FARC interpela a Duque por los 201 excombatientes asesinados desde la firma de la paz

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Asesinan a otro excombatiente de Farc en Puerto Asís, Putumayo

Ángel Alberto Calderón Ruiz, excombatiente de las Farc en proceso de reincorporación, fue asesinado esta tarde en Puerto Asís, Putumayo.

Según información prelimitar, Calderón fue asesinado con varios impactos de bala en el cabildo Santa Rosa, ubicado en ese municipio del sur del país.

Con este caso, ya son 201 los excombatientes que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, según el partido Farc.

El caso número 200 se registró este fin de semana en Tibú, Norte de Santander, donde fue asesinado el excombatiente Mario Téllez.

Ante estos hechos, el partido Farc, surgido del acuerdo de paz con la antigua guerrilla, ha señalado por “acción y omisión” al gobierno del presidente Iván Duque.

Asimismo, la colectividad ha pedido medidas de protección no solo al Gobierno, sino también ante instancias nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz, e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Misión de la ONU verificará sanciones que imponga la JEP

Tras confirmar que el presidente Iván Duque le solicitó a la Organización de Naciones Unidas acompañar al gobierno como garante independiente, el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, anunció que una misión de ese organismo auditará las sanciones que imponga el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Archila reveló que la Cancillería y la Consejería de Estabilización ya venían adelantando gestiones con Naciones Unidas, y aseguró que “este apoyo será un gran aporte al sistema de Verdad, Justicia, reparación y no repetición”, en favor de las víctimas.

Archila, en carta dirigida a Patricia Linares, presidenta de la Justicia Especial para la Paz (JEP), le hizo un recuento de los pasos que dio el Gobierno Nacional desde comienzos de año para la Misión de la ONU participe como garante del proceso hasta el 7 de agosto de 2022.

Y el pasado 9 de marzo, tras una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, Duque le manifestó su intención de que este año se abordarían las tareas necesarias para asegurar que el mandato de la Misión de Verificación cumpla con las tareas descritas en el Acuerdo Final respecto de las sanciones propias a los ex combatientes de las Farc.

Para mantener los beneficios jurídicos, toda persona que se someta a la JEP debe cumplir con requisitos como aportar a la verdad plena y la reparación de las víctimas, no repetir sus crímenes y concurrir al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuando sean llamados, entre otras obligaciones

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Políticas de paz de corto plazo están atrasadas en el 62 por ciento

A diferencia de los anteriores informes de implementación del acuerdo de paz realizados por el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, en el cuarto, presentado este martes, se evalúan los objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Según explica Daniel Cano, coordinador de relacionamiento político del instituto, este ajuste obedece a una sugerencia de Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Si bien hay puntos del acuerdo que no estarán completos sino hasta 2031 –los de largo plazo–, otros debieron quedar listos en los dos primeros años de implementación, hasta 2019, pero todavía no lo están.

En el informe ‘Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial’, se puntualiza que de 88 disposiciones de corto plazo, solo 33 están completamente implementadas; algunas ni siquiera se han iniciado.

La mayoría de los compromisos cumplidos son del punto 3 (fin del conflicto) y están relacionados con el cese del fuego, la dejación de armas y la reincorporación de las Farc.

Entre tanto, “los 55 (62 por ciento) compromisos atrasados para este periodo se relacionan con planes y normas que no fueron aprobados”. Es el caso, por ejemplo, de las reformas de apertura democrática. De 15 compromisos del punto 2, ocho no se han iniciado. Por ejemplo, las circunscripciones especiales para las víctimas, que no se aprobaron en el Congreso.

En el punto 1 también quedaron pendientes la ley de acceso a la tierra y mecanismos de diálogo social para el desarrollo rural. En el punto 4, los retrasos “tienen que ver con las intervenciones tempranas de desarrollo en comunidades Pnis”, el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Y en el punto 5 están pendientes medidas de reparación integral administrativa de las víctimas.

Un segundo grupo de objetivos, de mediano plazo, deben terminar de implementarse entre 2020 y 2022, con base en el Plan Marco de Implementación, la agenda oficial para hacer realidad lo que se firmó en el teatro Colón en 2016.

Estos incluyen 33 compromisos, de los cuales, según el análisis del Instituto Kroc, cinco ya se completaron y once están rumbo a terminarse en el tiempo establecido. Los 17 restantes podrían no cumplirse, pues su implementación es mínima o no se ha iniciado.

Esto lanza una alerta temprana, pues “si no se toman acciones en este momento, se afectará la implementación hacia el futuro de otros compromisos”, señala.

Agrega que estos puntos son claves “para transformar las condiciones de grupos históricamente marginalizados y construir una paz sostenible en los territorios más afectados por el conflicto armado”.

Por esta razón, el Instituto Kroc concluye que la implementación del proceso de paz entró en un momento de transición hacia lo territorial. Mientras las disposiciones de corto plazo buscaban darle estabilidad al proceso, las de mediano y largo plazo implican las reformas de fondo pactadas en las negociaciones.

Esta es la razón por la que, según el análisis, la implementación se volvió más lenta entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019, cuando se avanzó un 6 por ciento: porque los puntos por poner en marcha son más complejos.

A finales del 2018, el 68 por ciento de disposiciones estaban en marcha. En 2019, el 74 por ciento.

El instituto concluye que la implementación “está entrando en una nueva fase territorial en la que se debe construir sobre los logros anteriores y transformar las zonas más afectadas por la violencia”.

Además, afirma que en el tercer año de puesta en marcha, “la priorización realizada por el Gobierno permitió avances importantes en algunos temas. No obstante, ese progreso no siempre ha ido en línea con la integralidad del acuerdo”.

Gobierno Duque insiste en su compromiso

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque sí está comprometido con la implementación del Acuerdo Final, hasta el punto de que sus acciones y resultados garantizan una ejecución plena en el largo plazo.

Del informe del Instituto Kroc destacó la mención según la cual la nueva institucionalidad prevista para ejecutar las medidas del acuerdo está en funcionamiento.

Dijo que el reporte contiene aspectos muy positivos del trabajo que se adelanta, como la transformación de las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza a través de los Pdet, la reducción de las brechas socioeconómicas entre el campo y la ciudad, las garantías de los derechos de las víctimas y el apoyo sostenido en la reincorporación a largo plazo de los excombatientes, entre otros.

Rodrigo Granda, miembro del partido Farc, dijo que un acuerdo tan complejo como el suscrito en La Habana no se puede verificar solo desde el punto de vista cuantitativo.

Señaló que hay muchos incumplimientos del Estado en lo que tiene que ver con la implementación, en asuntos como los de tierras, en la seguridad de los excombatientes y el desarrollo rural.

Anticipó que mañana, los exguerrilleros darán a conocer un informe “punto por punto” sobre el avance que se ha dado de lo acordado con el Gobierno.

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