Colombia: asesinan a dos excombatientes de FARC y ya son 222 desde la firma de los Acuerdos de Paz

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Asesinan a Unaldo Castillo y Yoimar Jiménez excombatientes de FARC en Antioquia

Este martes, hombres armados asesinaron al excombatiente de FARC en proceso de reincorporación Unaldo Castillo y Yoimar Jiménez, integrante de la Unidad Nacional de Protección -UNP- quien también era firmante de paz. (Le puede interesar: Siguen los asesinatos contra líderes y excombatientes en medio de la pandemia)

El hecho se presentó en la vereda Sabanas, zona rural del municipio de Urrao, Antioquia; donde hombres armados atentaron en contra del esquema de seguridad del también excombatiente José Ignacio Sánchez, promotor de las actividades de la Comisión Especial de la Verdad en el noroccidente del país.

Según versiones preliminares, el atentado estaba dirigido contra José Ignacio, pero en él resultaron asesinados Unaldo Castillo y Yoimar Jiménez, este último, integraba el esquema de protección del excombatiente en calidad de escolta de la UNP.

El Partido FARC denunció el hecho, al tiempo que alertó que en Antioquia, han sido asesinados al menos 25 excombatientes en lo corrido del año, siendo esta una de las regiones más afectadas por hechos violentos en contra de exintegrantes del extinto grupo.

Además, hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para que «cumpla con la implementación integral del Acuerdo de Paz, haga presencia en los territorios y brinde verdaderas garantías para la vida y la construcción de paz en el país». (Lea también: «Crímenes contra excombatientes de FARC son producto de la acción y omisión del Estado»)

También, pidieron a la comunidad internacional, la ONU, los países acompañantes del proceso de paz, organizaciones defensoras de derechos humanos y en general a la sociedad civil, rodear el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las FARC.

Los asesinatos de Unaldo Castillo y Yoimar Jiménez una muestra más de las violencias contra los excombatientes de FARC

Cabe recordar, que hace unos días se registró, justamente en Antioquia, el desplazamiento forzado de los excombatientes que adelantaban su proceso de reinserción a la vida civil en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- “Santa Lucia” en Ituango, hacia Mutatá por causa de las violencias y amenazas a las que estaban siendo sometidos.

Según el Partido FARC, son 222 los excombatientes asesinados desde que se firmara el Acuerdo de Paz en el año 2016.

Todos estos hechos, han llevado a que el Partido FARC señale que están siendo víctimas de un «exterminio sistemático», razón por la cual, han elevado varias solicitudes para que les sean decretadas medidas cautelares de protección a su vida e integridad física; ante instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz e incluso ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (Le puede interesar: Partido FARC solicitará formalmente medidas cautelares de la CIDH a favor de excombatientes).

Contagio Radio


Acore denuncia “censura institucional” por parte de Comisión de la Verdad

Un malestar ronda la Comisión de la Verdad. Uno de sus miembros, el comisionado Carlos Guillermo Ospina envió hace unos días una sentida carta en la que dirigió un duro duro reclamo por la anulación de un simposio que organizaba para debatir el concepto de persona protegida y al que estaba invitado el coronel en retiro Hernán Mejía, condenado a 14 años por sus nexos con paramilitares en hechos relacionados a falsos positivos.

Por cuenta de este episodio, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) acusó a la entidad de “censura institucional”. En un comunicado firmado por el brigadier general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de esa asociación y su secretario general, el general en retiro Guillermo Bastidas, la colectividad asegura que “las Fuerzas Militares de Colombia (han sido objeto de censura) por parte de la Comisión de la Verdad, en cabeza de su director el sacerdote jesuita Francisco de Roux”. Esto por cuenta del supuesto veto a la participación de tres oficiales del Ejército en un simposio sobre falsos positivos, que en el texto llaman “ejecuciones extrajudiciales dentro del marco del conflicto armado”.

De acuerdo con la carta, los oficiales participarían como ponentes, según se había acordado con la comisión, pero el ente habría determinado no contar con ellos. Por eso, Acore calificó como “cuestionable e inaceptable” la determinación pues, en su opinión, esto “confirma una vez más lo que últimamente se ha hecho público, en relación con la posición sesgada y excluyente de esta comisión, motivo por el cual no ha generado mayor credibilidad en el ámbito social y en particular, en lo concerniente a su verdadera razón de ser, en cuanto a reconciliación y reconstrucción de la verdad”.

El comisionado Ospina había dicho a sus colegas que haber anulado el simposio en una sesión plenaria era un “hecho objeto de reproche”, alegando tener el mismo derecho que el resto de organizar eventos y abrir espacios de escucha de testimonios para atender a todas las partes en la historia del conflicto armado.

En la misiva, Ospina se pregunta: “¿Vamos a reconstruir la verdad escuchando solo a algunos interlocutores? ¿Solo vamos a escuchar a quienes nos ‘melodean’ sus encantos para su beneficio? (…) A decir verdad, no entiendo por qué se quiere plantear una censura contra personas que están en el centro de la discusión”.

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