La CIDH pide no votar proyecto que restablece ley de amnistía a militares de la dictadura

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CIDH exhorta a Uruguay “a abstenerse” de reinstalar la ley de caducidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expresó este miércoles sobre la presentación de un proyecto de ley para reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, propuesto por Cabildo Abierto.

En un breve comunicado emitido en su cuenta de Twitter, la CIDH expresó que ve “con preocupación” la presentación de este proyecto de ley, “por el cual se propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar”.

Advierte que, “de ser aprobada, tal medida podría representar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos”.

La CIDH recordó que en una resolución de 2013 la Corte “constató obstáculos para el pleno acatamiento” de la sentencia, y “en la visita de trabajo realizada en el 2019, la CIDH observó la persistencia de desafíos en materia de justicia por delitos de tal gravedad”.

Por tanto, la CIDH llamó a Uruguay “a abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes”.

UyPress


CIDH observa con «preocupación» proyecto de Cabildo Abierto para reinstaurar la Ley de Caducidad

El organismo internacional consideró que de ser aprobada «podría representar el incumplimiento» de la sentencia de la CIDH en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos «e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa con «preocupación» el proyecto de ley que pretende reinstaurar la Ley de Caducidad, presentada por Cabildo Abierto en la tarde de este martes. Según explicó la CIDH en un hilo de Twitter, este proyecto propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar.

Asimismo, recuerda que en la resolución de 2013, la CIDH constató «obstáculos para el pleno acatamiento de dicha sentencia». Además, en la visita de trabajo realizada en el 2019, el organismo observó la «persistencia de desafíos en materia de justicia por delitos de tal gravedad».

En ese sentido, la CIDH reiteró su llamado a Uruguay a «abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a fortalecer esfuerzos para seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones pertinentes».

Este martes, el senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo en la media hora de sesión previa de la Cámara Alta que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman en 2011 fue «totalmente lesivo de nuestra soberanía». En esa misma línea, en su alocución encomendó a no basarse en él cuando se deban juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar.

El líder cabildante sostuvo que «en este país se está atropellando el Estado de derecho por parte de ciertos actores de la Justicia que han procesado y condenado a inocentes en base a falsos testimonios, que no respetan principios básicos del derecho como el de la irretroactividad de la ley y los tiempos de prescripción».

«El argumento que se esgrime para violar nuestro marco normativo es la sentencia de la CIDH de febrero de 2011, un fallo totalmente lesivo de nuestra soberanía ya que exigió desconocer lo establecido en nuestra Constitución y que aquí se aceptó y cumplió con total docilidad», apuntó. «Anteponer estos tratados a nuestra Constitución es aceptar que se nos gobierne desde afuera. Ello es explicable en quienes toda su vida aceptaron y aceptan que se nos indique desde otras latitudes lo que debemos hacer, de quienes exhiben con orgullo su cipayismo (sic) apátrida», agregó.

Desde la CIDH informaron ayer a la tarde a LA REPÚBLICA que no realizarán comentarios respecto a las declaraciones recientes que «hacen referencia a la Jurisprudencia del Tribunal».

De todos modos, indicaron que dada la incompatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay.

A su vez, sostuvieron, en la resolución de Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia (luego de haber emitido una sentencia la Corte realizó un seguimiento de su cumplimiento) del Caso Gelman vs. Uruguay en el año 2013. Allí la Corte dictaminó que en relación con lo anterior, en la Sentencia este Tribunal dispuso que el Estado debe «asegurar» que la Ley de Caducidad «no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay».

La Corte enfatizó que «dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad […] no pueden […] tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay».

Al respecto, en particular, la Corte Interamericana dispuso en su Sentencia que «la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos».

En este sentido, al momento de dictar Sentencia, la Corte consideró que en la sentencia No. 365 de 19 de octubre de 2009 dictada en la causa Nibia Sabalsagaray Curutchet, en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad y resolvió que eran inaplicables al caso concreto, la Suprema Corte de Justicia uruguaya había ejercido «un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad», decisión que fue reiterada al menos dos veces con posterioridad.

A la espera

La coalición no llegaría a los votos para votar este proyecto de ley. Si bien aún no lo analizaron distintas fuentes de la coalición multicolor consultadas por LA REPÚBLICA, no hay posición al respecto, aunque algunos se aventuraron a adelantar que no estarían de acuerdo. En concreto, legisladores del Partido Nacional y Partido Colorado. El diputado del Partido de la Gente Daniel Peña rechazó la propuesta de Cabildo Abierto.

El Frente Amplio rechazó de plano el documento presentado antes de ayer. En tanto, el senador cabildante Guillermo Domenech dijo que sería coherente que los legisladores blancos y colorados voten este proyecto.

La senadora Amanda Della Ventura dijo en la media hora previa a la sesión que es «terrible» escuchar «discursos nostálgicos y de disculpas de los hechos de la dictadura. «Qué terrible que se diga que se aspira a que haya paz en nuestra sociedad cuando el mecanismo para llegar a ella no es otro que denigrar a uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia y nuestra identidad republicana como es la Justicia», apuntó.

Asimismo, sostuvo que las expresiones de Manini Ríos le causan una «profunda tristeza» pero «no odio», y que «resulta paradójico que quienes nos acusan de promover el odio y la venganza son justamente quienes tienen esos sentimientos y así lo traslucen apenas uno rasca un poco en los contenidos que expresan».

El único diputado del Partido Independiente, Iván Posada, señaló que no acompañará el proyecto. Entrevistado por República Radio, Posada dijo que se pierde de vista «la importancia que tiene para la actuación de fiscales y jueces, lo que fue el pronunciamiento de la CIDH en el caso Gelman». Este caso, estableció «un mandato para Uruguay, para nuestra República, en el sentido de investigar los delitos de lesa humanidad y levantar todos los obstáculos que impidieran esa investigación». Sostuvo que este planteo es «ocioso» porque «se tiene que resolver dentro del sistema de justicia».

Para Posada, de no cumplir el pronunciamiento de la CIDH «nuestra República estaría en desacato y ese aspecto me parece que se ha perdido de vista en todo este planteo que se ha realizado por parte de Cabildo Abierto». «La política no tiene nada que hacer en este tema, sino que en todo caso lo que tenemos que hacer es respaldar el Estado de derecho y dejar que actúe el sistema de justicia en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad», aseguró.

En tanto, este lunes el presidente Luis Lacalle Pou se desmarcó de apoyar la propuesta de Manini Ríos. En rueda de prensa, el mandatario dijo que la propuesta que le hizo el senador la semana pasada «no forma parte del ‘Compromiso por el país’ que firmamos los cinco partidos de la coalición».

Peña: «Un tema de justicia y dignidad»

El diputado del Partido de la Gente Daniel Peña criticó este miércoles la propuesta de Cabildo Abierto de reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En declaraciones a radio Universal, Peña dijo que su posición es «contraria».

El diputado dijo que para esto no solo importa que «Uruguay entró en tratamientos internacionales sobre el tema», sino que su posición «pasa por un tema de justicia y dignidad».

«En esto no tengo dos opiniones, quien cometió un crimen tiene que pagarlo. Acá no se puede estar perdonando gente, no importan los años que pasen. En eso no puede haber dos opiniones», concluyó el diputado.

Constitucionalista Risso: «Tiene errores jurídicos graves»

El abogado constitucionalista Martín Risso opinó sobre el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto para tratar de reinstaurar la Ley de Caducidad. Desde su punto de vista, «tiene errores jurídicos graves».

Profundizando ese concepto inicial, explicó en «Doble Click» que «en el año 1975, de acuerdo a lo que establece la Constitución y por unanimidad de votos de miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, Uruguay decidió habilitar al Poder Ejecutivo la ratificación de la convención americana y autorizarlo para que se sometiera a la convención de la Corte Interamericana. No es la primera ni la única vez que Uruguay, como todos los países serios, se somete a la jurisdicción de organismos internacionales».

Teniendo eso en mente, Risso considera que «el artículo 1 definitivamente está mal. Nadie puede discutir que esa sentencia es obligatoria para el Uruguay. Las sentencias son obligatorias en el ámbito internacional y en el ámbito interno y eso no se discute desde hace siglos».

Los artículos 3 y 4 tampoco lo convencen, pues indicó: «la parte de la prescripción va directamente en contra de la sentencia de la Corte Interamericana. Además, sería un daño al prestigio internacional del país y tendría consecuencias muy graves para el futuro del Uruguay. Los delitos graves no prescriben y si son delitos de lesa humanidad definitivamente no prescriben».

Por último, indicó: «Si los delitos cometidos durante la dictadura son o no son de lesa humanidad, eso tiene dos bibliotecas. Una tradicional, de principios del siglo XX, que dice que no, salvo que haya una ley que los establezca como tales.

Hay una segunda posición que es la mayoritaria en esto, en América, Europa y Naciones Unidas, que dice que no. Siempre estos delitos fueron imprescriptibles, no amnistiables y que pueden ser perseguidos en cualquier país del mundo. Esta segunda posición que es la dominante en la actualidad, es en la que se fundamenta la sentencia de la Corte Interamericana. Esa doble biblioteca se terminó en Uruguay, porque la terminó la Corte Interamericana».

Asociación de Magistrados pide ser recibida en el Parlamento ante la «campaña de descrédito» de Manini

En un comunicado, la Asociación de Magistrados rechazó las expresiones del senador Gujido Manini Ríos vertidas el martes durante la media hora previa y solicitó que su Comisión Directiva «sea recibida por la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del Senado, para hacer llegar la natural preocupación por esta campaña de descrédito público del Poder Judicial a la que parece apuntar el Senador en cuestión».

Además, señaló que «se reserva acciones de otra índole a nivel nacional e Internacional, sobre las cuales iniciará consultas pertinentes».

La República


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