Perú | Trabajadoras del hogar en la pandemia: despidos, encierros y precariedad laboral

Trabajadoras del hogar en la pandemia: despidos, encierros y la búsqueda de un contrato justo con el empleador

Gladys Pereyra Colchado

Semira trabajaba desde hace 11 meses en una casa de Surco. El día que decretaron el confinamiento obligatorio por el COVID-19, sus empleadores le dijeron que no debía salir y que su hija de 6 años tenía que limpiar los baños “para no vivir gratis en su casa”. Ella no aceptó, así que la única que vez que le dejaron salir, por el Día de la Madre, la despidieron. Desde entonces llama seguido para cobrar su sueldo y beneficios, pero nadie le responde.

Patricia cuidaba a un adulto mayor en Miraflores desde el año pasado. Con la cuarentena, le hicieron realizar también las labores de limpieza de la casa porque la otra trabajadora del hogar fue despedida. En mayo, cuando el adulto mayor que cuidaba fue internado 14 días en una clínica, la mandaron quedarse con él. La comida, faltaba más, corría por su cuenta. El día que fue dado de alta, no le dejaron regresar y tampoco le dieron los beneficios que le correspondían.

Estas historias reales ponen en evidencia dos escenarios que atraviesan las trabajadoras del hogar durante la pandemia: las que perdieron el trabajo y las que, por mantener su único ingreso, soportan condiciones desfavorables para ellas.

Para conocer cómo ha afectado la pandemia a este sector, la Asociación Grupo de Trabajo Redes (AGTR) y la agencia de empleos La Casa de Panchita realizaron una encuesta virtual, entre abril y mayo, a 314 trabajadoras del hogar. El resultado de reveló que el 86% ha dejado de trabajar por la pandemia y el resto continúa laborando pese a sufrir la reducción de sueldos o haber sido obligadas a cumplir la cuarentena en casa de sus empleadores.

“El 95% de las que no trabajan no recibe ningún sueldo. A muchas también les han quedado debiendo el mes o no les pagaron los beneficios laborales. Les dijeron ‘anda a tu casa y luego vamos a ver’, pero ya ni les contestan el teléfono”, sostiene Sofía Mauricio, representante de ambos grupos.

El problema incrementa porque el 82% no ha tenido ningún otro ingreso durante la pandemia, el 85% no ha recibido el bono Yo me quedo en casa y el 97%, el bono independiente. “Se han quedado sin nada de dinero y el Estado tampoco las apoya. Conozco casos de algunas que vivían en provincias y han tenido que regresar a sus regiones escondidas en camiones porque no encuentran nada”, agrega a El Comercio.

La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú (Fentrahogarp) también realizó su propia encuesta virtual, entre el 20 y 27 de mayo, en la que participaron 200 trabajadoras de Lima, Arequipa, Ica, Lambayeque y Cusco. El 57% respondió que fue despedido durante los meses de marzo y abril y solo la mitad recibió el pago de sus sueldos y beneficios laborales (pago de vacaciones, CTS gratificaciones truncas o pendientes). Un 23 % recibió el pago de abril, pero se le aplico la suspensión perfecta desde mayo y de las que aún continuaba laborando (20%), solo el 5 % pudo salir una vez al mes, mientras que el resto ha sido obligada a permanecer en casa de los empleadores para no ser despedida.

Aunque ambas encuestas son reveladoras, no hay un registro oficial sobre el número de trabajadoras del hogar que existen en el Perú y cuántas están desempleadas.

Según la encuesta Nacional de Hogares del año 2017, en el Perú hay 395.171 personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. De ellas, el 95 % son mujeres. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo estiman que son cerca de 496.000.

Pero el problema no solo es económico. Se ha intensificado la carga laboral por la presencia de todos los miembros de la familia en el hogar, atención de población de riesgo e incluso a pacientes con COVID-19 y exposición excesiva a productos de limpieza. También, malas condiciones para vivir. Como muchas han tenido que variar la modalidad ‘cama afuera’ por ‘cama adentro’, han sido acomodadas como sea en departamentos que no cuentan con espacios para ellas. Paulina Luza, vocera del Fentrahogarp ha podido comprobar de que con el fin de que no utilicen los baños familiares les instalan servicios higiénicos dentro de los cuartos de servicio, al lado de sus camas.

También es un tema emocional. Sofía Mauricio, quien ha sido trabajadora del hogar desde los 7 años, señala que hay una suerte de chantaje emocional al pedirles que acepten condiciones desfavorables para seguir cuidando a los niños o abuelos de la familia. “Les dicen ‘la abuelita te va a extrañar, quédate por la niña’. Es un chantaje, no respetan su espacio privado. Te dicen que eres parte de la familia, pero las trabajadoras del hogar no buscamos ser parte de la familia, es nuestro trabajo. ¿Cómo proteges a esa trabajadora que cuida a tus hijos, que prepara tu comida? ¿Quién cuida a quien te cuida?”, enfatiza.

Esta dura situación no es exclusiva de la pandemia. Entre el año 2018 y el 12 de mayo de este año, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha realizado 485 inspecciones a raíz de denuncias recibidas por trabajadoras del Hogar, la mayoría por irregularidades en el pago de remuneraciones, jornadas laborales, horarios y descansos y el pago de la CTS. Solo este año fueron 49 inspecciones.

Inspecciones realizadas por Sunafil hasta el 12 de mayo de este año.Inspecciones realizadas por Sunafil hasta el 12 de mayo de este año.

Tampoco solo se vive en el Perú. Según la OIT, entre 11 y 18 millones de personas se dedican a trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, el 93% de las cuales son mujeres. De ellas, el 70,4% ha sido afectada por las medidas de confinamiento, la disminución de la actividad económica, desempleo o pérdida de salario. En Río de Janeiro (Brasil), por ejemplo, la primera muerte por coronavirus fue de una trabajadora del hogar de 63 años que se contagió porque su empleadora había adquirido la enfermedad en un viaje a Italia y nunca se lo informó.

CAMBIOS EN LA NORMA

El pasado 9 de mayo, cuando el país llevaba 55 de estado de emergencia, el Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo (DL) 1499 que por primera vez estableció la obligación de que exista un contrato por escrito para las trabajadoras del hogar, el cual deberá ser registrado en el aplicativo web aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

“Sin contrato escrito no hay ningún documento que acredite la misma existencia del trabajo y sus condiciones. Eso las expone a diversos abusos, desde el desconocimiento de los beneficios la reducción de pagos, maltratos e incluso la imposibilidad de presentar una denuncia”, explica Álvaro García, intendente nacional de prevención y asesoría de Sunafil. Según la Fentrahogarp, el 92% de las trabajadoras del hogar no lo tiene.

El decreto también establece que sean los empleadores los que entreguen la boleta de pago y que la edad mínima es 18 años. Esto último era un pedido constante de la Defensoría del Pueblo para prevenir la trata de personas con fines de explotación laboral y abusos contra menores de edad, especialmente niñas y adolescentes.

BENEFICIO PARA AMBAS PARTES

García sostiene que los cambios establecidos con el DL 1499 también repercuten en la seguridad del empleador. “Un contrato por escrito no solo es para el bienestar de la trabajadora del hogar sino de la relación laboral misma”, indica.

Además, la obligación de proporcionar equipos de protección personal a las trabajadoras es especialmente necesaria en tiempos de COVID-19. “La indumentaria de bioseguridad es necesaria para la trabajadora y para las familias que cuida”, agrega Yury Marcelocomisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.

Según recuerda Marcelo, es probable que el empleador también se encuentre afectado por la paralización económica. Por ello resulta importante establecer acuerdos que beneficien a ambas partes. Esto también incluye que el Estado destine subsidios para este sector especial que, por la naturaleza de su labor, no puede acceder a trabajo remoto. Lo que se busca es que no se rompa el vínculo entre el empleador y la trabajadora.

“Se entiende que el empleador probablemente se quedó sin trabajo y no tiene como solventar los servicios de la trabajadoras del hogar, por eso es necesario que se establezcan acuerdos como licencias con goce sujetas a compensación o suspensión perfecta que sea compensado con un bono excepcional por parte del Gobierno”, dijo a este Diario.

El DL 1499 establece que los empleadores deben dotar de equipos de protección personal a las trabajadoras del hogar. (Hugo Curotto /GEC)El DL 1499 establece que los empleadores deben dotar de equipos de protección personal a las trabajadoras del hogar. (Hugo Curotto /GEC)

La Defensoría también recomienda que las disposiciones que establezca el Gobierno tomen en cuenta la vulnerabilidad de este sector con un enfoque de género, considerando que la mayoría son mujeres y cabezas de hogar.

PIDEN NUEVA LEY

La ley de trabajadoras del hogar vigente es la Ley N°27986, del año 2003, la cual establece beneficios sociales similares a los trabajadores del régimen general, pero reducidos a un 50%: las gratificaciones son medio sueldo, vacaciones anuales de 15 días y CTS de medio sueldo por año trabajado.

García explica que las trabajadoras del hogar tienen la protección de la jornada máxima de 48 horas semanales, tanto para ‘cama adentro’ y ‘cama afuera’ y el derecho a por lo menos 24 horas continuas de descanso semanal que no puede ser eliminado bajo ni bajo supuesto “consenso”. “Los derechos laborales son irrenunciables. Ni siquiera ella puede renunciar a su descanso, aunque les digan que es para “ayudar” a la familia, es una irregularidad”, agrega.

El problema radica en la fiscalización en cada uno de los hogares. Ahí se hace evidente la importancia de que cualquier cambio al contrato sea por escrito para especificar compensaciones en caso de modificaciones.

Por ello, la Fentrahogarp, AGTR y otras organizaciones exigen que se apruebe una nueva ley en concordancia con el Convenio 189, ratificado en el 2018 por el Estado, que establezca sueldo mínimo, jornadas de 8 horas diarias y protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Además, un bono específico para este sector laboral debido al impacto de la pandemia. “En junio de 2019 se aprobó el dictamen de la nueva ley en la Comisión de la Mujer del Congreso, pero hasta ahora la Comisión de Trabajo no se lo ha llegado a discutir”, agrega Sofía Mauricio.

Piden que se debata la nueva ley y, sobre todo, que se respeten sus derechos como trabajadoras. Lo que hacen no es un favor, sus beneficios tampoco deberían serlo. Les conviene a todos.

El Comercio


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