Violencia en Colombia: otra masacre contra familia campesina y presentan proyecto de ley para limitar al Esmad

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Denuncian masacre en el departamento de Córdoba, Colombia

La Fundación Social Cordoberxia de Colombia, denunció este lunes una masacre contra una familia campesina en el sur del departamento de Córdoba (norte del país).

“Fueron asesinados con sevicia tres miembros de la familia campesina Feria López: El señor Vitaliano Feria, su esposa Elis López y Edinson Feria (hijo); una hija de Edinson y nieta de Vitaliano y Elis fue amarrada, llevada a la fuerza por los criminales y luego tirada en un camino a su salida de la vereda. Cabe resaltar que la señora Elis López es hermana del concejal del municipio Manuel López”, denunció Cordoberxia.

De acuerdo a la fundación, el aberrante hecho ocurrió en la vereda conocida como “La Cabaña”, situada en el corregimiento Versalles del municipio San José Uré, sur del departamento de Córdoba.

“En febrero de este año, circuló por vía whatsapp un mensaje amenazante- al parecer firmado por los “caparros”, en el que anunciaban que cometerían esta masacre”, detalló Cordoberxia.

Asimismo, la fundación denunció que el grupo paramilitar conocido como “los caparros” después de cometer la masacre, amedrentaron las familias de la vereda, “entraron casa por casa robando lo poco que tenían las familias campesinas de esta comunidad, amenazándolas con mocharles las cabezas y advirtiéndoles que tenían hasta la 1 de la tarde del día de hoy para desocupar la vereda”, agregan.

La Fundación Social Cordoberxia denunció que miembros de la Policía Nacional y Ejército estaban ausentes, pese a las constantes amenazas de ese grupo armado ilegal contra la población campesina de la zona, “no había presencia de la Fuerza pública al momento de los hechos”, concluyeron.

TeleSur 


Por ley buscan regular uso de fuerza del Esmad

Junto a los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, la representante María José Pizarro presentó la iniciativa con la que se busca regular y limitar el uso de fuerza de equipos de policía cuando intervengan manifestaciones públicas.

La propuesta señala que la actuación del Esmad y el uso de la fuerza tiene un carácter excepcional y solo se puede recurrir a este cuando otros medios sean ineficaces o no garanticen que haya un control de las situaciones que puedan presentarse durante las manifestaciones.

En el proyecto de ley también se busca prohibir el uso de proyectiles de energía cinética, la escopeta calibre 12, el lanzamiento directo de objetos a manifestantes, el porte de armas de fuego, el uso de la fuerza letal y el traslado de personas en vehículos no identificados.

El documento recoge datos que dan cuenta de agresiones, violencia sexual y homicidios reportados en medio de las manifestaciones como el caso de Dilan Cruz durante las manifestaciones del año pasado.

Caracol Radio


“Gobierno Duque parece alejarse de compromisos del Acuerdo de Paz”: Amnistía Internacional

Por: Javier González Penagos / Twitter: @Currinche

Se estima que en Colombia alrededor de 230 mil familias -en su mayoría campesinos, afros e indígenas- dependen del cultivo de coca para subsistir. No es capricho o negocio. Para muchas es la única alternativa para acceder a alimentación, educación y salud. Sin embargo, en plena pandemia -mientras esas familias están confinadas y enfrentan afugias para sobrevivir-, el Gobierno dio inicio a aspersiones terrestres de erradicación, lo que encendió las alarmas de Amnistía Internacional (AI), que no vaciló en calificar los operativos como “una sentencia de muerte” para las comunidades.

Para Érika Guevara Rosas, directora para las Américas del organismo, hechos de este calibre ponen en entredicho el compromiso del Ejecutivo frente a la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la otrora guerrilla de las Farc. ¿La razón? Esa erradicación no está siendo gradual ni concertada con las familias, lo que podría desencadenar violaciones de derechos humanos. ¿Qué hacer? Esta es su lectura de la situación.

¿Por qué para AI estos operativos son una “sentencia de muerte” en un contexto de pandemia?

Hemos recibido información desde el inicio de la pandemia frente a estas operaciones en diferentes regiones. Lamentablemente, muchas de las comunidades campesinas se ven obligadas a recurrir a los cultivos de uso ilícito para garantizar su sostenibilidad, dado el abandono estatal y la falta de incentivos, además enfrentan chantajes.

Por si fuera poco, la aspersión terrestre que inició el 20 de julio termina erradicando cultivos lícitos que garantizan la sostenibilidad alimentaria de esas poblaciones. Además, en el contexto de la pandemia es desproporcionalmente arbitraria la respuesta del Estado, sobre todo por las medidas de confinamiento. Se tienden a exacerbar las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia que han afectado históricamente a comunidades campesinas, afros e indígenas.

Se suele pensar que las aspersiones terrestres son menos invasivas y más controladas que las aéreas. ¿Por qué son tan graves?

Hay grandes diferencias entre la aspersión aérea y la terrestre. Hemos recibido información de otros departamentos donde se han realizado incluso aspersiones aéreas. Sin embargo, independientemente del impacto, no somos expertos en el uso de estas herramientas. Lo cierto es que estos operativos no están contando con la cooperación de las comunidades y no se están sustituyendo los cultivos, afectando la sostenibilidad alimentaria y el ingreso de la gente.

No podemos olvidar el contexto de cómo ellos se han visto forzados a sembrar estos cultivos, en particular por la violencia perpetrada por los grupos armados. A ello se suma que son precarias las situaciones económicas en que sobreviven. Por todo esto, no se pueden iniciar operativos de esta naturaleza sin que se hayan tomado medidas en línea con los derechos humanos y, en particular, en un contexto de pandemia.

¿Qué derechos humanos se estarían vulnerando?

En medio de la emergencia por el coronavirus, a las comunidades campesinas se les están vulnerando sus derechos a la salud, alimentación y protección, porque están siendo expuestas a situaciones de violencia, tanto de grupos armados irregulares como de las propias fuerzas de seguridad. También están expuestos sus líderes sociales, muchos vinculados a la defensa y el respeto del Acuerdo de Paz, y que son a la larga los que conocen cómo se tiene que hacer la erradicación.

Pareciera que hay una urgencia por parte de las autoridades para hacer erradicación forzada y generar condiciones que perpetúen las problemáticas de los campesinos, que hasta se han visto obligados a salir de su propio aislamiento para evitar que estos operativos continúen. Por ejemplo, en el Catatumbo han denunciado que no se les garantizan los derechos más básicos, como salud y alimentación, pero sí ha habido un despliegue desproporcionado de la Fuerza Pública. Hay una contradicción entre lo que es prioritario en un contexto tan complejo como este: o salvamos vidas o generamos mayores contextos de inseguridad.

¿De qué regiones han recibido denuncias?

De Córdoba, Chocó, Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño y Norte de Santander, en especial el Catatumbo. Coincide que son regiones con una situación alarmante de violencia, en donde los líderes sociales están siendo asesinados y la población se encuentra recluida (por grupos paramilitares y guerrilleros) o sometida a desplazamiento forzado precisamente por los niveles altísimos de violencia.

En tanto la erradicación no es gradual ni concertada, ¿se puede hablar de un incumplimiento al Acuerdo de Paz?

La evaluación del cumplimiento de lo acordado es un tema más extenso. Sin embargo, AI considera que lamentablemente los compromisos asumidos por el Estado -en particular los relativos a la protección y defensa de los derechos humanos- todavía están muy lejos de ser una realidad, en tanto muchas comunidades siguen experimentando las consecuencias del conflicto armado. Que comiencen estos operativos de erradicación sin contar con la colaboración de las comunidades y que no se enfoquen en programas de sustitución voluntaria, que tienen menor riesgo, habla que efectivamente el Gobierno estaría incumpliendo el Acuerdo de Paz, en particular el punto 4.

Hay nuevos desplazamientos forzados, confinamientos en zonas rurales -especialmente afros e indígenas-, la violencia sexual en contra de mujeres y niñas continúa siendo un gran flagelo, y todo esto es otro ejemplo de cómo el gobierno de Iván Duque parece alejarse de los compromisos estatales para la implementación.

¿Qué debería hacer el Ministerio de Defensa para hacer frente al crecimiento de cultivos sin afectar a las comunidades?

Lo más importante es tratar las causas de raíz: por qué esas comunidades están vinculadas al tema de violencia y falta de derechos económicos y sociales. Hay recomendaciones de organizaciones diferentes a AI, como la propia Defensoría del Pueblo y agencias del sistema de Naciones Unidas, que abogan por acelerar los programas de sustitución voluntaria en los territorios y zonas rurales, y ampliar la cobertura para la atención de las familias que han manifestado su voluntad de acogerse a esta política de sustitución voluntaria, pero también ampliar la atención en salud y las alternativas económicas.

¿Es cierto que las aspersiones terrestres pueden llegar a ser aún más perjudiciales que las aéreas?

Repito que nuestra organización no es experta en los modelos de erradicación de cultivos, entonces no me atrevería a hacer una referencia. Lo que sí se ha documentado a lo largo de los años —porque la erradicación de cultivos de uso ilícito ha sido parte de la política antidrogas de Colombia durante las dos últimas décadas— son las afectaciones a la salud, porque se trata precisamente de la utilización de químicos.

De allí el compromiso de las comunidades campesinas de hacer una sustitución voluntaria y manual de estos cultivos que —lamentablemente, por la falta de incentivos económicos y de apoyo de gasto público— no se han logrado, porque la gente no encuentra alternativa para su sostenibilidad.

¿Han podido establecer cuáles son los argumentos en detalle del Gobierno para dar inicio a estos operativos?

La Policía y el Ejército hicieron el anuncio de que se iniciaban estas operaciones. El caso más reciente, el de Catatumbo, fue hace unos días, el 20 de julio. Si bien hacen alusión a la necesidad de ir disminuyendo los cultivos, no han dado una respuesta contundente sobre qué protocolos y medidas de higiene se están tomando para el inicio de estos operativos, y por otro lado, por qué inician estos operativos sin que sean parte del programa de sustitución voluntaria que hace parte del Acuerdo de Paz.

¿Qué dificultades les reportó el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) frente a las medidas tomadas por el Gobierno? ¿Qué otras organizaciones han denunciado?

Hay organizaciones que han hecho públicas sus denuncias desde hace meses sobre las condiciones de precariedad que enfrentan, sobre todo en el contexto de la erradicación, como es la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y CISCA.

Esta última le ha hecho llegar información a AI sobre la situación estructural que vive la región en términos de violencia, que expone a las poblaciones rurales a enfrentar una pandemia en diferentes dimensiones respecto a otras partes del país. Esta es una comunidad que ni siquiera cuenta con servicios de salud integral, hospitales de segundo nivel y sin personal especializado para la atención del coronavirus.

¿Qué pasa si el Gobierno no acoge su llamado, si no hay una respuesta? ¿pueden acudir a otra instancia?

No se trata solo de si el Gobierno ignora o no las recomendaciones y demandas de AI, o de cualquier otra organización. Lo importante aquí es que se escuche a las víctimas, que son las que tienen otros mecanismos tanto nacionales como internacionales para que el Estado rinda cuentas.

Está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por supuesto, AI tiene el compromiso de acompañar a las víctimas a hacer sus exigencias a través de diferentes mecanismos tanto en la CIDH como en la Corte IDH, que han hecho reconocimientos históricos a favor de las víctimas y en contra del Estado en el contexto del conflicto. Existen otros mecanismos como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

¿Qué otras problemáticas en materia social ha desatado la pandemia?

La pandemia llega a Colombia en un momento crítico, en el que la vulneración de derechos humanos se ha convertido en la norma para grupos enteros de la población, particularmente para grupos indígenas, afros, rurales, mujeres y las niñas. La crisis del coronavirus y la propia respuesta del Gobierno pone al descubierto las históricas situaciones de discriminación y violencia, en particular contra líderes sociales.

También hay condiciones que persisten, independientemente de la pandemia o las medidas de confinamiento, como la violencia, el desplazamiento forzado y la violencia sexual, que ni siquiera con esta crisis han cambiado. La conclusión es que Colombia sigue enfrentando una grave crisis en materia de derechos humanos y el coronavirus simplemente viene a exacerbarla.

El Espectador


Fiscalía recibirá listado de 973 líderes asesinados desde 2016

El listado será suministrado por la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y popular, Marcha Patriótica e Indepaz y contiene el nombre del líder asesinado, el lugar del hecho, la fecha, el tipo de liderazgo que ejercía en su comunidad y la fuente que reporta el asesinato.

Toda esta información que recopila 973 asesinados desde el año 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, hasta la fecha, será entregado a la Fiscalía y a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Con esta entrega esperan que las autoridades unifiquen las cifras sobre asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y avancen con rapidez en las investigaciones de los homicidios y de esa manera le reporten al Gobierno Nacional la realidad que viven los líderes en las regiones del país.

Las organizaciones sociales también compartirán esa información con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que lo tengan en cuenta en el informe que estas entidades publicarán el próximo 7 de agosto.

Caracol Radio


Marcha por la Dignidad aportó para reactivar la movilización social

Desde el pasado 25 de junio se emprendió la Marcha por la Dignidad, cuyo primer recorrido se inició desde Popayán, Cauca; donde las comunidades se manifestaron, entre otras cosas, por el asesinato de líderes sociales, la erradicación forzada, la desmedida militarización de los territorios y las violaciones a mujeres de comunidades indígenas. (Le puede interesar: Todo lo que necesita sobre el avance de la Marcha por la Dignidad)

A este primer recorrido se sumaron posteriormente las Rutas «Libertadora» y «Comunera» que partieron el 13 de juliodesde Gibraltar en Norte de Santander y Barrancabermeja en Santander respectivamente. La marcha original arribó a Bogotá el 10 de julio mientras que las rutas «Libertadora» y «Comunera» lo hicieron el pasado día 20, «Día Nacional de Independencia». (Lea también: Marcha por la Dignidad arribará el 20 de julio a Bogotá buscando una «verdadera independencia»)

Estas movilizaciones fueron el inicio de una gran expresión popular que motivó el surgimiento de nuevas manifestaciones sociales algunas de las cuales se originaron en el sur de Bolívar

Los logros y avances de la Marcha por la Dignidad

José Daniel Gallego, defensor de Derechos Humanos y estudiante de la Universidad del Cauca, señaló que la Marcha por la Dignidad llegó a la ciudad de Bogotá, no para reunirse con el gobierno de Duque, ni su gabinete, porque ya han sido recurrentes los escenarios en los que se ha buscado interlocución con ellos sin encontrar respuestas a sus pedidos; manifestó en cambio, que la búsqueda era elevar un SOS frente a la Comunidad Internacional para que escuchara los llamados y denuncias de las comunidades y pudieran hacer eco de los mismos.

En ese sentido, destacó como logro el hecho de haber despertado una «consciencia de movilización» que no sólo sumó a más personas que acompañaron esa Marcha, sino que motivó el surgimiento de nuevos recorridos y rutas provenientes de otros territorios.

Salimos el 25 de junio desde Popayán y pensamos que íbamos a llegar solos a Bogotá, pero la respuesta del movimiento social fue satisfactoria, abrazando este proceso y marchando con nosotros en las diferentes ciudades y regiones» José Daniel Gallego, defensor de Derechos Humanos

Adicionalmente, José Daniel subrayó como logro el haber obtenido un espacio con las bancadas alternativas en el Congreso de la República, donde se suscribió un documento conjunto en el cual se hace un llamado a la ONU para la visita de relatores al país, poniendo en su conocimiento las diversas violencias y problemáticas que se viven en los territorios. Asímismo, manifestó que fueron atendidos por embajadas de otros países en Colombia para también facilitar la llegada de sus pedidos al organismo internacional.

En igual sentido, Javier Antonio Peña, del Proceso de Comunidades Negras –PCN– participante en la Marcha por la Dignidad, resaltó que debido a la contingencia de la pandemia hubo acercamiento y reuniones virtuales con organizaciones de DD.HH., embajadas de la Unión Europea y la ONU donde se buscaba que «supieran sobre la problemática que atraviesa en este momento nuestro país».

Fortalecimiento de la movilización social

Por otra parte, Erika Prieto, integrante de la Ruta Comunera, enfatizó en que uno de los objetivos de la marcha había sido llamar a la solidaridad del pueblo colombiano para consolidar un despertar popular y afirmó que lo que se viene para el movimiento social y popular, luego del auge de estas marchas, «es un ejercicio de lucha y resistencia» que según ella es lo único que le queda al pueblo colombiano para pronunciarse en contra del «mal gobierno». Por tal motivo, destacó el surgimiento de la Caravana y Misión de Verificación del sur de Bolívar como una nueva movilización que entra a sumarse a la Marcha por la Dignidad.

Teófilo Acuña, vocero de la Comisión de la Caravana del Sur de Bolívar, señaló que esta movilización se originó «para acompañar las luchas de organizaciones sociales en estos territorios» y evitar así, una inminente masacre y un desplazamiento masivo de las comunidades de esta zona, ya que son al menos 12 asesinatos los que se han registrado en solo 3 meses.

Adicionalmente, denunciar lo que para él es una «clara connivencia» entre paramilitares, fuerza pública e incluso autoridades civiles en algunos de estos municipios.

En nuestro territorio tenemos que decir que el paramilitarismo nunca se desmovilizó»Teófilo Acuña, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar

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