Elecciones en Bolivia: uno de los promotores del golpe de Estado pide la inhabilitación del MAS

Foto: Reuters
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Creemos presenta denuncia contra el MAS ante el TSE para cancelar su personería

La alianza Creemos informó que este viernes está presentando una denuncia formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), solicitando que se proceda a la cancelación de su personería jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS) y que se lo elimine del actual proceso electoral, debido a que el candidato Luis Arce Catacora divulgó resultados de una encuesta interna, lo cual está prohibido por ley.

“Estamos presentando hoy una denuncia contra el partido político MAS-IPSP por haber difundido un estudio de opinión en materia electoral su candidato a la presidencia Luis Alberto Arce Catacora. Pedimos la inmediata cancelación de la personalidad jurídica de dicho partido en cumplimiento de los artículos 135 parágrafo I y 136 parágrafo III de la ley de Régimen Electoral y se deje sin efecto legal la resolución de registro de candidatos y de habilitación de esta organización política para participar de las presentes elecciones electorales”, dice un comunicado leído por Zvonko Matkovic de la alianza Creemos en Santa Cruz.

La denuncia ya se presentó por vía digital y se ratificará de forma física el lunes, según se pudo conocer.

El parágrafo III del artículo 136 de la Ley 026 señala que las “organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

La denuncia de Creemos apunta a las declaraciones que hizo Arce, en una entrevista televisiva, mediante la cual reveló datos de encuestas internas. El candidato del MAS mencionó que porcentajes de su candidatura y la diferencia en puntos porcentuales respecto a otros dos candidatos.

Creemos, mediante su comunicado, recordó que la sanción para difundir encuestas es “la cancelación inmediata de la personalidad jurídica del partido político” y advirtió que, si el TSE no cumple esa norma, incurrirá en faltas graves y los vocales pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria y penal.

Matkovic aseveró que existe jurisprudencia, puesto que en 2015 la alianza Unidad Demócrata-Beni, liderada por Ernesto Suárez, fue eliminada de las elecciones departamentales, dado que su jefe de campaña Carmelo Lens presentó datos de una encuesta interna.

El MAS se defiende

La vocera del MAS, Marianela Paco, denunció que las acusaciones contra Arce buscan proscribir al Instrumento Político y negó que haya vulnerado la norma electoral.

Paco aseveró que los comentarios de Arce no se acercan “ni por asomo” a lo que hizo Carmelo Lens en 2015. Exhibió un video de hace cinco años, en el cual el jefe de campaña de UD-Beni mostró porcentajes detallados y mencionó datos técnicos de su encuesta interna.

Señaló que, a diferencia de Lens, Luis Arce no convocó a una conferencia de prensa para mostrar los datos ni ofreció tortas y otra forma de presentación. “No hubo ninguna premeditación para hacer esta difusión”, dijo.

Erbol


Creemos oficializa demanda ante el TSE para inhabilitar a Arce, el MAS dice que ‘caerá en saco roto’

La alianza Creemos, que postula a la presidencia a Luis Fernando Camacho, oficializó este viernes la demanda ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inhabilitar al Movimiento Al Socialismo (MAS) por la difusión de una encuesta de intención de voto. La vocera del MAS, Marianela Paco, desahució la solicitud y dijo que no tiene “asidero legal”.

“Pedimos la inmediata cancelación de la personalidad jurídica de dicho partido, en cumplimiento de los artículos 135, parágrafo I, y 136, parágrafo 3 de la Ley 026 de Régimen Electoral”, señaló en conferencia de prensa Zvonko Matkovic, candidato a primer senador por Santa Cruz de Creemos.

El martes 14, el aspirante del MAS, Luis Arce, en una entrevista con Enrique Salazar en el canal Abya Yala, dijo que en “una encuesta interna”, además de ratificarse el primer lugar del MAS se pudo establecer una distancia de 18 puntos porcentuales respecto a su principal contrincante, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), y de 22 o 23 puntos sobre la presidenta-candidata Jeanine Añez, postulada por Juntos.

Matkovic advirtió que si el TSE no inhabilita al MAS, “incurrirán en faltas graves los vocales que no respeten y cumplan las normas electorales, y pueden ser objeto de responsabilidad disciplinaria, administrativa, no obstante de la responsabilidad penal por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes”.

Argumento y respuesta

Un argumento clave de la demanda de inhabilitación es que compara lo hecho por Arce con la falta cometida en las elecciones subnacionales de 2015 por Carmelo Lenz (Unidad Demócrata), quien señaló a la prensa que una encuesta interna daba el triunfo a su entonces candidato a gobernador por Beni, Ernesto Suarez.

La respuesta del MAS llegó también este viernes por la mañana. La vocera del MAS, Marianela Paco, descartó que prosperen las anunciadas demandas de inhabilitación de su candidato. “Caerán en saco roto, no tienen asidero legal por esas características”.

Remarcó que el contexto de la alusión de Arce a una encuesta interna es el de una entrevista de televisión, la que no tenía las características de una “presentación” de encuesta, como sí lo hizo Lenz en 2015, cuando incluso llamó a una conferencia para anunciar los resultados de su estudio de opinión. “Lo que (Arce) hace es responder a una pregunta, por tanto no conculca ninguna normativa”.

Por ahora, se instaló un debate sobre la normativa que se usa, por un lado para demandar la inhabilitación y, por otro, para descartar dicha posibilidad.

Creemos acude a dos artículos de la Ley 026 del Régimen Electoral, el 135 y el 136. El primero “prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral” cuando sean anónimos, no se identifique a quienes hayan realizado o solicitado la difusión, hayan sido encargadas por partidos, candidaturas, misiones internacionales, organismos estatales, encuestadoras no inscritas en el órgano electoral, o hayan sido elaboradas sin los criterios metodológicos dispuestos por el TSE.

El artículo 136, en su parágrafo 3, dispone que “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.

Por su lado, la vocera del MAS indicó que la demanda “caerá en saco roto” porque lo dicho por Arce no “cuadra” en la falta determinada ni por la Ley 026 ni en el Reglamento 044/20 de elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, del 23 de enero de 2020.

Estadísticas electorales

El MAS apela a que la respuesta en una entrevista no encaja en lo que el TSE define como difusión, que implica, según el mencionado Reglamento 044/20, “la presentación por parte de un medio de comunicación (televisión, radio, periódico, medios de comunicación digitales) de los resultados de un estudio de opinión en materia electoral, desde la ficha técnica, los resultados, incluyendo tablas, tortas o cualquier otra herramienta de presentación de la información y los porcentajes; también comprende la presentación primicial de un estudio de opinión cuando el medio de comunicación es la persona jurídica que financia el estudio”.

Esta definición de difusión que hace el Órgano Electoral es para diferenciarla, en el mismo artículo, de “noticia”, que es “la presentación parcial que hace un medio de comunicación de resultados de un estudio de opinión en materia electoral, por lo tanto, no sujeta a la presente reglamentación”.

En este sentido, Paco recordó que “las normas del órgano electoral no regulan las actividades ni la censura previa al periodismo y ello está protegida por la Constitución”.

La vocera añadió que recientemente “el candidato a vicepresidente de Juntos, Samuel Doria Medina, comentó y publicó estadísticas electorales y que Carlos Mesa también comentó estadísticas en otra entrevista periodística”.

También en esta semana, el candidato Arce había señalado que su respuesta en la entrevista no se puede considerar como una falta porque el proceso electoral en rigor a la fecha está en suspenso, que se reiniciará recién el 21 de julio.

La Razón


Eva Copa y el MAS dicen que ascenso por decreto en las FFAA demuestra que Evo sufrió un golpe de Estado

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, aseveró hoy que el ascenso directo y por decreto que aplicó el Gobierno en las Fuerzas Armadas, refuerza las versiones de una supuesta alianza entre el Ejecutivo y los militares. Para ella, con esto, se confirma que en noviembre del año pasado hubo un golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales.

“Vamos a presentar una acción directa de nulidad porque es una usurpación de funciones lo que se está haciendo y claramente ahí se ve la alianza que hubo entre el Gobierno interino y los militares, y efectivamente demuestra que fue un golpe de Estado”, dijo la presidenta Copa a la Red ATB.

Destacó que el MAS siempre “respetó” la independencia de poderes y por esto calificó como “alarmante” la disposición emitida a través de un Decreto Supremo.

La bancada del MAS en el Legislativo emitió un comunicado en el que critica también la decisión asumida por el Ejecutivo. “Condenamos enfáticamente y denunciamos ante la comunidad internacional que nuevamente el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, a través de un decreto supremo aprobó el ascenso de los comandantes generales de las FFAA, ratificando con ello, que su actuar se adecua plenamente a un Gobierno dictador y nefasto”.

La Cámara Alta, controlada por el MAS, rechazó hace poco menos de un mes el ascenso de 27 generales de las FFAA, bajo el argumento de que ese procedimiento era “inconstitucional”, pues se necesitaba una ley.

Ante eso, el ministro de Defensa, Fernando López, advirtió esta semana que en tanto la Cámara Alta dé cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, se procedió a la imposición de grados y entrega de bastones de mando, sables y espadas al personal militar de las Fuerzas Armadas.

La autoridad consideró que esa negativa del Legislativo se entiende como un “castigo” para los militares que se pusieron al lado del pueblo, durante los conflictos poselectorales de 2019, propiciados por el fraude electoral en los comicios del 20 de octubre, que derivó en la anulación de ese proceso y en la renuncia de Evo Morales.

Copa denunció al Gobierno de usurpación de funciones, pero el Ejecutivo también advirtió que el MAS es quien ha incurrido en usurpación cuando ha bloqueado créditos internacionales que tienen como destino la atención de la pandemia del coronavirus y aprueba leyes como aquella que regula el uso del dióxido de cloro, que es facultad del Ministerio de Salud y no del ente legislativo.

“Es constitucional”

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan advirtió que ante el incumplimiento de deberes, expresado por la Cámara de Senadores sobre el derecho de ascensos militares, el Órgano Ejecutivo asume los ascensos mediante Decreto Supremo en estricto cumplimiento de su atribución constitucional. “El derecho fundamental de los militares y la jerarquía y funcionamiento de las FFAA, no pueden estar sometidos al arbitrio de los poderes políticos”, manifestó.

Explicó que, la Cámara de Senadores, al haber incumplido su atribución constitucional de ratificar los derechos fundamentales de ascensos militares, está desconociendo la estructura formal del Estado y consiguientemente, dejando sin mando orgánico a una institución medular reconocida por la Constitución.

Por la misma línea, el analista político, Carlos Borth, dijo que más allá de la forma en que el Ejecutivo planteó el ascenso, a través de un decreto, el fondo del problema lo planteó el Senado negándose a ratificar la orden de ascensos que desde fines del año pasado está esperando la sanción legislativa.

“Esta negativa tiene una naturaleza absolutamente política, cálculos y evaluaciones internas del MAS. Sin embargo, genera una rigidez dentro de las FFAA que tenía que ser resuelta de alguna manera. Al negarse el Senado a ratificar la orden de destinos, lo que ocasionó fue ‘taponear’ este sistema establecido en la ley de las FFAA y sus reglamentos internos. Como el Senado no entendió ninguna razón ni fue capaz de consensuar, ha ocasionado que la Presidenta lo haga por decreto”, analizó.

El Deber


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