Colombia | Uribe, cada vez más complicado: ex fiscal lo denunció por delitos de lesa humanidad

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Exclusivo | “Uribe fue la culminación del proyecto paramilitar”: Montealegre

El exfiscal Eduardo Montealegre y su exvicefiscal Jorge Perdomo sumaron este martes una nueva denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En 93 páginas expusieron por qué a su juicio el exsenador es presuntamente responsable por omisión por los delitos de lesa humanidad cometidos en las masacres de El Aro y La Granja, cuando Uribe era gobernador de Antioquia (1995 a 1997). Montealegre y Perdomo explicaron en exclusiva su denuncia en SEMANA en vivo.

“Uribe lleva 20 años cometiendo delitos impunemente”, dice Montealegre, quien cuenta que a su juicio la “orientación de la justicia” durante estos 20 años ha estado “equivocada” al tratar de “establecer un vínculo entre Uribe y las autodefensas (…) Estudiando con Jorge (Perdomo) el tema llegamos a la conclusión de que por ese camino las investigaciones no iban a ir a ningún lado. El tema aquí es de responsabilidad por omisión, porque Uribe en ese momento era el gobernador, él era garante de la protección a la población civil”, explicó el exfiscal.

Es clave que en esta denuncia penal Montaleagre y Perdomo no aportan pruebas nuevas, sino que se basan en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato al defensor de derechos humanos Jesús María Valle y las masacres de La Granja y El Aro, por las cuales fue condenado el Estado, hechos que además fueron declarados por la Corte Suprema delitos de lesa humanidad.

“Lo asesinan (a Valle) porque él había denunciado la connivencia entre el paramilitarismo y la fuerza pública, la connivencia entre miembros del gobierno de Álvaro Uribe y el paramilitarismo. Lo asesinan cuando en ese contexto Álvaro Uribe prende el fósforo que después toman los grupos paramilitares y lo asesinan como consecuencia de las graves denuncias que él había hecho sobre el paramilitarismo en Antioquia”, aseguró Montealegre.

Si bien la denuncia penal no se centra en demostrar un presunto vínculo entre el paramilitarismo y el expresidente Uribe, en la entrevista con María Jimena Duzán el exfiscal Montealegre sí señala esos presuntos vínculos no solo de Uribe sino de su entorno familiar. “Álvaro Uribe es producto de esa connivencia entre la clase política y el paramilitarismo. Es indudable que Álvaro Uribe fue la culminación del proyecto paramilitar en Colombia. Esa unión de política y paramilitarismo la empezó a descubrir la Corte y con gran transparencia la expuso a la opinión pública”, aseguró el exfiscal, quien además dijo que la familia de Uribe Vélez “sí tenía relación con el narcotráfico, su padre gran amigo del cartel de Medellín, tenía un helicóptero que terminó en Tranquilandia”.

De hecho, Montealegre plantea que no se pueden entender los hechos de manera particular, porque considera que hay todo un “plan sistemático contra la población civil” en las que estaría involucrado Uribe. “Hay muchas masacres vinculadas con Álvaro Uribe y su entorno: la masacre de El Aro y La Granja, siendo gobernador, las masacres cometidas por Los 12 Apóstoles por la cual va a ser condenado el caballista Santiago Uribe Vélez. Aquí no encontramos hechos diferentes, sino uno solo que está totalmente unido, porque forman parte de un plan sistemático contra la población civil con un designio: había que exterminar al enemigo, que eran las personas que pertenecieran a la insurgencia armada colombiana”, asegura.

¿Oportunismo político?

Desde que los dos altos exfuncionaros de la Fiscalía anunciaron esa denuncia penal ante los medios de comunicación y su radicación ante la Corte pasó un año, esto ha despertado suspicacias entre sus críticos, quienes acusan a Montealegre y a Perdomo de oportunismo político, porque esta denuncia penal se da justo cuando el expresidente Álvaro Uribe está en casa por cárcel por el proceso de presunto soborno y fraude procesal.

Sin embargo, Montealegre explicó que se demoraron porque estaban “estudiado el marco teórico de la denuncia contra Uribe”. Perdomo, por su parte, aseguró que la denuncia la hacen por “convicción”, para no “defraudar a las miles de víctimas” que vio durante su paso por la Fiscalía. “Hace 25 años fueron las masacres de El Aro y La Granja, gobernaba en Antioquia Álvaro Uribe Vélez; hoy 25 años después seguimos teniendo las mismas masacres con los mismos entornos criminales de narcotráfico, siguen existiendo las víctimas y se encuentra el partido Centro Democrático en el poder”, señaló el exvicefiscal.

“La denuncia de Montealegre y Perdomo contra @AlvaroUribeVel es vengativa y sin sentido . La denuncia ya está desde hace más de 20 años. La Honorable Corte ya conoció de ella. La pregunta es qué hicieron Batman y Robin cuando eran Fiscal y Vice Fiscal para aclarar esto?”, cuestionó el abogado penalista Iván Cancino en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Montealegre aseguró que cuando él llegó al puesto de fiscal general, la investigación había sido archivada por el exfiscal Alfonso Gómez Mendez, y que además cuando estaban empezando a aplicar el nuevo modelo de investigación en contexto en el ente acusador, Álvaro Uribe fue nombrado senador, por tanto, sus procesos pasaron a la Corte Suprema de Justicia. “En el momento en que nosotros estábamos empezando a aplicar el nuevo modelo a Álvaro Uribe lo nombraron senador, yo perdí competencia, no es que ahora sea oportunismo”, dijo Montealegre.

Respecto a la discusión jurídica que se da en el país por la competencia de la Corte Suprema de Justicia en los procesos del expresidente Uribe ahora que renunció a su curul en el Senado, Montealegre y Perdomo consideran que la debe conservar, es decir, que ni el proceso por soborno y fraude procesal por el que Uribe se encuentra en casa por cárcel, ni la denuncia penal que interpusieron por las masacres deben ir a la Fiscalía. “Lo que hizo Álvaro Uribe es un delito común: soborno y fraude procesal, pero es un delito común que está en conexidad con un delito de lesa humanidad y es clarísima la jurisprudencia internacional que dice que son siameses, usted no los puede fraccionar. La corte tiene la competencia porque Uribe Vélez cometió estos delitos comunes pero abusando de la investidura de senador”, dijo Montealegre.

Semana


Procuraduría advirtió que la CSJ perdió la competencia en el caso de Uribe

Por Cristina Martín

La Procuraduría General le solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes.

Para el ente de control con esta renuncia, desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado Uribe corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

En su análisis, el ente de control estableció que “la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República”.

Por último, la Procuraduría precisó que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones

Caracol


¿Cuál es el plazo de la Corte para decidir si traslada caso Uribe?

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez confía en que esta misma semana, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia responda a su solicitud de enviar a la Fiscalía General de la Nación todos los procesos que cursan contra su cliente.

El abogado Jaime Granados Peña, apoderado de Uribe, le dijo a EL NUEVO SIGLO, que ese término es de cinco días, por tanto se espera que la respuesta de la Corte se conozca en la próxima sala plena prevista para el jueves entrante.

Sin embargo, en materia de términos judiciales aún los más reconocidos penalistas del país tienen criterios jurídicos encontrados, pues advierten que son varios los elementos de juicio que debe tener en cuenta la Corte para entrar a resolver de fondo la petición de Granados.

Por ejemplo, el exfiscal Mario Iguarán Arana afirma que “no hay plazos establecidos” para que la Corte decida el asunto, pero en cualquier caso “debe ser en un plazo razonable” acorde con la línea jurisprudencial que ha trazado el máximo tribunal de justicia ordinaria. Es decir, dice el experto, “la Corte puede resolver en cualquier momento la solicitud de la defensa”.

En ese sentido, un exconjuez de la Corte Suprema agrega que un término legal para este caso no existe, “pero la regla general dice que allí donde la ley no dispone un término este será de cinco días. A eso se refiere la defensa”, considera el experto.

Y para ello menciona el artículo 159 Ley 906/2004 (Código de Procedimiento Penal), que dice: “El funcionario judicial señalará el término en que la ley no lo haya previsto, sin que pueda exceder de cinco días”.

La fuente, sin embargo, advierte que “no siempre” los plazos judiciales se cumplen por razones tan variadas como la carga laboral del funcionario, la complejidad de la actuación, el número de sindicados, etc.

Del mismo criterio es otro jurista que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero prefiere no ser mencionado. Dice que “plazo como tal no existe” para que la Corte se pronuncie sobre la solicitud de la defensa, pero tiene claro que “si la situación fáctica es que el sindicado dejó de ser aforado, la Corte pierde la competencia”.

Así las cosas, habrá que esperar el pronunciamiento de la Sala Especial de Instrucción frente a su competencia para conocer de los procesos que se le siguen a Uribe, o su remisión a la Fiscalía.

En cualquier caso, añade el exfiscal Iguarán, “la Sala de Instrucción es autónoma para decidir si envía o no todos los procesos a la justicia ordinaria, pero frente a cualquier decisión procede una acción de tutela por parte de la defensa”.

¿Competencia parcial?

Por otra parte, una de las inquietudes que surgen del llamado que formuló la Corte a Uribe para que rinda versión libre el próximo 16 de septiembre por varios hechos ocurridos hace más de dos décadas es, ¿por qué hasta ahora?

La Corte se refiere a delitos que declaró de lesa humanidad el 30 de mayo de 2018: “concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos derivados de las masacres de San Roque (13 de julio y 17 de septiembre de 1996); La Granja, en Ituango (11 de junio de 1996); y El Aro, Ituango (22 a 31 de octubre de 1997). Además, el crimen de Jesús María Valle (27 de febrero de 1998)”.

“Por ende, la acción penal por las mencionadas conductas se torna imprescriptible”, dice la Corte en el llamado a versión libre.

No obstante, las fuentes consultadas por este Diario no coinciden con esta competencia de la Corte, pues advierten que ante la dimisión de Uribe a su curul senatorial, el alto Tribunal judicial perdió competencia para seguir conociendo de estos procesos.

“El numeral 5 del artículo 235 de la Carta habla del fuero constitucional y de la labor de instrucción y juzgamiento de la Sala Especial de primera instancia, previa la acusación de la Fiscalía. Pero el fuero es mientras se esté en el cargo y para delitos relacionados con el cargo. Y Uribe ya no es senador ni las conductas que le imputan tienen que ver con sus funciones como legislador”, sostiene el expresidente de la Corte Suprema.

Iguarán advierte que en su autonomía antes de decidir qué procesos envía a la Fiscalía, la Corte decidirá sobre una nueva jurisprudencia frente a su competencia con relación a los aforados constitucionales.

“En mi concepto, ni en los procesos por las masacres ni en el de manipulación de testigos ningún hecho guarda relación con el cargo de senador de Uribe. Por eso me parece que automática, legal y jurisprudencialmente deben enviarse a la Fiscalía todos los expedientes que cursan en su contra”, afirma.

Nuevos elementos

Por otra parte, el abogado Granados rechaza el “llamado tardío a versión libre” de su cliente, pues recuerda que desde 2014 el mismo Uribe la había solicitado.

Al respecto, el exconjuez sostiene que “por tratarse de un hecho considerado de lesa humanidad, no prescribe, por tanto la Corte puede reabrirlo en cualquier momento. Si lo llamó ahora es porque encontró nuevos elementos que no existían cuando Uribe pidió rendir versión libre”.

De cualquier modo, considera el jurista, “la Corte tiene que decir qué cambió desde el momento en que la defensa pidió la versión y ahora que decide llamarlo a declarar. Eso se sabrá”.

“Usurpa competencia”

El lunes, el abogado Granados sostuvo que “luego de que había sido exonerado en el año 2000, a instancias de los enemigos políticos del expresidente Uribe el fiscal (Eduardo) Montealegre le abrió una investigación preliminar”.

En ese momento, hace ocho años –añadió el abogado– “solicitó el expresidente y ciudadano que se le recibiera en versión. Insistió en ella cuando asumió competencia la Corte en el año 2018. Y ahora, tardíamente, cuando ya no tiene competencia es que lo vienen a llamar”.

“Pueden estar seguros de que el ciudadano Álvaro Uribe Vélez comparecerá cuando sea citado, pero por una autoridad que sea competente, no quien usurpa dicha competencia”, agregó.

El Nuevo Siglo


Absolución de Iván Cepeda en Procuraduría pone más peso al proceso contra Álvaro Uribe

Este martes, se conoció la decisión de la Procuraduría General de la Nación –PGN– en la que absuelve al senador Iván Cepeda, en relación con las acusaciones que en su momento hiciere el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sobre supuestamente recibir falsos testimonios a cambio de ofrecimientos.

El ente de control, ya había emitido una decisión en favor de Cepeda el pasado 30 de julio de 2018; no obstante, la defensa de Uribe instauró un recurso de reposición contra la misma.

En la decisión conocida el día de hoy, la Procuraduría reafirmó las imprecisiones advertidas en la queja que instauró Álvaro Uribe; ratificó la «inexistencia de la conducta» acusada por el expresidente; y se mantuvo en su postura de absolver a Iván Cepeda.

Cabe recordar que la Corte Suprema adelanta un proceso en contra de Uribe por estos mismos hechos, el cual, tiene cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria al exmandatario.

La decisión de la Procuraduría, reafirmaría el mérito que evidenció la Corte para abrir la investigación contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.

«Esta es una decisión que se une a otras y de un órgano distinto a la Corte Suprema de Justicia. Me parece que es valioso porque ayuda a mostrar que hay una multiplicidad de decisiones que se están tomando por distintos órganos en distintos momentos. Todas esas decisiones muestran que no existe ningún fundamento para demostrar que en algún momento yo he hecho ofrecimientos a personas a cambio de que declaren en contra de Álvaro Uribe y su hermano Santiago Uribe», señaló el senador Cepeda tras conocer la decisión.

Las amenazas en contra de Iván Cepeda y el apoyo internacional que ha recibido

Por otra parte, Iván Cepeda denunció hace algunos días, que luego de que se oficializara la medida de aseguramiento en contra de Álvaro Uribe, se intensificaron las intimidaciones y amenazas contra su vida e incluso alertó que sujetos sospechosos merodeaban las inmediaciones de su residencia y tomaban fotografías, lo que lo hacía temer que se estuviese planeando un atentado en contra suya.

Esto llevó incluso a que parlamentarios europeos, dirigieran una carta al presidente Iván Duque, en señal de apoyo a Cepeda, en la que manifestaron su preocupación por su situación de seguridad y le pidieron al presidente Iván Duque respetar la separación de poderes y no interferir con sus declaraciones en las decisiones de la Corte Suprema.

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