Aguas sucias entre Lava Jato y el FBI en Brasil – Por Osvaldo Cardosa

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Osvaldo Cardosa*

La probable ilegalidad de la cooperación entre la operación Lava Jato y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, rebrotó ahora en Brasil con oscuros tintes de violación de una regla escrita que socavó bases democráticas y soberanía.

Desde diferentes sectores de la sociedad brasileña centellean denuncias ante un nuevo reconocimiento público de intromisión de Washington en otro país.

La mayoría de las demandas argumentan que la asistencia en investigaciones no siguió las normas establecidas en un acuerdo entre las partes y quienes estaban llamados a defender la ley incumplieron con su deber.

Comentaristas políticos alertan que los fiscales de la Lava Jato, que se vendieron como luchadores contra la corrupción al servicio de la patria, mantuvieron durante años una prohibida relación con defensores de otros intereses, en este caso, Estados Unidos.

El escándalo ocupó cintillos después que el sitio web The Intercept Brasil y la Agencia Pública revelaron, a inicios de julio, que la Lava Jato firmó el pacto de colaboración ilegal con el FBI.

Tal compromiso ocultó a las autoridades federales, incluida la propia Fiscalía General, la presencia de agentes de policía del FBI, con acceso irregular y sin restricciones a datos de indagación realizada por la Lava Jato.

Delitos y abuso de autoridad

Ante la revelación periodística, el Partido de los Trabajadores (PT) denunció en el Ministerio Público Federal (MPF) el indebido arreglo.

Los abogados Eugênio Aragão y Ângelo Ferraro, del PT, señalaron que la Lava Jato actuó ilegalmente, faltando el respeto a la autoridad central del Ministerio de Justicia, para promover un proceso penal y selectivo contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ambos entregaron una comunicación de infracción penal contra el coordinador de la Lava Jato en la sureña ciudad de Curitiba, el procurador Deltan Dallagnol, a quien se acusa de delitos de prevaricación, abuso de autoridad y condescendencia criminal.

‘Desenmascarados y desmoralizados, los fiscales y el exjuez Sérgio Moro tendrán que enfrentarse a la justicia’, comentó en la ocasión la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

Aragão aseguró que las sospechas contra Dallagnol son muy serias porque muestran que la Lava Jato actuaba en absoluta ilegalidad y fuera de control.

‘Al compartir información de manera no oficial con los agentes norteamericanos del FBI, el grupo de trabajo ha faltado al respeto a la soberanía nacional y utiliza ilegalmente datos confidenciales de empresas brasileñas’, precisó.

El letrado refirió que el MPF no tiene ninguna atribución constitucional o legal para promover, de forma espontánea y autónoma, las relaciones exteriores.

También el PT tiene la intención de presentar una acción civil pública en primera instancia contra los procuradores de la Lava Jato.

De acuerdo con el abogado, Dallagnol fue alertado de que la asistencia directa con agentes del FBI, sin pasar por la ciencia y el consentimiento de la Autoridad Central del Poder Ejecutivo, era una práctica ilegal. Y aun así actuó fuera de la ley.

Esta no es la primera vez que la Lava Jato se desempeña de esta manera. El Supremo Tribunal Federal declaró inconstitucional un acuerdo firmado entre el grupo de trabajo y la estatal empresa Petrobras para una donación millonaria destinada a la creación de una fundación que sería administrada por los abogados de Curitiba.

Lava Jato al servico del FBI

Según un informe del fiscal del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, Robert Appleton, en una entrevista con el portal ConJur, todo comenzó con una conversación informal, en la que la Policía Federal pidió ayuda al FBI en investigaciones sobre corrupción en Brasil.

La invitación se hizo durante una reunión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en 2014.

En octubre de 2015, el MPF de Curitiba recibió la visita de 17 estadounidenses. Entre ellos había fiscales vinculados al DOJ y agentes del FBI (se desconoce la identidad de todos los invitados).

Teniendo en cuenta las conversaciones difundidas por The Intercept Brasil, no se informó de las reuniones al gobierno, entonces encabezado por la presidenta Dilma Rousseff.

A raíz del reportaje, Lula afirmó que la Lava Jato legalizó la corrupción y cumplió una agenda que respondía a intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.

‘Lava Jato podría haber sido un gran instrumento para luchar contra la corrupción’, afirmó el exdirigente obrero, quien insistió en que convirtieron a la operación en un partido político y en vez de investigar cómo viven los delatores, ‘lo que hicieron fue legalizar la corrupción’.

Para Lula, los fiscales de la Lava Jato rompieron las empresas ‘y en lugar de castigar a los propietarios, castigaron a los trabajadores’, remarcó.

El exgobernante aseguró que ‘la idea de hacer todo esto surgió en Estados Unidos. ‘¿Quién estaba interesado en destruir la industria naval? Hoy se ha demostrado la participación del FBI’, insistió.

Apuntó que Moro no actuó como juez en las causas, sin pruebas, contra su persona, sino como ‘agente político, subordinado al FBI, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para sacarme de las elecciones’ en 2018.

Recientemente, la defensa del expresidente presentó una acción en la justicia contra la decisión del ministro André Mendonça de negar acceso a informaciones sobre la cooperación entre Lava Jato y autoridades estadounidenses.

El recurso se entregó en el Superior Tribunal de Justicia y los representantes piden en el documento ‘que se conceda seguridad para tener acceso a una copia completa de todos los registros posibles relativos al intercambio de información, contactos, reuniones, pruebas, procedimientos e investigaciones entre las autoridades locales y las de Estados Unidos dentro del marco de la operación Lava Jato’.

Alega la defensa que el incumplimiento de normas por las partes ‘debe dar lugar a la nulidad de las investigaciones y procedimientos apoyados por los elementos recogidos’.

La orden judicial presentada forma parte de la estrategia de investigación defensiva de los abogados de Lula, condenado en dos demandas iniciadas a partir de la actuación de la Lava Jato: en el caso del apartamento triplex de Guarujá, en Sao Paulo, y el sitio de Atibaia. Las dos penas ascienden a 25 años y 11 meses.

Por lo visto, aguas sucias circularon entre la Lava Jato y el FBI.

*Periodista de Prensa Latina