La vicepresidencia y una asamblea mediocre – Revista Crisis, Ecuador

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Uno de los preceptos fundamentales dentro del Estado burgués es la separación de poderes entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Esta estructura básica pretende regular y controlar cada uno de estos poderes. Sin embargo, llega a sus límites a la hora de conjugarse con los tejidos de la política real, la cual termina por desembocar justamente en el resultado contrario: los tres poderes se entretejen en una suerte de colaboracionismo incesante a favor de los grupos de poder representados por el gobierno de turno, el cual extiende sus esferas de influencia y cooptación a la totalidad de las instituciones estatales.

Dentro de este marco se ubica también la renuncia del cargo de viceprecidencia de Otto Sonnenholzner, el cual parece contar con lxs mejores asesorxs públicxs -entre lxs cuales figura el asesor del presidente salvadoreño, Victor López, el cual llegó al Ecuador en plena pandemia en el avión presidencial-. Sonnenholzner pretende deslindarse de esta manera del gobierno más antipopular y nefasto de la historia reciente del país y catapultarse como potencial candidato, a tan solo 7 meses de las próximas elecciones presidenciales, como un evidente cálculo político. Como acción consecutiva, Moreno sitúa al ala más reaccionaria y autoritaria de su gobierno como posibles relevos del ex vicepresidente impronunciable, al postular a dos tercios de la terna enviada al legislativo, con integrantes de la antigua ruptura de los 25.

La Asamblea Nacional, que dio el visto bueno a uno de los paquetazos más regresivos en términos de derechos laborales y recortes presupuestarios -por medio de la aprobación de la supuesta Ley “Humanitaria” y la reforma a las finanzas públicas en el mes de mayo- se encuentra ahora, ante la labor de legitimar uno de los tres nombres que contiene la terna enviada por el Ejecutivo para la elección legislativa de quien ejercerá la vicepresidencia. Entre los nombres figuran María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz. Esta será la tercera vez dentro del gobierno de Moreno en 3 años, en la cual se reemplazará al cargo de vicepresidentx. La terna que Moreno envió el pasado viernes 10 de julio a la asamblea presupone una ilegalidad en si misma, ya que Romo se encuentra desempeñando el cargo de Ministra de Gobierno, y el Art. 166 de la Constitución del Ecuador prohíbe de manera explícita una candidatura de ministrxs en funciones.

Cabe recordar que en las semanas anteriores, la misma asamblea, volvía a ser salpicada por otro escándalo de tráfico de influencias. Se confirmó que más de un centenar de legisladorxs cuentan con carnets de discapacidad, por medio de los cuales importaban vehículos de lujo sin pagar impuestos. Solo en lo que va del 2020 se habrían importado más de 1.400 vehículos por medio de la facilidad que les es otorgada a servidorxs públicxs por medio de estos carnets. Este hecho es indignante, no solo por la corrupción que implica, sino porque en el país, para una persona común que si tenga derecho legítimo a un carné de discapacidad, las trabas y demoras son interminables.

Resulta previsible el hecho de que la Asamblea Nacional blinde la elección al cargo de vicepresidencia, cuarto que integrará su gobierno, en su tan característico acolitismo con Lenín Moreno y sus medidas de choque neoliberales. Esto lo hace dando su beneplácito a la salida y precandidatura de Sonnenholzner y legitimando un mecanismo de sustitución que carece de aprobación popular alguna.

Así mismo, la rotación de cargos por parte del mismo grupo de poder perteneciente a las primeras filas del gobierno, continua su curso dentro del Estado burgués, sin contar con ningún tipo de contrapeso dentro del mismo. Como es la regla y no la excepción en nuestra democracia liberal hiperpresidencialista, las decisiones son dictadas por el presidente y avaladas por el resto de poderes.

En el mismo orden se situá la instrumentalización de la justicia por parte del Ejecutivo y la cual lleva actualmente el nombre de Diana Salazar, Fiscal General de la Nación, puesta a dedo por su fidelidad absoluta e indudable al morenismo, con el mandato explícito de reforzar la persecución política bajo la usual y recurrida “descorreización” del Estado y la sociedad. Se evidencia un claro colaboracionismo entre la justicia, la presidencia y el poder legislativo, el cual es utilizado a conveniencia a la hora de la aprobación de leyes que no lograron pasar la aprobación popular como decretos. Entre este acolitismo consta -de igual manera- la reposición de los cargos más altos del Estado o la persecución desenfrenada en contra de opositorxs al capitalismo salvaje que representan, que hoy por hoy son las élites políticas del Ecuador, guiadas por intereses económicos ajenos a la voluntad popular e impuestos en gran parte por la oligarquía local y las instituciones crediticias del imperialismo internacional.

Las instituciones del Estado burgués siempre han tenido poca o nula legitimidad en los términos de una democracia definida y regulada por las mismas élites de siempre. La característica que parecería guiar su accionar durante estos años resulta ser un entreguismo desenfrenado a los antojos de Moreno y los grupos de poder que mantienen en el cargo al jefe de Estado. Termina por ser una cuestión de tiempo para que se evidencien, por lo menos en lo que resta del gobierno actual, las manos en las que está el Estado: el grupo más autoritario y antipopular que integra el peor gobierno de nuestros tiempos.

El acolitismo que se dará en los próximos días con la “elección” de lx sucesorx de Sonnenholzner demuestra una vez más que el nepotismo se encuentra intrincado en la espina dorsal del sistema actual llamado democracia liberal. Al mismo tiempo, representa una fuente incesante de reproducción de los círculos de poder propios del Estado burgués: las caras siempre serán las mismas, lo único que cambie serán los cargos. De esta forma, Moreno parece blindar al Estado con lo que presupone ser una suerte de anti legitimidad, al instaurar una vez más a una figura carente de cualquier beneplácito popular. Ínfima resulta ser la posibilidad de que, bajo las circunstancias que regulan y limitan a la democracia liberal, esta pueda conjugar un mínimo de oportunidad de cambio, frente a las élites políticas y económicas.

Si bien no hay certezas del rostro con quien dejará la Asamblea Nacional como segundx al mando, las políticas antipopulares ejercidas por al menos dos de lxs candidatxs, nos aseguran más represión, persecución y entreguismo.

Revista Crisis