Movimientos populares y sindicatos de Argentina presentaron un plan de desarrollo para la post pandemia

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El Plan Marshall criollo para la post pandemia

Los movimientos populares de la UTEP y un grupo de sindicatos de peso –como Camioneros, Smata, la Unión Ferroviaria y el gremio de la construcción– presentaron en la sede de la Uocra el Plan de Desarrollo Humano Integral o Plan San Martín, una propuesta para la reactivación del trabajo en la Argentina de la post pandemia. El programa, una suerte de Plan Marshall criollo, ya había sido llevado al presidente Alberto Fernández en mayo, y la semana pasada fue tema de  una reunión que la vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo con un grupo de referentas del Movimiento de Trabajadores Excluidos . Tiene como eje la promoción del trabajo y un reordenamiento de la población del país, hoy concentrada en el AMBA. Su costado más novedoso es que propone que el Estado genere un nuevo tipo de empleo, el trabajo mínimo garantizado, para ocupar a 4 millones de personas de la economía popular. El programa incluye medidas como la realización de obras públicas, la urbanización de barrios, la creación de colonias agrarias, el desarrollo de polos textiles, de cooperativas de recicladores y de circuitos de cuidado. En ese sentido, coincide con muchas de las políticas que hoy están siendo implementadas desde el Estado, pero plantea que se realicen a una escala mucho mayor. En concreto, invirtiendo 2,5 puntos del PBI (o 750 mil millones de pesos por año) durante cuatro años. Y con una planificación que fije metas a la manera de los Planes Quinquenales de Juan Domingo Perón.

Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, aseguró que en las próximas semanas se realizarán charlas virtuales con la militancia, dirigentes sociales, sindicales y políticos para “profundizar y debate sobre los ejes de la iniciativa conjunta con el fin de enriquecerla en la búsqueda de ampliar consensos”. “Es un aporte para pensar la pospandemia en unidad”, dijo Gildo Onorato, del Movimiento Evita. Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, también destacó el trabajo conjunto de sindicatos y movimientos sociales.

Los movimientos populares de la UTEP y un grupo de sindicatos de peso –como Camioneros, Smata, la Unión Ferroviaria y el gremio de la construcción– presentaron en la sede de la Uocra el Plan de Desarrollo Humano Integral o Plan San Martín, una propuesta para la reactivación del trabajo en la Argentina de la post pandemia. El programa, una suerte de Plan Marshall criollo, ya había sido llevado al presidente Alberto Fernández en mayo, y la semana pasada fue tema de  una reunión que la vicepresidenta Cristina Kirchner mantuvo con un grupo de referentas del Movimiento de Trabajadores Excluidos . Tiene como eje la promoción del trabajo y un reordenamiento de la población del país, hoy concentrada en el AMBA. Su costado más novedoso es que propone que el Estado genere un nuevo tipo de empleo, el trabajo mínimo garantizado, para ocupar a 4 millones de personas de la economía popular. El programa incluye medidas como la realización de obras públicas, la urbanización de barrios, la creación de colonias agrarias, el desarrollo de polos textiles, de cooperativas de recicladores y de circuitos de cuidado. En ese sentido, coincide con muchas de las políticas que hoy están siendo implementadas desde el Estado, pero plantea que se realicen a una escala mucho mayor. En concreto, invirtiendo 2,5 puntos del PBI (o 750 mil millones de pesos por año) durante cuatro años. Y con una planificación que fije metas a la manera de los Planes Quinquenales de Juan Domingo Perón.

Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, aseguró que en las próximas semanas se realizarán charlas virtuales con la militancia, dirigentes sociales, sindicales y políticos para “profundizar y debate sobre los ejes de la iniciativa conjunta con el fin de enriquecerla en la búsqueda de ampliar consensos”. “Es un aporte para pensar la pospandemia en unidad”, dijo Gildo Onorato, del Movimiento Evita. Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, también destacó el trabajo conjunto de sindicatos y movimientos sociales.

Poco antes de la presentación Juan Grabois dijo a PáginaI12 que la crisis generada por la pandemia exige un plan de reconstrucción “con metas ambiciosas”. Su mirada es que la gravedad de la crisis, que se asienta sobre un piso de pobreza estructural, no tendrá solución con programas abordados en forma fragmentada por distintos ministerios. “Es necesario un plan integral que contemple las realidades de quienes tienen un empleo registrado y quienes trabajan en la economía popular”, explicó el dirigente del MTE.

Qué dice el plan

Los principales puntos del programa presentado abarcan:

  • La idea base es la del Estado como garante del empleo. Una de las razones señaladas es que hoy en la Argentina el sector privado está dando empleo en blanco a sólo un tercio de su Población Económicamente Activa, situación que va a agravarse con la pandemia. El concepto es entonces, para la economía popular, crear puestos de trabajo mínimo garantizado, con el Estado como empleador, en ocupaciones socialmente valiosas que sean remuneradas con un salario social complementario. Para este momento, la propuesta es de un salario social de 10 mil pesos por trabajos con una carga mínima de 60 horas mensuales.
  • Parte del programa consiste en generar empleo formal, mediante la realización de obra pública (Uocra), y desarrollo del transporte de cargas (Camioneros y la Unión Ferroviaria). El programa menciona que con cada puesto de trabajo en la construcción se crean tres empleos en la economía formal, porque se activan otras actividades como la siderurgia, madera, la industria química, mecánica y de productos de electricidad.
  • La propuesta habla así de la creación de 4 millones de trabajos garantizados y 170 mil empleos registrados.
  • Junto con el salario social, propone reconocer a los inscriptos en el Registro de Trabajadores de la Economía Popular otros derechos laborales como obra social, Aseguradora de Riesgos de Trabajo, aportes jubilatorios y el derecho a sindicalizarse.
  • El programa toma como modelo de referencia, para un marco de comprensión rápida, a los planes quinquenales de Perón. Rescata en este sentido la planificación de obras de manera centralizada, con metas y cronogramas. “En el primer plan quinquenal se construyeron 350 mil viviendas”, es una de las referencias dadas.
  • Esa planificación es propuesta para una serie de objetivos que la pandemia volvió relevantes, como la necesidad de descomprimir las grandes ciudades, urbanizar las villas y asentamientos, proteger la producción de alimentos saludables y baratos, ir hacia la producción de energía con métodos no contaminantes.
  • Para su financiamiento, plantea que una parte de la inversión ya está cubierta por programas existentes, como el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentaria, que totalizan 128 mil millones pesos anuales (sobre un total a invertir de 750 mil millones). El programa sostiene que el 36 por ciento de ese monto tiene un reingreso o recupero fiscal. Para el resto propone una serie de reformas impositivas y “un esfuerzo fiscal adicional del Estado nacional”.

La alianza con los gremios

La presentación del programa junto a los sindicatos es parte de un nuevo intento de las organizaciones sociales de unir fuerzas con la CGT, o con aquellos sindicatos que estén más abiertos a mirar a los trabajadores formales e informales como parte de la misma clase. Este es un viejo deseo –una mirada estratégica– de los movimientos que integran la UTEP, que hasta ahora no han podido convertir en realidad. Al momento de mayor acercamiento lo lograron en noviembre de 2016, cuando la CGT, la CTA y los movimientos sociales hicieron una marcha al Congreso por la ley de emergencia social.

El impulso a esta propuesta de “Plan Marshall criollo” también pone sobre la mesa un dilema de los movimientos populares: las organizaciones consiguen muchos recursos (claro que de planes focalizados) cuando son oposición a gobiernos de derecha, frente a los que se sienten con vía libre para salir a la calle. En cambio, están limitados para visibilizar sus reclamos, sobre todo si son de fondo, con gobiernos aliados (que, en general, gestionan jaqueados por los medios hegemónicos y no pueden darse el lujo del llamado fuego amigo). No pueden usar con la misma fuerza su principal herramienta, que es la movilización. En tiempos de pandemia tienen limitaciones peores: lo que pueden hacer, en términos de calle, es prácticamente cero.

Como resultado, ven la paradoja de que las organizaciones sociales crecen en la oposición, pero se achican cuando en la Casa Rosada hay un gobierno afín. Al acceder a cargos en la gestión, incuso algunas políticas diseñadas desde las organizaciones logran volverse realidad, pero a una escala que no alcanza para revertir el problema de la pobreza estructural.

“En esta etapa histórica tenemos que romper el techo de las pequeñas medidas sueltas, porque para hacer 40, 50 o 60 polos textiles ya estamos los movimientos, a eso se lo arrancamos en la calle a cualquier gobierno”, definió Grabois sobre el tema de la escala de los programas que dan impulso a la economía popular. El dirigente define que el gobierno tiene con los movimientos populares “una sensibilidad compartida”, pero “distinta ambición”.

Estuvieron en la presentación, por el lado sindical Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Gerardo Martínez (Construcción), Laura Avalos y Julián Domínguez (Smata). Por los movimientos populares hubo dirigentes de Somos Barrios de Pie, la CCC, el Movimiento Evita, el MTE, el Frente Darío Santillán y el MP La Dignidad, el cartón completo de las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Entre ellos, Gildo Onorato, Esteban “Gringo” Castro, Daniel Menéndez, Dina Sánchez, Jackie Flores y Luciano Alvarez. También hubo integrantes de la Iglesia Católica, como el obispo Oscar Carrera y el padre Charly Olivero. El plan fue definido como inspirado en la consigna de Tierra, Techo y Trabajo, que Jorge Bergoglio, el papa Francisco, viene haciendo visible junto a movimientos populares de todo el mundo.

En busca de darle volumen político a la propuesta, en los próximos días los movimientos organizarán la acción posible en estos días de covid: charlas virtuales con militancias y dirigentes sociales, sindicales y políticos, con el objetivo de instalar en la agenda los diversos ejes de este plan.

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