultánea en Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez.

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El legislador Daniel Mendoza fue recluido en la Cárcel 4 de Quito

Luego de que el juez nacional Marco Rodríguez ordenara prisión preventiva, el legislador Daniel Mendoza fue llevado a la Cárcel 4 de Quito.

El parlamentario fue traslado a las 06:00, en medio de un operativo policial.

Un poco antes de la medianoche del viernes 5 de junio del 2020, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra seis personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. En ese grupo está Mendoza.

Ellos formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales.

Durante su exposición, la fiscal general de Estado, Diana Salazar, presentó 15 elementos con los que justificó la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada.

Señaló que el asambleísta, valiéndose de su cargo, habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí, mismas que incluyeron la construcción del Hospital Básico de Pedernales.

Afirmó que en los computadores, que fueron incautados en el Consorcio Pedernales-Manabí, se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta Mendoza y a Edmundo Tamayo, director del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

Dijo que también se encontraron registros de los pagos realizados a Jorge J. y Franklin C. y de los cuales Olga M. era la encargada de realizar a través del Consorcio.

Las investigaciones de Fiscalía señalaron que estas actividades se habrían llevaron a cabo de “común acuerdo” y que los procesados formaron un grupo estructurado, cuyas acciones “se realizaron de manera reiterada y planificada con el único fin de buscar beneficio económico y material”.

Salazar presentó ante el Juez memorandos, partes policiales sobre la presunta estructura delincuencial, peritajes de intercambios de chats donde se señala que dos de los procesados rendían cuentas y se reunían con el asambleísta Mendoza.

Entre las pruebas también están escuchas telefónicas, en las que “se detalla la manera en la que se concertaban entregas de cheques y dinero”.

Además, presentó el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, que señala irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales y la correspondiente inobservancia del Secob.

El delito de delincuencia organizada se encuentra tipificado en el art. 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de siete a diez años de privación de la libertad.

El Comercio