Desigualdad y pandemia: la otra cara del Covid-19 en Costa Rica – Por Karol Carmona Alvarado

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Karol Carmona Alvarado *

Nos encontramos con escenarios devastadores y complejos, en términos socioeconómicos en Costa Rica: la pandemia no afecta a todos(as) de la misma manera, entre peones explotados del sector piñero-bananero sin derechos laborales en condiciones de semiesclavitud y comunidades urbano-marginales, excluidas y desempleadas, con reducción de la jornada laboral, la pandemia no logra ser detenida.

En la actualidad la vida de muchas personas se encuentra amenazada por una nueva enfermedad llamada Covid-19, pero en términos socio-económicos esta se encuentra acechada por las políticas económicas neoliberales aplicadas desde 1982 por las élites político-económicas costarricenses.

Éstos, actualmente encontraron con la cuarentena por la pandemia el caldo de cultivo para la desmovilización social y la eliminación de las conquistas sociales logradas por las/ los costarricenses desde inicio del siglo XX mediante huelgas, organizaciones gremiales, confrontaciones políticas contra el poder del Estado y que se consolidaron en las décadas posteriores a 1940.

La estrategia discursiva de las clases en el poder estatal para la contención del Covid -19, se direcciona a legitimar la aplicación y posible aprobación de reformas de desmantelamiento del Estado social costarricense.

Solo en las últimas semanas hemos escuchado diversas propuestas como eliminar programas educativos de secundaria ubicados en 76 comunidades los cuales garantizan el derecho a la educación a los sectores más pobres del país, la imposición del impuesto a los salarios escolares del sector público para supuestamente enfrentar la crisis generada por la pandemia y el cobro del impuesto de venta agregado (IVA) a la Canasta Básica cuando miles de familias no han tenido acceso al derecho a la alimentación en los últimos meses.

A lo anterior se le une la consulta al poder legislativo de la ley sobre empleo público que impone un salario único al sector público, la reducción del Fondo Especial para la Educación Superior que se le designa a las Universidades Públicas y la aprobación en comisión de un proyecto de ordenamiento de aguas que permite la administración de mantos acuíferos por parte de asociaciones, la exportación de agua embotellada libremente y deja impune los pozos ilegales, muchos en manos del gran capital.

No puede excluirse de esto, los argumentos de los jerarcas para privatizar el seguro social, donde a inicios de la pandemia se expuso que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estaba en quiebra por la emergencia sanitaria, invisibilizando la estafa Caja-Fischel y el Plan Escudo aprobado que saqueó los recursos de esta institución entre el año 2006-2010 que puso en riesgo el fondo de pensiones y la seguridad social de las/los costarricenses.

No obstante, no existe ni una sola reforma para cobrar, gravar a las transnacionales o los grandes empresarios quienes disfrutan de grandes amnistías tributaria y exoneraciones de por vida.

Para Pérez (2020) la aplicación de medidas neoliberales como la anteriores dirigidas a consolidar el libre mercado, la globalización, la reducción en inversión social y el sector público aplicadas desde 1973 sobre la región contribuyeron notablemente a la expansión de las brechas socioeconómicas pero también a que enfermedades como el Covid-19 se propague mayoritariamente por sectores vulnerables dado a las pocas posibilidades de acceder a servicios básicos, viviendas dignas y seguridad social.

Actualmente nos encontramos con escenarios devastadores y complejos, en términos socioeconómicos en Costa Rica: la pandemia no afecta a todos(as) de la misma manera, entre peones explotados del sector piñero-bananero sin derechos laborales en condiciones de semi-esclavitud y comunidades urbano-marginales, excluidas y desempleadas, con reducción de la jornada laboral, la pandemia no logra ser detenida.

Después de casi cuatro meses la clase trabajadora empobrecida es la que enfrenta los mayores casos de COVID 19 quienes tienen que seguir laborando muchas veces sin medidas sanitarias, desplazarse en transporte público, enfrentar el desempleo, el trabajo informal o la precarización laboral firmada y amparada legalmente por el gobierno en una alianza criminal con los miembros de Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector empresarial privado (UCCAEP).

De acuerdo con Rivera (2020), las clases populares que viven bajo la línea de la pobreza, como son las familias de zona rural o de barrios marginales no cuentan tan siquiera con casas adecuadas para el aislamiento, ni con los servicios básicos, ni alcantarillado, estas son las realidades cotidianas de comunidades como La Carpio en la Uruca, Los Guidos de Desamparados y Tejarcillos de Alajuelita.

En Costa Rica hay poblaciones que están subsistiendo con menos de 50 mil colones al mes, mientras que los peones agrícolas de las grandes plantaciones reciben dos mil colones diarios por horas trabajadas para sobrevivir.

Según Blanco (2020), las élites gubernamentales colocan marcos interpretativos sobre determinadas circunstancias ejerciendo discursos hegemónicos para sancionar duramente a través de los medios de comunicación y la comunicación política la responsabilidad individual y la “indisciplina social” de la población civil como los causantes de la expansión del virus.

Ésto con el fin de ceder a las presiones de los grandes empresarios que exigen la “apertura comercial” y “dinamizar la economía” invisibilizando la irresponsabilidad patronal del gran capital por los casos de contagios en la zona norte o los Call Center del centro de San José. Para la UCCAEPP y sus cómplices en el gobierno, la apertura comercial es fundamental; por encima del derecho a la vida y la salud se encuentra la mano invisible del mercado, el ultraliberalismo económico.

En la coyuntura actual no solo se pone en evidencia que el sistema capitalista de corte neoliberal extiende más la división entre clases sociales, sino que, para ese modelo económico, existen seres humanos que son “cargas sociales”: las personas en condición de calle, la clase trabajadora, los peones agrícolas de zona rural, los migrantes, las personas más desposeídas y las/los adultos mayores.

Bajo la lógica del neoliberalismo se ocupa mandar a la muerte a muchos seres humanos, principalmente a las/los pobres.

La expansión del Covid-19 ha transformado una crisis sanitaria en un colapso socioeconómico para los sectores excluidos, al igual que en el crack de 1929, y la crisis del petróleo que tuvo su inicio en 1973, el gobierno-empresarial actual trasladó sobre las/los trabajadores públicos y privados asalariados todo el peso de la pandemia.

Es incuestionable el exponencial aumento de las desigualdades sociales dado al desmantelamiento del Estado Gestor costarricense en el transcurso de las tres décadas anteriores, lo cual puede incrementarse por las políticas aprobadas en la coyuntura actual.

Como lo expone Rivera (2020), esta crisis debe permitirnos salir del neoliberalismo en todos sus niveles, pero manifiesta que nos encontramos ante un escenario a futuro poco alentador. Sin embargo, el Covid-19 evidenció aún más el sufrimiento que ha generado el sistema capitalista sobre Latinoamérica, ante ello es necesario abrir espacios democráticos horizontales, crear propuestas de transformación social y ecológica, trabajar por la justicia e igualdad.

Lo que enfrentamos en la actualidad deber ser una causa para que se gesten nuevas formas de lucha social/política, construcción de resistencias desde las clases populares y propuestas altermundistas para enfrentar el avance del neoliberalismo y la globalización.

* Magíster en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Docente del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional.


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