Migrantes y COVID-19: ¿Qué están haciendo los países de América Latina con más migrantes para apoyarlos durante la pandemia? – Por Joaquim Tres y Marisol Rodriguez Chatruc

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Por Joaquim Tres y Marisol Rodriguez Chatruc *

a llegada de COVID-19 ha planteado un reto histórico para el mundo y para los países América Latina y el Caribe. Además del riesgo para la salud, la pandemia reducirá los ingresos de muchos y dejará sin empleo a millones de personas. Según las últimas previsiones, 35 millones de personas de la región podrían caer en la pobreza. Hoy por hoy es difícil predecir cuál será el impacto a mediano y largo plazo. Sin embargo, está claro que la región tendrá que desarrollar soluciones rápidas e innovadoras para proteger a sus poblaciones de los efectos del coronavirus en todos los aspectos: salud, social, económico. En este contexto, ¿qué está sucediendo con los millones de migrantes en los países receptores de la región?

Contrariamente a interpretaciones iniciales que señalaban el COVID-19 como “el gran igualador o nivelador’’, la realidad está demostrando que el virus afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran los migrantes y de manera muy particular a los migrantes en condición irregular. Antes de la llegada del coronavirus, la región ya estaba atravesando una crisis migratoria potenciada por el éxodo venezolano. Desde el 2015, más de 5 millones de venezolanos han salido de su país y más de 4 millones residen en países de América Latina y el Caribe. No obstante, no son los únicos, el 12% de población en Belice son inmigrantes de América Central; y en los últimos 10 años Chile ha otorgado alrededor de 275.000 visas a migrantes haitianos.

¿Los migrantes en el ojo del huracán?

Las desigualdades preexistentes en muchos países de la región a nivel económico, de vivienda y acceso a salud aumentan el riesgo de exposición de los migrantes al virus. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la llegada del virus nos preocupa particularmente ya que, en este contexto, las vulnerabilidades que sufren los migrantes forzados se acentúan dramáticamente. Entre los factores que incrementan su situación de vulnerabilidad destacamos:

  • Los cierres de fronteras representan varios retos: aumento de la migración clandestina y del riesgo de tráfico de personas; inmovilización de los migrantes en tránsito que no tienen donde quedarse; paralización de las economías fronterizas de las que dependen cientos de miles de personas; y dificultad de retorno de migrantes que prefieren regresar a su país ante la crisis generada por el COVID-19. Estos retos dificultan los controles de salud y aumentan el riesgo de contagio. Desde el 4 hasta el lunes 27 de abril, según Migración Colombia, alrededor de 13.400 venezolanos han salido hacia Venezuela en 323 autobuses.
  • Las medidas de confinamiento doméstico son difíciles de practicar para los migrantes sin una vivienda fija o que viven condiciones de hacinamiento. Según el Anuario 2019 del Servicio Jesuita a Migrantes, en Chile el 18 % de los migrantes viven en condiciones de hacinamiento. En Perú esta cifra asciende al 57%, según la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que residen en el país. En Ecuador 16% de los migrantes se encuentran en situación de calle; en Colombia el 32% no tiene acceso a vivienda según la matriz de monitoreo y desplazamiento realizada por la Organización Internacional para las Migraciones en 2018.; y en Costa Rica el informe de UNICEF Estado, Niñez y Adolescencia migrante señalaba que el 36% no tiene acceso a vivienda aceptable.
  • Las medidas de prevención son difíciles de practicar por los migrantes sin acceso a productos de aseo ni a agua potable. La plataforma R4V estima que 1,65 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela y miembros de la comunidad de acogida necesitan asistencia en Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) en toda la región en el 2020.
  • Los migrantes irregulares pueden evitar a los centros de salud en caso de tener síntomas por temor a ser deportados.

En esta nueva coyuntura y teniendo en cuenta que aproximadamente 10 millones de latinoamericanos y caribeños residen en otro país de la región, para el BID es de suma importancia que los migrantes estén incluidos en los planes nacionales de respuesta a COVID-19 para proteger a todos tanto de los riesgos de salud como de desempleo y exclusión. Para conocer de primera mano cómo están atendiendo la migración los países receptores de flujos repentinos y de gran magnitud en tiempos de COVID-19, el BID llevó a cabo un Diálogo con altas autoridades migratorias de América Latina.

¿Cómo están respondiendo los principales países receptores de migrantes?

Muchos de los países receptores en la región ya estaban implementando políticas públicas migratorias incluyentes antes de la llegada del COVID-19. No obstante, el nuevo contexto exige nuevas medidas. Países como Chile, Colombia y Perú han garantizado el acceso de los migrantes a los servicios de salud para tratar el coronavirus tanto por vía ordinaria para los migrantes regulares, como a través de emergencias para los que tienen situación irregular. Sin embargo, ante la saturación de muchos sistemas de salud europeos y en otros países, existe una preocupación real por la capacidad de respuesta de los sistemas de la región. Por ello, gobiernos como Argentina, Chile y Perú han seguido la línea de Portugal y otro países europeos, publicando un decreto que permite a profesionales del sector salud con titulaciones en el extranjero ejercer su profesión durante la emergencia.

La digitalización de los servicios migratorios en Chile y el sistema de Registro de Información Migratoria peruano están facilitando los trámites a los migrantes, permitiendo por un lado atender las necesidades migratorias sin poner en riesgo de contagio a los migrantes y a los funcionarios; y entregar bonos a familias vulnerables, incluidas las de inmigrantes con el apoyo de ACNUR y OIM en Perú. Por su lado, Colombia, para paliar los efectos del cierre de la frontera con Venezuela, ha habilitado corredores humanitarios para la población especialmente vulnerable, y distribuido 200.000 mercados para asegurar la seguridad alimentaria de aproximadamente 800.000 personas en las próximas semanas.

La situación que vivimos hoy en día es inédita. La migración se enfrenta a desafíos inimaginables meses atrás, para los cuáles es importante identificar y adoptar ideas innovadoras para que nadie quede atrás. Desde el BID vamos a seguir facilitando este espacio para que los países receptores de migración repentina y de gran magnitud puedan intercambiar prácticas y lecciones aprendidas con el objetivo de enfrentar este nuevo reto de manera conjunta. A petición de los países, futuros diálogos explorarán temáticas como: migración y empleo; coordinación de diferentes niveles gubernamentales de la agenda migratoria; y uso de las nuevas tecnologías para monitorear la migración e implementar políticas más focalizadas.

Estamos navegando la misma tormenta, pero en botes desiguales, y los migrantes están en el más frágil.

* Joaquim Tres es Especialista Principal de la Unidad de Migraciones del BID del Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y coordina el despliegue operativo de programas multisectoriales. Joaquim es co-autor de la Estrategia de Integración del BID y ha trabajado en desarrollo económico y comercial durante más de 20 años, tanto en investigación, desarrollo de políticas económicas y gestión.

* Marisol Rodríguez Chatruc es Economista Senior de la Unidad de Migraciones del Sector Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

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