Cerca de 23 mil indígenas contagiados en 190 pueblos de la Cuenca del Amazonas

#OjoPúblicoPregunta: Covid-19 afecta a más de 23 mil indígenas en la cuenca Amazónica

El avance del Covid-19 en Sudamérica evidencia que los gobiernos de los países que comparten la Amazonía han descuidado la atención a los pueblos indígenas. Además de la carencia de servicios básicos, se enfrentan al impacto por el Covid-19 que en la región ya supera los 3 millones 400 mil contagios, 23 mil de ellos detectados en 190 pueblos indígenas y más de la mitad correspondientes a Brasil, según cifras recogidas por la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). En el Perú, las cifras llegan a más de 4.700 casos confirmados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Desde Coica, plataforma regional que reúne a nueve países que cuentan con Amazonía, el apu Gregorio Mirabal también ha analizado la situación de la Amazonía y la atención pendiente para las comunidades indígenas donde también se han contabilizado 1.200 fallecidos por Covid-19.

“Esta pandemia ha demostrado que no había un plan para los países y menos para los pueblos indígenas. Históricamente tanto los hospitales y las escuelas estaban en la misma situación [de olvido]”, dijo Mirabal, coordinador general de Coica en la última edición de OjoPúblico-Pregunta. En el programa también participaron Alicia Abanto, Adjunta en Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, y Carol Zavaleta, médico e investigadora en salud, nutrición y seguridad alimentaria indígena de la Universidad Cayetano Heredia; con la conducción de Nelly Luna Amancio, editora general de OjoPúblico.

Los invitados hablaron sobre el avance de la pandemia en comunidades y la respuesta de las autoridades frente a la situación, la relevancia del Acuerdo de Escazú para la región y estrategias para mitigar el impacto del Covid-19 en territorios indígenas.

Olvido del Estado

A la lectura panorámica del apu Gregorio Mirabal se sumó la intervención de Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo, quien señaló tres de los principales problemas estructurales en la atención de los pueblos amazónicos: “la pandemia empeora los problemas estructurales que ya afectaban sistemáticamente a las mujeres, a los hombres y mujeres indígenas que habitan en el Perú, pero también en el resto de países de la región. La desigualdad que afectaba más aún a los indígenas, la discriminación que se expresa también en la falta de servicios, a una desatención histórica del Estado hacia los pueblos indígenas. Y en tercer lugar, la precariedad también de nuestro país para poder abordar adecuadamente el diálogo y la prevención de conflictos sociales”.

A la falta de registros oficiales sobre los casos de Covid-19 en la población indígena se suman la muerte de históricos líderes ambientales, como el apu Santiago Manuin, ocurrido a inicios de julio en el Perú.

Al ser consultado sobre el duelo y los indígenas fallecidos, el apu Gregorio Mirabal consideró que nos encontrábamos en una etapa donde la partida de los abuelos -sumada a la destrucción de la selva por el extractivismo- representa la despedida de historias de miles de años. Pero además, según Mirabal, los pueblos indígenas enfrentaban varias pandemias en simultáneo como consecuencia de la falta de preocupación de los gobiernos de turno.

“Una de ellas es nuestra falta de memoria para todo el pueblo. La pandemia sin agua es otra, porque el agua contaminada con mercurio o el agua contaminada por petróleo o el agua contaminada en las ciudades es otra pandemia. ¿Cómo vas a lavarte las manos o a tener sanidad si no tienes agua o si la tienes, la tienes contaminada. La otra pandemia de nuestro gobierno es la falta de diálogo y acción. No quieren articular. Esa es otra pandemia que tenemos que superar juntos como pueblos”, explicó el líder indígena.

En el caso peruano, Alicia Abanto también alertó que en la región Ucayali existen hasta el momento 325 comunidades afectadas por la pandemia, mientras que en otra región amazónica como Loreto, se han detectado 15 establecimientos de salud cerrados por falta de personal, cuyos miembros se encontraban contagiados y enfermos de Covid-19. “Hay 844 trabajadores de salud contagiados. Eso implica que al no haber reemplazo de personal, los establecimientos de salud que están más cerca a la comunidad cierran. Si estamos hablando de que nos falta personal para las capitales o para las ciudades importantes de la región, imagínense lo que está pasando en los centros de salud que están en los territorios indígenas”, agregó.

Para la doctora Carol Zavaleta, los gobiernos no han considerado a las comunidades y las prioridades han apuntado a otras zonas urbanas como la adquisición de ventiladores o enviar medicamentos y así se ha olvidado a los pueblos aislados que han tratado de resistir el avance de la pandemia. “Por un lado miramos a la Amazonía como un lugar hermoso, lleno de recursos y que es importante para el desarrollo de todos los países de América Latina. Sin embargo, a la hora de preocuparnos de mirar a su gente y a su población, los ponemos en la cola”, apuntó.

En Satipo, región Junín, la Defensoría del Pueblo ha reportado contagios en centenares de personas integrantes de tres comunidades indígenas lo que demuestra que los mecanismos de prevención están fallando. Por su parte, en la región Ucayali, Alicia Abanto indicó que habían detectado 325 comunidades afectadas por el Covid-19.

Pandemia transfronteriza

La zona de frontera en la Amazonía ha sido sede de encuentros oficiales como la firma del Pacto de Leticia, pero según el apu Gregorio Mirabal la visita de los mandatarios -entre ellos Martín Vizcarra- no cumplió más que un rol protocolar. “Resulta que Leticia ahorita es uno de los epicentros más graves de la pandemia. ¿Por qué? Porque esta pandemia es transfronteriza. Leticia tiene frontera con Colombia, Perú, y Brasil”, dijo Mirabal recordando el Pacto de Leticia, firmado por los gobiernos de siete países para frenar la deforestación de la Amazonía.

“Firmaron ese Pacto de Leticia, pero ni siquiera fueron a ver cómo estaba el hospital de Leticia, ni siquiera fueron a ver si habían médicos, si habían escuelas y cómo estaba la situación en la Triple Frontera. Estuvieron allí para sacarse la foto”, insistió el apu del Coica.

Por otro lado, en la información epidemiológica que existe de pandemias previas como la H1N1, se establece que la tasa de muertes en las poblaciones indígenas fue más alta que en otras poblaciones. ¿En qué falló el Estado para atender a estas comunidades y qué debería incorporar la estrategia actual?, preguntamos a la doctora Carol Zavaleta.

“En el tema del H1N1 hemos tenido alguna evidencia, pero los países no han estado mirando eso, sino claro, han estado mirando lo que pasa en las mayorías. Mejor en los grupos que son más grandes, que tienen mayor predominancia. Por eso se dice que hay discriminación y desigualdad, porque nos hemos preocupado en buscar ventiladores, enviar los medicamentos y nos hemos olvidado de los pueblos que han estado aislados tratando de resistir. Quienes no tenían servicios de tecnología ni información”, expuso.

Sobre la distribución masiva de medicamentos sin evidencia, sin receta ni acompañamiento en las regiones Zavaleta dijo que se debe monitorear cualquier efecto adverso. “Si algún médico define en su práctica privada o habitual dar una medicina, sabe que tiene la responsabilidad de monitorearlo. Pero si lo hacemos de manera masiva, en esos casos yo diría en verdad a los alcaldes que, por ejemplo, se concentren en repartir mascarillas, en repartir quizás mensajes de prevención. En comunidades donde ha habido un caso o dos casos, todavía se pueden aislar esas personas en algún lugar, en otro lugar, para que la infección no se dice, no se disemine.

Mitigación y recomendaciones

Con una estrategia incierta de los gobiernos para los próximos meses, los invitados plantearon diferentes alternativas para trabajar e intentar de reducir el impacto de la pandemia en las comunidades indígenas de la Amazonía.

Para Alicia Abanto, si bien una solución inmediata resultaba compleja, se debe apostar por una intervención masiva del gobierno respecto a la prevención donde se podría volver al principio y comunicar de una forma adecuada los mensajes que lleguen a la población indígena. Además es necesario, según Abanto, que se establezcan para las comunidades de frontera “puentes aéreos con medicinas como oxígeno, con lo necesario para atender a las personas enfermas”.

También recomendó que las autoridades tengan presencia en la promoción y sensibilización para frenar el avance de la enfermedad. “Queremos que el gobierno tenga una intervención masiva en relación a la prevención a través del uso de las mascarillas. Con campañas muy fuertes de promoción, sensibilización y de compromiso social. Hay que frenar el contagio y eso implica tener un distanciamiento social. Hay que evitar que la gente se exponga innecesariamente”, dijo.

Por su parte, la doctora Zavaleta coincidió en que las autoridades deberían concentrarse en brindar mensajes de prevención y abastecimiento de oxígeno. “Si no hay oxígeno, los médicos no van a tratar casos leves. Después asegúrense de tener un plan de evacuación, porque si ya tienen un caso severo, ¿a dónde lo van a mandar? Entonces, si quieren realmente salvar vidas, necesitan tener acceso primero a medidas de contención”, dijo.

Zavaleta también informó que como parte de su trabajo en el sector salud conoció que la Oficina de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud contaba con apenas cuatro personas para atender a 44 pueblos indígenas y el 60% de la Amazonia con lo que una estrategia sanitaria para enfrentar a la pandemia se vuelve compleja.

Por su parte, el apu recomendó que los mandatarios que suscribieron el Pacto de Leticia el 2019 también puedan trabajar en una medida para combatir al Covid-19. “Así como se reunieron para el Pacto de Leticia, para hacer una foto, reúnase urgentemente para un plan transfronterizo en salud para erradicar esta pandemia. Pero con los pueblos indígenas, con la Iglesia, con su base. Porque así se derrotó el cólera”, anotó.

Acuerdo pendiente

En medio del Covid-19, los pueblos en territorios amazónicos se encuentran a la espera que los gobiernos ratifiquen su firma en el Acuerdo de Escazú, dijo Gregorio Mirabal. Este acuerdo busca garantizar los derechos ambientales a favor de comunidades indígenas como el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El gobierno peruano tiene en suspenso la suscripción de este tratado y las organizaciones han empezado a cuestionar este retraso en la firma.

Para el apu Gregorio, entre los opositores se encuentran las empresas del sector petrolero -con operaciones a lo largo de la Amazonía- y en ese contexto las organizaciones indígenas pedían diálogo con los gobiernos. “Seguiremos hablando hasta que no veamos una buena intención, una buena acción más allá de la burocracia, la politiquería, la corrupción y el engaño permanente de los discursos políticos”, señaló.

Por su parte, Alicia Abanto señaló que la Defensoría del Pueblo ha promovido una opinión favorable al Acuerdo de Escazú desde mediados del 2018, año en el que empezó a enviar comunicaciones al Poder Ejecutivo para suscribir el mencionado documento. “Desde la Defensoría del Pueblo nuestro pedido es que se aborde. El Acuerdo de Escazú debe verse como una oportunidad, no como una traba, sino como una oportunidad para que nuestro país pueda seguir avanzando en un contexto muy adverso”, apuntó.

La pandemia también ha alertado sobre otros procesos de participación ciudadana como la consulta previa que de acuerdo a Abanto, pese a las dificultades ha tenido avances en su implementación.

“En los últimos 20 años nuestro país ha avanzado en relación al debate, el ejercicio y a la práctica de lo que es el acceso a la información pública. La consulta previa y también en relación a la importancia del diálogo y del abordaje adecuado de los conflictos sociales. Nuestro país necesita crecer, necesita aprovechar sus recursos naturales, pero no lo debe hacer sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas. Tiene que haber un diálogo, tiene que haber un entendimiento y tiene que haber un desarrollo sin dejar atrás a los pueblos indígenas”, dijo.

Ojo Público


La pandemia alcanzó a los indígenas en contacto inicial de la Amazonía

Los llamados de auxilio de las comunidades indígenas de la Amazonía durante la pandemia no han acelerado la respuesta del Estado y el SARS-Cov-2 ha avanzado sobre sus territorios. Durante las últimas semanas, el virus ha alcanzado a los pueblos que están en contacto inicial y se teme que llegue a los indígenas en aislamiento voluntario. “Cualquier contacto (del virus) con ellos sería fatal. Sería un etnocidio si no se establece un mecanismo de protección para estos pueblos”, advierte Beatriz Huertas Castillo, antropóloga especializada en Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

La Diresa de Ucayali ha reportado la existencia de cinco indígenas isconahuas en contacto inicial contagiados con Covid-19 en las comunidades y Chachibai, en el distrito de Callería.

Ojo Público habló por teléfono con uno de los integrantes de la familia isconahua de la zona, y él confirmó que cinco de sus parientes dieron positivos al Covid-19. “Se tratan de dos de mis sobrinos, dos tíos y mi abuelita. Felizmente todos están recuperados de la enfermedad”, explicó.

Campos contó que su abuela de 74 años es una de las primeras personas que hizo contacto inicial en los años cincuenta. “Mi familia salió del aislamiento, mi abuela es una de las que sobrevivió desde esa época. Ella vive en la comunidad de Chachibai –a 15 horas en bote desde el puerto de Pucallpa–, le detectaron la enfermedad hace un mes, ya está bien, pero igual requiere alimentos y vitaminas”, comentó.

Según el Ministerio de Cultura, en el Perú hay 7 mil indígenas de 20 pueblos que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial, que se movilizan dentro de los territorios de las regiones Loreto, San Martín, Amazonas, Madre de Dios, Cusco, Ucayali y Huánuco. “Los indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial son los más vulnerables a la pandemia. Su sistema inmunológico no está preparado para soportar el Covid-19. Si a nosotros que vivimos años en las ciudades nos afecta, a ellos los destruiría”, dijo Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali, quien también fue atacado por el virus pero ya se recuperó.

Otro caso ha alertado también a las autoridades locales de salud de Sepahua, en Ucayali. Informaron que el 10 de julio un varón de 47 años, no indígena pero que vive en una comunidad nahua en contacto inicial, dio positivo a la prueba rápida. Explicaron que el hombre es natural de Pucallpa, pero está casado con una integrante de la comunidad de Santa Rosa de Serjali, ubicada dentro de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros. Aunque el paciente en este momento se encuentra en aislamiento en Sepahua, las autoridades temen que en el periodo asintomático haya contagiado a más miembros de la comunidad.

Las autoridades de Salud de Ucayali confirmaron el último 17 de julio a [ Ojo Público] que detectaron a 54 nahuas con Covid-19, luego de aplicarles pruebas rápidas: 48 de ellos se encuentran al interior de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros; y seis en un albergue de la ciudad de Sepahua.

Ante esta situación, las autoridades locales y varios especialistas han demandado el envío de más pruebas, una estrategia focalizada en estas comunidades y más personal médico para atender a la población.

El Ministerio de Cultura informó a Ojo Público que se reunieron con la microred de salud de Sepahua y acordaron que esta institución hiciera pruebas rápidas de descarte de Covid-19 y monitoreo de salud a las 38 personas del pueblo Nahua que se encuentran aislados en la ciudad de Sepahua. Asimismo, dijeron que abastecerán con medicinas e implementos al puesto de salud de Santa Rosa de Serjali y al centro de salud de Sepahua.

Hace tres semanas dos indígenas yine de la comunidad Monte Salvado, en el distrito y provincia de Tambopata, colindante con la Reserva Territorial Madre de Dios (donde viven indígenas en aislamiento), dieron positivo a la pruebas rápidas de Covid-19. “Existe el peligro de que nuestros hermanos en aislamiento contraigan la enfermedad. Ellos salen de la reserva cuando el río baja y muchas veces se cruzan con indígenas de las comunidades cercanas”, dijo el presidente de Federación Nativa del Río de Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), Julio Cusurichi Palacios.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Cultura emitir lineamientos y protocolos de seguridad sanitaria para la identificación y vigilancia epidemiológica en favor de los pueblos indígenas en aislamiento. “Se está exhortando al gobierno a garantizar ‘cordones sanitarios’ en las zonas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial para controlar e impedir el acceso de la población foránea”, dijo a Ojo Público Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, los líderes indígenas Berlín Diques y Julio Cusurichi solicitaron al Presidente de la República Martín Vizcarra evitar el ingreso de foráneos a los territorios indígenas en aislamiento y contacto inicial e implementar mecanismos de protección con las Fuerzas Armadas a fin de evitar que las actividades ilícitas (minería ilegal, tala y narcotráfico) pongan en riesgo estos frágiles ecosistemas.

Una ley entrampada en el Congreso

Actualmente en el Perú, el Ministerio de Cultura ha reconocido a las reservas indígenas Isconahua, Murunahua y Mashco Piro y las reservas territoriales de Madre de Dios y Kugapakori, Nahua, Nanti y otros. Estos territorios son lugares por donde se desplazan los indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Asimismo, varias organizaciones indígenas, entre ellas la Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana (Aidesep), han solicitado desde 1999 la creación de otras cinco reservas indígenas: Yavarí Trapiche, Yavarí Mirím, Sierra del Divisor Occidental, Kakataibo norte y sur; y Napo, Tigre y Afluentes. Sin embargo, hasta ahora no se concreta.

Según la Ley 28736 para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, las reservas territoriales son tierras delimitadas por el Estado peruano, de intangibilidad transitoria, a favor de los pueblos indígenas para mantener tal situación y proteger sus derechos, hábitat y condiciones que aseguren su existencia e integridad.

Sin embargo, dicha norma no brinda la seguridad territorial que requieren los pueblos en aislamiento porque indica que “en caso de ubicarse un recurso natural susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad pública para el Estado, se procederá de acuerdo a ley”.

“La norma no protege de manera eficaz a los pueblos indígenas en aislamiento. Por eso es urgente que el Estado apruebe la creación de estas cinco reservas que llevan más de 10 años en trámite”, dijo a Ojo Público la abogada constitucionalista del Instituto de Defensa Legal (IDL), Maritza Quispe, quien además, dijo que si no se brinda seguridad territorial a estos pueblos se pone en peligro su existencia.

En esa misma línea, el abogado especialista en materia ambiental, César Ipenza, dijo a OjoP?úblico que, pese a la existencia de la norma, esta no se cumple adecuadamente porque no existe un control y vigilancia eficaz sobre los territorios de los pueblos aislados.

Uno de los avances para asegurar la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) es el proyecto de ley que impulsa la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, cuyo dictamen fue aprobado el pasado 26 de mayo.

Se trata de una iniciativa para modificar la Ley 28736, o también conocida como ley PIACI. “La modificación de la Ley PIACI se centra en declarar intangibles los territorios que ocupan los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, evitando entregar concesiones mineras y forestales dentro de ellas”, explicó a Ojo Público el congresista Lenin Bazán, presidente de la comisión.

Francisco Rivasplata, especialista de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), explicó que la importancia de aprobar esta ley radica en que promueve la intangibilidad de los territorios indígenas en aislamiento y contacto inicial. “También establece la creación de zonas de amortiguamiento, asegura la participación de organizaciones indígenas locales y regionales en la creación de nuevas reservas”, dijo el experto.

Oposición del sector de hidrocarburos

Ante la propuesta de modificar la Ley PIACI, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) se ha mostrado en contra aduciendo que aprobarla “sería perjudicial para la economía peruana” porque paralizaría las actividades extractivas de gas y petróleo en siete regiones de la Amazonía peruana. “De aprobarse esta norma, que implica la intangibilidad absoluta, una de las empresas que dejaría de operar sería Camisea, lo que significaría dejar de producir gas natural, que hoy constituye el 50% de generación eléctrica”, dijo Felipe Cantuarias, presidente de dicho gremio empresarial.

Sin embargo, Francisco Rivasplata dijo que no es cierto lo que dice Cantuarias, pues es un discurso que infunde miedo. “La norma no es retroactiva, y no afectaría los derechos preexistentes como el de Camisea. La intangibilidad sería para proyectos futuros a partir de la aprobación de la norma. Lo que hay es una campaña de desinformación para crear dudas en las mismas comunidades”, aclaró.

Por su parte, el congresista Bazán precisó que las concesiones existentes, como Camisea, seguirán operando sin ningún inconveniente. Dicho proyecto ahora mismo espera ser agendado para su debate en el Pleno del Congreso de la República. El dictamen de esta propuesta modificatoria de la ley PIACI fue aprobado el pasado 26 de mayo, pero desde entonces está estancado.

Sobre las escaramuzas que ha causado la propuesta de modificar la ley PIACI, el presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible, Henry Carhuatocto, cuestionó que los intereses económicos se sobrepongan al valor de la vida. “El Estado debe asegurar la intangibilidad de los territorios para garantizar el vida de los pueblos aislados que son los guardianes de la biodiversidad”, dijo.

Mientras que el Ministerio de Cultura dijo a Ojo Público que “consideramos que es importante resaltar lo establecido en la Sétima Disposición Complementaria y Final del Dictamen que establece que la aprobación de la intangibilidad estricta no tiene efecto retroactivo. Es decir, no se pierden los derechos que se tienen en ninguna de las cinco reservas ya establecidas antes de la aprobación de esta propuesta de modificación de la Ley PIACI, lo cual incluye el proyecto de Gas de Camisea”.

La Defensoría del Pueblo añadió que el Estado tiene la obligación de garantizar la intangibilidad, si excepción, de los territorios de los pueblos en aislamiento, así como el principio de no contacto. “En ese marco, nuestra institución ha opinado favorablemente respecto a la modificación del artículo 5 de la ley 28736, en tanto su configuración actual permite que terceros realicen actividades de aprovechamiento de recursos naturales con fines distintos a la propia subsistencia de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial”, resaltó en un oficio enviado el 21 de mayo al congresista Bazán.

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