Inestabilidad y crisis política en Brasil

El despliegue de la covid-19 en Brasil lo ubica como el caso más grave en la región y uno de los centros de la pandemia a nivel global. Las insuficientes medidas adoptadas por el gobierno federal y el discurso del presidente Jair Bolsonaro —de subestimación o incluso negación del problema y mayor preocupación por los efectos en la economía— generaron resultados catastróficos y amenazan con convertirse en una tragedia humanitaria. Por otra parte, el inmenso subregistro, debido principalmente a los pocos tests que se realizan, no permite tener una dimensión real de la crisis sanitaria en curso. En este sentido, el Imperial Collegeof London estima que el número total de casos activos a finales de junio sería de al menos tres veces cifra oficial de 1,23 millones de casos, es decir 3,7 millones.

Esta crisis sanitaria es la mayor expresión —y una de las causas— de la inestabilidad política y social a la que se enfrenta el gobierno de Jair Bolsonaro. El Gobierno ha avanzado hacia un creciente aislamiento político institucional, que ya era una tendencia anterior y se ha convertido en un proceso continuo, que aún no concluye. En esta dirección, el presidente abrió varios frentes de batalla con los poderes Legislativo y Judicial e intensificó la lucha contra los gobernadores y alcaldes, presionando para la apertura de las actividades económicas y rompiendo con sus grandes aliados del pasado, como los gobernadores de los estados de Río de Janeiro y de São Paulo. A esto hay que sumar las renuncias del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta —y luego la de su reemplazante—, por diferencias con la política sanitaria impulsada por Bolsonaro; y la del ministro de Justicia, Sergio Moro, que se alejó del gobierno denunciando que el presidente intenta manipular a la policía federal para garantizar la impunidad de sus familiares en diferentes investigaciones en curso. Todo esto profundizó el aislamiento del gobierno. Particularmente la renuncia de Moro —quien como juez fue impulsor de la causa judicial conocida como Lava Jato, que llevó a Lula a la cárcel y lo excluyó de las elecciones de 2018—, expresó y precipitó la pérdida de apoyo al gobierno de un sector social importante —particularmente de las clases medias— que había sido su sustento desde los comienzos.

Sin embargo, Bolsonaro todavía mantiene un núcleo resistente, que lo apoya en las calles realizando caravanas, actos y acampadas. Por otra parte, el Presidente ha buscado obtener una mayor aprobación en los sectores de bajos ingresos, basado en dos discursos: la defensa del uso de la cloroquina para el tratamiento de la covid-19 y una supuesta preocupación por el empleo. En el primer caso, aunque contraría las pruebas científicas, procura instalar la idea de que tiene una solución rápida para la enfermedad. En el segundo, utiliza el discurso de que las actividades económicas vuelvan a la “normalidad”, lo que puede ser valorado por una parte de quienes se encuentran en la desesperación, con sus ingresos menguados o evaporados. Además, Bolsonaro intenta capitanear por sí mismo la ayuda económica creada y aprobada por el Congreso Nacional.

En otra dirección, Bolsonaro ha concentrado también su fuerza en ampliar el sustento en las Fuerzas Armadas. A cambio, éstas ocupan cada vez más posiciones gubernamentales. El caso más extremo es el control total del Ministerio de Salud, tras la salida de los dos ministros en medio de la pandemia. El ministerio tiene ahora un General como ministro interino y otros 40 cargos estratégicos están ocupados por militares que carecen de formación en el ámbito de la salud. Bajo la gestión de Bolsonaro, más de 2.800 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en funciones administrativas en el Estado.

Finalmente, con la oposición en búsqueda de un proceso de destitución presidencial, el gobierno también ha establecido alianzas con legisladores de partidos que no tienen ningún compromiso ideológico y venden su voto a quien ofrece más. Esto es lo que se conoce como el “centrão”. Al frente de estas negociaciones están los ministros militares, que solían ser críticos de este tipo de alianzas y ahora buscan apoyo a cambio de posiciones en el Ejecutivo.

Sin embargo, es importante señalar que el debilitamiento del gobierno no supone necesariamente que el proceso concluya con el desplazamiento de Bolsonaro, aunque sí permite que las fuerzas políticas se presenten ante los ojos de la sociedad con mayor claridad. Así, la disputa política dentro del establishment se plantea actualmente entre el neofascismo —simbolizado en la figura del presidente— y la derecha tradicional, que tiene como representante a las demás instituciones y a algunos gobernadores estaduales. En este contexto, el desafío de Bolsonaro es evitar su juicio político y organizar una alianza parlamentaria que le garantice las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado.

En esta dirección, la derrota de Bolsonaro adquiere una centralidad sin precedentes y sensibiliza a amplios sectores de la sociedad, desde la izquierda hasta entidades, intelectuales, figuras públicas, partidos y organizaciones de la sociedad civil, incluida la derecha, en la demanda de desplazamiento del Presidente. Sin embargo, los avances en esta dirección plantean debates y desafíos dentro de la izquierda. Por un lado, existe la dificultad de conciliar una alianza táctica con los más diversos sectores de la sociedad en defensa del impeachment. Por otro lado, se plantea el desafío de impulsar un frente de izquierda capaz de construir un proyecto popular para Brasil y dialogar con la sociedad sobre una salida adecuada y unitaria de la crisis.

Las organizaciones políticas y los movimientos populares han planteado en esta dirección dos iniciativas importantes. La primera, la construcción de un “Plan Popular de Emergencia” en defensa de la vida, la salud, los ingresos y el empleo. Esta plataforma, además de denunciar el proyecto neoliberal y neofascista en marcha, entiende que es imposible disociar la movilización social para enfrentar la pandemia de la necesidad de un cambio cualitativo y programático en el gobierno del país. La persistencia de un gobierno guiado por intereses empresariales, que actúa contra las evidencias científicas y limita la acción del Estado en la lucha contra la crisis, hace extremadamente difícil superar esta situación.

La segunda gran iniciativa es la construcción de una “Política de solidaridad” en las principales periferias de Brasil, que articula las diversas acciones y organizaciones del campo popular. Basado en la solidaridad, la batalla de ideas y el trabajo de base, este proceso tiene como objetivo ganar fuerza en torno al proyecto popular y que el mismo se articule con el pueblo. La solidaridad en este contexto va de la mano con la lucha por los derechos. El derecho a la cuarentena con aislamiento social, ingresos básicos, acceso al agua, a los alimentos y a la salud requiere una lucha muy intensa por el acceso a los recursos públicos. Las organizaciones populares resisten y buscan ser la esperanza del pueblo. El contexto de la pandemia requiere de un esfuerzo de trabajo capaz de aportar a los procesos de construcción en todos los niveles, desde lo local a lo nacional, de la forma más coordinada posible. En otras palabras, o la clase trabajadora se organiza, defendiendo su vida y preparándose para la lucha política, o verá a la burguesía terminar de saquear el país y enterrar a decenas de miles de personas.


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