Cronología de la trama de corrupción que involucra a los expresidentes Peña Nieto y Calderón

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El “pacto de impunidad” de Calderón y Peña en Etileno XXI que costó 1,935 mdp a México

“No se trata de hechos aislados sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y la economía nacional. Una conspiración de Estado para beneficiar a Braskem–Idesa y a sus socios en el Gobierno”, destaca la denuncia de hechos por el posible desfalco a Pemex de mil 935 millones de pesos en el Complejo Etileno XXI, hoy en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos privilegios que recibió desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

La denuncia de hechos en Etileno XXI, presentada en junio de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR) por Alfredo Figueroa Fernández, exconsejero del IFE (hoy INE), y el abogado Paulo Díez Gargari, coincide con las declaraciones que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, hizo ante la FGR y en donde además acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos.

“Emilio ´L´ apuntó al sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) por presuntos privilegios para la planta petroquímica Etileno XXI, vinculada con una compañía mexicana que es socia de Odebrecht”, según informó el Fiscal Alejandro Gertz Manero en conferencia de prensa. Respecto a ese tema, añadió, Emilio “L” aseguró que “se le dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el Gobierno federal tuvo pérdidas muy graves”.

Estos privilegios que Lozoya menciona en su denuncia en realidad forman parte de un “pacto de impunidad entre las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018)”, dijo a SinEmbargo el abogado Paulo Díez Gargari. “Por un lado la operación la hizo Luis Videgaray (con Peña) y del otro José Antonio Meade (con Calderón)”.

El esquema de corrupción en Etileno XXI para dañar a Pemex comenzó en el sexenio de Felipe Calderón el 6 de noviembre de 2009, cuando Braskem (filial de Odebrecht) y la mexicana Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández –entonces subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación–) ganaron la subasta promovida por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), actualmente Pemex Transformación Industrial (PTRI), para el suministro de 66 mil barriles diarios de etano que serían utilizados como materia prima en el complejo petroquímico que se construiría en la zona de Coatzacoalcos, Veracruz.

Meses después, el 19 de febrero de 2010, Pemex le adjudicó al consorcio un “Contrato de Suministro de Etano” por un periodo de 20 años. Braskem-Idesa invirtió 5 mil 200 millones de dólares para diseñar, financiar, construir, poseer y operar una planta de etileno y dos o tres plantas de polietileno con la infraestructura de servicios y de accesos.

“Estamos hablando de la más grande inversión de Brasil en México”, declaró el 23 de febrero de 2010 Bernardo Gradin, presidente de Braskem, en una reunión entre México y Brasil tras el cierre de la cumbre del Grupo de Río en el balneario mexicano de Playa del Carmen.

El 29 de abril de 2011, en la sesión ordinaria 827 del Consejo de Administración de Pemex presidida por José Antonio Meade Kuribreña, entonces Secretario de Energía, el consejero Rogelio Gasca Neri propuso suspender el Complejo Etileno XXI hasta que fueran aprobadas las modificaciones a los contratos, incluido el Contrato de Suministro, pero el presidente del Consejo ignoró la propuesta.

Los argumentos de Gasca Neri, según constan en el acta del Consejo solicitada vía transparencia por la plataforma Méxicoleaks, eran que Pemex se vería afectada por este negocio privado.

“La principal objeción de Gasca era un tema técnico muy sencillo: en el contrato Pemex declaraba que tenía reservas suficientes de gas para surtirle etano a Etileno XXI durante los 20 años del plazo original del contrato e incluso los 15 años de prórroga, lo cual era evidentemente falso”, explicó el abogado Paulo Díez.

Esta trama de presunta corrupción que comenzó en el sexenio de Felipe Calderón se consolidó con Enrique Peña Nieto. La operación para blindar el Complejo Etileno XXI duró 10 días y abarcó las dos administraciones.

“Siete días antes de terminar el sexenio de Calderón se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se incrementa el impuesto a la importación de polietileno. El decreto debía entrar en vigor el 1 de enero de 2015, unos meses antes de la fecha de inicio de operaciones del Proyecto Etileno XXI”, detalló Díez Gargari.

Se pactó el inicio de operación a más tardar al 30 de junio de 2015, así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014). Pero, observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no generó valor económico ni rentabilidad para Pemex en 2016 pues empezó a operar hasta marzo.

Ya en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y bajo la dirección de Emilio Lozoya Austin, para suministrar el etano al complejo Etileno XXI de Braskem-Idesa, Pemex formalizó el 13 de diciembre de 2012 un contrato por adjudicación directa de “Servicios de Transporte de Etano” por ducto, el cual consideró la construcción de un etanoducto de 226 kilómetros, para la conexión entre los centros procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y el Complejo Etileno XXI, así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al Complejo Etileno XXI.

“Este es el esquema que usaron y que representa para Pemex una pérdida de 3 mil 642 millones de pesos por la diferencia entre el costo de haber importado el gas natural caro y venderle a Etileno XXI el gas etano barato”, refirió el abogado Paulo Díez. “Además hay unas penalizaciones enormes por 2 mil 800 millones de pesos porque como tampoco le podemos vender el etano que nos comprometimos a venderle, entonces penalizan a Pemex”.

En julio de 2015 el Consejo de Administración de Pemex autorizó que el monto del contrato por los 20 años 6 meses de su vigencia por el transporte pasaría de 982 millones de dólares a mil 346 millones de dólares, con una tarifa anual de 65 millones 746 mil dólares por cambios de diámetros en los ductos, de válvulas, instalación de calentadores y por problemas sociales que ocasionaron cambios de ruta.

EL DESFALCO A PEMEX

Por el desfase en el inicio de operación del Complejo Etileno XXI, de enero de 2015 a febrero de 2016 Pemex pagó por los servicios no prestados de transporte de etano 668 millones 986 mil 400 pesos (431 millones de pesos en 2015 y 237 millones en 2016), debido a que aunque el etanoducto estaba listo, Braskem-Idesa no inició operaciones sino hasta marzo de 2016, nueve meses después del inicio de operación pactado contractualmente, señala la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2016.

Además, Pemex reportó pérdidas de mil 935 millones de pesos por la venta de etano, ya que el costo de producción de las ventas durante 10 meses de 2016 fue de mil 736 millones de pesos, que sumados a los mil 387 millones de pesos del servicio de transportación pagados durante 12 meses, resultan en un costo de ventas de 3 mil 123 millones de pesos, un monto mayor al ingresado por las ventas por mil 188 millones de pesos.

Por la baja producción de gas húmedo de los complejos procesadores de gas Cactus y Nuevo Pemex, los cuales producen etano para suministrar al Complejo Etileno XXI, un grupo multidisciplinario de Pemex evaluó diversas alternativas de suministro de este petroquímico, como la importación. Pero al no concretarse, ante la falta de materia prima Pemex Transformación Industrial mantuvo una tendencia a la baja en la producción de etano, lo que generó penalizaciones por el incumplimiento con Braskem-Idesa.

En 2017, cuando el titular de Pemex era José Antonio González Anaya, el precio de venta del etano se mantuvo por debajo de los costos de producción y transporte, lo cual no lo hizo rentable. En el contrato de suministro de etano firmado en 2010 no se consideró una cláusula de protección o de revisión de los porcentajes de descuento, por lo cual no se previeron situaciones de posible incumplimiento de baja producción.

El Contrato de Suministro tiene una vigencia de 20 años que puede extenderse, a opción de Braskem-Idesa, por tres periodos adicionales de cinco años cada uno. Es decir, la vigencia máxima puede ser de 35 años.

Si las pérdidas anuales de Pemex derivadas de la ejecución del Proyecto Etileno XXI fueran similares a las de 2016 durante toda la vigencia del Contrato de Suministro y sus prórrogas, el monto total del quebranto a Pemex podría ser superior a los 70 mil millones de pesos, según consta en la denuncia que en el año 2018 interpusieron Paulo Díez Gargari y Alfredo Figueroa.

Sobre esta denuncia, Díez Gargari señala que está detenida en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde aún existen infiltrados del Gobierno de Peña Nieto.

“Nosotros presentamos la denuncia en 2018 y yo he estado encima de la SEIDO, que está infiltrada por los peñanietistas y se han dedicado a no hacer nada”, dijo. “Hemos estado tratando de aportar pruebas adicionales y de sacar el asunto de la SEIDO para llevarla a otros lugares como la Fiscalía Anticorrupción, que es un área distinta que está tratando de hacer las cosas de mejor manera”.

LOS INVOLUCRADOS

Los involucrados en la trama de corrupción en el Complejo Etileno XXI van desde políticos, expresidentes y empresas transnacionales. Para el abogado Díez Gargari, los actores “forman parte de una red de corrupción con el propósito de saquear al país”.

–Braskem Idesa: Es una asociación creada en 2010 conformada por Braskem (filial de Odebrecht) y Grupo Idesa (de la familia de Gerónimo Gutiérrez Fernández). Lidera el Proyecto Etileno XXI.

–José Antonio Meade: Era subsecretario de Hacienda en la fecha de la celebración del Contrato de Suministro a Etileno XXI. Luego fue Secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. Como Secretario de Hacienda firmó el decreto por el que se incrementó el impuesto a la importación de polietileno para beneficiar indebidamente a Braskem-Idesa.

–Emilio Lozoya: En la dirección de Pemex firmó un convenio modificatorio del Contrato de Suministro que privilegiaba a Etileno XXI.

–Luis Videgaray: El 5 de enero de 2016 firmó junto con el expresidente Enrique Peña un decreto en el que se crea una nueva fracción arancelaria para el polietileno de baja densidad lineal.

–José Antonio González Anaya: Fue director de Pemex desde el inicio de operaciones del Complejo Etileno XXI.

–Felipe Calderón: Firmó el decreto con el que se pretendía evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o comercio de polietileno a fin de favorecer a Braskem-Idesa.

–Enrique Peña Nieto: Permitió que entrara e vigor el decreto que establecía la tarifa de importación de polietileno.

–Juan José Suárez Coppel: Era director general de Pemex y miembro del Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica en la fecha de celebración del Contrato de Suministro.

–Jordi Hernán Herrera: Fue director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica en la fecha de la celebración del Contrato de Suministro de Etileno XXI.

SinEmbargo


Robo de gasolinas y estructura paralela, los dos cabos sueltos en la red Lozoya-Peña-Calderón

Por Manuel Hernández Borbolla

Revelar los detalles de cómo operaba el tráfico de combustible dentro del Gobierno, y cómo se realizaban millonarias operaciones financieras en la estructura paralela de Petróleos Mexicanos (Pemex), son los puntos clave para ir al fondo en la red de corrupción donde Emilio Lozoya es una pieza central.

Una trama que ha sacudido a México, luego de que el exdirector de Pemex acusara al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray de encabezar una red de sobornos que inyectó dinero a las campañas electorales y pagó a legisladores (cinco senadores y un diputado) para aprobar reformas, como la energética y la electoral.

Por ello, el caso Lozoya es un asunto que podría derivar en un macroproceso judicial sin precedentes en México, de acuerdo con algunos de los periodistas que han investigado a fondo la corrupción de la red, que se extiende a administraciones anteriores e involucran a funcionarios y a otro expresidente, Felipe Calderón.

Un caso de corrupción que, a su vez, permite entender las conexiones con otros escándalos que han sacudido al país en la última década.

¿DE QUÉ SE ACUSA A LOZOYA?

Actualmente, el exdirector de Pemex durante la administración de Peña Nieto enfrenta un proceso judicial por “dos casos de varios que existen”, de acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero:

La compra de Agro Nitrogenados, una planta chatarra de fertilizante con sobreprecio de 250 millones de dólares. En este asunto está implicado el empresario Alonso Ancira, principal accionista de Altos Hornos de México, quien se encuentra preso en España y en proceso de extradición.

Los sobornos de Odebrecht. Lozoya fue señalado por altos funcionarios de la constructora brasileña por haber recibido sobornos por al menos 10,5 millones de dólares durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, a cambio de recibir contratos con beneficios para la empresa brasileña y que causaron un daño patrimonial a Pemex.

OTROS CASOS, SIN CARGO

Sin embargo, existen una serie de casos que involucran a Lozoya y por los que todavía no se han presentado cargos, hasta donde han informado las autoridades, a pesar de que estos podrían develar una trama de corrupción más amplia.

Uno de ellos es la compra de Fertinal, otra planta chatarra de fertilizante con sobreprecio de alrededor de 193 millones de dólares.

Otro caso es la llamada Estafa Maestra, una red de corrupción mediante la que diversas secretarías de Estado desviaron 7.670 millones de pesos (343 millones de dólares) a través de contratos otorgados a universidades públicas y empresas fantasma. Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, la petrolera desvió 566 millones de pesos (25,3 millones de dólares) a través de este esquema, que ya ha sido auditado por autoridades mexicanas.

Sin embargo, todavía no ha sido imputado por estos delitos, a pesar de que por el mismo caso, está recluida en prisión Rosario Robles, quien fuera Secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

EL VÍNCULO ENTRE OBREDECHT Y CALDERÓN

Otro asunto por el que no se han presentado cargos, aunque ha aparecido en el caso Odebrecht, es la manera en que Pemex otorgó durante la gestión de Lozoya precios preferenciales para el suministro de gas a la constructora brasileña a través de la planta de Etileno XXI, causando un daño patrimonial de mil 900 millones de pesos (84.9 millones de dólares).

El caso de Etileno XXI es importante debido a que el contrato para dar privilegios a Odebrecht comenzó a gestarse desde la administración de Felipe Calderón. En la trama está implicado José Antonio Meade, quien, como Secretario de Hacienda del exmandatario, avaló el proyecto en abril de 2011, a pesar de ser advertido por tres consejeros de la compañía del peligro que representaba dicho negocio para las finanzas públicas.

Posteriormente, Meade sería Canciller y Secretario de Desarrollo Social durante la administración de Peña Nieto.

El funcionario también fue señalado por la defensa de Rosario Robles de tener conocimiento de las operaciones vinculadas a la Estafa Maestra y no hacer nada para impedirlo. En 2018, Meade contendió como candidato presidencial del PRI a la Presidencia de México.

Durante su denuncia de hechos ante autoridades judiciales, Lozoya aseguró que el acuerdo de Etileno XXI, que se concretó bajo su mandato, comenzó a operarse durante la administración de Calderón, lo que implicaría al expresidente en el caso Odebrecht.

OHL Y REPSOL, EL NEXO CON ESPAÑA

Antes de ser el coordinador de Vinculación Internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, Emilio Lozoya era parte del Consejo de Administración de OHL México, filial de la constructora española.

OHL fue una de las compañías más beneficiadas durante la administración de Peña Nieto (2012-2018), al igual que ocurrió cuando fue Gobernador del Estado de México (2005-2011), la entidad más poblada del país.

Durante su gestión como Gobernador, Peña impulsó la construcción de dos carreteras privadas para beneficio de OHL: el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. Un negocio que habría dejado ganancias por cerca de 150.000 millones de pesos (6.706 millones de dólares) a OHL, en complicidad con el Gobierno del Estado de México y en prejuicio de las finanzas estatales.

A raíz de una serie de operaciones irregulares, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México multó a OHL por cometer un fraude bursátil al alterar sus estados financieros.

De acuerdo con una denuncia presentada ante el Instituto Nacional Electoral en 2017, una parte de las ganancias de OHL habrían sido inyectadas a campañas electorales. Las autoridades electorales nunca investigaron el caso a fondo.

Durante la gestión de Lozoya al frente de Pemex, una filial de Odebrecht contrató a OHL para construir un tramo del gasoducto Los Ramones II, una de las obras de infraestructura más grandes del sector energético. Un asunto que vincula a las firmas brasileña y española, implicadas en una trama de corrupción que abarcaría prácticamente toda Iberoamérica.

Otras vínculos con España dentro de la red de corrupción de Lozoya tienen que ver con los negocios que realizó Pemex a través de sus filiales privadas en el país europeo, y que representaron pérdidas para la empresa paraestatal.

Tal es el caso de la adquisición del astillero en quiebra Hijos de J. Barrera, que representó pérdidas por 50 millones de euros para Pemex. Del mismo modo que la planta Etileno XXI, dicha compra comenzó en el sexenio de Calderón pero se concretó una vez que Lozoya fungió como director de la petrolera mexicana.

Otro negocio que vincula a Pemex con España es la compra y venta de acciones de la petrolera Repsol. Durante el mandato del expresidente Calderón, en 2011, Pemex adquirió acciones de Repsol, mismas que se devaluaron al año siguiente y eso provocó que de 2014 a 2017 la petrolera mexicana se deshiciera de dichas acciones, que en total representaron un daño patrimonial de 33.841 millones de pesos ( mil 514 millones de dólares).

UNA PRESIDENCIA “COMPRADA”

Luego de las dos audiencias judiciales de Lozoya, el exdirector de Pemex presentó una denuncia de hechos en la que dijo haber recibido de Odebrecht una serie de sobornos por 100 millones de pesos (4.4 millones de dólares), que ingresaron a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 para luego ser entregados a varios asesores electorales extranjeros.

“Tendríamos que saber ya, de una buena vez, y la Fiscalía está obligada a eso, a saber si al menos esta Presidencia fue comprada con recursos ilegales. Yo creo que lo que hemos visto de Lozoya es una pequeñita parte”, señala Ignacio Rodríguez Reyna, periodista que, junto a su colega Alejandra Xanic, reveló un video con las declaraciones de altos directivos de Odebrecht ante la Justicia brasileña, en las cuales, afirmaron entregar sobornos millonarios a Lozoya.

“Los medios de comunicación recibían muchísimo dinero por fuera. Llegaban maletines a los medios de comunicación para pagar campañas. Eso lo hemos sabido desde hace muchos años y creo que debería quedar al final de una investigación exhaustiva, exhibir cómo se compró una Presidencia con muchísimos millones de pesos que se utilizaron para aceitar esta maquinaria”, agregó el periodista en entrevista con RT.

Esta no es la única vez que el expresidente Peña ha sido señalado de orquestar una estructura de inyección ilegal de dinero a campañas electorales. Una de las primeras acusaciones ocurrió en 2012, con el caso Monex, a través del cual se habrían repartido más de cuatro mil 500 millones de pesos (201.3 millones de dólares) en tarjetas electrónicas para inducir la compra de votos, de acuerdo a una investigación de una comisión especial del Congreso creada para indagar el caso.

Otro caso de compra de votos es la llamada Operación Safiro, a través de la cual se documentó cómo se desviaron 650 millones de pesos (29 millones de dólares) de los Gobiernos estatales de Chihuahua, Sonora, Colima, Durango, Estado de México y Morelos para financiamiento de campañas electorales del PRI a través de una red de empresas fantasma.

Un asunto que, de acuerdo al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es el “corazón de la corrupción política en México”, debido a que dicho esquema habría sido utilizado como el modus operandi para comprar elecciones en todo el país. De 2010 a 2016, 11 gobernadores —como el veracruzano Javier Duarte, actualmente preso— saquearon a sus respectivos estados por un monto superior a los 307 mil millones de pesos (13 mil 739 millones de dólares), de acuerdo con diversos procesos judiciales.

SOBORNOS EN EL CONGRESO

Lozoya también acusó a Peña Nieto y Videgaray de ordenarle pagar 120 millones de pesos (5,3 millones de dólares) en sobornos para aprobar las reformas estructurales en 2013 y 2014, como la reforma energética. Este dinero fue destinado a un diputado y cinco senadores cuyos nombres no ha sido revelados.

Posteriormente, Lozoya afirmó haber recibido otros 200 millones de pesos (8.9 millones de dólares) para sobornar a legisladores para aprobar la reforma electoral.

Para ello, presentó ante la Justicia un video y varios recibos, cuyo contenido no ha sido dado a conocer.

“Este adelanto de que tiene videograbaciones de legisladores es una muestra de que no solamente va a hablar de Pemex, sino que va a ir más allá y la ola expansiva de lo que va a ir revelando puede tocar muchos más intereses de lo que hasta ahora tenemos en la mira”, señala Nancy Flores, jefa de información de la revista Contralínea, quien durante años ha documentado el saqueo al interior de Pemex.

EL ROBO DE COMBUSTIBLE

Sin embargo, todavía quedan varios cabos sueltos en torno a la red de corrupción que protegió a Lozoya. Uno de ellos es la manera en que creció el robo de combustible durante la administración de Peña Nieto.

Entre los personajes que se encuentran involucrados en dicho delito, conocido como “huachicoleo”, han sido señalados el exsenador y líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien inyectó dinero ilegal a campañas electorales de 2000 durante el caso conocido como Pemexgate. Actualmente es investigado por lavado de dinero.

Otro personaje es el general Eduardo León Trawuitz, quien era escolta de Peña Nieto y también el encargado de vigilar los ductos de Pemex. Actualmente Trawuitz enfrenta cargos por delincuencia organizada por su presunta complicidad en la sustracción ilegal de hidrocarburos.

Se trata de uno de los temas que podría abordar Lozoya como parte de su defensa a cambio de reducir las penas en su contra.

“Me parece que esta parte tiene que ver con el crimen organizado, pero también con una delincuencia que se orquestó desde dentro de Pemex”, explica Flores. “El robo de combustible en las cantidades que se estaba dando al final del Gobierno de Peña era imposible que fuera a partir de las tomas clandestinas”.

Durante la gestión de Peña Nieto, el robo de combustible pasó de 4.000 millones de barriles diarios en 2012 a 20 millones de barriles en 2018.

Sin embargo, esta cifra contempla únicamente las tomas clandestinas en ductos, pero no otros casos como el saqueo dentro de las mismas instalaciones de Pemex, incluyendo buques petroleros.

“El tráfico de combustible en altamar, en las plataformas petroleras que se extraían y en lo que llegaba al puerto, eso me parece monstruoso, porque estamos hablando de buques completos. Creo que habría que tener el ojo ahí”, señala Rodríguez Reyna al hacer referencia a uno de los grandes asuntos pendientes de judicializar en el caso Lozoya.

De acuerdo con una investigación de Ana Lilia Pérez en Newsweek, 90 barcos han sido identificados como “buques sospechosos de trasiego de combustible”, de manera ilegal.

Un millonario negocio cuyas pérdidas no han sido debidamente cuantificadas y que no podían ocurrir sin el aval de altos funcionarios de Gobierno.

LA ESTRUCTURA PARALELA EN PARAÍSOS FISCALES

El otro gran cabo suelto en la red de corrupción de Lozoya es la manera en que durante décadas ha operado una estructura paralela de filiales privadas al interior de Pemex, a través de la cual, se han realizado la gran mayoría de los negocios turbios de la paraestatal.

Esto sería posible debido a que Pemex cuenta con una serie de empresas de papel, conocidas como Grupo PMI, ubicadas en paraísos fiscales de Países Bajos, Irlanda y Delaware, a través de las cuales se realizan operaciones multimillonarias eludiendo los procesos de fiscalización.

“Hemos documentado perfectamente cómo Pemex constituyó una estructura empresarial paralela. Llegó a tener participación en 90 empresas, de las cuales 61 eran ciento por ciento de su propiedad. Todo esto sirve para un saqueo brutal. Los grandes negocios, Fertinal, Agro Nitrogenados, los astilleros, todos se hacen a partir de estas ‘holdings’ de Grupo PMI”, explica Flores.

Tan solo dos de estas filiales privadas, PMI Holdings (que funciona como tesorería paralela con sede en Países Bajos) y PMI Trading (con sede en Irlanda, y encargada de realizar todas las transacciones de compraventa de hidrocarburos de Pemex), ocultaron 3.984 millones de dólares de 2013 a 2016, según documentos oficiales obtenidos en dichos países.

Un señalamiento que ha realizado de manera reiterada la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno al manejo opaco y discrecional que realizan estas empresas privadas.

De 2008 a 2017, “las empresas privadas de PMI acumularon utilidades por 133 mil 574 millones de pesos (cinco mil 973 millones de dólares), de los cuales únicamente se pagaron 26 mil 665 millones de pesos (mil 192 millones de dólares) a favor de Pemex, lo que permitió que el capital contable de las empresas de PMI se incrementara y que dichos recursos se utilizaran en la constitución de otras compañías, contrarrestar pérdidas financieras de sus empresas, así como financiar proyectos de inversión que han generado resultados adversos para Petróleos Mexicanos”, según un informe reciente de la ASF.

De ahí que indagar a fondo la estructura paralela de Pemex, que comenzó a operar desde 1988, podría develar una trama de corrupción que involucraría a los últimos cinco expresidentes de México.

“Si se toca esta estructura paralela, nos puede llevar no solamente a Felipe Calderón y Peña Nieto, sino desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox”, señala la periodista de Contralínea.

¿MAXIPROCESO EN PUERTA?

Pero las implicaciones políticas del caso Lozoya van todavía más lejos de los casos antes referidos, ya que, en el fondo, evidencian la ruptura de un ‘pacto de impunidad’ que prevaleció durante el régimen neoliberal en México.

Un asunto en el que coinciden algunos de los periodistas que han investigado con mayor detalle la corrupción vinculada a Lozoya y la red que saqueó al país.

“Es la pieza de más alta jerarquía que tenemos dentro de una red sistémica de corrupción. Este no es un caso individual de corrupción. Lozoya es uno de los operadores con más relevancia, pero no es el único. Arriba estaba el Presidente. Esta era una red operada desde la Presidencia”, señala Rodríguez Reyna.

“Esta es una red muy grande y algunos especialistas han dicho que esto daría para hacer un maxiproceso, para enjuiciar no a Lozoya, sino a jueces, a ministros, a gobernadores, legisladores, empresarios”, agrega.

UN PUNTO EN QUE COINCIDE CON FLORES

“Lozoya es apenas una pieza de la corrupción que imperó en esa empresa estatal, la principal empresa estatal. Hay que recordar que al menos una tercera parte de las finanzas del país dependían de Pemex en su mejor época”, asegura la periodista.

“Es un momento fundamental para México y los mexicanos. Tenemos la oportunidad de ver un proceso judicial de grandes dimensiones como nunca lo hemos tenido”, explica Flores. “El caso de Lozoya trae bastante información de todas estas tramas de corrupción y cómo se entrelazan unas con otras porque todo es un mecanismo para saquear al país”, agrega.

Sin embargo, todavía existen dudas de hasta qué punto la FGR irá a fondo en la investigación del caso, luego de que el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, haya dicho que su postura política es la de no enjuiciar a expresidentes, al mismo tiempo que ha declarado que no detendrá las investigaciones judiciales de políticos de alto nivel relacionados con casos de corrupción.

Dudas similares a las que ha externado el propio fiscal, Gertz Manero, sobre los alcances que puedan tener las indagatorias de la Fiscalía sobre el caso Lozoya

“Esta es la oportunidad de ver si realmente estamos frente a un cambio, o las estructuras y el sistema van a prevalecer y nos va a acabar atropellando”, dijo el fiscal durante una videoconferencia el pasado 12 de agosto.

Una explicación que evidencia la importancia del caso Lozoya en la lucha de México contra la corrupción y el “pacto de impunidad” entre las élites que controlaban al país.

Sin Embargo


Juicio a ex presidentes, a consulta, dice AMLO

Ante la denuncia presentada por el ex director del Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que involucra a dos ex presidentes, el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su postura de que enjuiciar a ex mandatarios debe ser resultado de una consulta popular, pero aseveró: “Es mi punto de vista, tampoco detener el proceso judicial. No puedo ser cómplice, no me corresponde. Ése es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía (General de la República). No voy a encubrir a nadie”.

Cuestionado sobre la denuncia que involucra a los ex presidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, aseveró que someter a consulta es una postura política. “Hay quienes opinan distinto, es interesante, dicen cárcel, aunque sea un año, pero cárcel. Lo que digan los jueces, pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México. Que se destierre la corrupción”.

Se pronunció por que a lo largo del proceso se conozca todo, que la vida pública sea cada vez más pública y que se conozca el video del que se habla en la denuncia.

“Sí, hay que cuidar el debido proceso, pero también transparentar lo que más se pueda. Yo diría, todo. Van a ser citados probablemente todos los señalados, esto no significa que sean culpables. Pero cuando hay una denuncia con esas características, tienen que declarar los acusados”.

López Obrador dejó claro que conforme al procedimiento, “lo que debe quedar claro es que esta denuncia que presenta al señor Lozoya implica que sean llamados a comparecer, que declaren los dos ex presidentes. Entre otros servidores públicos, tiene que declarar el ex presidente Calderón, el ex presidente Peña, El secretario de Hacienda. Videgaray, todos tienen que declarar. Eso creo que es por procedimiento, de ahí a que sean responsables es otro asunto”.

“Un período de saqueo”

-Usted avalaría juicio a ex presidentes

-Ya di mi punto de vista, lo sigo sosteniendo, pero al mismo tiempo ni puedo convertirme en encubridor, en cómplice. Yo doy mi opinión: es que se conozca todo. La gente sepa qué sucedió, que la gente decida si se juzga a un ex presidente, porque, insisto, no es sólo este sexenio o el anterior. No, fue un período de saqueo.

Consideró que quien acusa tiene que probar y quien presentó una denuncia, está obligado a probar. “Si fue sólo un dicho, sin pruebas, pues no tiene ningún valor legal. Yo diría social, moral, tiene que haber un sustento, tiene que haber las pruebas, tiene que haber testigos”.

En cualquier caso, López Obrador expresó su respeto por las acciones que adopte el fiscal Alejandro Gertz Manero, porque ahora ya no es como antes, pues es una institución con carácter autónomo, no como la Procuraduría General de la República. Consideró que es un funcionario con principios que no se prestaría a una jugarreta.

Al abundar sobre el posible juicio a ex presidentes, a su parecer, esta posibilidad tendría que afectar todo lo que llama el periodo neoliberal, desde Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto.

Más adelante, López Obrador retomó el tema del narcoestado en el sexenio de Calderón, que comenzó cuando se declaró la guerra al narcoráfico. Dijo que en un principio era reacio a esa calificación para el periodo: “pensaba estaban volando, estaba desproporcionado. No es asi, son corruptos, ineptos”. Sin embargo cuando se va conociendo la información de lo que pasó me salió: “¿Por qué no? El que estaba a cargo de la seguridad al final le servía a una de las bandas, es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la República porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón y resulta que ese señor está acusado de recibir soborno, por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico.

“Y empieza uno a recordar de cómo ajustician a este señor Beltrán Leyva en Morelos, de cómo le ponen billetes al cuerpo, todo un montaje, pues qué es eso. Eso no es un asunto normal”.

López Obrador cuestionó las razones por las cuales un secretario de Seguridad, un policía, llega a tener departamentos en el extranjero, en Miami “porque eso es un estilo de vida. Una gran descomposición”

Luego aludió al fallido operativo “Rápido y Furioso” durante el gobierno de Calderón, en el que se introdujeron a México armas desde Estados Unidos, con el fin de seguir la ruta de la delincuencia, lo que finalmente no se consiguió.

“Es un acuerdo secreto”, señaló el presidente, “violando la soberanía. Además con esas armas asesinas, a mexicanos e incluso a extranjeros.

Consideró que la gente debe conocer todo esto, para que no se vuelva a repetir “nunca jamás. ¿Cómo estábamos los mexicanos? En estado de indefensión”.

Diario El Independiente

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