Chile: Carabineros reprime manifestación en apoyo a comuneros mapuche en huelga de hambre

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Marcha en apoyo a comuneros mapuche en huelga de hambre en Cañete y enfrentamientos con Carabineros dejan 4 detenidos

Con al menos cuatro personas detenidas terminó una manifestación en la comuna de Cañete, organizada en apoyo a los presos mapuche que se encuentran realizando huelga de hambre.

Fueron cerca de 200 personas las que llegaron a la plaza de la comuna para protestar por el encarcelamiento de comuneros mapuche. Mientras tanto, en otro lugar de Cañete, región del Biobío, una casa fue quemada tras un ataque incendiario.

La movilización se realizó luego que la Corte Suprema escuchara los alegatos de la defensa del machi Celestino Córdova, condenado por el crimen contra el matrimonio Luchsinger-Mackay. La autoridad espiritual mapuche busca ser enviado a su rewe para cumplir allí su sentencia bajo la modalidad de arresto domiciliario total debido a la pandemia del coronavirus, por lo que ha pasado más de 100 días en huelga de hambre.

Mediante un audio, Córdova anunció este lunes sus intenciones de pasar a una huelga seca para acelerar su muerte.

En tanto, desde el gobierno aseguraron que es su deber resguardar la vida de todos los ciudadanos. “El rol del Estado es resguardar la integridad física y la vida de todas las personas, y en este caso lo que corresponde es que como Estado aseguremos la integridad física de quienes están privados de libertad, por eso se presentaron los recursos de protección”, dijo el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

Mediante esta acción constitucional el Ejecutivo busca prestar asistencia médica “a quienes están privados de libertad en caso de ser necesario“.

CNN Chile


Aucán Huilcamán acusa al gobierno de aceptar las “amenazas” de los camioneros para promover leyes que los favorecen

Esto luego de que tras reunirse con el gremio de camioneros -quienes abordaron el tema de un posible paro para presionar al Ejecutivo- el gobierno anunciara que enviará un proyecto de ley afín a los intereses del gremio al Congreso. «Esta grave situación curiosamente confirma una determinada complicidad política del gobierno al aceptar con ligereza el envío al Parlamento de un proyecto de Ley que surge como resultado directo de la amenaza con publicidad de los camioneros que se han comportado típicamente como un grupo terrorista en el país», acusó Huilcamán.

“No nos parece que el camino sean los ultimátum“, dijo el ministro del Interior Víctor Pérez en un punto de prensa desde el Palacio de la Moneda, luego de la reunión que sostuvo con gremios de camioneros, quienes expresaron en tono de advertencia que podían irse a paro si sus demandas no eran consideradas.

Ante esto, el encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, denunció que los camioneros buscan imponer la promulgación de leyes a su favor mediante el uso de la amenazas al Ejecutivo, y que la estrategia les estaría resultando.

A través de un comunicado, la autoridad mapuche acusó que este gremio “impone leyes a su favor mediante el uso de la amenaza” y que “estas son definiciones y características esenciales del terrorismo”.

“Las amenazas típicas del terrorismo provenientes de los camioneros, lo ha confirmado el propio ministro del Interior y Seguridad, Víctor Pérez Varela, al referirse a la amenaza que ha sido objeto el gobierno de parte del gremio”, señaló Huilcamán.

Asimismo, rechazó que el propio ministro Pérez haya anunciado que en los próximos días el presidente Piñera va a enviar al Congreso una ley acorde a los intereses del gremio, con la que el gobierno busca calmar los ánimos de los transportistas.

“El Presidente de la República va a promulgar (enviar al Congreso) en los próximos días lo que se denomina la ley Juan Barrios, aquel conductor de un camión que fue asesinado y quemado vivo por realizar su tarea habitual de transporte en la zona del conflicto de La Araucanía”, expresó Pérez, detallando que con la legislación “ese delito de incendio va a tener la misma gravedad de que se cometa en una casa o en una propiedad, un galpón que se queme y una persona muera en su interior”.

En ese sentido, Huilcamán sostuvo que “esta grave situación curiosamente confirma una determinada complicidad política del gobierno al aceptar con ligereza el envío al Parlamento de un proyecto de Ley que surge como resultado directo de la amenaza con publicidad de los camioneros que se han comportado típicamente como un grupo terrorista en el país”.

El encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, llamó también a que el gobierno evite “desempeñar la función de buzón de grupos de presión que transgreden el ordenamiento jurídico, imponiendo leyes a su favor mediante la amenaza pública”.

Finalmente, llamó también al gremio de los camioneros, a que se vinculen a las problemáticas del territorio, y no sólo a sus problemáticas particulares. “No pueden seguir desentendiéndose de una situación histórica que vive el Pueblo Mapuche en la política de conculcación de sus derechos”, subrayó.

El Desconcierto


Presidente de Fedesur desafía al Gobierno: “El plazo que tenían para arreglar el problema (en La Araucanía) se terminó”

Por Cristian Miranda

José Villagrán, presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), conversó con El Mostrador sobre los hechos de violencia que han ocurrido en la zona de La Araucanía. «Hay un descalabro total en el sur. Entonces el plazo que (el Gobierno) tenía para arreglar este problema se terminó. Ministro (Víctor Pérez), nosotros no venimos a darle ningún plazo, ningún ultimátum. Lo que nosotros queremos es que usted arregle el problema», dijo. En esa línea, descartó que sea el pueblo mapuche el responsable de estos actos –de hecho pidió que el Gobierno también solucione sus problemas– sino que son cometidos por «delincuentes» y «terroristas». «¿A qué le tiene miedo el Presidente? ¿Les tiene miedo a los terroristas, a los delincuentes? Si no hacemos nada, los que estamos hoy día tratando de trabajar, tratando de aportar al país, somos los más perjudicados. Por eso nosotros le hemos dicho al Gobierno que hagan algo para terminar la delincuencia y el terrorismo en parte del territorio nacional», señaló.

Este pasado lunes fue un día de reuniones en La Moneda. Por una parte, las autoridades de Gobierno comandadas por el ministro del Interior, Víctor Pérez. Por otro lado, los dirigentes de los camioneros. Todo con un fin: solucionar el clima de violencia que se ha vivido en los últimos días en la Región de La Araucanía, que ha dejado, entre otros daños, innumerables vehículos quemados.

Desde los distintos gremios de camioneros advirtieron que el Gobierno tiene que solucionar pronto el problema en el sur, porque no descartarían un paro nacional. El ministro Pérez respondió que están por esa línea, pero que no le parece que los caminos «sean los ultimátum».

José Villagrán, presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), conversó con El Mostrador y descartó este «ultimátum» que acusa el Gobierno: «Si el señor Víctor Pérez malinterpreta lo que nosotros le dijimos, no es culpa nuestra. El señor Víctor Pérez tiene una experiencia política de muchas décadas, por lo tanto, sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo debe hacerlo. Nosotros no somos los indicados para decirle cómo lo haga, nosotros lo único que pedimos es que en sus manos y en su responsabilidad está entregar la tranquilidad, para asegurar que el Estado de Derecho funcione para todos los chilenos, sobre todo en el sur de Chile. Esa es su responsabilidad. Además trabaja en el Ministerio del interior y le pagan por hacer esa pega».

Sin embargo, Villagrán sí afirma que al Gobierno se le acaba el plazo para solucionar el problema en la zona. O, derechamente, ya se le acabó. «Hay un descalabro total en el sur. Entonces el plazo que (el Gobierno) tenía para arreglar este problema se terminó. Ministro (Víctor Pérez), nosotros no venimos a darle ningún plazo, ningún ultimátum. Lo que nosotros queremos es que usted arregle el problema. Si usted no arregla el problema en un tiempo prudente, nosotros lamentablemente tendremos que salir a protestar y como no salimos a protestar con cacerolazos, vamos a salir a protestar con camiones tocando bocinas, porque resulta que es el colmo que el Gobierno no pueda restablecer el Estado de derecho en el sur de Chile», sostuvo.

Si bien se sumó a las palabras dichas por su colega Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, quien descartó la idea de realizar un paro debido a la situación del COVID-19 en Chile, reconoció que es una de las propuestas que manejan si la situación no mejora en el corto tiempo: «Si el Gobierno sigue impaciente y sigue ausente, y no hace nada para solucionar la violencia y toda la delincuencia con la participación permanente de terroristas, que no sabemos si son chilenos o extranjeros, nosotros dijimos al ministro (Víctor Pérez) que, si no hace nada, todos los camioneros vamos a buscar alguna solución para poder tratar de solucionar el problema», señaló.

«Tenemos diferentes métodos para poder hacerlo. Nunca hemos hablado de un paro nacional, pero está dentro de las posibilidades que hagamos un paro nacional. Nosotros podemos guardar nuestros camiones, pero también podemos decirles a algunos conductores que no salgan a trabajar más. ¿Quién va a sufrir? El país, porque el país no se va a poder abastecer. Entonces el Gobierno tiene que tomar en serio lo que está pasando en el sur y el Presidente de la República debería liderar esta situación para terminar con la inseguridad que tenemos todos los chilenos en el sur de Chile», explicó.

Los dos problemas en la zona

Sobre la situación de violencia en la zona, Villagrán negó que se trate de mapuches: «Nosotros hemos dicho que hay dos grandes problemas: el problema que tiene el Gobierno y el Estado chileno con la comunidad mapuche, que lo tienen que solucionar ya, ya que ahí también se están acabando los plazos; y el otro problema que tiene es de inseguridad con los ciudadanos. Pero ambos problemas juntos no tienen solución. Estos problemas se tienen que solucionar en forma independiente».

«Los camioneros siempre hemos dicho: aquí los mapuche no tienen nada que ver con los problemas de inseguridad. Aquí las personas qué están haciendo daño son terroristas, son delincuentes y son gente que no quiere hacer ningún aporte sino que solo hacerle daño a la región. Entonces el Gobierno tiene que hacer, como se dice en el sur, ‘separar la paja del trigo’. Cómo el Gobierno quiere solucionar los problemas en un solo saco, si no es capaz de solucionar uno. Imposible solucionar los dos. Por eso nosotros hemos dicho que vayan por una vereda para solucionar el problema del pueblo mapuche y por la otra vereda solucionemos los problemas a los ciudadanos para poder reír tranquilos en el país», comentó.

«No somos carpinteros»

El Gobierno ha llamado al diálogo a los camioneros para solucionar en conjunto su problemática. Para eso, han llamado a la creación de mesas de trabajo. Pero los camioneros ya no quieren más mesas de trabajo, quieren soluciones pronto.

«Nosotros le dijimos al ministro (Víctor Pérez) y se lo hemos dicho a las autoridades nacionales y también regionales: parecemos carpinteros haciendo mesa de trabajo. Nosotros no queremos mesas de trabajo, queremos trabajar tranquilos, queremos llevar la mercadería a los diferentes puntos del país sin que molesten los terroristas, sin que los delincuentes nos roben, sin que nos corten las carreteras, sin que no nos dejen entrar», afirmó.

«Le dijimos al Gobierno que han tenido mucho tiempo para poder pensar y terminar con los actos terroristas y delincuentes en el sur de Chile. Por eso nosotros le dijimos que se les acabó el plazo, porque le queda muy poco al Gobierno y no van a ser capaces de poder regularizar la situación que están pasando en el sur del país. Si hay una Constitución y el Presidente juró hacerla cumplir, y si es necesario decretar estado de sitio en parte del territorio nacional para terminar con los delincuentes, con el terrorismo y la quema de camiones, la quema de iglesias, la quema de municipalidades, hagámoslo», planteó.

«¿A qué le tiene miedo el Presidente? ¿Les tiene miedo a los terroristas, a los delincuentes? Si no hacemos nada, los que estamos hoy día tratando de trabajar, tratando de aportar al país, somos los más perjudicados. Por eso nosotros le hemos dicho al Gobierno que hagan algo para terminar la delincuencia y el terrorismo en parte del territorio nacional», finalizó.

El Mostrador


Baleados, detenidos y golpeados: La red de resistencia de la huelga de hambre mapuche que cumple 100 días

Por Natalia Figueroa

Durante los 100 días de huelga de hambre que han llevado adelante 27 presos mapuche de Temuco, Lebu y Angol, una fuerte red de apoyo se ha preocupado de visibilizar y difundir tanto su estado de salud y espiritual, como sus respuestas ante las conversaciones que han mantenido con autoridades de gobierno. Estas redes de apoyo han sido lideradas principalmente por mujeres, tanto en sus vocerías como en las convocatorias a manifestaciones. Las consecuencias han quedado a la vista con las detenciones reiteradas en las últimas semanas y lo que ha generado mayor preocupación, es la violencia hacia las autoridades ancestrales, machis y loncos, por el rol espiritual que cumplen. Uno de ellos fue baleado directamente al rostro hace algunos días. Aquí comparten esos relatos.

Lunes 3 de agosto

La convocatoria en apoyo a los presos mapuche en huelga fue en el puente de acceso a la comuna de Lumaco, donde acudieron más de 40 personas, entre ellos, niños y adolescentes.

Como lo han pedido los huelguistas desde hace 100 días, el llamado al gobierno es a la aplicación del Convenio 169 de la OIT para cumplir sus privaciones de libertad fuera de la cárcel atendiendo a su condición cultural. Han insistido en que no se trata de darles beneficios, sino de que se cumpla la normativa internacional suscrita por Chile.

Esa mañana, al poco rato de comenzar con la manifestación, llegaron carros blindados de Fuerzas Especiales y rodearon el acceso al puente. Rafael Pichun, uno de los manifestantes que estuvo presente, vio que comenzaron a disparar a cierta distancia, pero que se fueron acercando y terminó siendo a quemarropa.

El lonko Juan Nahuelpi Chehuan del Lov Liukura se puso en “primera línea” para defender a los suyos y recibió perdigones directo en el rostro; tres seguidos por la zona del mentón, en el cuello y en las piernas. Fueron diez en total. Le tomaron fotos antes de ser llevado a la urgencia. En ellas se ve su piel abierta por los orificios que dejaron los perdigones y un pañuelo que sostiene en una de sus manos para contener el gran flujo de sangre.

Una ambulancia iba saliendo de Lumaco y, entre gritos de auxilio, la gente que estaba con él le pidió que lo trasladaran hasta el cesfam. Su estado, sin embargo, requería de una serie de exámenes que identificarían qué tan profundos habían sido los impactos y si es que involucraban algún órgano vital. El lonko lleva una semana hospitalizado y hasta ahora ninguno de los exámenes ha salido negativo. Ha estado con curaciones y descanso total.

Para él, apoyar las demandas no es algo personal. Asegura que es su deber como autoridad de su comunidad. “Uno tiene que estar con su pueblo”, dice al teléfono desde el hospital. El impacto no solo ha sido para él, sino que para su comunidad que, asegura, ha estado consternada. Aun así, su familia está bien de ánimo ahora que está fuera de riesgo. Por lo pronto, espera darle a su hija el poder legal para querellarse en contra de los funcionarios policiales. “Es violencia, como siempre lo ha hecho el Estado”, acota.

Juan Nahuelpi recibió impactos directo a su cara aún cuando después del estallido de octubre, que dejó a más de 400 víctimas de traumas oculares, el gobierno y Carabineros comprometieron el cumplimiento del protocolo que establece tomar la distancia suficiente para que el uso de las armas antidisturbios no genere estas graves consecuencias. De hecho, el 17 de julio pasado se actualizó esta normativa donde se reiteró este aspecto. Algo que, en este caso, estuvo lejos de cumplirse. El lonko podría haber engrosado esta lista de víctimas cegadas por la institución uniformada.

Carabineros fue consultado por El Desconcierto, a través de su unidad de comunicaciones, sobre la situación: si estaban al tanto de esta transgresión al protocolo, si tomarían alguna acción y si tenían identificado al funcionario que disparó. Sin embargo, no respondieron a ninguna de las preguntas. Hasta ahora, la única autoridad política que se ha manifestado condenando los hechos ha sido el alcalde de Lumaco, Manuel Painiqueo. “Era una manifestación pacífica (…) Les dispararon a quemarropa, a algunos dirigentes a su rostro y extremidades”, dijo en un video que se viralizó durante ese día.

Martes 4 de agosto

La última vez que la werken, vocera, Ana Llao recuerda haber sido detenida, fue en tiempos de dictadura. Fue muchas veces arrestada, incomunicada; incluso, estuvo a punto de ser relegada.

“Conozco las cárceles y, desde ese conocimiento, como siempre me he sumado a la causa mapuche en todo sentido. Tampoco creía que nunca más lo iban a volver a hacer. Se corre siempre ese riesgo”, comenta hoy.

El martes de la semana pasada revivió esos episodios cuando fue detenida junto a su hijo, Wenulef Millao, mientras se manifestaban en Temuco. En las grabaciones difundidas se ve el momento exacto cuando estaba tocando su kultrun en una calle del centro de la ciudad, al lado de su hijo, y en pocos minutos, la tomaron y empujaron hasta el carro policial. Junto a ella, fueron 11 personas detenidas. “Veía por todos lados a carabineros encima, fueron unos cinco a seis que trataron, por así decirlo, de reducirme (…) Yo sentí los golpes en la espalda, por la cadera, por las piernas”, cuenta.

Estuvo detenida en el cuartel desde el mediodía hasta pasadas las 20:00 horas. “Quisimos hacer una manifestación pacífica. La única arma que llevábamos era el wüño, el bastón de la chueca que llevaban los hombres, sus trutrukas, sus pifilcas, y las mujeres llevábamos el kultrun, las cascahuillas, todos nuestros implementos mapuche”, describe del momento previo.

Una vez adentro les informaron que habían sido acusados de violencia y desórdenes públicos. Ese, sin embargo, no fue motivo para dejar de manifestarse. “Cuando me estaban llevando se me cayó el kultrun y rodó lejos. Después lo recuperé. Dije que era parte mío. Creo que los mapuche tenemos nuestra identidad que no solamente es el territorio, sino que la cultura como tal. Pero también tenemos una fuerza espiritual y nos encomendamos hacia ella: hacia el agua, el mar, las montañas”, explica.

Jessica Cayupi es vocera de la Red de Mujeres Mapuche y dice que, tanto en la ciudad como en las comunidades, las organizaciones básicas para las manifestaciones nacen desde las mujeres. “Imagínate en el caso de los 27 huelguistas, quiénes tienen que asumir la convocatoria de actividades, lo va asumiendo su familia más directa, sus parejas, sus hijos e hijas. Esa resistencia es la que se invisibiliza también en los medios de comunicación. Para que esto sea posible tienen que estar como pilares fundamentales las mujeres”, comenta.

Desde su mirada, la reacción que se ha generado en el territorio tiene relación con la visita del ministro del Interior, Víctor Pérez. “De una u otra manera está azuzando a los civiles que tienen estigmatizado al pueblo mapuche como violentistas y terroristas. Lo podemos ver en las municipalidades que estaban tomadas”, afirma.  A lo que complementa Ana LLao: “En este país, en que pensábamos que no existía el fascismo, pero hoy podemos decir que, en pleno siglo XXI, eso no es así”.

Jueves 6 de agosto

“¡Se están llevando a la machi! ¡Suelten a la machi!”, fueron los gritos desesperados de los que presenciaban y trataban de evitar que un grupo de carabineros de Fuerzas Especiales detuvieran a la machi Miriam Mariñan del lov Ranquilhue Autónomo, en Tirúa.

La manifestación convocada el jueves 6 de agosto fue breve. Los comuneros alcanzaron a estar unos minutos tocando sus kultrunes y haciendo rogativas hasta que fueron rodeados por los carros blindados de los que se bajaron más de 30 funcionarios policiales con escudos y lumas. Rápidamente los abordaron y detuvieron a 11 personas, entre ellas a la machi, a otros comuneros y también a comunicadores que se encontraban registrando el encuentro.

A la machi la tomaron por ambos brazos, un carabinero a cada lado, y la arrastraron hacia el carro mientras oponía fuerte resistencia. Una vez adentro, se sintió abrumada con mareos y náuseas. Pidió que la llevaran al consultorio cercano; la respuesta que recibió fueron groserías e insultos. Incluidas las carabineras, añade, que no mostraron ninguna compasividad con ellos. “Solo cuando era hora de soltarnos, cuando el dolor se hacía insoportable, nos llevaron”, relata.

En ese forcejeo, una de sus hijas perdió las joyas que llevaba puestas en su ropa. “Se las rompieron y las tiraron al suelo. Ella pedía que se la dejarán recoger, pero no lo hicieron. Varias de nuestras prendas quedaron esparcidas por el suelo; mi trarilonco y el mungolonko de mi otra hija también (pañoleta que cubre nuestra cabeza). Ni para dormir nos las sacamos. Cuando hablamos con las carabineras me dijeron que no se hacían responsable y dejaron de grabar con sus cámaras que tienen puesta en el pecho”, lamenta la machi.

Esa mañana había viajado desde su comunidad para expresar el apoyo a los huelguistas que no han ingerido alimentos por más de tres meses. Una condición que les puede causar daños irreparables, incluso, la muerte, algo de lo que ella como machi es completamente consciente. Ante eso, asegura que no pueden ser observadores pasivos: “No se trata de los golpes hacia mí, es la nula respuesta que el Estado ha dado. Como machi siempre estoy acompañada de mi ngenemapu y lo están mis hijas. Por eso, tenemos la fortaleza para soportar tanta humillación y maltrato”, expresa.

La resistencia que han forjado en torno a la huelga conlleva luchas de fondo como pueblo: el derecho a la vida, que se respete el Itrovillmongen (la biodiversidad) el ad mapu (normas y tradiciones), el küme mongen (buen vivir). Sin el reconocimiento a la nación, aclara, estas agresiones seguirán siendo previsibles. “Es por eso nuestra lucha, porque nos estamos reconstruyendo y ellos nos quisieron exterminar. Eso implica la devolución de territorios y la restitución de derechos. Las forestales, transnacionales y latifundio debe abandonar nuestro territorio. Ellos no respetan nuestra mapu, el agua, los lawen (medicina), los árboles. Ellos son destructores, solo les importa el dinero. Tampoco nos respetan a nosotros como che (persona), ni nuestro lavken (mar) y ríos”, recalca.

La machi Miriam Mariñan estuvo más de cinco horas detenida en la comisaría de Tirúa. Esta violencia le hizo sentir en un desequilibrio espiritual los días posteriores. Pero ya en su comunidad fue recibida con mucho newen (fuerza). “Nuestra manifestación se da en el contexto de una justa demanda, porque este gobierno del terror no ha dado respuesta”, manifiesta.

El Desconcierto


5 claves para entender la huelga de hambre del machi Celestino Córdova

Desde 2013 que Celestino Córdova enfrenta a la justicia por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. Fue condenado a 18 años de cárcel efectiva, en un fallo que incluso ratificó la Corte Suprema, pero que no ha estado exento de polémicas.

Ha realizado varias huelgas de hambre, pero en esta ocasión sus cercanos advierten que su estado de salud es delicado y grave. Tanto así, que el machi envió un mensaje de voz en el que indica que para él es un orgullo dar la vida por el pueblo mapuche.´

En el siguiente artículo repasamos las principales claves de la arista judicial del caso por el que fue condenado el machi:

1. Muerte del matrimonio Luchsinger Mackay

Revuelo e impacto, no sólo en la zona, sino que a nivel nacional, provocó la muerte del empresario agrícola Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mackay, el 4 de enero de 2013 en Vilcún, tras un ataque incendiario a su vivienda. Ambos cuerpos fueron encontrados calcinados.

Mackay alcanzó a realizar varios llamados telefónicos, incluso contactó a Carabineros dando cuenta del hecho aquella madrugada, en la que se conmemoraba, además, el aniversario de la muerte de Matías Catrileo.

2. Detención de Celestino Córdova

Sólo minutos más tarde del ataque que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger Mackay, Carabineros detuvo al machi Celestino Córdova, quien estaba herido a bala a dos kilómetros del lugar.

Según la investigación posterior y el relato de la fiscalía, habría sido el empresario agrícola quien disparó contra el comunero mapuche, lo que fue puesto en duda por la defensa del machi.

Celestino Córdova quedó prisión preventiva y debió enfrentar un juicio oral que comenzó en febrero de 2014, siendo él el único imputado, después que por una serie de inconsistencias de la investigación, se descartara a otros once sospechosos.

Tras terminar la primera audiencia en el Tribunal Oral de Temuco, se registraron incidentes entre personal de Carabineros y miembros de las comunidades mapuche. En aquella oportunidad, el Ministerio Público solicitó presidio perpetuo calificado por la muerte del matrimonio. Además, de una condena de 36 años de cárcel por los delitos de incendio terrorista.

3. Condena a Celestino Córdova

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó en febrero de 2014 al machi Celestino Córdova a 18 años de presidio por el incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Nadie quedó conforme con el resultado. La vocera del machi, Kelv Tranamil, aseguró que no fue un juicio justo. El abogado de Córdova, en tanto, declaró que estudiarán buscar la absolución y el ministro del Interior de aquel entonces, Andrés Chadwick, señaló a los medios de comunicación que “el tribunal tenía los instrumentos para haber dado una pena superior”.

Con todo, el caso llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal del país confirmó en mayo de 2014 la condena de 18 años contra el machi Celestino Córdova por la muerte del matrimonio. La segunda sala penal estimó que se acreditó su participación como autor.

Cristián Paredes, fiscal regional de La Araucanía, indicó en aquel entonces que “el veredicto contribuye a dar tranquilidad a la familia Luchsinger Mackay”. Por su parte, la defensa de Córdova analizaba la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

4. Huelga de hambre

En mayo de 2014 Celestino Córdova inició una huelga de hambre. Hasta el centro penitenciario llegó a visitarlo el entonces intendente de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, para saber, según él, los motivos tras esta decisión tomada por el machi.

Pero esta no sería la última vez que Córdova realizaba una huelga de estas características. En marzo de 2018, por ejemplo, después de más de 50 días de ayuno y huelga líquida, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió un recurso de protección presentado por Gendarmería.

Meses más tarde, en julio del mismo año, Córdova inició otra huelga de hambre. ¿Qué pedía? Un permiso de libertad por 48 horas para renovar su rewe. Pese a que en un comienzo se le cerró la puerta a la solicitud, finalmente, el 27 de julio se confirmó que Gendarmería lo autorizaba, información que fue ratificada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

En noviembre, y tras la muerte de Camilo Catrillanca, Celestino Córdova informó del inicio de una nueva huelga de hambre, en apoyo a la familia del comunero y pidiendo justicia por su asesinato.

Pero ahora ya son más de 100 días los que lleva Celestino Córdova en huelga de hambre. Esta medida es la que ha generado mayor impacto y la que tendría en un delicado estado de salud al machi Celestino Córdova. Actualmente se encuentra en un recinto hospitalario y la justicia ordenó al centro médico proporcionar todas las medidas de salud para el machi.

Córdova busca ser trasladado para cumplir parte de su condena en su comunidad, bajo la modalidad de arresto domiciliario total, hasta el término de la pandemia.

En un principio, la Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso interpuesto por los abogados del machi, por lo que el caso llegó a la Corte Suprema.

Un grupo de consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos está en la zona y visitó al machi en el hospital.

“Nosotros sabíamos que estaba muy delicado y sigue muy delicado, sobre todo muy frágil a nivel cardiaco, pero estuvo bastante lúcido. Estuvimos hablando un buen rato con él y estaba muy lúcido. La situación es grave, pero lo vimos bastante despierto y animado en la conversación”, señaló tras salir del encuentro Salvador Millaleo, abogado mapuche y consejero del Instituto Nacional de Derecho Humanos.

Además, indicó que el organismo está haciendo todas las gestiones para evitar un desenlace fatal y que en cuanto a radicalizar la huelga, el machi les habría manifestado que “va a decidir una vez que conozca la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso de amparo. Y ahí él va a tomar una decisión”.

5. El mensaje del machi: “Para mí es un orgullo dar la vida”

Al cumplirse 100 días de huelga de hambre, Celestino Córdova envió un mensaje de audio. Este martes 11 de agosto es también la fecha en que la Corte Suprema revisó su recurso de amparo.

En él asegura que este será uno de sus últimos mensajes, que para él es un orgullo dar la vida por el pueblo mapuche y que retomará la huelga seca en cualquier momento.

“Lamento mucho que tenga que entregarle mis últimos mensajes, dentro de mis últimos días que me quedan para mi sacrificio en forma definitiva, por lo que para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo Mapuche”, indica en una parte del audio.

“Por lo que para que mi muerte sea más rápido, me he colocado a la disposición de retomar huelga seca en cualquier momento y así mi desenlace no será lento, como se lo esperan los actores de todos los poderes del Estado y el gobierno de turno y todos los sectores empresariales en general”, sostiene Córdova.

Se exige dar cumplimiento al convenio 169 de la OIT, un instrumento jurídico de carácter internacional que fue ratificado por nuestro país en 2008 y que entró en vigencia el 15 de septiembre de 2009.

Fernando Pairacan, historiador e investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad Católica, indica que parte de lo que señala este convenio es que, “en base a hechos judiciales, se recomienda y se solicita que la pena sea distinta a la cárcel física, sino que puedan cumplir sus condenas ojalá en sus comunidades o incluso los más avanzados, como en Colombia, plantean que sean los mismos pueblos originarios los que hagan la sanción sobre sus autoridades tradicionales”.

En cuanto al convenio, el consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Salvador Millaleo, indicó que “hay una inaplicación, porque no existe en el derecho chileno una norma que permita dar una aplicación al convenio después de que se dicte una sentencia. O sea, existen normas internas que establecen los expertos de la pertenencia a ser indígenas cuando se impone la sentencia, pero cuando se tiene que cumplir la condena no hay normas en Chile que favorezcan que se consideren las condiciones de pertenencia a pueblos indígenas. Entonces ahí sí hay una brecha de Derechos Humanos”.

Desde el gobierno, en tanto, el ministro de Interior, Víctor Pérez, indicó que “nuestra principal preocupación en este caso es salvar la vida y conversar con quien sea posible para que dentro de todo lo que se establece en los reglamentos penitenciarios poder buscar el camino para que esa huelga de hambre sea depuesta, porque no creemos que nos lleve a ningún tipo de solución”.

CNN Chile

 


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