Informe: Colombia es el país con más ambientalistas asesinados en el mundo
Colombia encabeza listado mundial de ambientalistas asesinados
Por Tatiana Rojas Hernández
En el nuevo informe ‘Defendiendo el mañana’, presentado hoy por la ONG británica Global Witness, Colombia se ubicó, por primera vez, como el país con más líderes ambientales asesinados, con 64 muertes en 2019, la cifra más alta registrada en los últimos ocho años en cualquier país.
De acuerdo con la organización, el año pasado se documentaron 212 homicidios en el mundo, y la mitad se concentró en Colombia (30 %) y Filipinas (20 %).
Los líderes más victimizados fueron los que se dedicaban a las causas mineras (50 de ellos fueron asesinados) y relacionadas con la agricultura a gran escala, con 34 muertes de personas enfocadas en este tema, 60 por ciento más que en 2018.
Pese a que Colombia no es ajena a esa presión, este año la mayoría de los móviles de los asesinatos en nuestro país fueron otros. De esas 64 muertes, 45 ocurrieron porque se opusieron a la apropiación de sus tierras para actividades contra el medioambiente, y en su mayoría, según la ONG, fueron responsabilidad de grupos armados que buscan el control territorial.
Entre los casos, aparece el de la líder indígena Cristina Bautista, asesinada en la masacre perpetrada en el resguardo de Tacueyó, en Toribío, región del norte del Cauca. La ONG la atribuye a grupos armados porque impulsaba el proceso de paz entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las Farc, en su territorio.
Para el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, la protección de quienes defienden el medioambiente es una prioridad para este Gobierno. “Por eso firmamos el Acuerdo de Escazú y lo radicamos ante el Congreso con mensaje de urgencia”, expresó.
Aunque muchos de los casos que se nombran en el informe no han sido esclarecidos por la justicia colombiana, la ONG los clasifica por posibles responsables de acuerdo con la información que organizaciones de derechos humanos les suministran.
Como lo explica a EL TIEMPO Ben Leather, investigador principal de Global Witness: “Hasta que no hayan investigaciones y sentencias por parte de los gobiernos, no sabremos en definitiva quién fue el perpetrador de los ataques. Sin embargo, es muy útil reportarlo, porque esto nos da una idea lo que ocurre en estas zonas”.
En el 2018, Colombia reportó 24 defensores asesinados, mientras que en el 2019 incrementó a 64. Entre las razones de esto, el informe hace un especial énfasis a la lenta aplicación de los acuerdos de paz, lo cual habría causado que muchos líderes hayan sido amenazados, desplazados y asesinados.
Además, expresan que las zonas de donde salieron las Farc y en las que se suponía el Estado tomaría el control, ahora están ocupadas por grupos armados. “Datos de Global Witness atribuyen un tercio de las muertes de personas defensoras en el 2019 a estos grupos”, dice el informe.
Por otro lado, también relacionan este aumento con la mala implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) del Gobierno Nacional. Razón por la que 14 de ellos, según la ONG, fueron asesinados porque apoyaban y promovían la sustitución de cultivos ilícitos.
14 líderes asesinados promovían el Pnis
“Hemos documentado casos de familias que no recibieron su dinero, pero sí recibieron amenazas de grupos criminales. Es gente que eligió entrar en un programa estatal, fundamental para cumplir con el proceso de paz, pero no están recibiendo el apoyo y protección que merecen”, agregó Leather.
Esto ha generado, según cuenta Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop y exalcalde de San José del Guaviare, temor entre líderes, porque están en la mira de quienes se oponen al Pnis y de quienes dejaron todo por un programa que nunca les cumplió.
“Detrás de esos señalamientos hay grupos armados, personas con intereses económicos e incluso sus propios vecinos”, afirmó Arenas. De ahí que, según cifras de la Corporación Viso Mutop, desde que inició el programa han asesinado a casi 100 personas que estaban inscritas o eran participantes directas o indirectas del Pnis.
¿Qué pasó con el Pnis?
De acuerdo con Hernando Londoño, director de Sustitución de Cultivos Ilícitos, hasta la fecha, de 99.097 familias inscritas, solo 1.792* cuentan con proyectos productivos; 5.680 tiene memorando de acuerdos, y 50.493 recibieron la cuota de 12’000.000 de pesos prometida.
Estas familias están en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Vichada.
Para cumplirle a todas las familias, Londoño asegura que el programa necesita cuatro billones de pesos. Hasta el momento, solo cuenta con 1,4 billones de pesos, de los cuales se han invertido 966.115 millones de pesos.
Este año le fueron asignados al programa 191.000 millones de pesos, de los cuales 150.000 millones provenían del impuesto al carbono.
Sin embargo, este Gobierno ha mencionado que el programa no es financieramente sostenible, por lo que han empezado a diseñar nuevos modelo de sustitución. ¿Quiere decir que, pese a que muchos líderes creyeron en este programa y en algunos casos fueron asesinados por eso, el Pnis se va a acabar?
De acuerdo con Londoño, van a cumplirle a las familias inscritas, sin embargo, de ahí en adelante van a seguir con nuevos modelo de sustitución sostenibles económicamente.
Panorama internacional
En general, el informe señala que más de dos tercios de los asesinatos tuvieron lugar en América Latina, la cual ha sido constantemente clasificada como el continente más afectado desde que Global Witness comenzó a publicar datos en el 2012. Así las cosas el informe evidencia que los cinco países más peligrosos para los ambientalistas, después de Colombia, son Filipinas, Brasil, México y Honduras.
Además del caso de Colombia, el de Honduras también llama la atención de organismos internacionales, ya que los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018 a 14 el año pasado, lo que lo convierte en el país per cápita más peligroso en 2019.
Los pueblos indígenas están en mayor riesgo de sufrir represalias, dice Leather. El año pasado, el 40 por ciento de las víctimas pertenecía a comunidades indígenas, y entre 2015 y 2019 más de un tercio de los ataques letales fueron en contra de personas indígenas –a pesar de representar solo el 5 por ciento de la población mundial–
Son una barrera contra la crisis climática
Más allá de perder a un defensor de pequeñas comunidades en el mundo, la ONG Global Witness advierte que están en riesgo los hombres y mujeres que nos ayudan a contrarrestar la crisis climática.
«La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales del conflicto y, al talar bosques y emitir dióxido de carbono, también son los sectores que nos empujan aún más hacia el cambio climático», dice el informe.
Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la agricultura, la silvicultura y otros tipos de uso de la tierra representan el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente desempeñan un rol vital en la protección de los bosques y ecosistemas críticos para la preservación climática. Investigaciones recientes demuestran que las comunidades indígenas y locales de todo el mundo están gestionando bosques que contienen un nivel de carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales actuales.
Al mismo tiempo, otros informes muestran claramente que las tierras gestionadas por indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación en comparación con las zonas de protección que excluyen a los pueblos indígenas.
El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también son víctimas de un porcentaje desproporcionado de los ataques documentados contra las personas defensoras. «Abordar estos problemas debería ser una prioridad en los esfuerzos mundiales para hacer frente a la crisis climática», dice el informe. En la edición impresa aparece por error 17. 792 proyectos productivos, pero son 1.792*.
Informe completo: «Defendiendo el mañana» (Global Witness)
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2020/07/Defending_Tomorrow_EN_low_res_-_July_2020.pdf»]Países amazónicos: 98 líderes ambientales fueron asesinados el 2019
Por Ralph Zapata
Los crímenes de líderes ambientales crecen en el mundo, y principalmente en la Amazonía sudamericana, donde el año pasado fueron asesinados 98 defensores ambientales, según el último informe de Global Witness. La organización internacional señala que en esta región que alberga el 18% de todos los bosques del planeta, el 40% de los homicidios fueron cometidos contra indígenas y que entre los principales móviles del crimen están los conflictos por la tierra y la minería e industrias extractivas.
El informe denominado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente” precisa que el 2019 se cometieron 212 crímenes en todo el mundo, la cifra anual más alta desde que la organización internacional comenzó a documentar esta situación, en 2012. Del total de crímenes contra los líderes ambientales el año pasado, casi la mitad (98) se registraron en la Amazonía.
Colombia es el país de las regiones amazónicas que encabeza la lista de asesinatos, con 64 muertes, seguida de Brasil con 24, Venezuela con 8, y Perú y Bolivia con un caso cada uno. El informe señala que en el caso de Colombia el aumento de las muertes corresponde a que el Acuerdo de Paz del 2016 no se ha cumplido, y que grupos de crimen organizado y paramilitares han ocupado las áreas anteriormente controladas por las FARC.
Entre los móviles de los asesinatos destacan que más de la mitad de ellos se vinculan a conflictos por la tierra, que incluye enfrentamientos por terrenos agrícolas, oposición a la reconversión de cultivos de coca en Colombia, entre otros. La segunda causa corresponde a minería e industrias extractivas, y una tercera a explotación forestal.
Según las estadísticas de Global Witness, los pueblos indígenas son el sector más vulnerable a los ataques de violencia. “El año pasado, el 40% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a comunidades indígenas y, entre 2015 y 2019, más de un tercio de todos los ataques fatales han sido contra pueblos indígenas, a pesar de que las comunidades representan solo el 5% de la población mundial. Son una de las comunidades en mayor riesgo ”, señala el documento.
Territorio desprotegido
La Amazonía, que tiene 7.4 millones de kilómetros cuadrados de bosques, se ha convertido en el área donde se registra el número má alto de crímenes ambientales de todo el mundo. “Esto se explica porque cada vez las empresas necesitan encontrar nuevos territorios para explotar minerales, agua, árboles y convertirlos en productos de alto consumo que demanda el mundo. La Amazonía tiene muchos recursos naturales y es apetecible para las empresas”, declaró a OjoPúblico Ben Leather, de Global Witness.
En este contexto, Leather agregó que es una contradicción que los gobiernos firmen acuerdos para proteger la Amazonía y combatir la crisis climática actual, pero al mismo tiempo no salvaguarden a las comunidades indígenas que ancestralmente han defendido este territorio de invasores.
“Es una contradicción que no entendemos, porque si realmente existiera un compromiso de los gobiernos, entonces habría una defensa de los pueblos indígenas, se les consultaría ante proyectos de inversión, se les escucharía sus reclamos. Pero lo que vemos en Brasil, en Colombia, en Perú mismo, es que no hay una preocupación real de los gobiernos por respetar a las comunidades indígenas”, dijo.
En Colombia, por ejemplo, de las 64 personas asesinadas 30 de ellas eran indígenas; mientras que en Brasil 10 de los 24 defensores muertos eran indígenas.
“Entonces los casos que hemos documentado tienen que ver con indígenas desplazados que pretendían volver a sus territorios, pero que cuando llegaron sus tierras habían sido ocupadas por grupos violentos, que sembraban coca, a los que se enfrentaron. Por esa defensa del territorio muchos de ellos fueron asesinados”, dijo Leather.
Entre las preocupaciones que resaltan en el informe de Global Witness figuran la impunidad y ausencia de condenas a los asesinos. “En una cultura de impunidad generalizada, los perpetradores pueden confiar en la posibilidad de escaparse de la justicia. Se estima que el 89% de los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos no terminan en una condena”, dice el documento.
Situación en Perú
El informe de Global Witness advierte que las cifras que recogen es solo la parte visible del problema, pues hay un subregistro debido a la poca accesibilidad a los datos en algunos países. “Nuestros datos sobre asesinatos nunca captarán con precisión la verdadera dimensión del problema. La situación a la que se enfrentan las personas defensoras es difícil de medir en algunos países: las restricciones a la libertad de prensa, así como la ausencia de registros gubernamentales y de la sociedad civil sobre los abusos documentados pueden dar lugar a un subregistro”, señala.
En Perú se ha consignado solo el caso de Cristian Java Ríos, asesinado por disparos de bala el año pasado en Urarinas, Loreto. Sin embargo, el año pasado también fue asesinado el defensor ambiental y presidente del Frente de Defensa de la Comunidad Campesina San Sebastián (Ayabaca, Piura), Wilbelder Ángel Vegas Torres, un líder opositor a la minería ilegal en la zona.
Sobre la situación en Perú, Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo a OjoPúblico lo que más le preocupa es que en la primera mitad de este año hayan ocurrido dos asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía: Arbildo Meléndez, en Huánuco; y Gonzalo Pío Flores, en Junín. “El Ministerio de Justicia va a implementar el registro de ataques a los defensores ambientales, y estamos pidiendo que incluyan a las empresas involucradas (que operan en la zona) también”, dijo.
En Perú, como OjoPúblico ha documentado en varios reportajes, los delitos ambientales no se han detenido ni siquiera durante la pandemia. La minería ilegal, el tráfico de madera y el narcotráfico han continuado operando. .
En el caso de Arbildo Meléndez, asesinado en abril de este año durante la pandemia, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puerto Inca dictó comparecencia restringida y no prisión preventiva contra Redy Ibarra Córdova, quien confesó haberlo disparado porque dijo que lo confundió con un animal en el bosque. Arbildo Meléndez había solicitado garantías para su vida un mes antes de su muerte, en marzo de este año.
El apu cacataibo Arbildo Meléndez había emprendido desde hace varios años una campaña para titular las tierras de su comunidad Unipacuyacu, y por ese motivo había sido amenazado de muerte por invasores. Los miembros de su comunidad esperan que el caso no quede impune y que se sancione a los responsables de la muerte de su líder.
El otro asesinato ocurrido este año fue el de Gonzalo Pío Flores, indígena asháninka hijo del fundador de la comunidad Nuevo Amanecer Hawái, ubicada en la frontera de Pasco, Ucayali y Junín. Las autoridades dijeron que la localidad había recibido amenazas y tenía conflictos con traficantes de tierras dedicados a la extracción forestal.
La falta de sanciones contra los responsables de los asesinatos de los líderes ambientales es una de las mayores preocupaciones de Ben Leather, quien dijo que esa impunidad se está convirtiendo en una carta abierta para que los asesinos actúen sin miedo y cada vez con más ferocidad. “Hay luz verde para atacar a los defensores, y eso es grave, por eso hemos hecho un llamado a los gobiernos a llevar ante la justicia a los responsables de ordenar o ejecutar cualquier amenaza o ataque contra una persona defensora de la tierra o del medio ambiente”, comentó Leather.
