La protesta y la violencia transparenta un problema ancestral en la Araucanía chilena – Por Mladen Yopo Herrera, especial para NODAL

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Mladen Yopo Herrera *

El violento desalojo de cinco municipios de La Araucanía tomadas por mapuches para visibilizar la realidad de sus presos políticos y la huelga de hambre en protesta por ello, por parte de fuerzas policiales y grupos civiles armados y organizados bajo consignas de odio racial antimapuche el 1 de agosto, marca un hito crítico en el ya largo conflicto interétnico e intercultural (nacional) que se vive en ese sector de sur de Chile.  En los últimos años ha ganado gran notoriedad, gracias al desarrollo de los derechos humanos, en particular el derechos de los pueblosy a la solidaridad nacional e internacional que se ha levantado en favor de la causa Mapuche.

Causas históricas, algo más que el despojo de la tierra

Los mapuche (gente de la tierra en mapudungún) son un pueblo originario del sur de América, cuyo territorio (Wallmapu) se extendía a ambos lados de la cordillera (Chile-Gulumapu y Argentina-Puelmapu). En el caso de Chile y con el río Bío-Bío (provincia de Concepción) como el límite fronterizo natural entre el territorio Wallmapu y el territorio chileno hasta mediados del siglo XIX, frontera que se ve alterada una vez que finaliza la “Guerra Contra la Confederación Perú-Bolivia”, donde las tropas del Ejército de Chile se situaron en la zona con el propósito de mover la línea cada vez más hacia el interior de la Araucanía.  Fue a partir de la mal llamada “Pacificación de la Araucanía” en 1881, que el  Estado de Chile ocupó definitivamente la totalidad del territorio mapuche mediante una campaña militar que contempló asesinatos, saqueos, quema de rukas (viviendas) y destrucción de cultivos, causando la muerte de miles de mapuches.

Junto al uso de la fuerza, a través de los años, hubo también operaciones fraudulentas y engaños, con el fin de apoderarse de las tierras, bosques y otros recursos de los mapuche. Así, en 1883, se da inicio de la usurpación legal y sistemática de territorios indígenas con la operación a la “Comisión Radicadora de Indígenas”, la que debía reubicarlos en espacios delimitados para así poder colonizar el resto de la zona. Cada “comunidad reduccional” adquiría “Títulos de Merced” por las propiedades en que se le radicaba, pero de las 10 millones de hectáreas que España había reconocido como territorio mapuche en los parlamentos se entregaron sólo 536 mil hectáreas a 150 mil nativos, dejando a muchos sin tierra.

De esta forma, comenzó la expropiación de las tierras y la relocalización de los mapuche en reducciones mínimas y en terrenos poco aptos para la cultura agrícola que desarrollaban. El territorio conquistado (expropiado) por el Ejército fue destinado a la denominada “colonización” efectuada por extranjeros y a la creación de haciendas a través de subastas públicas. Al final de este proceso, esta etnia fue despojada del 95% de sus tierras al igual que en el Puelmapu (Argentina), donde la campaña “Conquista del Desierto” (1874-1884), financiada por la Sociedad Rural Agraria, dejo más de tres mil muertos y miles de prisioneros, y se expropiaron 18.5 millones de hectáreas, las que fueron traspasada a 538 propietarios privados.

Detrás de la anexión del Wallmapu, tanto en el caso de Argentina como en Chile, además de la codicia de las elites y el desprecio e ignorancia por el pueblo mapuche, estaban los objetivos de proyección territorial y simbólica del Estado bajo una sola nacionalidad (es lo que los historiadores llamaron Estado unitario). Ello a pesar de que al 2018, las comunidades originarias afirmaban ser 38 pueblos en todo el país.  El propio Estado lleva el registro de 34 pueblos inscriptos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas), siendo el pueblo mapuche el mayoritario por lejos (12.8% de población total) yla mayoría de los llamados chilenos tiene entre un 40 y un 60% de sangre mapuche de acuerdo a un estudio genético hecho entre las universidades de Chile y Heilderberg.

El retorno a la democracia

Entre las décadas del 50´ y  70´ del siglo XX, se comenzó a implementar la Reforma Agraria en Chile al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, proceso que fue impulsado por los sectores progresistas con la finalidad de terminar con la explotación del campesinado y mejorar la distribución y productividad de la tierra. Durante el gobierno del democratacristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) se logró un avance real con la recuperación para el pueblo Mapuche de cerca de 1.443 hectáreas aunque sin cumplir con las expectativas de los sectores indígenas organizados (Confederación Nacional Mapuche) que reclamaba la restitución de 150.000 hectáreas correspondientes a las tierras usurpadas. Fue el gobierno del Salvador Allende (1970-1973) y de su coalición de izquierda Unidad Popular, donde se perciben los mayores avances con la restitución de cerca de 80 mil hectáreas.

Tras el golpe de Estado de 1973, la dictadura cívico-militar de derecha de Pinochet inicia una “Contra Reforma Agraria”, por ejemplo, a través del Decreto Ley 2.568 de 1979, que buscó terminar con las comunidades mapuche y su propiedad común, y volver a concentrar la tierra. El objetivo de este proceso fue fraccionar las comunidades existentes, esperando (y sucedió) que los propietarios más pobres e incapaces de mantener las tierras las vendieran rápidamente, refundando grandes propiedades en especial para las grandes empresas forestales de hoy.

La vuelta a la democracia en 1990 trajo cierta esperanza a los pueblos originarios al comprometerse las nueva elites democráticas (y con ello el Estado) a reconocerlos constitucionalmente y garantizarles protección. Sin embargo, estas promesas obviaron asuntos complejos como la “autonomía territorial” y otros, y se centraron en acciones de  compra y traspaso de tierras (muchas veces a sobreprecio), planes de desarrollo local, donaciones, subsidios y recursos en general.

Chile sigue siendo el único país en América Latina con importante demografía indígena en que los pueblos originarios no cuentan con reconocimiento de su existencia y derechos en la Constitución Política; que están marcadamente subrepresentados en los órganos públicos en que se toman decisiones sobre materias que les conciernen, como el Congreso Nacional; que el confiscamiento de sus tierras por la fuerza, los ha limitado en su ocupación tradicional (la agricultura) y los ha llevado a ser parte de la población más pobre del país  (6 de las 10 comunas más pobres de Chile están en La Araucanía y el 30% de ellos viven en extrema pobreza); que sus reclamos han sido objeto de procesos tanto de represión como los fue, por ejemplo, el despliegue en el 2018 de carros blindados, helicópteros y Fuerzas Especiales de Carabineros.

Sin embargo, detrás de las posiciones antagónicas en este conflicto entre el Estado y la elite chilena y el pueblo mapuche, hay una lucha por el territorio en la que no sólo se contraponen concepciones del Estado e intereses económicos, particularmente de agricultores y madereros, sino dos cosmovisiones radicalmente opuestas que se distinguen en lo esencial por su relación con la naturaleza.

A diferencia del Estado y la nación chilena, para los indígenas en general (y el pueblo mapuche en particular) el territorio no se reduce sólo a la tierra física y su propiedad, sino que corresponde a una idea amplia de cosmos, que engloba todo su ambiente de modo integral y simbiótico: seres humanos, tierra, agua, subsuelo, bosques, riberas, recursos naturales o lugares sagrados.

Si bien las situaciones de tensión y hechos de fuerza en La Araucanía no son nuevos, adquieren hoy particular gravedad con sus militarización, el involucramiento de civiles, el odio racial exteriorizado en su actuación y la tolerancia y complicidad de las autoridades, acciones que, sin duda, fueron potenciadas por las afirmaciones del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, en su primera visita a la Araucanía. Negándose a hablar con los presos Mapuche afirmó que “estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, con financiamiento, capacidad operativa y logística, que están decididos a que no exista paz y tranquilidad; y eso es lo que tenemos que combatir, y lo vamos a combatir”.  El ministro  avaló la represión siendo el mismo, a la vez, el responsable de la supervisión de las fuerzas policiales y, por lo mismo, de investigar hechos ilegales en su actuación, como lo es la tolerancia que estas tuvieron con la participación de civiles durante los desalojos señalados.

El gobierno no solo no ha cumplido con las disposiciones constitucionales y legales del país, sino que ha hechos caso omiso de la “Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial” de Naciones Unidas, ratificada por Chile y que condena y obliga a los estados a prohibir y eliminar todo acto de odio racial y la discriminación racial, y consagra el derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado contra todo acto de violencia o atentado cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o institución. Además de obviar estas disposiciones legales, la autoridad está haciéndose cómplice de una tendencia que la experiencia mundial ha demostrado que no contribuye a dar solución a los conflictos interétnicos como el de La Araucanía.

* Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden-Holanda, Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, e investigador y profesor del Programa de Política Global e Innovación de la Universidad SEK-Chile.

 

 

 

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