Elogio a la locura de los dirigentes bolivianos – Por Baltasar Garzón

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Baltasar Garzón*, especial para NODAL

…La verdad es desagradable a los príncipes, pero ello viene de modo admirable en auxilio de mis necios, puesto que de ellos escuchan con placer no solo verdades, sino hasta francos insultos, cuando las mismas palabras, proferidas por un sabio, serían materia de condena a muerte; en cambio, dicha por un necio resulta en increíble contento.

Erasmo de Rotterdam. Elogio de la locura.

Y resulta que ahora las autoridades judiciales bolivianas han imputado formalmente a Evo Morales por los delitos de sedición y terrorismo, y no sólo a él, sino también, cómo no, a Luis Arce, el nuevo candidato presidencial del MAS, el partido de Evo. Y no se detienen ahí, porque también han sido imputados los exministros, exviceministros, exdirectores, dirigentes de organizaciones sociales, militantes, afines y cercanos colaboradores del depuesto gobierno. ¡Eso! ¡muy bien! ¡todos a la cárcel!, a las mazmorras todo aquel que no piense como las autoridades que de facto gobiernan Bolivia. ¡Bravo! Todo vale con tal que la chusma, la gentuza, los ignorantes, sucios y mugrientos indígenas no vuelvan a gobernar su propio país. Qué importa que sean mayoría, qué importa que el 62,2% de la población sea indígena (según datos de la CEPAL). Lo que importa es que Bolivia ha dejado de pertenecer a los “cholos” y ha vuelto a ser de la gente de bien y así se debe quedar, cueste lo que cueste, lo que incluye hacer el “ridículo” ante el mundo entero con tan evidentes falsedades y calumnias. 

Yo me pregunto ¿dónde está Luis Almagro? No es tolerable que el Secretario General de la OEA apoye un Golpe de Estado, porque ello va en contra de los principios de la propia organización. Es absurdo, es el mundo al revés, parece una pesadilla, pero es espantosamente real. Bolivia ha sido tomada por la mafia racista y clasista que no cree en la democracia sino sólo en hacer prevalecer sus propios intereses. Una auténtica y burda locura.

La acusación contra Evo Morales de fraude electoral por las élites del país, y con la connivencia de la OEA, provocó enfrentamientos entre la población civil, aumentando así la inestabilidad y tensión en las calles. Las Fuerzas Armadas aprovecharon la coyuntura para exigir su dimisión y facilitar la ilegítima, ilegal e inconstitucional toma del poder por parte de Jeanine Áñez, haciendo añicos la dialéctica democrática. No podemos olvidar que este gobierno no es democrático. 

Ahora, el Fiscal de La Paz, Marco Antonio Cossío, está librando una guerra judicial (lawfare) en contra del MAS, el partido con apoyo mayoritario, y ha creado una auténtica causa general. La Fiscalía ha emitido una orden de detención preventiva contra el expresidente por delitos de terrorismo por el Caso Audio. Una conversación telefónica que se atribuye a Morales en la cual supuestamente insta al bloqueo de las ciudades durante las protestas y las revueltas callejeras que surgieron en defensa del estado de derecho y del propio Evo. Esta acusación no tiene pruebas concluyentes. 

El audio en el que aparece, supuestamente, la voz de Evo Morales fue enviado para su análisis a expertos en Argentina y en Colombia. Los primeros concluyeron que no era la voz del ex presidente de Bolivia y los segundos que no se podía adjudicar a Morales la voz del audio. 

Grabación ilegal

Sin embargo, los medios informan que la causa continúa adelante porque la veracidad de la llamada telefónica, se confirma con la  “pericia” colombiana que, obviamente, nadie controló, salvo ellos y algún experto colombiano de “incuestionable” saber, ha dicho con ironía Raúl Zaffaroni. Hasta donde sabemos, los peritajes se controlan por las defensas, que nombran peritos de parte, pero en este caso el régimen decidió que todo eso no es necesario, como relata el jurista.

Ocurre que el peritaje colombiano no pudo concluir que la voz era de Evo Morales, pero en cambio ha señalado que existe “una alta probabilidad de identificación de la voz”. ¿Perdón? ¿de cuánto sería la probabilidad? ¿qué entienden esos expertos por “alta” probabilidad? ¿Es, o no es, la voz de Morales, de acuerdo con los protocolos científicos? No hay más. Si de acuerdo con tales protocolos no se ha podido identificar la voz, entonces, ¿a cuento de qué viene aquello de estimar como “alta” la probabilidad? Nuevamente, una locura. 

Por si esto fuera poco, hay que tener en consideración que la supuesta grabación sería ilegal, pues habría sido obtenida subrepticiamente, sin orden judicial ni consentimiento de los afectados. Es decir, se trataría de una prueba ilícita, que no es idónea para fundar una orden de detención o de extradición, ni menos una condena, claro, dentro de un Estado de Derecho y me parece que esto es lo que está fallando ahora mismo en Bolivia, el respeto al estado de derecho, cuando se acude a burdas artimañas para eliminar a opositores políticos, legítimos representantes de quienes los elijan.

La acusación es tan torpe que, aunque pudiera demostrarse que la voz de la grabación corresponde a Evo, y pudiera salvarse el obstáculo de la prueba ilegal, según la propia definición del Código Penal de Bolivia tales hechos no constituirían ni un delito terrorista ni un delito de sedición. El artículo 133 de este código, dispone: “El que formare parte, actuare al servicio o colabore de cualquier forma, con una organización armada destinada a cometer delitos contra la seguridad común, delitos contra la vida o delitos contra la integridad corporal, con la finalidad de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente, mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años, sin perjuicio de la pena que le corresponda si se cometieran tales delitos”

Es el mundo al revés porque resulta que quienes han subvertido el orden constitucional y han depuesto al gobierno elegido constitucionalmente, acusan al presidente y los miembros del derrocado gobierno de incurrir en la conducta que los mismos golpistas desplegaron. Los sediciosos acusan de sedición, los terroristas acusan de terrorismo. La historia y el discurso se reproducen miméticamente como cada vez que se elimina el orden constitucional en un país. Pasó en Chile, en Argentina, en España, en Alemania, en cada uno de aquellos en los que un golpe de estado trata de justificarse y “salvarse” a costa de los verdaderos demócratas.  

Contra la Constitución

Aunque usted no lo crea, todavía hay más. La acción de la Fiscalía boliviana infringe las garantías del debido proceso, por lo que su actuación no sólo es ilegal sino además inconstitucional. El acusado no ha sido notificado, tal y como exige la ley del Estado Plurinacional, ni tampoco ha sido citado a testificar. Se dice que no se sabe dónde vive Evo Morales, por lo que las citaciones se realizan por edictos, cuando es de público conocimiento que está en Argentina, a donde podrían enviar la pertinente comisión rogatoria. No haciéndolo, es claro que su torticero objetivo es declararlo en rebeldía; que se le designe un defensor de oficio (al que ellos puedan controlar) y que admita la acusación, como ya se está “informando” en medios bolivianos, inventando inexistentes declaraciones de Evo con la mayor desfachatez, según denuncia Zaffaroni. 

Una acusación así no tiene cabida en una verdadera democracia ni puede ser llevada adelante por un sistema de justicia realmente independiente e imparcial. Esta es la prueba más palpable de que en Bolivia existe un régimen no democrático que provoca la limitación de los derechos y libertades de sus ciudadanos, que encarcela injustificadamente a opositores políticos y reprime severamente a quienes ejercen su legítimo derecho de manifestación de apoyo al depuesto gobierno constitucional.

No parece casualidad que la acusación contra Evo Morales y los demás miembros del MAS, incluido el candidato presidencial Luis Arce, se dé a conocer casi un mes después del anuncio de la nueva fecha para las elecciones, fijadas para el 6 de septiembre. Todo indica que el fin perseguido es evitar que el MAS y su candidato participen en los comicios, lesionando el derecho fundamental de sufragio activo y pasivo. Activo, es decir, el derecho a votar y a elegir representantes, porque la inmensa mayoría no podrá votar por el candidato de su preferencia; y pasivo, esto es, el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos y ser elegidos, que en este caso afecta a Luis Arce y a los otros candidatos del MAS.

Esperpento presidencial

Ya son cuatro los estudios especializados los que desmienten que haya habido fraude electoral y que ponen serios reparos al informe de la OEA por usar datos y metodología inapropiada.  Primero fue el informe del profesor del Departamento de Ciencias Políticas y del Departamento de Estadísticas de la Universidad de Michigan, Walter Mebane, y a continuación el informe del Center for Economic and Policy Research (CEPR), dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),  ambos de noviembre de 2019. Posteriormente se sumó en febrero de 2020 otro detallado informe del mismo CERP y ahora, el último, ha sido un estudio de Nicolás Idrobo, Dorothy Kronick (ambos de la Universidad de Pennsylvania) y Francisco Rodríguez (de la Universidad de Tulane) que concluyen que el análisis de la Organización de Estados Americanos fue, a lo menos, deficiente.

A pesar de esta evidencia, la OEA no rectifica ( sino que, mas bien, su secretario general, señor Almagro, en la órbita de lo marcado por la Administración Norteamericana, se dedica a denigrar a los medios de comunicación y a quienes cuestionan el proceder de la organización regional en el proceso electoral de octubre) y el gobierno ilegítimo que usurpó el poder en Bolivia sigue con su plan de celebrar elecciones sin el MAS (que, por cierto, encabeza la intención de voto). Es urgente que la comunidad internacional, Naciones Unidas, organismos de derechos humanos, la Unión Europea (Comisión y Parlamento) no se pongan de perfil ante tamaño atentado de lesa democracia.

Pero el culmen de esta delirante situación hay que buscarlo en el grotesco espectáculo de una autoproclamada presidenta entrando al Palacio de Gobierno con la biblia en alto, en aras de un resurgimiento de la cultura occidental, esa que nos ha traído la devastación del planeta, el calentamiento global y ha contribuido a esta pandemia y las que seguramente en el futuro vendrán.  Lo hizo así en vez de enarbolar la bandera indígena, cuya cosmovisión de coexistencia en armonía con la naturaleza es la que nos puede rescatar como sociedad y devolver la humanidad perdida. Son ellos, los golpistas, los que alaban un sistema fracasado que se cae a pedazos, protagonizando un auténtico elogio a la locura o a la necedad, que debe ser contenido con unas elecciones libres, democráticas y limpias, sin interferencias espurias como es la de acusar de terrorismo al presidente Evo Morales. 

(*) Miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD),


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