Covid-19: la urgencia de un nuevo pacto social en América Latina y el Caribe

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Pierre Lebret y Mauricio Jaramillo

Hace demasiado tiempo que Latinoamérica constituye una de las regiones más desiguales del mundo. Tras un inicio de siglo marcado por un crecimiento económico sostenido y los altos precios de las materias primas, varios países habían logrado revertir la tendencia con políticas redistributivas, pero sin poder tocar realmente los problemas estructurales y sin lograr imponer –vía el impuesto– una participación más importante de los sectores más ricos. Los gobiernos progresistas en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile y Venezuela habían logrado reducir el coeficiente de Gini por debajo de 0,50. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre el año 2002 y el 2013, en esta región el indicador pasó en promedio de 0,54 a 0,48, una disminución significativa en un continente marcado por la desigualdad.

Pero hoy la situación es otra, para no decir catastrófica. La región es una de las más golpeadas por la pandemia con más de doscientos mil muertos. Un contexto que coincide con la presencia de gobiernos neoliberales, los cuales son sinónimo de peligro para poblaciones que necesitan de una mayor protección social para enfrentar la situación. Es un verdadero retroceso económico, social y democrático que está en curso. Las perspectivas de la CEPAL son preocupantes. El PIB experimentará una caída de 9,1% para el 2020, el aumento de la pobreza será del orden de 7% y de 4,5% para la extrema pobreza.

El confinamiento decretado por la mayoría de los países muestra las fallas, vulnerabilidades y el grado del salvajismo neoliberal: con millones de trabajadoras y trabajadores sin protección social y sin capacidad de ahorro para enfrentar esta nueva realidad; la fuerte especulación financiera; sistemas comerciales intrarregionales precarios (solo 25% de los intercambios se hacen en la región), lo que se traduce en un problema estructural y de dependencia vis a vis de las potencias del Norte.

Los indicadores de la caída del modelo neoliberal son tan numerosos, que nadie que dice creer en un cierto humanismo y en el sentido de la historia, puede pretender defender retornar a una normalidad pre COVID-19. Esta “normalidad” tan nociva y contraria a las identidades latinoamericanas, contraria para los desafíos actuales y futuros. Sin embargo, para retomar las palabras del antropólogo Eduardo Viveiros de Castro y la filosofa Deborah Danowski: “Asistimos a una enorme distancia entre nuestra capacidad (científica) de imaginar el fin del mundo y nuestra incapacidad (política) de imaginar el fin del capitalismo”.

En la región, el 10% más rico concentra más del 70% de la riqueza total, pero paga impuestos por solo el 5,4% de sus ingresos. Esta debilidad tributaria no permite a los estados invertir lo suficiente en áreas como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad alimentaria, igualdad de género, o el desarrollo de infraestructuras. La evasión fiscal, que representa un costo de 6,3% del PIB regional (CEPAL, 2019), solo incrementa este debilitamiento estatal.

Como agravante, las amenazas a la democracia están aumentando en Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia. El presidente brasileño ha anunciado de manera reiterada su desprecio por los pueblos indígenas, la población negra, las mujeres y la comunidad LGBTI, sus intenciones de influir en la justicia o incluso limitar los poderes del Congreso, sin mencionar la acelerada deforestación de la Amazonía. Colombia sigue liderando la triste lista de países con mayores asesinatos a líderes sociales. En Bolivia, las elecciones fundamentales para la estabilidad política y democrática se postergan una vez más. En Chile, el Presidente Sebastián Piñera nombra en puestos claves del Gobierno a partidarios de la dictadura de Pinochet, la represión continúa contra los manifestantes y el pueblo mapuche, en un clima extremadamente polarizado a dos meses del plebiscito que debe abrir el camino para una nueva Constitución, gracias al levantamiento popular de octubre de 2019. Algunas figuras del Parlamento chileno están tratando de evitar cualquier posibilidad de una Asamblea Constituyente.

Convenientemente, la pandemia se está convirtiendo en el pretexto fácil de las derechas latinoamericanas para frustrar los procesos democráticos en marcha.

La gestión actual del COVID-19 y la pospandemia implica el enorme desafío de garantizar un Estado de bienestar a través de ayudas directas a los más vulnerables, una renta mínima universal, el derecho a la salud para todas y todos, la renegociación de la deuda, acuerdos regionales para promover la cooperación internacional a largo plazo y la implementación de políticas anticíclicas.

El impuesto a las grandes fortunas es uno de los imperativos para alejarse de la lógica capitalista de la acumulación de riqueza y sustituirla por una redistribución equitativa. El contexto regional, difícil para una gran mayoría, debe constituir una oportunidad para construir un pacto social con un denominador común que radica en el respeto de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia.

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