La CIDH expresa preocupación por el continuo asesinato de líderes sociales en Colombia

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COMUNICADO | CIDH expresa su preocupación por asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales durante el primer semestre del año en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por el sostenido número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registrados durante el primer semestre año en Colombia y reitera su llamado al Estado para reforzar todas las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de quienes defienden derechos humanos en el país, así como conducir investigaciones diligentes considerando como móvil de estos hechos la actividad de defensa de las víctimas.

Durante los primeros seis meses del año, la CIDH continuó recibiendo información preocupante sobre un elevado número asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. De acuerdo con la OACNUDH en Colombia entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 se registraron 45 asesinatos de personas que ejercían actividades de defensa de derechos humanos en el territorio y 36 casos más estarían en proceso de verificación. Por su parte, el Estado registró el asesinato de 37 personas defensoras durante el primer semestre del presente año. La Comisión nota que la cifra de asesinatos registrados por organizaciones de la sociedad civil en Colombia podría ser mayores.

Durante el mes de marzo, la CIDH a través de su Comunicado de Prensa No. 62/2020 ya había expresado su preocupación ante el alarmante número de asesinatos de personas defensoras que se habría registrado durante los primeros tres meses del año. Destacó que, de acuerdo con información pública, entre enero y marzo del presente año por lo menos 24 personas defensoras de derechos humanos habrían sido asesinadas en diversos departamentos del país. Al respecto, la Comisión observa que de verificarse la totalidad de los casos presentados durante el segundo trimestre, estos representarían casi el doble de personas defensoras que perdieron la vida en comparación con los primeros tres meses del año.

La CIDH observa que la mayoría de los asesinatos ocurridos durante este semestre se han registrado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Huila, Norte de Santander, Córdoba, Nariño y Putumayo, territorios que de manera histórica se vieron afectados por el conflicto armado y que el Estado ha identificado como “Zonas de Riesgo”. El Estado coincide con esta información e identifica asimismo los departamentos de Valle de Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Arauca y Chocó como zonas de riesgo para ejercer la defensa de los derechos humanos.

Asimismo, la Comisión observa que aquellas personas que ejercen algún tipo de liderazgo comunal, como por ejemplo ser integrante de la Junta de Acción Comunal (JAC) de su comunidad y aquéllos que tienen representación de un liderazgo indígena o afrodescendiente serían quienes forman parte del mayor porcentaje del total de casos registrados durante el periodo temporal analizado. De igual forma, los liderazgos campesinos, en particular quienes integran el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), también representan un número importante de los asesinatos.

En este segundo trimestre la Comisión conoció, por ejemplo, sobre el asesinato del líder social y beneficiario del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), Edier Adán Lopera ocurrido el 15 de junio en el municipio de Tarazá, Antioquia. De acuerdo con información pública, presuntos grupos armados ilegales habrían impedido a las autoridades y a familiares del señor Lopera el levantamiento del cadáver. El cuerpo habría sido recuperado por las autoridades hasta el 24 de junio, nueve días después de su asesinato.

Asimismo, durante el mes de junio, la CIDH tuvo conocimiento sobre el asesinato del líder social LGBTI Mateo López; en el mes de mayo, sobre los asesinatos del líder comunal Carlos Andrés Sánchez Villa, el defensor ambiental Jorge Enrique Oramas, la lideresa social Olga Lucía Herández, el líder social Manuel Marriaga Martínez, el líder comunal Saúl Rojas González, el líder social Edwin Acosta Ochoa, el líder indígena Joel Villamizar y el líder comunal Hermes Loaiza. Durante el mes de abril, la Comisión fue informada sobre los asesinatos del líder sindical Hamilton Gasca Ortega, el líder LGBTI Jhon Jairo Beltrán, el líder social Teodomiro Sotelo Ancona, el líder campesino Mario Chilhueso Cruz, el líder social Hugo de Jesús Giraldo López y el líder comunal Álvaro Narváez. La CIDH expresa su profunda condena y rechazo por cada uno de estos casos, así como por todos los demás casos que han sido registrados durante el tiempo que comprende este comunicado.

La Comisión reitera su llamado al Estado colombiano para investigar estos delitos de forma exhaustiva, seria e imparcial a fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales considerando como hipótesis del móvil de los delitos la actividad de defensa de derechos humanos que las víctimas ejercían en sus comunidades. En particular, el Estado debe procurar la incorporación de un enfoque diferenciado étnico-racial y de género en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes. Al respecto, la CIDH observa los esfuerzos desplegados por el Estado colombiano para avanzar en las investigaciones sobre estos hechos. En particular, la Comisión tiene conocimiento sobre la implementación de la “Estrategia de Investigación y Judicialización de Delitos contra Defensores de Derechos Humanos” con la cual, según información del Estado, durante el primer trimestre del año habría un esclarecimiento del 56% en los casos ante la Fiscalía General de la Nación. La Comisión urge al Estado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la impunidad de estos delitos y recuerda que la impunidad es una de las causas que posibilita la continuidad de la violencia contra estos colectivos.

Por otra parte, el contexto actual generado por la pandemia del COVID-19 ha evidenciado la vulnerabilidad y riesgos permanentes a los que se encuentran sujetas las personas defensoras de derechos humanos por parte de grupos armados ilegales quienes estarían aprovechando la pandemia para reforzar su presencia en el territorio a través del asesinato de líderes y lideresas sociales en diversas regiones del país. Efectivamente, preocupa a la CIDH que muchos de los asesinatos registrados habrían ocurrido mientras las víctimas cumplían con las medidas de aislamiento decretadas por el Estado para hacer frente a la pandemia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia indicó a través de su Alerta Temprana 18-20 la afectación que la violencia de los grupos armados ilegales bajo el contexto de la pandemia ha tenido en el desarrollo de sus actividades de defensa. El Estado ha coincidido con esta información.

La Comisión recuerda al Estado colombiano la obligación de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos cuando se encuentran en una situación de riesgo, incluso cuando este riesgo deriva de la acción de un agente no estatal. Esta obligación adquiere particular relevancia en el contexto de propagación de la pandemia del COVID-19, especialmente cuando las personas defensoras se encuentran en una situación de mayor riesgo en virtud de las medidas de excepción que limitan, entre otros, la libertad de circulación. Asimismo, la CIDH recuerda al Estado el deber de investigar con celeridad y diligencia los asesinatos ocurridos en este contexto.

La Comisión reconoce la importancia que los liderazgos sociales han representado en la promoción de la plena vigencia de los derechos humanos, así como de la paz y fin del conflicto armado en Colombia. Bajo la coyuntura actual, líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos se han erguido como una base fundamental en la implementación del Acuerdo Final para la Paz. A pesar de ello, la violencia contra estos colectivos se ha mantenido en el tiempo.

La CIDH recuerda que la labor realizada por defensoras y defensores sólo puede ser ejercida libremente cuando estos colectivos no son víctimas de amenazas, ni de cualquier tipo de agresión física, psíquica u otros actos de hostigamiento. Ante esta persistencia de la violencia, es prioritario que el Estado colombiano adopte medidas urgentes para reforzar los sistemas dirigidos a la prevención de la violencia y protección de estos colectivos, así como continuar avanzando con la debida diligencia las investigaciones de delitos cometidos en su contra.

La Comisión nota los esfuerzos desplegados por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para hacer frente a los riesgos enfrentados por estos colectivos. Según información estatal, hasta el 30 de junio del presente año, el 68% de beneficiarias y beneficiarios de medidas de protección proporcionadas por la UNP, es decir, 4.985 personas, serían defensoras y defensores de derechos humanos bajo protección. El Estado debe asegurarse que la implementación de estas medidas se haga de manera pronta, en concertación con las personas beneficiarias y procurar la aplicación de enfoques diferenciados que tomen en cuenta sus condiciones particulares. Asimismo, el Estado debe asegurar que la protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sea abordada desde una perspectiva integral y coordinada sobre las fuentes de riesgo, con el objetivo de abordar tanto el riesgo individual como las situaciones de tipo estructural.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

OAS


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Líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*

Nombre Fecha Municipio Departamento Calidad
1 CARLOS ANDRES CARDONA RUIZ 02/01/2020 ITUANGO ANTIOQUIA SINDICAL
2 JOHN EDINSON OCAMPO 04/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
3 FERNEY ESTIVEN CARMONA 05/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
4 RUBEN DARÍO CARMONA 05/01/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
5 ANUAR ROJAS ISARAMÁ 05/01/2020 NUQUI CHOCO INDÍGENA
6 GLORIA ISABEL OCAMPO 07/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
7 VIRGINIA SILVA 07/01/2020 PAEZ CAUCA INDÍGENA
8 OSCAR QUINTERO VALENCIA 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
9 GENTIL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
10 EMILIO CAMPAÑA 08/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
11 MIREYA HERNÁNDEZ GUEVARA 08/01/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
12 HENRY WILSON CUELLO VILLAREAL 10/01/2020 CHIRIGUANA CESAR COMUNAL
13 SERGIO NARVÁEZ TAPIAS 10/01/2020 TURBO ANTIOQUIA CIVICO
14 NELSON ENRIQUE MENESES QUILES 10/01/2020 INZA CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
15 AMPARO GUEJIA MESTIZO 10/01/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
16 JUAN PABLO DICUE GUEJIA 10/01/2020 CALOTO CAUCA INDÍGENA
17 TULIO CESAR SANDOVAL CHIA 10/01/2020 TIBU NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL – PNIS
18 JHON FREDDY ÁLVAREZ 11/01/2020 ALGECIRAS HUILA CAMPESINO – COMUNAL
19 JORGE LUIS BETANCOURT ORTEGA 13/01/2020 MONTELIBANO – PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CAMPESINO
20 JAIBER ALEXANDER QUITUMBO ASCUE 14/01/2020 TORIBIO  CAUCA INDIGENA
21 SAMUEL FEDERICO PEÑALOSA 16/01/2020 NOVITA CHOCO CAMPESINO – COMUNAL
22 NEIVAN YORDAN TOBAR 16/01/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
23 EDISON IPIA RIVERA 17/01/2020 MIRANDA CAUCA INDÍGENA
24 WILMAR ALEXANDER SAN PEDRO POSADA 17/01/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – PNIS
25 CARLOS ANDRÉS CHAVARRIA POSADA 17/01/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – PNIS
26 LUIS DARIO RODRIGUEZ NARVAEZ 17/01/2020 TIERRA ALTA CORDOBA CAMPESINO – COMUNAL
27 HERNANDO HERRERA 21/01/2020 SONZON ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
28 MODESTO VEGA TORREGROSA 25/01/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
29 JOSÉ ANTONIO RIASCOS 25/01/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
30 JOHN ALEXANDER ULCUE MESA 25/01/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
31 FERNANDO QUINTERO MENA 26/01/2020 CONVENCION  NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL
32 BAYRON RUEDA RUÍZ 29/01/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
33 JHONATAN BORJA PÉREZ  30/01/2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CIVICO
34 IVÁN GIRALDO FUQUEME 30/01/2020 PALMIRA VALLE DEL CAUCA CIVICO
35 SEGUNDO MARTIN GIRÓN ZAMBRANO 01/02/2020 TUMACO NARIÑO AFRODESCENDIENTE
36  JAVIER GIRÓN TRIVIÑO 02/02/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDIGENA
37 FELIPE BASTO MOSQUERA 02/02/2020 MIRANDA CAUCA INDÍGENA
38 JOHAN SEBASTIÁN MUÑOZ RESTREPO 03/02/2020 REMEDIOS ANTIOQUIA MINERO
39 LIBARDO ARCINIEGAS 04/02/2020 COCUY  BOYACA CAMPESINO – COMUNAL
40 ELIECER GAÑAN 04/02/2020 SUPIA CALDAS INDIGENA
41 FELIPE DEIGOBER GAÑAN 04/02/2020 SUPIA CALDAS INDIGENA
42 FREIMAN SALAZAR 05/02/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
43 YAMITH ALONSO SILVA TORRES 06/02/2020 COCUY  BOYACA CAMPESINO – COMUNAL
44 EFREN DE JESUS PABON  08/02/2020 TIBU NORTE DE SANTANDER CAMPESINO – COMUNAL – PNIS
45 SANDRA MAYERLY BAQUERO 08/02/2020 ARAUCA ARAUCA SINDICAL
46 RAFAEL MANOTAS 09/02/2020 PUEBLO NUEVO CORDOBA COMUNAL
47 FELIPE ANGUCHO YUNDA 09/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
48 ISMAEL ANGUCHO YUNDA 09/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
49 MIGUEL ANGEL CASTELLANOS MARIN 08/02/2020 MEDELLIN ANTIOQUIA CIVICO
50 JAIME TOSCANO FERNANDEZ 10/02/2020 SAN JOSE DE URE CORDOBA CAMPESINO – PNIS
51 JEOVANNY ALIRIO OLIVEROS MAYORGA  11/02/2020 CUNDAY TOLIMA CIVICO
52 WILSON MESA 11/02/2020 TORIBIO  CAUCA INDIGENA
53 LUIS ALBERTO PARRA LOZADA 12/02/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
54 JADER ALBERTO PARRA 12/02/2020 PUERTO GUZMAN PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
55 PEDRO YUNDA 12/02/2020 BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA INDIGENA
56 EMILIO DAUQUI 15/02/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
57 FLORENTINO YOSANDO MESTIZO 16/02/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
58 ALBEIRO SILVA MOSQUERA 17/02/2020 MIRANDA CAUCA INDIGENA
59 LUIS HUGO SILVA MOSQUERA 17/02/2020 MIRANDA CAUCA INDIGENA
60 MIGUEL ANGEL MARIN ARANGO 17/02/2020 MEDELLIN ANTIOQUIA CIVICO
61 JORGE HUMBERTO ALPALA 18/02/2020 CUMBAL NARIÑO INDIGENA
62 CRISTOBAL ANAYA GONZALEZ 20/02/2020 LEBRIJA SANTANDER CIVICO
63 LUIS MARIO TALAGA WALLIS 20/02/2020 PUERTO TEJADA CAUCA AFRODESCENDIENTE
64 YURI ALEXANDRA ORTIZ MORENO 21/02/2020 SEGOVIA ANTIOQUIA CIVICO
65 MARCO TULIO CHOCUE 23/02/2020 CORINTO CAUCA INDIGENA
66 DIDIAN ARLEY AGUDELO 29/02/2020 CAMPAMENTO ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
67 AMADO TORRES 29/02/2020 SAN JOSE DE APARTADO ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
68 JULIO GUTIERREZ AVILES 02/03/2020 CAMPOALEGRE HUILA CAMPESINO – COMUNAL
69 ARLEY HERNÁN CHALÁ 04/03/2020 CALI VALLE DEL CAUCA SINDICAL
70 WILLIAM RAMIRO MONTOYA GARCIA 03/03/2020 TARAZA ANTIOQUIA CAMPESINO – COMUNAL
71 JORGE MACANA  07/03/2020 EL TAMBO CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
72 DARWIN ANDREY VITONCO JEMBUEL 07/03/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA
73 LUZ ENEIDA IPIA CHOCUE 08/03/2020 BUENOS AIRES CAUCA INDIGENA
74 CRISTIAN ADRIAN ANGULO 08/03/2020 CALI VALLE DEL CAUCA CIVICO
75 ALEXIS VERGARA 10/03/2020 PUERTO TEJADA CAUCA SINDICAL
76 HUMBERTO GUZMAN MORALES 11/03/2020 ALGECIRAS HUILA CIVICO
77 ILARIO MECHA PEDROZA 15/03/2020 BOGOTA DC BOGOTA DC INDIGENA
78 LAUREANO ALBERTO TRÓCHEZ MENZA 15/03/2020 CALOTO CAUCA INDIGENA
79  YILBER ANDRES YATACUÉ MÉNDEZ 15/03/2020 TORIBIO  CAUCA INDIGENA
80 LUIS ALBERTO YULE 16/03/2020 EL TAMBO CAUCA INDÍGENA
81 IVO HUMBERTO BRACAMONTE QUIROZ 19/03/2020 PUERTO SANTANDER SANTANDER CIVICO
82 MARCO LEOPOLDO RIVADENEIRA 19/03/2020 PUERTO ASIS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL
83 ANGEL OVIDIO QUINTERO GONZALEZ 19/03/2020 SAN FRANCISCO ANTIOQUIA MINERO
84 OMAR GUASIRUMA NACABERA 23/03/2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA INDIGENA
85 ERNESTO GUASIRUMA NACABERA 23/03/2020 BOLIVAR VALLE DEL CAUCA INDIGENA
86 CARLOTA ISABEL SALINAS 24/03/2020 SAN PABLO BOLIVAR CAMPESINO
87 WILDER GARCIA  26/03/2020 BARBACOAS  NARIÑO INDIGENA
88 ALEJANDRO CARVAJAL 26/03/2020 SARDINATA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO
89 LUIS SOTO 27/03/2020 PUERTO LIBERTADOR CORDOBA CIVICO
90 MARLLY FERNANDA QUINA CAMPO 27/03/2020 TOTORO CAUCA INDIGENA
91 HAMILTON GASCA ORTEGA 04/04/2020 PIAMONTE CAUCA CAMPESINO
92 JAIRO BELTRAN BECERRA 15/04/2020 BOGOTA DC BOGOTA DC CIVICO
93 TEODOMIRO SOTELO ANACONA 17/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
94 ANDRES CANSIMANCE BURBANO 18/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
95 MARIO CHILHUESO CRUZ 19/04/2020 BUENOS AIRES CAUCA CAMPESINO
96 GILDARDO ACHICUÉ 19/04/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA
97 JESÚS ALBEIRO RIASCOS 22/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
98 SABINO ANGULO 22/04/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
99 ÁNGEL ARTEMIO NASTACUAS VILLARREAL 22/04/2020 TUMACO NARIÑO INDIGENA
100 HUGO DE JESÚS GIRALDO LÓPEZ  22/04/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA CAMPESINO
101 ALEJANDRO LLINÁS SUÁREZ 24/04/2020 SANTA MARTA MAGDALENA CAMPESINO
102 FLORO SAMBONI GOMEZ 24/04/2020 ALMAGUER CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
103 JAIRO DE JESUS JIMENEZ 28/04/2020 ABEJORRAL ANTIOQUIA SINDICAL
104 ALVARO NARVAEZ DAZA 29/04/2020 MERCADERES CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
105 WENCESALAO GUERRERO 30/04/2020 MERCADERES CAUCA CAMPESINO – COMUNAL
106 JOHNIS ELIAN JIMENEZ 30/04/2020 CACERES ANTIOQUIA INDIGENA
107 CARLOS ANDRES SANCHEZ VILLA 05/05/2020 TIBÚ NORTE DE SANTANDER COMUNAL
108 DEIRO ALEXANDER PÉREZ BISBICÚS 06/05/2020 BARBACOAS NARIÑO INDIGENA
109 EDUARDO MEDINA 07/05/2020 SUAREZ CAUCA INDÍGENA
110 TEYLOR CRUZ GIL 13/05/2020 CACERES ANTIOQUIA COMUNAL
111 JULIO CESAR HERNÁNDEZ 13/05/2020 TARAZÁ ANTIOQUIA CAMPESINO
112 HENRY JULIÁN BLANCO OROZCO 14/05/2020 BARRANQUILLA ATLANTICO CAMPESINO
113 JAVIER GARCIA GUAGUARABE 15/05/2020 CARTAGO VALLE DEL CAUCA INDIGENA
114 JORGE ENRIQUE ORAMAS 16/05/2020 CALI VALLE DEL CAUCA CAMPESINO AMBIENTALISTA
115 FREDDY ANGARITA MARTINEZ 16/05/2020 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER COMUNAL
116 EMERITO DIGNO BUENDÍA MARTÍNEZ 18/05/2020 CÚCUTA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO COMUNAL
117 ALIRIO GUSTAVO GARCÍA 18/05/2020 RICAURTE NARIÑO INDÍGENA
118 ARAMIS ARENAS BAYONA 19/05/2020 BECERRIL CESAR COMUNAL
119 ORIOLFO SANCHEZ 20/05/2020 ANORÍ ANTIOQUIA CAMPESINO
120 OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ 21/05/2020 CUMARIBO VICHADA COMUNAL
121 CRISTIAN CONDA 23/05/2020 CALOTO CAUCA INDÍGENA
122 MANUEL GUILLERMO MARRIAGA MARTÍNEZ 23/05/2020 SAN JOSÉ DE URÉ CÓRDOBA CÍVICO
123 EDINSON SALAZAR CHICO 23/05/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDÍGENA
124 SAUL ROJAS GONZALEZ 25/05/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
125 EDWIN COSTA OCHOA 26/05/2020 TIQUISIO BOLIVAR LIDER SOCIAL – MINERO
126 CARLOS MONROY 27/05/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
127 MARIA NELLY CUETIA DAGUA 29/05/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
128 PEDRO ANGEL MARÍA TROCHEZ 29/05/2020 CORINTO CAUCA INDÍGENA
129 JOEL VILLAMIZAR 31/05/2020 CHITAGÁ NORTE DE SANTANDER INDÍGENA
130 HERNANDO ENRIQUE TERÁN CABANA 31/05/2020 EL RETÉN MAGDALENA CÍVICO
131 HERMES LOAIZA 01/06/2020 FLORIDA VALLE COMUNAL
132 ARCANGEL PANTOJA 01/06/2020 PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA CAMPESINO
133 OMAR AGUDELO 01/06/2020 PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA CAMPESINO
134 JULIO HUMBERTO MORENO ARCE 03/06/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA CAMPESINO
135 DIEGO ALEJANDRO NÚÑEZ 03/06/2020 PUERTO ASÍS PUTUMAYO CAMPESINO – COMUNAL – PNIS
136 GUILLERMO JOJOA JAMIOY 04/06/2020 VALLE DEL GUAMUÉZ PUTUMAYO INDÍGENA
137 OSCAR DICTO DOMICÓ DOMICÓ 04/06/2020 TIERRALTA CÓRDOBA INDÍGENA
138 EDINSON LEON PEREZ 08/06/2020 SAN MIGUEL PUTUMAYO CAMPESINO COMUNAL
139 PIRANGELLY HUGUETH ENRÍQUEZ 08/06/2020 CIÉNAGA MAGDALENA CIVICO
140 LEIDER BERNABE CAMPO CAMAYO 12/06/2020 MORALES CAUCA INDÍGENA
141 JESÚS ANTONIO RIVERA 13/06/2020 TORIBÍO CAUCA INDÍGENA
142 EDIER LOPERA 15/06/2020 TARAZÁ ANTIOQUIA CAMPESINO
141 JORGE MANUEL ORTÍZ 16/06/2020 BARRANCO DE LOBA BOLÍVAR CÍVICO
144 JOSE ERNESTO CORDOBA 16/06/2020 SAMANIEGO NARIÑO CÍVICO
145 HERNANDO RODIGUEZ 16/06/2020 SAMANIEGO NARIÑO SINDICAL
146 GRACELIO MICOLTA MANCILLA 17/06/2020 GUAPI CAUCA AFRODESCENDIENTE
147 CARMEN ANGEL ANGARITA 23/06/2020 CONVENCIÓN NORTE DE SANTANDER COMUNAL
148 JAVIER URAGAMA CHAMORRO 25/06/2020 BAJO BAUDÓ CHOCÓ INDÍGENA
149 DUVAN ALDANA 26/06/2020 SOACHA CUNDINAMARCA CÍVICO
150 OVIDIO BAENA 27/06/2020 MACAYEPO BOLÍVAR SINDICAL
151 SALVADOR JAIME DURÁN 27/06/2020 TEORAMA NORTE DE SANTANDER CAMPESINO
152 YOANNY YEFFER VANEGAS 27/06/2020 SAN JOSE DEL GUAVIARE GUAVIARE CAMPESINO
153 ROSALBINA BECOCHE YANDI 27/06/2020 MORALES CAUCA CAMPESINA
154 ANTONIO CUERO 27/06/2020 MORALES CAUCA CAMPESINO
155 EDGAR HERNEY GUEJIA DIZU 27/06/2020 FLORENCIA CAQUETÁ CAMPESINO
156 LUIS JUVENCIO GÓMEZ 29/06/2020 PASTO NARIÑO SINDICAL
157 SEGUNDO AGUSTÍN IMBACHÍ 29/06/2020 EL TAMBO CAUCA CAMPESINO
158 EDUCARDO ALEMEZA PAPAMIJA 03/07/2020 PUERTO ASÍS PUTUMAYO CAMPESINO
159 RUBILIO PAPELITO LIMÓN 04/07/2020 BAJO BAUDÓ CHOCÓ INDÍGENA
160 MATEO LÓPEZ MEJÍA 04/07/2020 CIRCASIA QUINDÍO LGBTI
161 GENTIL PASOS LIZCANO 05/07/2020 ALGECIRAS HUILA COMUNAL
162 POLA DEL CARMEN MENA 05/07/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
163 ARMANDO SUAREZ RODRÍGUEZ 05/07/2020 EL TAMBO CAUCA AFRODESCENDIENTE
164 RODRIGO SALAZAR 09/07/2020 TUMACO NARIÑO INDÍGENA
165 FLORENTINO TOCONÁS MENSA 09/07/2020 SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA INDÍGENA
166 WILSON EDUARDO BAICUE QUIGUANAS 11/07/2020 PUERTO CAICEDO PUTUMAYO INDÍGENA
167 MAURICIO SANDOVAL 14/07/2020 BARAYA HUILA CAMPESINO
168 SIGIFREDO GUTIERREZ 17/07/2020 MORALES CAUCA COMUNAL
169 ERNESTO AGUILAR BARRERAS 18/07/2020 TIBÚ NORTE DE SANTANDER CAMPESINO
170 AURELIANO ÁCALO PILCUÉ 18/07/2020 CALDONO CAUCA INDÍGENA
171 JOSÉ OLIVER MAYA GOYES 20/07/2020 VILLAGARZÓN PUTUMAYO INDÍGENA

Familiares o relacionados con Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos asesinados en 2020*

Nombre Fecha Municipio Departamento Parentesco o relación con el líder
1 CRISTIAN DAVID CAICEDO 03/01/2020 GUAPI CAUCA HIJO
2 KEVIN JOHAN GASCA ARROYO 04/04/2020 PIAMONTE CAUCA HIJO
3 ROBER GASCA ARROYO 04/04/2020 PIAMONTE CAUCA HIJO
4 MARIA DELIA DAZA RODIRGUEZ 29/04/2020 MERCADERES CAUCA ESPOSA
5 CRISTIAN NARVAEZ DAZA 29/04/2020 MERCADERES CAUCA HIJO
6 JENNY KATERINE LOPEZ NARVAEZ 29/04/2020 MERCADERES CAUCA NIETA
7 DANIEL STEVEN MEDINA 9/07/2020 TORIBÍO CAUCA HIJO

Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados/as en 2020

1 Benjamín Banguera González 1 de enero Guapi Cauca
2 Carlos Andrés Ricaurte 11 de enero Finlandia Quindío
3 Gerson Moises Morales 11 de enero Finlandia Quindío
4 Crescencio Santos 12 de enero Quibdó Chocó
5 Hober Arias Giraldo 15 de enero Dabeiba Antioquia
6 Duver Esneider Solano 22 de enero Mesetas Meta
7 Jhon Freddy Vargas Rojas 25 de enero Pitalito Huila
8 Cesar Dario Herrera Gomez 24 de enero Ituango Antioquia
9 Rafaél Zapata 14 de febrero San Juan de Arama Meta
10 Daniel Jiménez Ospina 16 de febrero Puerto Guzmán Putumayo
11 Wiston Antonio Moreno 21 de febrero Quibdó Chocó
12 Esder Pineda Peña 21 de febrero Algeciras Huila
13 José Elias Peralta 21 de febrero Puerto Asís Putumayo
14 Holman Antonio Montes 27 de febrero San Vicente del Caguán Caquetá
15 Astrid Conde 5 de marzo Bogotá D.C Bogotá D.C
16 Edwin de Jesús Carrascal 10 de marzo Coloso Sucre
17 Bella Esther Carrillo 17 de marzo La Macarena Meta
18 Alveiro Antonio Gallego 21 de marzo La Macarena Meta
19 José Isidro Cuesta Ricas 29 de marzo Jiguamiandó Chocó
20 Juan Carlos Castillo Certijama 30 de marzo Puerto Asís Putumayo
21 Carlos Alberto Castaño 3 de abril Planadas Tolima
22 Jhon Jairo Londoño Bedoya 15 de abril La Uribe Meta
23 Rigoberto García 17 de abril Urrao Antioquia
24 Wilder Daniel Marin Alarcón 7 de mayo Bello Antioquia
25 Robert Hurtado Victoria 19 de mayo San Juan Chocó
26 Manuel Olaya Arias 27 de mayo Neiva Huila
27 Herney Betancourt 31 de mayo Campoalegre Huila
28 Mario Tellez Restrepo 14 de junio Tibú Norte de Santander
29 Angel Alberto Calderón 16 de junio Puerto Asís Putumayo
30 Yeffer Yoanny Venegas 27 de junio San José del Guaviare Guaviare
31 Raúl Liponce Perucho 28 de junio Puerto Leguízamo Putumayo
32 Jaime Rodrígo Díaz 29 de junio Pasto Nariño
33 Dorman Clever Canticus Díaz 2 de julio Cumbal Nariño
34 James Andrés Montaño 2 de julio San Miguel Putumayo
35 Fredy Fajardo Avila 11 de julio La Uribe Meta
36 José Antonio Rivera 13 de julio Pitalito Huila

Indepaz


Exguerrilleros le dicen a la JEP que sólo estarán a salvo si se implementa el Acuerdo de Paz

En una audiencia reservada, los reincorporados le explicaron a los magistrados de esta justicia cuáles han sido los incumplimientos y por qué eso afecta su seguridad. La Comisión Nacional de Garantías y el enfoque de género fueron temas prioritarios en la diligencia.

Parece una afirmación obvia o sencilla, pero está lejos de serlo. Los excombatientes de las extintas Farc, una vez más, aseguraron que su seguridad depende de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Pero esta vez se lo expresaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recientemente aceptó estudiar la posibilidad de decretar unas medidas cautelares que logren disminuir los asesinatos de los exguerrilleros, que a julio ya está en 219.

La audiencia virtual, de carácter reservada, fue realizada por la JEP para escuchar a los excombatientes que estaban en el antiguo Espacio Territorial de la Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, en Ituango (Antioquia), y que fueron obligados a desplazarse hasta Mutatá, principalmente, por cuestiones de seguridad. El espacio fue aprovechado para explicarles a los magistrados por qué creen que han aumentado la violencia y los riesgos en su contra.

El primero en tomar la palabra fue el exjefe guerrillero Pastor Alape, quien explicó las estadísticas de los homicidios. De acuerdo con Alape, un firmante de paz es asesinado cada semana. Desde que inició la pandemia, se han registrado 19 víctimas. “Es el Gobierno y las instituciones los responsables de este genocidio que empieza a configurarse contra los ciudadanos y ciudadanas que dejaron las armas para reconocer y asumir el régimen constitucional colombiano. Con incertidumbre y zozobra, nos preguntamos: ¿cuál será la cifra final de firmantes asesinados cuando culmine este proceso judicial?”, expresó ante el Tribunal de Paz.

Alape resaltó que la estigmatización es uno de los grandes problemas. A pesar de que recientemente se aprobó, en el marco del Consejo de Reincorporación, la estrategia para la prevención temprana y superación de la estigmatización dirigida a los exintergantes de la guerrilla, sus familias y la comunidad, no ha habido una buena implementación: “Resulta insuficiente, sin la existencia de voluntad política y el establecimiento de una política pública, restablecer una cultura de paz, la cual va más allá de la financiación y la puesta en marcha de la estrategia para fortalecer medidas”.

Mencionó que los señalamientos y la deslegitimación del Acuerdo Final de Paz, promovidos al interior de las instituciones que componen cada una de las ramas del poder públicos, y los enjuiciamientos permanentes a las Farc sobre un supuesto incumplimiento de sus compromisos son ejemplos claros y recurrentes de ello.

Otros excombatientes también tomaron la palabra. Aunque por seguridad no se revelaran sus nombres, estas personas le dijeron a los magistrados que existe una desconexión profunda entre el centro del país y las regiones, cuyas necesidades y propuestas son desconocidas. A eso hay que sumarle, según ellos, el abandono estatal y el incremento de la inseguridad en los territorios, debido a la falta de implementación de los acuerdos, en el que se pactó el desmonte de grupos paramilitares, a través del Sistema integral Para el Ejercicio Integral de la Política (Sisep).

“¿Qué queremos? Que se ordene el funcionamiento pleno del Sistema integral Para el Ejercicio Integral de la Política, dentro del cual hay una serie de instancias, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, programas de protección, el Sistema de Protección y Alerta para la Reacción Rápida”, afirmó uno de los exguerrilleros.

Con la puesta en marcha del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías “se esperaba avanzar en la consolidación de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, responsables de los hechos violentos contra miembros del movimiento político, incluyendo las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Por eso, en vocería de los reincorporados, le pidió a la JEP que dentro del trámite de las medidas cuatelares se llame Miguel Ceballos, alto comisionado para La Paz, “en razón de su designación como delegado presidencial en la instancia de alto nivel del Sisep”. Además, solicitaron con urgencia la elaboración y la puesta en marcha, cuanto antes, de los programas de protección.

Sobre su desplazamiento a Mutatá, los magistrados preguntaron si el municipio es seguro. Los exguerilleros respondieron que para ellos en este momento no existe un espacio seguro, pero, al menos, allí cuentan con el apoyo de la comunidad y las autoridades locales, que se han comprometido a protegerlos.

Los excombatientes presentes en la reunión calificaron la situación como “de extrema gravedad y urgencia” a pesar de las 56 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para esta región, y de las medidas de seguridad implementadas por la Unidad Nacional de Protección.

Las peticiones las respaldaron organizaciones de la sociedad civil. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señaló que “lamentablemente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no está funcionando, de acuerdo a lo que se necesita, es decir, definir y supervisar una política pública y criminal del desmantelamiento de organizaciones criminales”. Y no está funcionando, según Gallón, porque la Comisión no está discutiendo esa política: “Se reúne muy poco y ha realizado otras actividades que no van exactamente a esta dirección”.

Según el decreto que la reglamentó, se debe reunir cada mes y estar encabezada por el presidente de la república con ministros, comandantes de la policía y de las fuerzas militares, jefes de los organismos de control, funcionarios de la Fiscalía, miembros de la sociedad civil y delegados de organizaciones de derechos humanos. Pero hasta el momento solo se ha congregado tres veces: el 30 de enero de 2019, el 12 de agosto de 2019 y el 8 de enero de 2020.

“Esas reuniones, además, se han presentado algunos balances de las entidades del Estado relacionados con los avances de las investigaciones judiciales, de los homicidios. Pero ha sido ausente el carácter proyectivo, que permita abordar las 16 funciones que tiene la Comisión y proyectar mecanismos de respuestas a las situaciones de riesgos que han sido conocidas”, advirtió el jurista. Y cuando se convoca, no llegan todos los funcionarios y los que asisten tampoco tienen poder decisión.

El asunto no es nuevo. En varios medios de comunicación se ha expuesto el problema y, de hecho, añadió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), se han enviado numerosas comunicaciones al Gobierno Nacional. Incluso, el 12 de agosto del año pasado se presentó una propuesta de lineamientos de política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y en marzo de este año se entregó un plan de trabajo. La respuesta, manifestaron ambos representantes, ha sido el silencio.

“La Comisión solo ha trabajado en una de sus 16 funciones. Se han rendido cuentas particularmente del cuerpo élite de la Policía y unidades de investigación, pero eso no ha sido acompañado con un proceso de retroalimentación o que nos permita impulsar modificaciones o propuestas para que estos entes puedan mejorar en el desarrollo de sus funciones. O peor, en algunas de ellas el Estado ha decidido dar la espalda a la Comisión Nacional de Garantías. No se han brindado espacios para discutir propuestas”, insistió Castañeda.

La audiencia también tuvo un espacio para las violencias basadas en género. Una vocera de las excombatientes explicó que de los 130 compromisos que se relacionan con el enfoque de género del Acuerdo Final “el 46% no inicia su implementación, el 38% ha tenido un avance mínimo, el 10% solo tiene un avance intermedio y solo el 5% ha culminado su implementación”.

Ayer, puntualizó la exguerrillera, en el diseño y planeación de políticas, así como también programas y proyectos “no se consideran las experiencias diferenciadas ni las desigualdades históricas existentes entre hombres y mujeres. Y mucho menos se tienen en cuenta sus voces, necesidades, experiencias e intereses ni la población diversa”. Esto ha hecho que existan barreras que dificultan su acceso a derechos y oportunidades.

Aseguró, por ejemplo, que muchas mujeres han sido estigmatizadas por las comunidades por haberse ido a la insurgencia y “no cumplir con el rol tradicional de cuidadoras, madres y esposas, que la sociedad ha dispuesto para las mujeres históricamente”. Y ahora, en medio de la reincorporación han quedado “relegadas al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos e hijas”. Por eso consideran que están “más expuestas en violencias basadas en género al no tener independencia económica”.

También habló de la falta de acondicionamiento institucional para los procesos de reunificación familiar: “Las entidades han impedido el proceso bajo la lógica o el pretexto de afectar la seguridad jurídica de las exguerrilleras o campesinas, amenazando con arrancar investigaciones penales por el delito de abandono familiar y con la investigación a quienes fueron cuidadores, y para garantizar el acceso mínimo a derechos, hicieron los respectivos registros bajo el delito de falsedad en documento público”.

Después de las intervenciones de los exguerrilleros, llegó el turno de la Fiscalía General de la Nación. Su representante dijo que se están armonizando todos los trabajos, no solamente en la institucionalidad de resolver los casos, sino también de resolver la situación en los territorios. El ente investigador reconoció que en los territorios donde hay excombatientes también existe una fuerte presencia de estructuras criminales que están afectando a los reincorporados y los defensores de derechos humanos.

“Recordemos que en las estructuras criminales hay tres dimensiones: la militar, la política y la financiera. Uno de los objetivos que empezamos en 2020, precisamente con el fortalecimiento del fiscal Francisco Barbosa a la Unidad, es poder estratégicamente disminuir las riquezas de quienes se están haciendo más visibles de las estructuras criminales en los territorios. Es disminuirles la capacidad de dinero para poder parar su expansión o el fortalecimiento de la línea de lo militar, para que en algún momento se logre desarticularlas. Estamos atentos a las sugerencias de la JEP, que sabemos que está haciendo unos contextos que retomaremos para el punto de no repetición”, explicó la vocera.

Además, la Fiscalía afirmó que dentro de la entidad existen equipos exclusivos para atender las victimizaciones de los reincorporados y ahora está entrando a una segunda fase que llamaron sostenibilidad: “A partir de la caracterización de los criterios de una política de priorización podemos abarcar no solo lo que está pasando con los reincorporados, los defensores de derechos humanos a nivel comunitario y, al mismo tiempo, en contra de la población civil. En esa medida hemos construido los proyectos de investigación, en los cuales identificamos las organizaciones criminales responsables de estas afectaciones y buscamos en una tercera fase lograr la consolidación de la información”, y así atacar estos grupos.

El ente investigador, finalmente, presentó algunos datos que ofrecen un contexto detallado de la situación humanitaria de los integrantes del partido Farc. Indicó que en la región noroccidental se registraron 46 víctimas. De estas 36 son víctimas de homicidio; nueve de tentativa de homicidio y una de desaparición forzada. El 60,87% (28) de los casos se dio en Antioquia, el 34,78% (16) en Chocó, y el 2,17% (1) en Córdoba y Caldas.

Según las fuentes que asistieron a la audiencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoció su incapacidad para llegar a los territorios, sobre todo donde hay problemas de orden público, y brindarles esquemas a los exguerrilleros. Por eso la solución, desde el Gobierno, ha sido trasladar los antiguos ETCR a espacios más seguros, como sucedió con los integrantes del ETCR de Ituango.

Por su parte, la Procuraduría expresó que está haciendo un seguimiento juicioso de los hechos y, constantemente, advierte a las entidades que deben atender a la reincorporación para que se sigan cumpliendo los acuerdos y, a través de una pedagogía cotidiana, se reitere que no se ha abandonado el compromiso de parte del Estado.

Los magistrados, por el momento, seguirán recaudando más información. La próxima audiencia se celebrará, virtualmente, con los exguerrilleros del ETCR Mariana Páez, ubicado en Mesetas (Meta), el 12 de agosto. También se realizarán otras audiencias en los ETCR Carlos Patiño Caliche, en Buenos Aires (Cauca), y Geiler Mosquera, en Puerto Asís (Putumayo), pero hasta ahora no se han confirmado las fechas.

El Espectador


Proponen mesa de diálogo para la erradicación de cultivos ilícitos

Una mesa de diálogo con la participación de líderes campesinos, autoridades civiles, militares y eclesiásticas con el propósito de analizar el impacto social, económico y ambiental de la erradicación de cultivos ilícitos proponen los alcaldes de la zona del Catatumbo.

Los mandatarios de El Tarra, Hacarí, Tibú, Teorama, San Calixto, La Playa de Belén, y Sardinata, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad llegan hasta el municipio de Convención para analizar el documento emitido por el Ministerio de Defensa y proponen al gobierno central, la instalación de una mesa encaminada a concertar acciones para el territorio que permitan replantear el programa de erradicación, incluyendo una sustitución voluntaria y gradual, acompañada de una política de desarrollo rural integral.

Expresan la preocupación por la aspersión terrestre de los cultivos de uso ilícito y hacen hincapié en la importancia de atender las recomendaciones por la pandemia generada por la COVID-19 para evitar riesgos a la salud pública de las comunidades, teniendo en cuenta que la red hospitalaria de la región no es suficiente.

El grupo de alcaldes de esta región habitada por más de 300 mil habitantes, esperan decisiones concretas por parte del gobernador de Norte de Santander Silvano Serrano y funcionarios del alto gobierno para buscar alternativas frente a esta crisis social.

Soluciones de fondo

Los alcaldes hacen eco de las inquietudes de los campesinos de la región y esperan una salida concertada al conflicto social presentado en los últimos años.

La vocería estuvo a cargo del primer mandatario de El Tarra, Jair Díaz Peñaranda, luego de la notificación del gobierno nacional del inicio del proceso de erradicación de los cultivos de uso ilícito en dos modalidades una de aspersión terrestre y la otra de manera manual.

“En este momento, los alcaldes en el marco de los municipios PDET y además de la Asociación de municipios estamos buscando la alternativa para hacer un llamado al gobierno nacional y departamental para instaurar una mesa y llegar a unos puntos donde tengan los campesinos la oportunidad de expresar las preocupaciones y minimizar los riesgos de contagio por la pandemiala COVID-19”, comentó.

Rechazo total en el Catatumbo

Las decisiones generan sin duda alguna, reacciones sociales donde los campesinos de la zona del Catatumbo promueven asambleas y movilizaciones para rechazar la aspersión de cultivos ilícitos anunciada por el Ministerio de Defensa Nacional.

Los labriegos consideran que ese procedimiento agudiza el conflicto social y solicitan al gobierno nacional cumplir con los acuerdos de paz donde se habla de una erradicación gradual y concertada.

Los alcaldes se suman a esa petición ya que se requiere una política agropecuaria para mejorar las condiciones de vida de los cultivadores de la región.

Además, la llegada de personal extraño a la región puede propagar el coronavirus en aquellos municipios no COVID y en donde los mandatarios y líderes comunales hacen el esfuerzo para evitar el contagio.

Los líderes sociales manifiestan que se repite la historia de principios de siglo cuando acabaron con cultivos de pan coger, fauna, flora, contaminaron las fuentes hídricas e incluso afectó la salud de los campesinos de la región con el uso desmedido del glifosato.

El presidente de la Asociación de la Unidad Campesina del Catatumbo, Olger Antonio Pérez Quintero, censura la decisión del gobierno nacional e indica que la problemática del conflicto social es de carácter estructural y lleva más de cinco décadas en la región.

Insiste que el problema es de carácter estructural producto del abandono secular del Estado durante los últimos 50 años.

Tutela frena aspersiones aéreas

En medio de la polémica registrada en la zona del Catatumbo, el Tribunal Administrativo de Nariño ratificó en segunda instancia el fallo a favor de 93 organizaciones sociales del país que presentaron una acción de tutela donde se suspende el trámite necesario para el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato.

Entre las asociaciones se destacan Cocam, Anzorc, Ascamcat, Colectivo abogados Cajar, entre otros que interponen la acción legal por la violación de los derechos relacionados con el debido proceso, a la consulta previa, participación y acceso a la información de las comunidades en los 104 municipios donde se pretendía la erradicación de los cultivos ilícitos bajo esa modalidad.

Integrantes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat celebran el fallo porque se deja claro que debe existir respeto por el derecho a la consulta previa en territorios donde habitan comunidades indígenas, afro y grupos étnicos.

El Tribunal ordena igualmente vincular a los ministerios del Interior, Salud, Medio Ambiente, Policía Nacional y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), porque alertan sobre la necesidad de una mirada integral sobre las afectaciones que produce la aspersión.

El fallo también menciona a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría Nacional del Pueblo quienes deberán velar e interceder por los derechos de las comunidades dentro del trámite ante la Anla y ordena mantener suspendido el proceso hasta tanto se brinden garantías reales y efectivas de participación.

La Opinión

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