El gobierno de Argentina declara servicios públicos a Internet, telefonía y TV paga

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El gobierno congeló las tarifas de celulares, internet y televisión paga hasta fin de año

El Gobierno nacional decidió declarar servicios públicos esenciales a internet, TV por cable, telefonía fija y móvil, y congeló los precios hasta el 31 de diciembre. De esta manera, para acceder a subas las empresas deberán pedir autorización al Estado, previa presentación de un esquema de mayores costos que lo justifiquen. Un mecanismo de regulación del precio similar al que tiene la medicina prepaga que, en este caso, será controlado por el Enacom.

En paralelo, además de esa autorización, cuando se reglamente el decreto se precisarán las características técnicas que tendrán los Planes Universales, una especie de tarifa social básica que deberán tener todas las compañías del sector en forma obligatoria. Lo que buscarán aqui, según explicaron a Página/12 funcionarios que trabajaron en el tema, es que esos planes universales reemplacen a los prepagos actuales, pero con mejor condiciones de servicio que garanticen prestaciones mínimas. En estos casos, tampoco se restringirán los aumentos ni se congelarán valores en 2021, sino que seguirán el mismo mecanismo de aumentos que los planes convencionales.

La recuperación del rol de regulador del Estado es clave en el paquete de medidas. Cuando Cambiemos asumió el poder en 2015, derogó con el DNU de creación del Enacom el artículo 15 de la Ley Argentina Digital, que establecía que las telcos y tics eran servicios esenciales “en competencia”, y que el Estado tenía la facultad de autorizar aumentos. Desde el Gobierno aclararon, precisamente, que lo que se hará no es fijar tarifas ni con audiencias ni con cuadros tarifarios, como sí ocurre en las eléctricas, gas y agua.

En el pelotón de los alcanzados por el decreto están todos los prestadores, desde las telcos como Telecom y Telefónica, a los cables como Cablevisión, del Grupo Clarín, con una sola excepción: por cuestiones técnicas, Directv será pasible de no poder aumentar hasta fin de año, pero se verá en qué encuadramiento termina en lo que queda del estudio técnico.

La medida, que se formalizará a través de un decreto de necesidad y urgencia, se viene trabajando desde hace unas semanas en diferentes frentes del Ejecutivo y los organismos técnicos. Lo que definió su comunicación fueron los aumentos que las firmas del sector avisaron que aplicarían en septiembre, cuando ya venían de incrementos en marzo y abril, de entre 10 y 25 por ciento dependiendo de la compañía.

Puesto en los números que se manejan en el Ejecutivo, y luego de sondeos de subas que las compañías hicieron ante el Enacom, se calculó que las alzas de marzo y abril, sumadas a las de septiembre, superaban en un 20 por ciento a la inflación acumulada entre diciembre del 2019 y estos últimos días.

Según supo PáginaI12, el tema se conversó el martes último en un almuerzo en Olivos del que fueron parte el presidente Alberto Fernández; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el titular de Diputados, Sergio Massa, y el diputado Máximo Kirchner. En la previa, Innovación, que funciona bajo el ala de la Jefatura de Gabinete que conduce Santiago Cafiero, coordinó con el Enacom las cuestiones técnicas.

La normativa que definió Fernández es un pedido histórico de las entidades de defensa del consumidor, que tienen al tope de sus reclamos las subas en estos servicios. La tensión que existía con las prestaciones y tarifas de estas compañías se asimila al clima caliente que se gestó en 2011, cuando las subas repetidas y por sobre la inflación de las compañías de medicina prepaga terminaron con una regulación aún superior. Una ley que, en el fondo, le otorgó al Estado las mismas herramientas que el decreto a publicarse para autorizar aumentos en base a esquemas de mayores costos.

El mensaje de Alberto Fernández

En su cuenta de Twitter, el Presidente comentó las medidas y aclaró que “de esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas”.

Agregó que “ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios. De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”.

Este punto es, precisamente, una de las cuestiones que se charlaron en las reuniones de Gabinete económico y en la quinta presidencial. Que en un contexto en el que la pandemia obliga a buena parte de los argentinos a trabajar desde sus hogares y cuando en muchos casos los ingresos de los trabajadores cayeron en la pandemia, no podían seguir dándose subas de precios en servicios esenciales durante el confinamiento. Más aún cuando desde el inicio de la cuarentena la facturación de esas firmas no se resintió sino se vio incrementada por las mayores necesidades técnicas del home office.

Las claves del decreto

Mediante un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que se publicará esta noche el Gobierno nacional declarará a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como un servicio público y esencial.

  •  Además se congelarán hasta el 31 de diciembre de 2020 las tarifas de los servicios telefónicos, de internet y de la televisión paga.
  • Tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado.
  • Se resuelve también que el Estado recupere las herramientas regulatorias.
  • La educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y la comunicación son derechos básicos. Por eso se ha decidido que habrá planes inclusivos de prestación básica universal y obligatoria para los que menos tienen.

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Página 12


Críticas de la oposición al decreto que declara servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión paga

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández en el que decidió declarar como “servicios públicos a la telefonía celular y fija, internet y la televisión” y congelar las tarifas de esas prestaciones hasta el próximo 31 de diciembre, especialistas consultados por infobae cuestionaron la medida por considerar que la medida desalienta las inversiones.

Miguel de Godoy, ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dijo a infobae que se trata de “un golpe para las empresas”.

“Esto tomó por sorpresa a todos. Es como barajar y dar de nuevo. La industria de telefonía y televisión reinvierten en la medida de sus ingresos. Es un círculo de reinversión en base a sus ingresos y esto definitivamente lo dificulta”, aseguró De Godoy.

Si bien el exfuncionario consideró que la decisión del Gobierno busca garantizar los precios ante la ciudadanía, sostuvo que la medida “cambia un poco las reglas de juego”.

“Las inversiones son en dólares, los equipos son en dólares y el congelamiento de tarifas atenta de forma directa contra eso”, cuestionó.

A su turno, Silvana Giudici, ex presidenta del ENACOM afirmó: “Me parece que es una medida que puede generar el impacto contrario al que se intenta imponer. Supongo que lo quieren hacer para tener menores precios y mejor servicio. En general, para que no suceda lo que hay que hacer es incentivar la inversión, generar competencia, fortalecer a los operadores y pequeñas pymes”.

En ese contexto, dijo que al declarar servicio público a la telefonía, internet y la televisión paga en un mercado “hiperregulado y con un control férreo de tarifas y precios”, lo que sucede es que se retrae la inversión y quedan estancadas las capacidades de la red y no se crece.

“Entiendo que se quiera controlar que no se aumente en un marco de emergencia como la pandemia y puede entender el congelamiento de las tarifas. Me parece riesgoso la declaración de interés público para estos servicios”, amplió.

Para Giudici, la medida afecta a un sector de los que más invierten y generan empleo en todos los países desarrollados. “Si regulás el mercado y pones obstáculos, trabas y un esquema híperestatizado, va a generar que no venga nadie a invertir”, alertó.

“La cuarentena hizo que se necesitara una mayor inversión en infraestructura para soportar la demanda. Esto en general, en los países donde se toma en serio el crecimiento y el desarrollo económico y la inserción en un mercado global y competitivo, se cuida desde otro lugar. Por eso me sorprende la decisión del Gobierno”, planteó.

DNU

La medida se concretó este sábado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), a partir del cual se deja sin efecto los aumentos de los abonos anunciados por algunas de las empresas prestadoras a partir del 1 de septiembre.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Presidente dijo que de esta manera se están “recuperando herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado; El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado” subrayó el mandatario.

Fernández hizo referencia al DNU 267 firmado por el ex presidente Mauricio Macri apenas asumió el gobierno, en diciembre de 2015, con el que creó el Enacom y modificó artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con el que decidió dar de baja el poder regulatorio del Estado en esta materia dispuestas en 2014, a través de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones.

El Presidente también destacó que “la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar. Por eso, hemos ordenado que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.

Además de declarar a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales, la norma dispondrá el congelamiento de los precios hasta el 31 de diciembre próximo.

En ese sentido, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, explicó a Télam que “quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura pero también al trabajo y el desarrollo económico; sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible” afirmó López al referirse a la medida dispuesta por el Gobierno.

En tanto, el periodista especializado en telecomunicaciones e investigador del CONICET, Martín Becerra, dijo que el concepto de servicio público también incluye una mayor capacidad del Estado en relación a la estructura de precios y tarifas del servicio.

“Evidentemente, por el tuit del presidente, los aumentos decididos por las operadoras de comunicaciones móviles y servicios de conectividad en el marco de la pandemia y de las restricciones económicas de la mayoría de los argentinos no pasaron desapercibidos”, afirmó en la red social Twitter.

Y agregó que la pandemia mostró en todo el mundo la función esencial de los servicios de comunicaciones en una coyuntura crítica. “Que los sectores más vulnerables cuenten con precios acordes para acceder a esos servicios esenciales es un objetivo de estos anuncios”, afirmó.

Asimismo, destacó que “el diagnóstico de la estructura, cobertura, acceso y asequibilidad a los servicios de comunicaciones en la Argentina arroja zonas y sectores con buenos servicios y también muchas carencias” y añadió que “esas carencias no las cubre el mercado sino que se precisan políticas públicas activas”.

Infobae


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