Bolivia: HRW pide al gobierno de facto retirar los cargos por terrorismo contra Evo y “abandonar persecusión” de opositores

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Human Rights Watch: Acusación por terrorismo contra Evo es desproporcionada y debe retirarse

La organización Human Rights Watch emitió un informe sobre Bolivia, en el cual advierte que existe abuso del sistema de justicia para perseguir opositores, pero en específico señala que la acusación por terrorismo contra Evo Morales es desproporcionada y que la Fiscalía debe retirarla, aunque la actitud del expresidente con el llamado a bloquear alimento a las ciudades sí se puede tipificar como delito.

La imputación contra Morales se basa en una grabación correspondiente a noviembre de 2019 en la cual se escucha al exmandatario instruyendo a su colaborador Faustino Yucra, que se cerquen ciudades para dejarlas sin comida, dando “combate” y “batalla”.

Human Rights Watch revisó el expediente y se entrevistó con la fiscal del caso Heidy Gil. Con esa investigación, concluyó que no se respalda la acusación por terrorismo.

“El contenido de la conversación no demuestra ninguna participación en actos de violencia, ni tampoco ningún acto que podría ser categorizado correctamente como terrorismo”, dice el informe.

Sin embargo, la organización aclaró que el planear impedir que lleguen artículos esenciales a las ciudades es una acción que Bolivia tiene derecho de tipificar como delito y castigar, pero recalcó que no es una acción que llegue al nivel de terrorismo.

Señaló que “tampoco hay pruebas de que Morales o sus colaboradores hayan direccionado fondos a organizaciones con el objetivo de cometer actos violentos que podrían ser adecuadamente categorizados como terrorismo”.

En ese marco, recomendó a la Fiscalía retirar los cargos por terrorismo contra el expresidente Evo Morales. Además, sugirió a la Asamblea restringir la definición de terrorismo existente en la legislación boliviana, a fin de evitar que sea utilizada para criminalizar o cercenar los derechos de libertad de expresión y asociación.

También planteó al Ministerio Público retirar los cargos contra exmiembros del gobierno de Morales y sus partidarios, en casos que las pruebas no respalden las acusaciones.

La organización señaló que ha en los 21 casos de procesos contra partidarios de Morales y que detectó evidencia de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

Morales socavó la independencia judicial

El informe también tiene críticas al Gobierno de Morales, en específico respecto al socavamiento de la independencia judicial.

Recordó que el mismo Morales rechazaba el principio de independencia judicial y que en su Gobierno muchos de los rivales políticos y críticos fueron procesados o investigados en función de acusaciones que parecen haber estado motivadas políticamente.

Se menciona casos como los procesos del caso terrorismo, proceso a medios de comunicación y los juicios a opositores Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Eduardo León.

Sobre Añez

Human Rights señala que, si bien el gobierno de Morales debilitó la independencia del sistema de justicia, el gobierno de Jeanine Añez ahora también usa de forma indebida el sistema judicial con fines políticos.

“Jeanine Añez, quien reemplazó a Morales como presidenta interina, tuvo la posibilidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus intereses, resultando en más de 150 investigaciones penales por delitos de sedición o terrorismo contra partidarios de Morales y personas vinculadas con su gobierno”, señala el texto.

En ese contexto recomendó al gobierno “abandonar toda persecución por motivos políticos de personas que hayan tenido vínculos con el gobierno de Morales o sus partidarios, y respetar la independencia judicial y fiscal”.

También pidió que se deje de utilizar operaciones de “ciberpatrullaje” para identificar a aquellos que critican al gobierno interino y dejar de impulsar procesos penales contra jueces por haber dictado sentencias con las que no está de acuerdo.

Erbol


Informe completo de Human Rights Watch | La justicia como arma: persecusión política en Bolivia


Gobierno rechaza informe de la HRW y niega persecución contra Evo

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, rechazó la tarde de este viernes el informe del Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch), que sostiene que se comete persecución política en contra de expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales.

“Rechazamos categóricamente el punto que hace referencia a una supuesta persecución política utilizando la justicia contra Evo Morales. Hay que recordar que el MAS preseleccionó las autoridades (judiciales). En otras palabras, todo el sistema judicial estaba cooptado por el MAS, partido de Evo Morales, y por tanto es un contrasentido decir que el actual Gobierno ejerce un control sobre la justicia o como arma de persecución”, dijo Núñez.

La autoridad dijo que el MAS seleccionó a las autoridades que hoy conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental (TA), el Consejo de la Magistratura (CM) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

No obstante coincidió con la parte en la se admite que el exmandatario no habría respetado los resultados del Referendo Constitucional del 21 de febrero de 2016 y que la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos al revocar el límite de mandatos a los cuales Morales podía aspirar.

“Evo Morales perdió el Referendo del 21F; sin embargo el TCP realizó una interpretación inverosímil de la Convención Americana de Derechos Humanos y revocó el límite constitucional al número de mandatos”, agregó.

La mañana de este viernes, la HRW publicó un informe en el que sostiene que la justicia en Bolivia es utilizada para cometer injerencia política, particularmente contra el expresidente Morales, además de que advirtió un “debilitamiento” del sistema judicial que se profundizó con el MAS y no corrigió la presidenta Jeanine Añez.

Página Siete


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