No matemos la paz en Colombia – Por Baltasar Garzón, especial para NODAL

No matemos la paz en Colombia

Por Baltasar Garzón *

La historia del siglo XX dejará un deplorable legado de violencia para las generaciones futuras difícilmente excusable. Colombia es un ejemplo de las múltiples caras que esta violencia puede tener: las FARC, el narcotráfico, el paramilitarismo, el ELN…Pero este legado puede ser también de un proceso de transición hacia la paz que, en estos momentos, se encuentra enquistado en una violencia casi obcecada con los defensores de los derechos humanos.

De hecho, el pasado 23 de junio, Carmen Ángel Angarita, un líder social de la región del Catatumbo fue asesinado, alargando la lista de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados, que asciende a 450 desde la firma de los acuerdos de paz, todo ello ante unas autoridades sordas a los reclamos de organismos internacionales y de la sociedad civil.(1)

Ahora, cuando están a punto de cumplirse los cuatro años de la firma delos Acuerdos de Pazlogrados, tras arduas conversaciones y cesiones por las respectivas partes, en La Habana de 2016, es un buen momento para detenerse y evaluar qué o quiénes están obstruyendo este proceso de transición.

A todas luces es ingenuo pensar que el acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia ,firmado en septiembre de 2016 en Cartagena de Indias, ha supuesto el cese de la violencia. Según los últimos datos publicados por la ONU y distintas instituciones internacionales, la violencia en Colombia no cesa. La situación está bastante lejos del escenario esperado por los protagonistas de aquellos pactos –y también para todos aquellos que de un modo u otro hemos participado en la consecución de esta anhelada paz-, ya que Colombia todavía es escenario de una violencia infundada e injustificada, si es que se puede pensar que esta tuvo justificación alguna vez.
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Tras las FARC aparecieron nuevos actores violentos como las escisiones del mismo grupo y nuevas organizaciones vinculadas al narcotráfico (como el Cartel de Sinaloa que ha venido desde México), que han dejado en los últimos años un reguero de muertos que impide sostener que el proceso de paz ha sido exitoso. Esta es la triste realidad, que ha asolado especialmente a las zonas rurales y con mayor intensidad a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. El Estado, obviamente, tiene una gran cuota de responsabilidad, principalmente debido a su pasividad e incluso desidia, que ha posibilitado una escalada de violencia que hace que Colombia ocupe el puesto 140 – de 163 países – en el Ranking del Índice de Paz Global 2020. (2)

Para empezar a hablar de paz, en estos momentos, es imprescindible reparar en la necesaria protección de los defensores de las víctimas y de los derechos humanos y del  asesinato de los líderes sociales.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha hecho eco del elevado grado de violencia en Colombia. Según los datos que baraja este organismo, 2019 fue un año especialmente sangriento, con más de 107 activistas asesinados. (3) En 2020 también nos encontramos con una situación similar, que parece que va más allá. El número de víctimas continúa creciendo, y según el registro actualizado que realiza el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ya son 150 vidas que han sido despojadas desde el inicio de 2020. (4) Una cifra cuanto menos escalofriante.

Pero hay más, según el informe publicado recientemente por el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos, titulado “Tres años después de la firma del Acuerdo final en Colombia: hacia la transformación territorial”, (5) el proceso de paz en Colombia atraviesa un momento decisivo; destaca que las instituciones para la implementación de la paz ya han sido creadas y que este cuarto año resulta crucial para desplegar el papel del Estado en aquellas áreas más desamparadas.

Como bien señala Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la verdad en Colombia, “cuando asesinan a un líder acaban con la energía, la esperanza y la sabiduría de una comunidad (…) Asesinar a un líder es apagar una antorcha que estaba iluminando a la comunidad y entonces, llega la oscuridad”. (6) El abandono y la desprotección es uno de los mayores atentados a las comunidades, pues dan la espalda a una paz justa y sostenible. Si el Estado no es capaz de amparar y proteger a quienes defienden a la sociedad y a los derechos humanos en estas comunidades en particular, y en la sociedad en general, está volviendo a tiempos pasados en los que el terreno libre a la violencia y contribuyó al decaimiento del propio concepto de Estado democrático y de Derecho, condenando a la ciudadanía al mayor infortunio.

Los líderes sociales en Colombia se encuentran bajo amenaza permanente. Las palabras certeras de De Roux denunciando el riesgo que corren quienes encabezan las comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas por la constante violencia ejercida contra ellos, debe ponernos en guardia. Tenemos que ser conscientes de que, si son asesinados, estamos matando la paz. Los defensores de los derechos humanos y del medioambiente son víctimas de la indiferencia del Estado que mira hacia otro lado cada vez que alguno de ellos es asesinado.

La violencia en Colombia ha sido de tal magnitud que si por cada víctima del conflicto armado que se ha producido en el país se hiciera un minuto de silencio, enmudeceríamos durante quince años, según ha valorado el padre De Roux. (7) Ante tal dimensión de los hechos no cabe otra cosa que hacer una reflexión profunda y serena de cómo dirigir este proceso de paz y observar con detalle qué papel desempeña la violencia en esta transición, y qué papel está jugando el Estado que, en demasiadas ocasiones, está renunciando a ejercer el rol de garante que le corresponde.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo El Tribunal Superior de Bogotá se pronunció a favor de la defensa de los derechos humanos de diez líderes sociales de Colombia, avalando con ello la necesidad de proteger al conjunto de líderes sociales y demás defensores de los derechos humanos, dada la extrema situación de riesgo a la que se ven sometidos. Con este pronunciamiento recuerda al Gobierno su obligación de garantizar, reconocer y fortalecer a estos líderes a través de lo fijado en los acuerdos de paz de 2016.

El pasado 30 junio de 2020, en un foro organizado por la Federación Nacional de Departamentos, el Fiscal General Francisco Barbosa presentó algunos de sus objetivos frente a la corrupción, la inseguridad económica y social a raíz de la pandemia y el aumento de la violencia, poniendo énfasis en la necesidad de protección a líderes sociales. (8)

Si bien es cierto que el apoyo social al acuerdo de paz en Colombia ha ido in crescendo, según señala el informe del Instituto Kroc al que he hecho referencia, también lo es que los homicidios de exguerrilleros de las FARC suponen un obstáculo para encauzar la paz. Hace unas semanas se denunciaron al menos dos casos que provocaron una reunión virtual, el pasado 10 de junio, entre la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, donde han denunciado un “exterminio sistemático”. (9)

El filósofo griego Heráclito decía que ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Así pues, el proceso de paz en Colombia es también irrepetible e irreversible: ni el acuerdo ni la paz se pueden producir en las mismas condiciones, en la actualidad. Por tanto, nos encontramos ante un nuevo ciclo de violencia que surge tras el acuerdo de paz y que es diferente al vivido antes del 2016.

Toda negociación que se abra solo conducirá a un camino: la paz. Cualquier posibilidad de acuerdo que se plantee desde cualquier Gobierno, independientemente de su ideología, debe encauzarse a erradicar la violencia y con una clara y manifiesta voluntad de alcanzar la paz. Todos los agentes estatales y sociales deben participar de un proyecto inclusivo cuyo propósito quede meridianamente claro: el fortalecimiento de la paz. Es una puesta en acción desde todos los mecanismos gubernativos y de la sociedad civil frente al resurgimiento de la violencia.

Ante este nuevo escenario, deben quedar excluidos todos aquellos que apuesten por la violencia. No pueden participar en negociación alguna en ninguna negociación aquellos que, con sus acciones, quieren perpetuar la violencia como modus viviendi; no pueden engañar al Estado ni a la sociedad de nuevo inmiscuyéndose como camaleones en procesos de paz en los que no creen y con los que blanquean su imagen para seguir perpetuando la violencia en la sociedad. Para aquellos que no creen en la paz y para los que la violencia cotiza al alzadeben saber que la ley les estará esperando. La violencia es un camino sin retorno en el que todos perdemos, nadie gana; por supuesto las víctimas pierden, pero también quienes la ejercen y se enriquecen a través de ella, incluso si esta es ejercida por el propio Estado. Nadie tiene derecho a quebrantar esta transición a la paz que se inició en 2016, tras un largo proceso de negociación y dolor de las víctimas, para revictimizarlas, otra vez; y quien lo haga debe responden ante le ley y su acción debe ser sancionada con vehemencia. No es posible revertir el camino andado; la guerra y la confrontación ya no son opciones para Colombia, ni en el supuesto caso de que la democracia fuera imperfecta -corrupta o injusta-, porque existen mecanismos dentro de ella para combatir estos sesgos. Se debe exigir responsabilidades a quienes omiten la debida diligencia de proteger a los líderes sociales, indígenas, y defensores de Derechos Humanos. Es tiempo de que también el poder judicial valore estas conductas omisivas por parte de quien tiene el deber de proteger y cuidar a la ciudadanía más vulnerable.

La paz comienza en nosotros y con nosotros mismos. Hay que construirla de forma sostenible desde abajo hacia arriba y pelear cada día para mantenerla y reforzarla. Como dijo Gandhi: no hay camino hacía la paz, la paz es el camino. El compromiso, el apoyo y la solidaridad nacional e internacional son pilares básicos para que esa paz que Colombia está construyendo cada día desde 2016 se consolide. No hay que detenerse ni entretenerse en el camino. Es un compromiso universal. Por eso, y porque existe un derecho humano a la paz, todos estamos comprometidos en este largo y costoso, pero irreversible, proceso de paz en Colombia.

La única apuesta posible hoy por hoy en este país es la paz justa y sostenible. La confrontación y la violencia no son el camino. Alcanzarla es un esfuerzo colectivo en el que debemos poner todo nuestro empeño no solo en Colombia, sino también desde otras latitudes. El eco de la violencia en cualquier lugar del mundo nos hace corresponsables, si permanecemos inermes o indiferentes, ante toda la humanidad.

* Jurista y presidente de la Fundación Internacional Baltazar Garzón –FIBGAR

(1) https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-a-carmen-angel-angarita-lider-social-en-convencion-norte-de-santander/

(2) https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-paz-global

(3)https://news.un.org/es/story/2020/01/1467912

(4) https://www.europapress.es/internacional/noticia-menos-150-lideres-sociales-activistas-sido-asesinados-va-ano-colombia-20200701144657.html

(5) https://kroc.nd.edu/news-events/the-kroc-cast-podcast/

(7)https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/el-conflicto-armado-nos-esta-afectando-mas-que-el-coronavirus

(8) https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/fiscal-barbosa-alerta-incremento-de-inseguridad-por-la-pandemia-512820

(9) https://www.lavanguardia.com/politica/20200615/481803740488/farc-denuncia-que-200-exguerrilleros-fueron-asesinados-desde-firma-de-la-paz.html


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