Uruguay: las urgencias ideológicas del gobierno – Por Gonzalo Civila
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Gonzalo Civila *
La palabra “urgente” se ha convertido en una especie de mantra en boca de los principales referentes del actual gobierno. La etimología nos remite al verbo latino “urgere”, que significa impeler, insistir, atacar con fuerza, acosar, empujar, atormentar. El Diccionario de la RAE establece varias acepciones, dentro de las que pueden leerse las siguientes: cualidad de urgente; necesidad o falta apremiante de lo que es menester para algún negocio; inmediata obligación de cumplir con una ley o un precepto. En fin, para cualquier lector o lectora queda claro que urgente es algo que apremia, que no puede esperar.
Dicho esto, cabe preguntarse ¿qué es lo realmente urgente en el Uruguay de hoy?
En medio de la pandemia y mientras padecemos sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales, el Poder Ejecutivo ha ensayado una respuesta a esta pregunta enviando al Parlamento un proyecto de ley, anunciado pero no enunciado en la campaña electoral, bajo el mecanismo de “urgente consideración”, lo que determina un plazo y un procedimiento de tratamiento súbito, express, absolutamente excepcional.
Mientras tanto miles de uruguayas y uruguayos afectados por la caída abrupta de la actividad económica y el cambio de sus modos habituales de vida, hacen cola para recibir una vianda, o recurren a alguna ínfima ayuda social, o lisa y llanamente pierden su fuente de ingresos y desesperan por no saber cómo harán para sobrevivir. Más que urgencia una verdadera emergencia que, a juzgar por las respuestas brindadas desde las políticas públicas (algunas correctas pero totalmente insuficientes para la magnitud del problema), es subestimada por el gobierno nacional. La sociedad ha intentado amortiguar estos efectos con un enorme (y urgente) despliegue de solidaridad.
En este contexto, desde el Frente Amplio y las organizaciones sociales más representativas se ha solicitado al gobierno que convoque a un gran diálogo nacional y se han formulado un conjunto de propuestas para abordar las verdaderas emergencias, reclamando que se les de un tratamiento urgente. El gobierno no ha hecho suyas la mayoría de estas propuestas y tampoco ha considerado oportuno convocar ese espacio de diálogo plural.
Simultáneamente varios jerarcas y legisladores oficialistas han fundamentado el envío del proyecto de ley de urgente consideración que mencionábamos más arriba, en la necesidad de llevar a cabo su programa, elaborado antes de la pandemia, cuando aún no se conocían ni se imaginaban los efectos de la emergencia social y económica más grande que haya vivido el país después de la crisis de 2002. También han afirmado que no se trata de temas urgentes sino de algo bastante distinto: un mecanismo que exige un tratamiento urgente, una suerte de “espada de Damócles” (sic) sobre el Parlamento. En definitiva, un abuso de lo formal que resulta tremendamente violento, máxime si consideramos las circunstancias que atraviesa el país.
La utilización de ese mecanismo es considerada, tanto en la opinión de la oposición política como en la de prestigiosos actores de la academia, como inconstitucional, por tratarse de una enorme cantidad de temas y no de la declaratoria de una urgencia previamente existente. Es que el proyecto urgente del gobierno no da respuesta a ninguna de las verdaderas y angustiantes emergencias de estos días. Por el contrario es una pieza típica del neoliberalismo autoritario que insiste con iniciativas represivas, propietaristas, privatizadoras, concentradoras de poder y riqueza. Y eso se hace, como no podía ser de otra manera, de espaldas a la gente.
Por si fuera poco en la primera sesión de la Cámara de Representantes de este mes de junio, mientras algunas legisladoras del Frente Amplio denunciaban la verdadera emergencia de los femicidios, la violencia de género y la explotación sexual, el Partido de gobierno y aliados proponían considerar como grave y urgente la convocatoria a cuatro ministros para responder, en esa misma tarde, sobre un proyecto de inversión cuya instalación fue negociada durante el gobierno anterior, con condiciones ya acordadas y re-acordadas, y que terminará de implementarse dentro de varios años. Un tema muy importante pero no urgente. Una maniobra, un acto de tacticismo político que buscaba generar un efecto inmediato, a sabiendas de la imposibilidad objetiva de preparar una adecuada interpelación de un momento al otro. Obviamente el Frente Amplio no compartió la urgencia y volvió a reclamar el tratamiento de las verdaderas emergencias del país.
Hecho este recorrido concluimos que las urgencias del gobierno no tienen nada que ver con las urgencias de la enorme mayoría de la sociedad. Son urgencias ideológicas, en el sentido marxiano de la palabra, es decir en tanto producto de una falsa consciencia, de una mistificación interesada de la realidad funcional a las clases dominantes. El lente liberal y conservador desde el que miran aquellos que se encuentran aferrados a su posición de privilegio los desfasa de una realidad que cada vez más exige respuestas efectivas, de una verdadera agenda “provida” que defienda la integridad y la dignidad de todas y todos los ciudadanos del país.
La ideología del poder vive y lucha, aunque el marketing lo niegue o disimule. Y seguramente las falsas urgencias ideológicas se conviertan pronto en verdaderas urgencias para el pueblo, pero esta vez en el sentido etimológico de la palabra, es decir como políticas que nos ataquen, acosen, empujen, atormenten, tal vez por aquello de “falta apremiante de lo que es menester para algún negocio”. Porque las acciones y los discursos movidos por el dogmatismo ideológico y los intereses también construyen realidad, y podrán ser inicuos pero nunca inocuos.
* Representante Nacional, Secretario General del Partido Socialista de Uruguay
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