Pandemia en territorios Indígenas: 215 contagios en Ecuador y 57 en Bolivia

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Ecuador | Confeniae confirma 215 casos de coronavirus en pueblos amazónicos y 13 fallecidos

Con corte al 31 de mayo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) informó que existen 215 casos confirmados de coronavirus en las comunidades indígenas de esa región.

Mediante su cuenta de twitter  la organización indígena detalla que existen 104 casos en el pueblo kichwa amazónico, 46 waorani, 15 achuar, 32 shuar, 11 shiwiar 7 siekopai; sumado a 13 fallecidos 8 kichwas, 1 kofan y 4 con presunta sintomatología.

Además señalan que habría 354 casos sospechosos, de los cuales 200 se encontrarían en el pueblo achuar, 120 waorani y 34 shuar.

Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación mediante redes sociales, donde también alertó al Estado ecuatoriano sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas: “Se le recuerda la necesidad de extremar medidas que garanticen su derecho a la salud desde enfoques de interculturalidad, género y solidaridad intergeneracional, según la Resolución 01/20 Pandemia y Derechos Humanos”.

Cabe recordar que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, ha pedido insistentemente que incluyan a un representante indígena en el COE Nacional con el fin de tomar medidas acorde a la realidad de los pueblos originarios.

Pichincha Comunicaciones


Bolivia | Cidob informa de 57 indígenas positivos a coronavirus y 20 fallecidos

Los casos por coronavirus en Bolivia se dispararon en las últimas jornadas. Hasta este sábado sumaron un total de 9.592. Estas circunstancias agudizan la alerta en los sectores indígenas. Desde la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) se informó que hay 57 indígenas con coronavirus, 20 fallecidos y 165 sospechosos, que en su mayoría se concentran en áreas urbanas.

De acuerdo con los datos recogidos por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (ODPIB), dependiente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), hasta el momento también se confirmó la muerte de una persona por coronavirus en el territorio indígena de Lomerío (Santa Cruz) y otros 17 contagios en Macharetí (Chuquisaca).

“En pueblos indígenas sumamos ya 57 casos positivos, 20 muertos y 165 casos sospechosos, en su mayoría hermanos indígenas que están en zonas urbanas que recurren a los centros de salud, y sin ni siquiera tomar la temperatura, a simple vista los retornan a sus casas argumentando que los llamarán para ir a tomar las muestras correspondientes”, detalla un comunicado emitido en las pasadas horas desde la Cidob.

En el caso de Lomerío, la persona que sufrió el contagio falleció este jueves en Santa Cruz de la Sierra, a donde fue trasladado desde el territorio indígena para ser atendido. Según el testimonio del primer cacique de Lomerío, Cándido Vivero Parapaino, recogido por el ODPIB-Cejis, en la reunión del martes del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Lomerío, se conoció sobre los síntomas y el traslado de esta persona a Santa Cruz para realizar las pruebas correspondientes.

“Como él (la persona fallecida) es un docente que tenía seguro lo llevaron (de Lomerío) a Santa Cruz y ahí le hicieron los estudios y detectaron que tenía el virus. Para comprobar, le hicieron los estudios una segunda vez y lo mandaron al Cenetrop. Ayer (jueves) tenían que confirmarle si era positivo o no, pero no ha salido el resultado todavía; el jueves en la noche ya estaban comunicando que había fallecido. Eso es lo que sabemos”, indicó el Primer Cacique de Lomerío.

El contagio, según indican, podría haberse realizado por el contacto del fallecido con un familiar suyo que llegó desde Santa Cruz de la Sierra, y quien tiempo después habría fallecido también por la  Covid-19 y fue enterrado en Lomerío.

Ante esto, desde la Cidob se informó que son al momento 46 territorios indígenas de tierras bajas que están con una alta vulnerabilidad de contraer en su totalidad la Covid-19 por estar dentro de los municipios que cuentan con más de mil casos confirmados y “hasta la fecha el gobierno brilla por su ausencia para activar mecanismos de prevención en el ámbito de salud, además de precautelar la soberanía alimentaria originaria a través del control del contrabando de madera destrozando nuestros frutos silvestres fuente de alimento y sostenibilidad”.

De igual forma desde estos sectores se vienen haciendo la denuncia de que pese a las normativas de confinamiento y cuarentena, a lo largo de estas semanas se continúa con la actividad extractvista en diferentes regiones y dentro de sus territorios.

“Es un engaño para los pueblos indígenas porque el gobierno nunca paralizó las actividades extractivas (extracción de gas y petróleo pozo Sipotindi X-1) en territorios indígenas de Chuquisaca; es cómplice; en el norte de La Paz en la TCO PILCOL, comunidad indígena Santa Rosa, Municipio de Guanay, aprovechándose de esta cuarentena una empresa china ha atropellado de manera prepotente amparada y en complicidad de la fuerza del orden los territorios ancestralmente conservados por más de 50 años y están de manera ilegal extrayendo oro aluvial.

Página Siete


Colombia | El coronavirus y los pueblos olvidados de la región amazónica

Por Emilia Cárdenas* Pablo Montoya** Y Ana Judith Blanco***

Las comunidades indígenas del país anunciaron estar en riesgo de un genocidio. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las comunidades de 178 de los 775 resguardos del país —que suman 85.000 familias— están en riesgo debido a la pandemia.

La situación es especialmente preocupante en la región amazónica, que alberga a 64 pueblos y 1.015 comunidades indígenas. Hasta el 29 de mayo, el departamento de Amazonas contaba con 1.799 casos y el departamento de Vaupés con 11, según el Instituto Nacional de Salud (INS). La capital amazónica, Leticia, tiene 68 veces más casos de coronavirus y mortalidad por esta causa (por cada 100.000 habitantes) que el resto del país.

En el Amazonas, más del 70% de las personas viven del comercio informal, lo cual implica una gran fragilidad económica, que ahora se traduce en crecientes niveles de pobreza y vulnerabilidad alimentaria. Los problemas de salud mental también parecen estar agravándose. La tasa de suicidios en el Vaupés, por ejemplo, ha aumentado de forma alarmante en los últimos meses, especialmente entre las mujeres.

Algunas respuestas efectivas

Se han tomado algunas medidas para enfrentar la crisis sanitaria:

  • Hace unas semanas, el ministro de salud anunció $14.000 millones para fortalecer el sistema de salud en la región amazónica, los cuales llegarán en junio.
  • El 15 mayo llegaron al hospital público de Leticia más de 50.000 tapabocas, 9.600 tapabocas tipo N95, 1.700 caretas y 99 kits de sábanas.
  • En la misma ciudad, se ha estado adecuando el Laboratorio de Salud Pública para procesar sus propias pruebas, con apoyo del INS y el Instituto SINCHI.
  • En Vaupés, las Secretarías de Salud departamental y municipal, el INS y organizaciones no gubernamentales están comenzando una búsqueda activa de contactos, rastreo y control en las entradas de los puertos.

Además, se ha trabajado con las Asociaciones de Autoridades Indígenas (AATI) para promover el aislamiento domiciliario de las personas y se está preparando una estrategia para incentivar el confinamiento de grupos familiares en las chagras o cultivos tradicionales selva adentro.

Hasta el 29 de mayo, el departamento de Amazonas contaba con 1.799 casos

En Guainía se ha definido un Plan de Contingencia: las aseguradoras (EAPB), por ejemplo, deberán capacitar a gestores comunitarios y fortalecer la red de telemedicina, mientras que las ARL deberán garantizar el suministro de elementos de bioseguridad a los trabajadores de la salud. En este momento, sin embargo, no hay información sobre cuáles de estas acciones y responsabilidades están siendo asumidas efectivamente.

Una infraestructura precaria

La región amazónica tiene una de las mayores dispersiones poblacionales en Colombia. El difícil acceso a las distintas zonas del territorio ha sido, por mucho tiempo, una de las excusas para la ausencia estatal y la precaria prestación de servicios sociales como la salud.

Ahora, en medio de la pandemia, estas limitaciones históricas están teniendo un costo terriblemente alto, a pesar de los esfuerzos mencionados. Una de las consecuencias de la negligencia prolongada es la precaria infraestructura hospitalaria, sobre la cual recae toda la atención médica de la región:

  • En el departamento de Amazonas hay dos hospitales —el San Rafael en Leticia y el del municipio de Puerto Nariño—, los cuales tienen 111 camas, una cama de cuidados intensivos creada recientemente y cinco respiradores.
  • El departamento de Vaupés cuenta con un sólo hospital en Mitú, con 24 camas de hospitalización y una Unidad de Cuidados Intensivos.

Estos escenarios no cuentan con protocolos de bioseguridad adecuados y no tienen elementos de protección personal para los trabajadores. Esto ha llevado, entre otras, a la renuncia masiva de personal de salud que se dio el 20 de abril en el hospital de Leticia, como forma de protesta.

Acceso, control de fronteras y transmisión de la información

Un segundo reto es el difícil acceso a los ya escasos servicios de salud. La mayoría de los habitantes de los resguardos indígenas se ven obligados a realizar travesías de varios días para recibir atención médica. Por ejemplo, una persona del resguardo San Juan de Atacuary, Amazonas —que contaba con 41 casos hasta el 26 mayo—, tiene que viajar en lancha hasta Puerto Nariño para llegar al puesto de salud más cercano. Si necesita cuidados intensivos tendrá que desplazarse a Leticia y de ahí es posible que lo envíen a otra ciudad debido a la poca capacidad.

Otro de los obstáculos latentes es la falta de control en las fronteras. Los habitantes de Leticia, por ejemplo, conviven con territorios vecinos con altas tasas de contaminación, como Santa Rosa de Yavarí o Iquitos, en Perú, y Tabatinga y Manaos, en Brasil. La falta de políticas adecuadas de migración en el río Amazonas y en la frontera con Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela es sinónimo de una alta exposición al virus y de un contagio casi inevitable.

Se ven obligados a realizar travesías de varios días para recibir atención médica

La respuesta del gobierno ha sido decretar el cierre total de fronteras en el departamento de Amazonas y militarizar la frontera. Sin embargo, esta nunca ha sido una estrategia efectiva para el control migratorio, mucho menos para el control de la emergencia sanitaria. Las únicas respuestas eficientes serán aquellas realistas, que comprendan la interculturalidad y los movimientos cotidianos de la región.

El Estado también ha diseñado lineamientos y protocolos para orientar los planes de atención médica y epidemiológica. Sin embargo, la mayoría de estos están destinados al sistema de salud; no se ha creado una red de comunicación efectiva que divulgue los mensajes claves y culturalmente adecuados sobre protección y prevención del virus entre los habitantes de la región.

Las carencias históricas de infraestructura tecnológica, junto con las condiciones geográficas de difícil acceso de las comunidades indígenas, dificultan aún más la transmisión de información sobre la pandemia.

La falta de una atención diferencial

Otro de los problemas olvidados en Colombia es la ausencia de modelos de salud diferenciales. Si bien el marco legal los permite desde hace más de tres décadas, nunca ha existido el apoyo necesario para desarrollarlos y llevarlos a la práctica.

El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI), uno de los clamores de estos pueblos, tiene desarrollos muy dispares. La falta de compromiso estatal ha llevado a la inestabilidad en las fuentes de financiación e inconstancia en los proyectos de largo plazo, impidiendo la construcción de un modelo de salud real.

Además, como pasa en las comunidades más marginales, estos modelos no suelen ser pensados desde adentro. Como consecuencia, raramente tienen en cuenta los recursos y las capacidades que realmente existen en el territorio y tampoco suelen responder a las creencias y prácticas locales sobre la salud y la enfermedad.

En el escenario actual, las organizaciones y autoridades indígenas (AATIs) tampoco han sido involucradas en la respuesta estatal a la pandemia. Hay un gran desconocimiento de estas como autoridades de carácter especial, lo cual es una terrible pérdida de oportunidades para adecuar y ampliar la respuesta.

Otra consecuencia de esta falta de articulación es el desconocimiento de lo que ocurre por buena parte de la población rural dispersa y la falta de información epidemiológica sobre la situación de salubridad en las zonas de más difícil acceso (que son, además, de las más vulnerables).

Tres de los seis departamentos amazónicos (Amazonas, Vaupés y Guainía) presentan altas tasas de tamizaje por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, Putumayo, Caquetá y Guaviare presentan tasas supremamente bajas. Según los datos disponibles, los primeros dos tienen algunos casos positivos del virus en varios municipios y Guaviare, hasta el momento, parece ser la única entidad territorial sin reportar casos.

Esta aparente ausencia de casos —especialmente en las comunidades indígenas— es dudosa. En vez de señalar un buen manejo de la situación, es un indicador de la disparidad en la respuesta de vigilancia epidemiológica y de la carencia de atención que se ha dado a los territorios que no son capitales departamentales.

Lecciones finales

La situación del Sur colombiano muestra la necesidad de cambiar drásticamente las formas de manejar la salud pública y la relación que se tiene con estas regiones del país.

La dispersión poblacional ha permitido conservar gran parte de las cosmovisiones y prácticas culturales de las comunidades, preservando memoria colectiva y sabiduría ancestral sobre los retos que las comunidades indígenas han enfrentado en el pasado. Debemos escucharlos y trabajar en conjunto con sus recursos para lograr una respuesta eficiente.

En el río Apaporis, por ejemplo, las comunidades acostumbran a prohibir el transporte de personas con gripa en los botes, evitando así el esparcimiento de enfermedades ajenas. La migración temporal a las chagras y las partes altas de los ríos también ha sido un mecanismo de protección contra las enfermedades y las prácticas esclavistas durante cientos de años.

Una última lección que nos dejan estas regiones —y quizás la más relevante en estos tiempos— es el cuidado de la naturaleza y del otro. Por ejemplo, uno de los pilares de la mayoría de las comunidades indígenas son los ancianos, quienes conocen la medicina tradicional y sirven como ejes para ordenar el parentesco, como pilares para proteger y reproducir la cultura, y quienes cargan la memoria colectiva sobre las historias de resiliencia de cada comunidad.

Estas son lecciones que poco suelen quedar escritas en las narrativas oficiales sobre las cuales construimos la salud pública y la política. Sin embargo, quizás son estas algunas de las prácticas que más deberíamos escuchar si queremos impedir la muerte masiva de la región amazónica y la desaparición de los pueblos que hace mucho fueron olvidados.

*Antropóloga y fotógrafa de la Universidad de los Andes, asesora técnica de Sinergias – Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social.

**Director general de Sinergias, médico de la Universidad Nacional con maestría en salud pública de la Universidad de Washington.

***Bacterióloga de la Universidad Industrial de Santander (UIS) con maestría en salud pública de la Universidad de Washington, investigadora y asesora técnica de Sinergias.

Razón Pública


Perú | Defensoría demanda respetar el autoaislamiento de las comunidades indígenas

En su último mensaje, el presidente Martín Vizcarra pidió al flamante ministro de Cultura que tome “atención prioritaria a las poblaciones indígenas” porque aún no tienen la atención que requieren.

En efecto, la Defensoría del Pueblo de Tarapoto, región donde más de 36 mil personas se autoidentifican como parte de los pueblos indígenas Awajun, Kichwa, Shawi y Yaminahua, hizo un llamado a las autoridades de la región San Martín para que respeten la medida de autoaislamiento que las comunidades han adoptado en el marco de sus derechos colectivos.

La institución advirtió que hay 13 ciudadanos afectados con el covid-19, entre ellos una técnica de salud y una enfermera de las localidades de Papaplaya y Pelejo (El Porvenir), que podrían infectar a las comunidades, por lo que pidió a la Dirección Regional de Salud (Diresa) San Martín disponer acciones inmediatas para garantizar una adecuada atención y vigilancia epidemiológica.

De esta manera, se busca asegurar la contención de la enfermedad para evitar su propagación a las comunidades nativas de la zona.

Asimismo, la Defensoría recomienda que para la urgente implementación del “Plan de intervención para comunidades indígenas y centros poblados rurales de la Amazonía frente a la emergencia del nuevo coronavirus covid-19,” emitido recientemente por el Ministerio de Salud, se creen canales adecuados de coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades comunales.

Es oportuno señalar que, de acuerdo con dicho documento, los ingresos del personal de salud para realizar las acciones de prevención y de respuesta rápida deben ser previa toma de pruebas de descarte y en coordinación con las autoridades comunales.

No llegan las pruebas

Por otro lado, la intervención defensorial permitió advertir que, en los últimos reportes de COVID-19 de la Diresa San Martín, no se registraron los casos mencionados. Asimismo, que el Hospital Rural de Papaplaya no cuenta con pruebas de descarte por lo que solo se está identificando la enfermedad a través de la sintomatología. Por ello, también, ha recomendado llevar un registro actualizado de los casos en la región, diferenciando aquellos identificados en las comunidades indígenas y realizar las gestiones necesarias para el abastecimiento de las pruebas.

La institución reitera la necesidad de que en toda intervención que involucre a los pueblos indígenas, deben adoptarse acciones con pertinencia cultural, garantizando los derechos lingüísticos de las personas indígenas y cumpliendo de manera estricta los protocolos de prevención para evitar riesgo de contagio.

En este sentido, considera importante que el Gobierno Regional de San Martín incorpore a las organizaciones indígenas como la Coordinadora de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la región San Martín (Codepisam) al Comando COVID-19 regional.

La República


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