Colombia: Marcha por la Dignidad cumple 10 días y asesinan a otro líder social en el Chocó

A pasos de gigante avanza la Marcha por la Dignidad

Un total de 590 kilómetros será la distancia que tendrán que recorrer los y las caminantes de la Marcha Por la Dignidad, iniciativa que partió el pasado jueves 25 de junio desde Popayán, Cauca con rumbo a Bogotá con el fin de exigirle al Gobierno medidas contra las problemáticas que se viven en el suroccidente colombiano y sobre todo denunciar la violencia de género y el asesinato de líderes sociales en todo el país.

La marcha que comenzó su recorrido con 15 personas ha ido sumando participantes con cada paso avanzado, incluidos defensores y defensoras de DD.HH, estudiantes de diversas universidades y líderes de comunidades indígenas, afro y campesinas que buscan llegar a la capital y pedir además ante la comunidad internacional y las embajadas para que intercedan ante la crisis humanitaria que viven las zonas rurales del país.

La comunidad internacional, incluidos integrantes de Parlamento Europeao ya han destacado ante el Gobierno de Iván Duque, la importancia de tomar medidas para evitar que siga en aumento el ataque a líderes sociales y excombatientes, además de redoblar los esfuerzos para proteger regiones como el Chocó, Pacífico, Cauca, Bajo Cauca, Sur de Córdoba y el Catatumbo donde el conflicto armado se ha derivado en nuevos episodios de desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, masacres, presuntas ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

Cabe resaltar que Cauca, departamento del que partió la marcha ha sido uno de los departamentos que más ha sufrido la violencia generada en los territorios y que fue en ascenso desde el inicio de la cuarentena. Para inicios de junio, según las cifras del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), Cauca registró el asesinato de 9 asesinatos a lo largo del 2020.

«Es una jornada de reivindación y memoria por nuestros líderes que han sido asesinados», afirma Daniel Gallego, defensor de DD.HH. y un de los estudiantes de la Universidad del Cauca que desde el primer día se sumó a la movilización que ya ha recorrido municipios como Santander de Quilichao, Buga, Tuluá, Jamundí, Palmira, Cali y que durante su noveno día de marcha han cruzado de Armenia a Pereira.

Durante su paso por Pereira se realizará un plantón en frente del Batallón San Mateo, en rechazo a la violación de la que fue objeto una menor indígena Embera Chamí por parte de soldados de esta guarnición.

En medio de su recorrido y en el transito por el Valle del Cauca, según la denuncia de medios como Red Alterna Popayán, el pasado 2 de julio, integrantes de la Policía intentaron impedir su avance y su derecho a la protesta pacífica que incluía todas las medidas de bioprotección. Agregan que desde entonces la Policía Nacional ha grabado de manera oculta a participantes de la marcha y a integrantes de organizaciones sociales que han acompañado por tramos a los caminantes.

A raíz de ello, organizaciones, defensores de DD.HH. e incluso congresistas han solicitado a entes como la Procuraduría General de la Nación para que acompañen el ejercicio de la Marcha por la Dignidad y garanticen los derechos de los caminantes que se aproximan a Bogotá con el fin de resaltar la defensa de las comunidades.

Contagio Radio


ATENCIÓN: Hace pocas horas fue asesinado Rubilio Papelito, líder comunitario del Chocó

Fue asesinado el líder comunitario Rubilio Papelito en la comunidad de Santa María Birrinchao, municipio de Bajo Baudó en el Chocó, lugar donde se desempeñaba como docente.

Según las primeras versiones hombres fuertemente armados habrían llegado hasta su vivienda la mañana del día de este 4 de julio y procedieron a ultimarlo.

De acuerdo con lideres indígenas aún no se realizan los procesos de inspección y levantamiento del cadáver, razón por la cual piden la presencia de las autoridades en dicha comunidad.

Es importante mencionar que la semana pasada el gobernador indígena del municipio de Agua Clara fue asesinado también.

En la comunidad operan la AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y el ELN.

Cuarto de Hora


La pandemia afectó la mitad de los proyectos de la paz: Misión de ONU

El próximo 15 de julio el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentará un nuevo informe, ante el Consejo de Seguridad de ese organismo, sobre los avances del proceso de paz de Colombia. Esta vez, aparte de subrayar el número alarmante de homicidios contra exguerrilleros (más de 200), el informe resaltará que para las Naciones Unidas sigue siendo indispensable sostener la reincorporación en medio de la pandemia. Según lo alertó el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, en la presentación de dicho documento, el 50% de las iniciativas productivas han sido afectadas por los efectos que ha generado la peste.

“El informe reconoce que las partes han avanzado en la aprobación de proyectos productivos. Ya van 57 proyectos colectivos y más de 1.300 individuales. No obstante, la pandemia también ha tenido mucho impacto en los proyectos productivos. Sobre el particular, que es una de las prioridades del Secretario General, recomendamos reforzar la asistencia técnica a los proyectos productivos y prestar asistencia humanitaria a las zonas donde hay excombatientes impactados por el coronavirus, tal es el caso de Urrao (Antioquia) y Riosucio (Caldas)”, dijo Ruiz en rueda de prensa virtual.

Que el proceso de paz también podría ser víctima de la pandemia, fue la advertencia que hizo el secretario Guterres en la pasada sesión del Consejo de Seguridad a principios del año. No solo por los impactos que ya están viviendo en el tema económico los exguerrilleros, sino también, por el incremento de la violencia, como efectivamente ocurrió, y el control territorial de los grupos armados ilegales en las zonas donde hacen la reincorporación a la vida civil.

“Lamentablemente en este periodo se ha mantenido la tendencia de homicidios de excombatientes cuando llegamos a más de 200 asesinatos. Llaman la atención, particularmente, los homicidios fuera de los antiguos Espacios de Reincorporación (eran 26). Hay más de 75 nuevos de esos espacios donde viven exguerrilleros. Nos parece que los mecanismos de seguridad debieran implementarse también en esas áreas donde hay más de 9 mil excombatientes que adelantan la reincorporación”, enfatizó el jefe de la Misión.

Frente al tema de los grupos armados ilegales, aseguró que durante la pandemia han extendido algún tipo de control en los departamentos de Cauca, Meta, Nariño, Putumayo, Antioquia y Chocó, y resaltó que es de suma importancia seguir acompañando los espacios de reincorporación de Ituango (Antioquia); Buenos Aires y Monterredondo (Cauca) toda vez que los actores armados ilegales se siguen acercando a dichos espacios territoriales.

A través de este último informe, el secretario también hará un llamado para que sea la Comisión Nacional de Garantías, tal y como está escrito en el Acuerdo, la encargada de diseñar las políticas para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y bandas criminales. A la postre, hizo un llamado a la Unidad de Investigación de la Fiscalía para que avance en la judicialización de actores involucrados en los asesinatos contra líderes sociales y excombatientes, pues es cierto, dijo, “que hay avances, pero se quedan cortos en saber de los autores intelectuales.

La tercera prioridad es el tema de las comunidades en el centro de la construcción de la paz. Según el informe, la pandemia ha demostrado la vulnerabilidad de las comunidades en las zonas donde la presencia estatal aun es muy limitada y este hecho resalta más la importancia de esta prioridad. “Es importante mantener a las comunidades en el centro de los esfuerzos y proveer a esas zonas afectadas por el conflicto de inversión, infraestructura y seguridad”, señaló Ruiz.

Por otro lado, a pesar de la pandemia, Ruiz dijo que el Secretario General de la ONU reconoce los avances del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Y recuerda la importancia de seguir apoyando a este sistema desde diferentes ángulos, es decir, que todos los que participan en este sistema redoblen los esfuerzos necesarios para satisfacer a las víctimas, para avanzar a través de la reparación. “Por otra parte, el secretario hace un llamado en esta coyuntura para tratar de no abrir esos debates debilitantes nuevamente en torno al acuerdo de paz, y enfatiza en que todos esos esfuerzos y recursos se canalicen en la implementación del acuerdo final”, puntualizó el jefe de la Misión.

Finalmente, dijo que el Secretario General evalúa la posibilidad de que, tras el fin de esta Misión de la ONU, la próxima esté concentrada en verificar la materialización de la justicia restaurativa que va a aplicar todo el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó con el Acuerdo de Paz.

El Espectador


‘Excombatientes deben tener garantías’: Gerente de Paz de Antioquia

Casi toda su vida en el sector público, Rafael Blanco Lozano la ha desarrollado en la Presidencia. Allí ha sido asesor y coordinador de la Consejería para los Derechos Humanos y Asuntos internacionales y en el Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Hoy, este bogotano de 41 años, administrador de empresas con formación en ciencias políticas, ocupa la Gerencia de Paz y Convivencia de Antioquia.

Blanco habló con EL TIEMPO, hizo un balance de lo que halló y de cómo están los acuerdos con las Farc.

¿Cómo encontró la Gerencia y qué temas para desarrollar?

Lo destacable es encontrar una voluntad a través de una Gerencia de Paz, de buscar cómo avanzar en la implementación del Acuerdo (con las Farc) en el departamento. Una gerencia que depende del despacho del Gobernador.

¿Cuáles puntos son prioritarios en Antioquia?

Uno es el tema de la reincorporación de los excombatientes. Si no les damos las garantías a las personas que se mantienen con el compromiso de llevar a cabo su proceso, corremos el riesgo de que vuelvan a la ilegalidad.

Otro aspecto es lograr las transformaciones estructurales que necesitan algunos territorios de paz (ETCR), en los 24 municipios que hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial.

¿Cuál es la situación de estas zonas en Antioquia?

Hay cuatro zonas de los antiguos ETCR, y hay cinco nuevas zonas de asentamiento, estos últimos son espacios que se han venido conformando en diferentes sitios con gente que se ha salido de otros espacios.

Qué necesidades tienen estas cuatro zonas?

En Antioquia han venido avanzando de diferente manera. Un espacio que tiene un avance significativo es el de Dabeiba, que se conoce como Llanogrande. Hay un buen avance en tejido social, entre los habitantes y la Fuerza Pública, que a través de estrategias como Carpa Azul, avanza en construcción conjunta de vías. Es un buen ejemplo de reconciliación.

Y con cooperación internacional hay avances en proyectos productivos (panadería, tienda, piscicultura).

Cuando el acceso es difícil, llegar con la oferta estatal es más complejo. Es el caso de Carrizal, en Remedios, un ETCR que está a siete horas del casco urbano.

Y también dificulta la sostenibilidad de los proyectos productivos en esa zona porque sacar, vender, comercializar productos se hace difícil.

Ituango tiene problemas de seguridad…

En Santa Lucía, en Ituango, cómo es de conocimiento público, se han presentado algunas afectaciones en materia de orden público, debido a la presencia de estructuras armadas. Hay que tener claro que en el espacio territorial como tal no se ha presentado ningún hecho que afecte la vida e integridad de estas personas. Se han presentado en la ruta que conduce de Ituango a Santa Lucía.

Y este espacio está rodeado de diferentes veredas donde hay presencia de actores armados, cultivos ilícitos. Eso hace que no haya condiciones para que este espacio esté ubicado ahí.

Esta semana, en el Consejo Departamental de Reincorporación, se oficializó su trasladado a Mutatá y hoy se realizará una visita a este nuevo espacio para mirar qué necesidades hay en materia de salud, bioseguridad, logística y seguridad.

¿Y el de Anorí?

El otro espacio es en La Plancha Anorí y el gran reto es la compra de tierra. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Vivienda y con un representante a la Cámara de las Farc, donde nos manifestaron que el tema de la reubicación y la consolidación de este espacio avanza. La idea es comprar un espacio para ubicar ese ETCR.

¿Qué tipo de esquemas se ha pensado para brindar mejor seguridad?

La idea es que se puedan articular y fortalecer las medidas de protección para excombatientes. Con la Fuerza Pública se revisó la seguridad en los espacios y asumió el compromiso de brindar protección, y fortalecer algunas medidas en sectores vulnerables.

Con la pandemia se resiente el presupuesto?
El covid ha impactado las finanzas de la Gobernación y a todos nos ha tocado ajustarnos.

Hay que mirar cómo esos pocos recursos se pueden distribuir de manera inteligente para atender diferentes frentes. Para esta vigencia tenemos un presupuesto de 4.200 millones de pesos, pero eso lo van a reducir un 20 por ciento.

¿Qué programas se pueden afectar?

Por ejemplo, lo que tiene que ver con actos de memoria, temas de reconciliación, se puede ver afectados. Un poco el tema de construcción de estrategias, de construcción de paz territorial.

Estamos viendo nuestros indicadores para planear cómo vamos a cumplir el Plan de Desarrollo.

¿Cómo ve el futuro de la paz en el departamento?

Creo que el tema es continuar consolidando y construyendo la paz. Sesenta años de conflicto armado en cuatro años no los vamos a cambiar. Lo que se puede dejar son bases fuertes, que permita que de aquí a 15 años se logren esas transformaciones.

El Tiempo


FARC denuncia nuevo ataque de la Policía contra campesinos

Un mensaje de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en su cuenta de la red social Twitter hizo pública este sábado un ataque de la policía colombiana contra campesinos en Putumayo, cerca de la frontera común con Ecuador, en un presunto operativo de erradicación de cultivos ilícitos.

“El gobierno (colombiano) insiste en la erradicación violenta, mientras los campesinos piden cumplimiento del plan de sustitución voluntaria”, alerta el partido FARC en su comunicado, en cuyo criterio, el gobierno “ha criminalizado y vulnerado a las comunidades sin brindar ninguna alternativa integral que evite la resiembra”.

La denuncia llega en el contexto de recientes declaraciones de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana de que “la erradicación forzada ha demostrado la ineficiencia de sus resultados, sin tener un impacto real en la lucha contra las drogas”.

Esta organización ha llamado a poner en práctica el “Programa Nacional Integral de Sustitución” y la “Reforma Rural Integral” del Acuerdo de Paz (firmado en 2016 entre la entonces FARC-EP y el Estado colombiano), los cuales son “pilares para solucionar los problemas estructurales del campo y la problemática de las familias cultivadoras de hoja de coca”.

No obstante estos llamados, en el marco de lo acordado por el Estado colombiano con la antigua guerrilla, el gobierno de Iván Duque “sigue haciendo trizas la paz”, según denuncia el partido FARC en referencia a la pausa que le ha impuesto la actual administración.

Telesur