Por una doctrina militar protectora de los derechos humanos – Semanario Voz, Colombia

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

La semana pasada se conoció que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que condiciona la ayuda que entregan a Colombia para la lucha contra el narcotráfico. El documento contiene dos enmiendas históricas, las cuales se refieren al cumplimiento de las condiciones que impuso la Corte Constitucional colombiana a las fumigaciones de los cultivos de coca con glifosato y a la realización de una investigación exhaustiva sobre el uso de los fondos y equipos donados por el gobierno norteamericano en posibles acciones ilegales, para hacer seguimientos e interceptar las comunicaciones de periodistas, políticos y ciudadanos desde el 2002 hasta la fecha.

Dichas iniciativas fueron presentadas por los representantes demócratas Alexandria Ocasio-Cortéz y Jim McGovern, y aprobadas con una mayoría de 295 representantes, incluyendo a republicanos (70), lo que efectivamente demuestra la existencia de un cuestionamiento del manejo, por parte del gobierno de Duque de los recursos que USA entrega a los países que incondicionalmente aceptan sus imposiciones.

Las enmiendas son incluidas en la Ley de Defensa Nacional de Estados Unidos, que estudia y elabora el monto de las ayudas, y deberán ser aprobadas por el Senado. Para el 2021 Colombia espera recibir 429 millones de dólares para la lucha contra las drogas ilegales

La crisis de la política de la doctrina militar, ha tocado fondo. En efecto, existe una crisis estructural en las FFMM y la Policía Nacional, los escándalos de corrupción; los mal llamados falsos positivos; la Operación Bastón; la violencia sexual contra niñas, incluso indígenas; los nexos con el narcotráfico; el espionaje y seguimiento a la oposición, a periodistas, a defensores de derechos humanos, la venta de armas a la oficina de Envigado; cobros de salvoconducto a criminales y otras violaciones a los derechos humanos.

Esta es una situación lastimera que convierte al Ejército colombiano en una especie de organización que perdió su norte y sus miembros no solo están prestos a ejecutar acciones deshonestas con tal de que genere y garantice un ingreso, aunque tenga un origen no muy santo. Todas estas acciones llevan a los ciudadanos a pensar que la formación de los militares tiene grandes y graves falencias.

Alguna responsabilidad debe tener que las Fuerzas Armadas no han sido capaces de construir una doctrina y unas orientaciones que consulten los intereses del país y no doctrinas ajenas que defienden los valores e intereses del imperialismo norteamericano, con su enorme carga de agresiones y atropellos de los pueblos del mundo.

Esta mentalidad de la guerra configuró la idea de mover el aparato estatal y la sociedad para derrotar y destruir al llamado enemigo interno, o sea “la subversión” y, como parte de ella, al comunismo. Barbarie que se institucionalizó por medio del estatuto orgánico de la Defensa Nacional, y que después se consideró como enemigos internos a la oposición política, sindicatos y a los movimientos sociales y a todos aquellos que cuestionen la antidemocracia, la exclusión, el latifundismo y la corrupción rampante que asfixia a la nación.

Bajo esta concepción se fomentó la creación y activación de grupos paramilitares como escuadrones de la muerte en la lucha contra el supuesto enemigo interno. Por medio de leyes, reglamentos, manuales, instrucciones generales de operaciones contraguerrilla, entre otros, adoptaron acciones para entregar armas de uso privativo de las fuerzas militares a civiles, acciones conjuntas, entrega de información, amenazas, asesinatos selectivos y sistemáticos, masacres, etc, que han generado graves violaciones de derechos humanos en el país.

Los que hoy critican las acciones ilegales, violatorias de los derechos humanos, que incluso ponen en peligro la vida de las familias colombianas, al utilizar irresponsablemente el glifosato en las fumigaciones de los cultivos de coca y marihuana, por parte de las Fuerzas Armadas nacionales, olvidan que son ellos los principales culpables al exigir que el país elimine estos sembradíos cuyas plantas responden a las exigencias del mercado norteamericano.

Esta doble moral se manifiesta, además, en el hecho de que mientras los jueces estadounidenses le imponen elevadas multas y a los fabricantes del glifosato y exigen que indemnicen a los enfermos, por no haberles advertido a los consumidores que esas sustancias podían producirles cáncer, los presidentes de esa nación les exigen a estos Gobiernos sumisos que utilicen ese desfoliante para destruir los cultivos ilegales, sin tener en cuenta la vida de nuestros campesinos.

Ante esta paradoja, claro que apoyamos la determinación de la Cámara de Representantes de USA, pero veríamos más positivo que conminen a su Gobierno para que reduzcan los consumidores de las drogas ilícitas y aquí por razones obvias disminuirían los cultivos ilícitos. Además, que ya es hora de que ustedes entrenen a sus Fuerzas Policiales para que no sigan cazando a los hombres negros para ahogarlos en las calles. Y permitan que nosotros los colombianos formemos nuestro Ejército y Policía como más nos convenga. En todo caso, tengan la seguridad que pronto este pueblo rescatará su soberanía y el infortunado tutelaje de ustedes desaparecerá de la faz de esta nación. Entonces nuestro Ejército retomará las enseñanzas que nos legó el Ejército Libertador.

VOZ

 

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