Masiva marcha de sindicatos y organizaciones sociales contra la polémica Ley de Urgencia

Más de mil personas se manifestaron en contra de la LUC frente al Palacio Legislativo

Más de 50 organizaciones sociales convocaron este jueves a una marcha en contra del proyecto de ley de urgente consideración (LUC). La concentración fue desde la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo, donde los diputados discuten la aprobación del proyecto. Los convocantes fueron sindicatos de trabajadores de la educación y gremios estudiantiles, pero también gremios del sector gastronómico, del taxi, postales, artes gráficas, municipales y organizaciones de derechos humanos, que conformaron la coordinadora No a la LUC.

Frente al Parlamento, integrantes de distintas organizaciones hicieron uso de la palabra. En diálogo con la diaria, Paula Abbadie, militante de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de la capital (ADES Montevideo) e integrante de la coordinadora No a la LUC, planteó algunas de las ideas que nuclean a las diversas asociaciones. “Rechazamos la LUC en su totalidad, y coincidimos en que es necesario salir a la calle”, aseguró, y recordó que desde el 4 de junio, con el despliegue frente al Legislativo de un pañuelo gigante con la leyenda “No a la LUC”, comenzaron a organizarse distintas movilizaciones.

“Es una ley de 500 artículos aproximadamente, que es perjudicial para el pueblo en todos los aspectos que va abordando: vivienda, educación, derechos humanos, aumento de la represión, para las empresas públicas”, mencionó.

Respecto de la necesidad de concretar la movilización en la calle, Abbadie aseguró que es “una de las formas que tenemos de plantear nuestras reivindicaciones, como lo hemos hecho frente a otros intentos de avasallamiento”. Consideró que si bien en el contexto actual ha habido muchas limitaciones para la movilización, “entendemos que la presentación de esta ley en el Parlamento por parte del gobierno nos empuja a tener que movilizarnos”. “Con o sin pandemia, esta es una ley que intenta avasallar un montón de derechos, y está fuera de discusión que tenemos que movilizarnos frente a eso”, aseguró.

ADES Montevideo, uno de los integrantes de la Coordinadora No a la LUC, convocó a la movilización en el marco de un paro de 24 horas convocado también para el jueves. Entre las organizaciones que adhirieron se encuentran la Unión de Funcionarios del Codicen, la Sociedad Uruguaya de Actores, la Unión Ferroviaria, la Agrupación de Funcionarios de UTE, el Sindicato de Artes Gráficas, la Unión de Trabajadores del Mides, la Asociación de Funcionarios Postales, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero, los gremios estudiantiles del IPA, Magisterio, de los liceos 26, Bauzá, 63, Zorrilla, IBO, Miranda, de las facultades de Ciencias Sociales, Psicología, Humanidades, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Plenaria Memoria y Justicia, y el Servicio de Paz y Justicia.

La Diaria


FA: “La LUC pone en tela de juicio conquistas alcanzadas, es antipopular, represiva y regresiva” – Diario La República

La bancada de diputados del FA rechazó la aprobación de la ley de urgencia.

Los diputados del Frente Amplio expresaron su rechazo a la aprobación en general de la ley de urgente consideración, indicando que «pone en tela de juicio conquistas alcanzadas», y además es inconstitucional, antipopular, represiva y regresiva.

La bancada de Diputados emitió una declaración tras la aprobación del proyecto de ley y remarcó que el mismo se encuentra absolutamente desfasado de la realidad que «vivimos la enorme mayoría los uruguayos».

«El texto aprobado por la mayoría de la Cámara pone en tela de juicio conquistas alcanzadas por el pueblo uruguayo y tiende a concentrar los recursos y el poder. Este proyecto ha ameritado el más amplio rechazo de organizaciones sociales, instituciones nacionales e internacionales, de la academia y de reconocidos expertos del más amplio espectro quienes han manifestado que muchos de sus contenidos atentan contra libertades y garantías ciudadanas. Los pocos apoyos que recibieron los contenidos centrales del proyecto provienen de sectores históricamente privilegiados o con intereses corporativos muy minoritarios».

Los legisladores indican que el proyecto está cargado de señales vacías, incapaces de resolver los principales problemas por los que atraviesa el país, los cuales «merecen una solución integral y respuestas serias». El común denominador en las comparecencias del Poder Ejecutivo durante el tratamiento en comisión «ha sido la incapacidad de explicitar fundamentos o evidencias de los motivos por los cuales se proponen muchas de las iniciativas incluidas en el proyecto de ley, y la reiteración de un discurso ideológico y de crítica al gobierno anterior», señalan mediante una declaración.

En esa línea marcan que la conclusión a la que arribamos es que las urgencias del gobierno «están muy lejos de las urgencias de las mayorías populares y los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por esa razón se ha hecho prevalecer una urgencia formal sobre la urgencia real de las y los trabajadores afectados por la actual situación de emergencia, con el único objetivo de imponer de forma súbita un programa de gobierno, modificando decenas de leyes y políticas públicas a través del uso abusivo de un instrumento que no está previsto para ese fin, y evitando así un debate social y político profundo».

«Durante estos meses el Frente Amplio no se ha quedado de brazos cruzados declarando su oposición al proyecto sino que, desde el Parlamento Nacional, ha hecho un esfuerzo para minimizar los impactos más negativos sobre la sociedad, logrando introducir cambios al proyecto. Sin embargo el corazón de la propuesta sigue siendo el mismo y nuestra convicción es que de aprobarse e implementarse muchas de las normas proyectadas en este texto, las consecuencias para el país serán graves», sentencia.

Finalizando expresan que «el neoliberalismo autoritario tiende a debilitar el Estado en sus funciones de regulación de los negocios privados e igualación social, y a incrementar su poder de fuerza para la represión y criminalización de las y los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad, condición imprescindible para la aplicación de un modelo de empobrecimiento de las mayorías sociales». «El núcleo duro de este proyecto de ley apunta exactamente en esa dirección». «Frente a esta realidad, convocamos al pueblo uruguayo a seguir luchando y construyendo alternativas frente al modelo que propone el actual gobierno», sentencia.

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