Fiscalía impide salir del país a los expresidentes Martinelli y Varela por casos de corrupción

Fiscales prohíben salida del país a expresidentes Martinelli y Varela

El 2 de julio ha sido un día para resaltar en la historia panameña, como el la fecha en la que dos expresidentes han sido citados y han terminado con medidas cautelares impuestas por el Ministerio Público.

Se trata de Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli, que desde la campaña del 2009 han ido del amor al odio. Han pasado de ser adversarios políticos a aliados y han terminado como enemigos personales, en una relación arropada de acusaciones mutuas de corrupción y manipulación.

Este jueves con solo minutos de diferencia, ambos, llegaron a la sede del Ministerio Público, citados en los casos New Bussines ( Martinelli) y Odebrecht ( Varela). Al primero lo esperaban en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada y al otro en la Fiscalía Anticorrupción.

A su llegada Martinelli dijo a los medios, que estaba escandalizado por tener que rendir cuentas frente a la justicia. “Yo soy el principal empresario de este país, que pago más impuestos y genero más empleo y me tratan así”, dijo el expresidente a los periodistas y aseguró que era citado por “casos chimbos” (de mala calidad, mal hecho) .

Fue además inusualmente gentil al referirse a Varela, “Le deseo lo mejor, que le respeten sus derechos, los que no me respetaron a mí”, señaló antes de entrar. Pero a su salida abandonó el tono cálido, tal vez porque terminó con una prohibición para abandonar el país y la obligación de presentarse los día 15 de cada mes en el despacho que investiga el caso New Bussines, (que investiga la compra de medios de comunicación con fondos públicos) y lo que pudo resultarle aún más aterrador: Está citado en la Fiscalía Anticorrupción en el caso Odebrecht para el viernes.

Pero esa cita al parecer no se concretará pronto, pues los abogados de Martinelli afirmaron qué él está incapacitado medicamente desde el lunes. Además ellos aseguran que cualquier situación ante la justicia panameña es inválida. “Esto es nulo”, dijo su abogado Roniel Ortiz a la salida del despacho oficial. La defensa del expresidente Martinelli ( 2009-2014), asegura que él está “protegido”, por el principio de especialidad, luego que fuese extradito de Estados Unidos a Panamá en 2018, para enfrentar la justicia en el Caso Pinchazos, donde fue declarado no culpable.

La tésis del principio de especialidad argumenta que la única causa por la que Martinelli debe ser investigado es el Caso Pinchazos, que fue el que motivó la solicitud de extradición desde Estados Unidos.

Mientras Varela, que en 2009 fue vice presidente de Martinelli y canciller hasta 2011, cuando rompió con Martinelli, para luego ganar las elecciones de 2014, fue más escueto. ” He venido a atender la citación del Ministerio Público y responder cualquier pregunta que ellos tengan “, ,dijo. Pero aunque habló menos con los medios, Varela terminó la diligencia nueve horas más tarde. Salió a eso de las 6:30 pm y volvió a ser de pocas palabras. “Cuando uno es parte de un proceso y tiene seguridad de su inocencia, debe presentarse, contestar, aclarar y es lo que estamos haciendo”, dijo.

Varela también terminó con la obligación de presentarse los día 30 de cada mes a la Fiscalía Anticorrupción, y no puede abandonar el país; “como hombre de leyes tengo que acatarla”., comentó al ser preguntado por los periodistas sobre el particular.

Así terminó el 2 de julio de 2020, con un giro que nadie hubiese esperado hace unos meses y la expectativa de hasta donde nos llevarán estas investigaciones.

Ensegundos


Varela: ‘nadie está por encima de la ley’

Juan Carlos Varela llegó al edificio Avesa, en la vía España, sede de las fiscalías anticorrupción del Ministerio Público, a las 8:50 a.m. 10 minutos antes de su cita, pactada para las 9:00 a.m.

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo lo esperaba para indagarlo por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionado con el caso Odebrecht, pesquisa que le sigue la pista a los sobornos que pagó la constructora brasileña en Panamá.

“Respondo al Ministerio Público que me ha citado”, dijo el expresidente de la República, quien estaba custodiado por seis escoltas y por el abogado Erasmo Muñoz, quien lo representa en este proceso.

“Cuídense, muchachos… Den el ejemplo”, dijo a los periodistas que le preguntaron sobre los $10 millones que el Partido Panameñista recibió de Odebrecht y que Varela ha dicho que se trató de ‘donaciones’”.

Periodistas, camarógrafos y otros se aglomeraron frente al despacho judicial para no perder detalle de la llegada del hombre que comandó Panamá entre 2014 y 2019. Era su primera comparecencia ante el Ministerio Público en calidad de indagado por un caso judicial.

La medida

Aayer mismo se dio a conocer que la fiscal Morcillo le impuso la medida cautelar de impedimento de salida del país, y la de notificarse los 30 de cada mes.

El expresidente expresó su desacuerdo con esta disposición, pero la fiscal no cedió.

Varela no se acogió al artículo 25 de la Constitución, que señala que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Respondió a las preguntas de la fiscal, quien lo indagó sobre el dinero que recibió el Partido Panameñista de parte de la constructora brasileña.

Esos fondos habrían sido utilizados en las campañas electorales de esa agrupación política en 2009, cuando Varela se alió con Ricardo Martinelli para llegar al palacio de Las Garzas: Martinelli como presidente y él como vicepresidente. Y en la de 2014, cuando Varela ganó la Presidencia.

Los aportes de Lasso

Algunas piezas de este rompecabezas las aportó el excónsul de Panamá en Corea del Sur Jaime Lasso, persona de confianza del expresidente, quien, al rendir indagatoria el 13 y 17 de febrero pasado ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que lleva el caso, narró que él fue el enlace para recibir esos fondos. “Yo fui la persona que participó como enlace del apoyo político electoral desde 2009 a diciembre de 2012. Los años subsiguientes no tengo la menor idea si se continuaron con los apoyos”, confesó.

También dijo que él solo tocó esos temas con Juan Carlos Varela y su hermano José Luis Popi Varela.

De acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el dinero de Odebrecht llegó al Partido Panameñista a través de la fundación Don James y por medio de dos sociedades: V-Tech y Poseidon Enterprises, todas ligadas a Lasso.

Supuestamente, con ese dinero, el colectivo político pagó publicidad electoral en las televisoras locales, compró camisetas y contrató publicitarias, entre otras cosas.

Varela insiste en que ese dinero no es producto de sobornos, sino “donaciones”. Incluso lo volvió a repetir el pasado lunes 29 de junio, cuando acudió al Ministerio Público, según dijo, para ponerse a disposición de la fiscalía.

El exmandatario salió del la fiscalía a las 6:40 p.m. “Hemos venido a cumplir con la citación del Ministerio el día de hoy. Como lo he dicho en todas mis intervenciones, nadie está por encima de la ley. Todos los ciudadanos tenemos que ser responsables, cumplir las leyes del país y, sobre todo, cuando uno es parte de un proceso y está seguro y siente seguridad de sí mismo y de su inocencia, debe asumir la actitud procesal correcta: de presentarse, de contestar, de aclarar. Estar siempre disponible para las autoridades y es lo que estamos haciendo. Es lo que vamos a seguir haciendo”, argumentó ante los periodistas.

Añadió que irá a la fiscalía las veces que sea necesario para aclarar su inocencia y contestar cualquier pregunta que tenga el Ministerio Público sobre el acaso. “Y así cumplir con el país y fortalecer el Estado de derecho”.

Varela también adelantó que volverá a declarar sobre el caso Odebrecht el próximo martes 7 de julio.

Prensa


Martinelli apela a incapacidad y no rinde indagatoria

Ricardo Martinelli se presentó ante Emeldo Márquez, fiscal superior contra la delincuencia organizada, a las 9:25 a.m. de ayer, jueves 1 de julio.

Estaba acompañado de su abogado Roniel Ortiz, quien lo representa en el proceso por el cual fue citado: la supuesta compra de Editora Panamá América, S.A. con fondos públicos, caso conocido como New Business.

Márquez le informó que se le está investigando por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

Le mostró la resolución de indagatoria y los contenidos de los artículos 22 y 25 de la Constitución. El 22 dice que toda persona detenida debe ser informada de las razones de su detención, y el 25 establece que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo.

“Diga el indagado si ha comprendido correctamente sus derechos y garantías constitucionales y si, teniendo conocimiento de las mismas, está dispuesto a declarar”, le preguntó el fiscal.

Martinell contestó que entendía, pero que eso no significaba que había renunciado al principio de especialidad contenido en el tratado de extradición pactado en 1904 por Estados Unidos y Panamá.

Añadió que nadie había solicitado el levantamiento del principio, y anunció: “estoy presentado un certificado de incapacidad”, y mostró un documento emitido por el cardiólogo Gabriel Frago, que dice que está incapacitado del 1 al 3 de julio. Además, se acogió al artículo 25 de la Carta Magna.

Frago es el mismo médico que en el pasado certificó que su cliente padecía de enfermedad coronaria, hipertensión arterial crónica, apnea de sueño, glaucoma y depresión, entre otras enfermedades. Incluso, participó en la audiencia del 11 de junio de 2018 en la Corte Suprema de Justicia, cuando el expresidente llegó extraditado por el caso de los pinchazos. Esa tarde, el cardiólogo aseguró que Martinelli tenía “unos antecedentes importantes desde el punto de vista cardiológico”.

“Soy inocente de los cargos que me están imputando y exijo respeto a los tratados y convenciones, a la igualdad de las partes, al principio de legalidad”, se defendió el expresidente y, de paso, adelantó que usará todos los recursos que le permite la ley “contra esta nefasta acción”.

Volvió a citar el principio de especialidad y dijo que “es imposible que la opinión de un americano, por los canales no autorizados, pisotee el derecho, la Constitución y los tratados”.

Se refería a Thomas Hainemann, consejero legal del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien en diciembre de 2019 envió una carta al Ministerio Público informando que Martinelli ya no era objeto del principio de especialidad en materia de extradición, a raíz de que se le habían permitido viajar fuera de Panamá desde el 15 de septiembre de 2019.

Martinelli reprochó el hecho de que Panamá había defendido el principio de especialidad con el caso de tres extranjeros y que cómo no lo van a defender a él, un panameño, “por una clara persecución política y pase de factura” de parte de la exprocuradora Kenia Porcell.

De pasó, le contó al fiscal que le había secuestrado las cuentas y hasta la casa a la exprocuradora.

El abogado Roniel Ortiz pidió al fiscal tener en cuenta la salud de su cliente, ya que está en estado de “vulnerabilidad”, pues tiene 68 años, y que, incluso, había acudido a la cita, pese a la pandemia del nuevo coronavirus.

El fiscal Márquez impuso al exmandatario la medida cautelar de impedimento de salida del país, y la de notificarse los días 15 de cada mes.

A su salida, Martinelli volvió a culpar a Porcell de tener tentáculos en el Ministerio Público. Y del expresidente Juan Carlos Varela dijo que “que todavía manda en este Ministerio Público”.

Los periodistas le pidieron que explicara, entonces, cómo era posible que Varela –si todavía tenía mando…–, estuviese en ese momento en una indagatoria por el caso Odebrecht en el mismo edificio. Martinelli eludió esas preguntas y dijo que el caso tenía el propósito de “cerrar” el Grupo Epasa, que edita el diario El Panamá América, “el único medio independiente que dice la verdad”.

Martinelli también está citado hoy para declarar en el caso Odebrecht, pero su abogado dijo que no irá, porque está incapacitado.

“¿Cómo va a venir, si está incapacitado?”, advirtió.

Prensa