Chile: organismos de DDHH y familiares de las víctimas marchan a 47 años del golpe

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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos llama a marchar para romería este 11 de septiembre

Para este viernes 11 de septiembre, se realizará la romería en conmemoración a las víctimas de la dictadura militar desde las 10 horas en la Plaza Los Héroes, en Santiago, para caminar por la vereda de la Alameda hasta el Paseo Ahumada y de ahí, hasta el Cementerio General, en Recoleta.

Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Ejecutados Políticos, explicó que el llamado es a acudir con mascarilla y mantener el distanciamiento físico durante el trayecto.

A esta manifestación organizaciones sociales de derechos humanos, como la Coordinadora Feminista 8 de marzo.

Juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de los crímenes de derechos humanos de ayer y hoy. Hoy, a casi un año de la revuelta popular iniciada el pasado 18 de octubre y la denuncia instalada con la performance “Un violador en tu camino”, del Colectivo Las Tesis, puso de manifiesto la violencia violencia legitimada y reproducida por el Estado capitalista y sus instituciones mediante la desigualdad salarial, la educación sexista, empleos basura, violencia policial, la impunidad de los agresores, entre algunas.

Este 25 de octubre se realizará el plebiscito hacia una nueva constitución, donde el gobierno de Piñera y los partidos del régimen quieren que este proceso sea lo más controlado posible, para que nada cambie de fondo. Sin embargo, la revuelta puso en evidencia que hay una generación de jóvenes, trabajadores, mujeres, entre otros sectores que están dispuestos a luchar por cambios estructurales.

Es por esto que ante la violencia del Estado y sus instituciones es urgente luchar por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, para desarrollar un programa de emergencia para que nuestras vidas no la cargue la clase trabajadora y las mujeres.

La Izquierda Diario


Acto de COLMED en homenaje a los médicos víctimas de la dictadura cívico militar vía online

En este acto el Colegio Médico otorgará la colegiatura póstuma al estudiante detenido desaparecido Ramiro González G. de 18 años al momento de ser detenido, esto se suma a los otros 7 estudiantes colegiados el 2019, con ello serán 30 los médicos que integrarán el espacio memorial del COLMED en la calle Esmeralda.

También se realizará un conversatorio sobre la Medicina Social juntando al Dr. Carlos Concha (ex Ministro de Salud) con un médico joven del Movimiento Salud en Resistencia Roberto Bermudez.

En este evento participará el cantante argentino Pedro Aznar.

La actividad se realizará por videoconferencia en el canal de Youtube del Colegio Médico.

El Mostrador


Paris por actividades del 11 de septiembre: “Las personas en Chile tienen el derecho a realizar esa marcha (…), pero les pido que lo hagan manteniendo todas las medidas sanitarias”

Este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, junto al director de Cenabast, Valentín Díaz, recibió del embajador de la República de Corea en Chile, Keun Ho Jang, una donación de 41 mil reactivos para test PCR y mascarillas. Allí, el titular de la cartera de Salud también se refirió a la situación actual del país en cuanto a las cifras de contagio de las últimas 24 horas y las actividades convocadas el día viernes por el 11 de septiembre.

Con respecto a la pandemia, el ministro reiteró la importancia de las medidas preventivas y que se deben “mantener los brazos en alto”.

“Nosotros hemos dicho que la pandemia no ha cesado, que tenemos que mantener la alerta. Lo importante es mantener este virus en una etapa de estabilización, de endemia”, indicó. “La endemia puede ser de cifras bajas y altas, ojalá sea con cifras bajas, pero estamos preocupados y seguiremos preocupados para que no se disemine”.

En esta línea, y en cuanto a la situación de por qué Puente Alto sigue en cuarentena, Paris sostuvo que esto es debido a que todavía no cumple con todos los indicadores de forma global. “Hay sectores que están en mejor posición desde el punto de vista sanitario que otros”, sostuvo. Sin embargo, por lo mismo, “no les parece” sacar a la comuna por partes.

En esta línea, el día miércoles se reunió con el alcalde Germán Codina y llegaron “a varios acuerdos”.

Primero, explicó, le van a traspasar una termocicladora para que así el mismo municipio pueda llevar a cabo exámenes de laboratorio. En segundo lugar, sostuvo, se conversó que el viernes se les va a traspasar “varios millones de pesos” a la municipalidad de Puente Alto – así como a otros municipios – para que puedan aumentar su trazabilidad.

En tercer lugar, sostuvo, le pareció “muy interesante” el plan que propuso el alcalde – la creación de un paso intermedio entre la cuarentena y transición – para que los trabajadores puedan retornar a sus trabajos. “Que podamos, a lo mejor, permitir que trabajadores que están perdiendo su empleo, que no puedan ir a trabajar, les hagamos PCR”, explicó, y así “darle seguridad al empleador mediante el resultado del examen que la persona va a ir a trabajar con una PCR negativa”.

“Y los vamos a tratar de trasladar con una identificación específica o mediante un medio de transporte diferente al público para que no se contagien nuevamente y puedan volver a trabajar”, agregó. “En general la reunión fue muy positiva y espero que así vayamos avanzando con otros municipios”.

Sobre esta propuesta, el ministro sostuvo que debían estudiarla para ver si era posible implementarla.

11 de septiembre

En cuanto a las actividades y marchas convocadas para el día viernes por el 11 de septiembre, el ministro Paris expresó que “le preocupaba mucho el aspecto sanitario”, y que era necesario tomar las medidas preventivas, especialmente el distanciamiento.

“Las personas en Chile viven en un ámbito de libertad, tienen el derecho (para marchar), con el permiso correspondiente. A realizar esa marcha en recuerdo de sus seres queridos, algunos de ellos perdieron familias en esa época. Estimo que hay que, obviamente, respetar esa posición”, sostuvo.

Al realizarlo, sostuvo, es importante que se tomen todas las medidas sanitarias para no contagiarse.

“Les pido que lo hagan manteniendo todas las medidas sanitarias para evitar el contagio, lo más importante va a ser la separación, o sea, tienen que ir muy separados, tienen que usar mascarilla, no deben fumar – porque al fumar se sacan la mascarilla – ni hablar por celular sin mascarilla”, señaló.

“Ojalá pedir el permiso correspondiente y mantener el orden público. Sería muy lamentable que hubiesen enfrentamientos con la fuerza pública si no cumplen con los requerimientos de dicha fuerza en el permiso que ellos deben tener para llevar a cabo la marcha”, indicó el secretario de Estado.

“Me preocupa mucho el aspecto sanitario, y eso se maneja manteniendo la mascarilla, llevando alcohol gel si es necesario” agregó. “Pero sobre todo, manteniendo la distancia física, porque en esos eventos se producen aglomeraciones que pueden favorecer la diseminación”.

Donación de reactivos para test PCR y mascarillas

En cuanto a la donación realizada por Corea del Sur, Paris agradeció la ayuda, indicando que era “muy, muy importante” para Chile, y que van a insistir en la campaña de testeo, trazabilidad y aislamiento para detectar “no solo los sintomáticos, sino los asintomáticos”.

“Hemos seguido muy cercanamente la estrategia coreana, que fue muy exitosa (…). Nosotros la hemos tratado de repetir o copiar dentro de nuestras posibilidades”, sostuvo.

“Hicimos un bilateral para ver la posibilidad de traer un medicamento a Chile, y también ellos (Corea del Sur) están desarrollando una vacuna, que está en fase 2″, indicó. “Cuando pase a fase 3 también queremos colaborar y cooperar”.

La Tercera


A 47 años del golpe: Las nietas y nietos de detenidos desaparecidos que traen al presente la memoria de sus abuelos

Por Natalia Figueroa

Este viernes se cumplen 47 años del golpe de estado perpetrado por militares y civiles que actuaron bajo el mando de Augusto Pinochet. La fractura que provocó en el país es una herida aún abierta para miles de familias de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que siguen clamando por justicia y por un “Nunca Más” que, afirman, el estallido de octubre del año pasado reafirmó que no existe.

Han sido las generaciones de nietas y nietos que hoy mantienen la lucha por preservar y traspasar la memoria de sus familiares. Muchos han retomado el trabajo inconcluso de sus abuelos sobre la organización política, e incluso, la investigación a fondo de este periodo de la historia y sus roles en ella. El Desconcierto ha recogido tres historias de nietas y nietos que se hunden en su propia memoria para reconocer la hebra que han seguido tirando como legado de sus abuelos desaparecidos. Sus trabajos e inquietudes de hoy se han vuelto su motor de búsqueda personal y también el de una transformación colectiva que aquí comentan.

Cuidar el Memorial

Hace dos años Marisol Vega Puebla (54) trabaja como cuidadora del memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Dictadura en el Cementerio General. Ha sido la encargada de conservar este espacio: desde gestionar que se mantenga el sector podado hasta hacer las charlas para grupos de estudiantes o turistas que van a visitarlo. Es un lugar que paulatinamente ha ido concitando el interés de los colegios y, hasta antes de la pandemia, Marisol contabilizaba hasta cuatro visitas por día.

Ella cree, sin embargo, que su trabajo hasta un tiempo atrás fue invisible. Aunque la gente la veía en el sector, no se le acercaba. «Trataba de hablarles, pero era bien escurridizos. Se corrían porque no sabían quién era y antes tampoco había alguien que hablara ahí. Entonces, la gente me miraba raro», cuenta. Esto cambió cuando decidió comenzar a colgarse en el pecho el cartel con la fotografía de Julio Roberto Vega Vega, su abuelo detenido desaparecido a los 61 años, en agosto de 1976. «Cuando se me ocurrió ponerme la foto de mi tata, la gente empezó a actuar de otra forma: me acercaba y me escuchaban, y algunos iban y me preguntaban o me decían qué bueno que estuviera ahí porque estaba bastante abandonado», dice.

La infancia de Marisol estuvo marcada por desaparición de su abuelo. Ella prácticamente vivía en su casa, en la comuna de Independencia, y creció en medio de la organización barrial y la militancia comunista que llevaban con su esposa. Julio, además, fue presidente del Sindicato de los Obreros Municipales de Renca durante la Unidad Popular.

De esa época recuerda un espacio para jugar a la rayuela que habían instalado en la esquina de la casa de su abuelo. El día previo a su desaparición, durante el fin de semana, vieron a unas personas desconocidas que se acercaron extrañamente a conversar donde estaban reunidos. Al día siguiente, su abuelo salió temprano a comprar remedios y no regresó. Los testimonios que han recogido señalan haberlo visto en Villa Grimaldi, pero, pese a la insistencia de familiares y agrupaciones, nunca han dado con su paradero. Una las teorías que no descartan es que posiblemente uno de los entonces vecinos, que era funcionario de Carabineros, lo habría delatado.

Marisol desde muy pequeña se hizo parte de acciones por la búsqueda de justicia. En septiembre de 1979, participó de una huelga de hambre en la embajada de Dinamarca. Tenía solo 13 años. Casi todos eran muy jóvenes, explica, muchos hijos e hijas de detenidos y ella una de las pocas nietas presentes. “Esa huelga la hicimos después de que se encontraron los restos en los Hornos de Lonquén. Nadie sabía absolutamente nada, si eran sus familiares o no. Fue terrible encontrarse con esos hornos tremendos. A mí no me dejaron subir, pero me escabullí y me subí igual. Lo más impactante fue cuando vi esa pieza hecha de calamina, de latas, la sangre de los compañeros en sus ropas, los orificios de bala”, recuerda.

Después de esa huelga que fue una de las más extensas de las que participó, por casi 17 días en ayuno completo, empezó a calibrar lo que venía para su vida. “Eso me enseñó a ser una luchadora social y política, sobre todo. Eso permite que mi vida tenga el sentido que tiene, que no esté haciendo otra cosa”, reconoce.

Es por eso que, Marisol se ha hecho parte de este trabajo en el Memorial planteando propuestas que amplíen la información que se entrega sobre las personas conmemoradas en el espacio. “Siempre ha sentido que no está terminado porque solo están los nombres y no hay una reseña histórica de lo que ocurrió”, detalla. “Yo explico lo que pasó, pero lo llevo a la actualidad. Destaco la solidaridad, el compromiso con sus familias, con su entorno. Les hablo sobre inclusividad, tolerancia y solidaridad”, enfatiza.

También reenfoca las conversaciones hacia la comprensión propia, el derecho que tienen todas las personas al duelo y a vivir el dolor por la pérdida de un ser querido. “Fue eso que nos quitaron a nosotros como familia, ese hito importante para poder seguir adelante”, dice. Algo que para ella los hizo quedar en un paréntesis en la historia que ha buscado resignificar a través de este trabajo.

Luchar por un cambio

Camila Donato Pizarro (33) es educadora de párvulos, concejala comunista por la comuna de Macul y nieta de dos abuelos detenidos desaparecidos: Jaime Donato Avendaño y Waldo Pizarro Molina. Este último padre de Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Ambos fueron detenidos en 1976.

Creció viendo las fotografías de sus abuelos en blanco y negro con las letras grandes del “¿Dónde Están?” que sobresaltaban, y sus abuelas Sola Sierra y Mariana Guzmán llevándolas en el pecho. Los mismos carteles que emocionada vio desde el 18 de octubre pasado en la “Plaza de la Dignidad” alzados por nuevas generaciones. “Fue una mezcla de emociones, alegría, tristeza, esperanza”, describe Camila.

Con esto fue inevitable para ella revivir episodios de su infancia y adolescencia llena de incógnitas relacionadas a la desaparición de sus abuelos. Incluso, recuerda que de niña veía películas para tratar de entender cómo personajes de este tipo podían llegar a tramar algo que generara tanta devastación. Era una realidad que la desbordaba.

Después vinieron otras cosas: la transición, los pactos que seguían dejando margen para beneficiar a los militares, la detención de Pinochet en Londres y la justicia que nunca llegó.

Muchos de esos recuerdos fueron perdiendo referencias exactas, sobre todo, entre los años que salió con su familia al exilio a Australia. Algo de lo que sí tiene imágenes claras es de haber estado presente en una mesa de diálogo a la que fueron citadas a varias familias de detenidos desaparecidos en las oficinas de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic), fundada en 1975 como un lugar de cooperación para refugiados.

Cuando familiares salían de la reunión, recuerda un clima de desesperación generalizado: se oían gritos, llantos, incluso, personas que se desmayaban. “Con mi hermana no sabíamos lo que pasaba. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder, de hecho, no éramos las únicas niñas”, dice. Solo sabía que algo estaban informando sobre sus abuelos, aunque esos antecedentes que les dieron a sus padres contrariaba la misma información que ellos habían logrado ir reconstruyendo. “Pudieron decir que fueron arrojados al mar, pero se eliminaba la tortura como forma de hacer desaparecer”, explica.

En el presente, Camila se ha cobijado en los ritos colectivos para volver a retomar la historia de sus abuelos. Cada 12 de mayo se realiza un acto público en la calle Conferencia, en Santiago, donde fue detenido Jaime Donato y otros integrantes del Comité Central del Partido Comunista por agentes de la DINA. De esto participa cada año, aunque reconoce una situación especial cuando está ahí. “Cuando le hacen conmemoraciones públicas, me salgo de escena y no siento que están conmemorando a mis abuelos. No siento que sea protagonista mi abuelo, siento que son compañeros desaparecidos. Lo siento en otros momentos, pero no ahí”, explica. “Creo que son formas que tenemos también inconscientemente de cuidarnos”, reflexiona.

Hoy cree que la memoria es una forma de concebir su vida desde la organización política, actualmente como concejala y años atrás como dirigenta estudiantil, para los cambios sociales que cree deben hacerse en el país. “Lo que llevo es la tarea que no pudieron ellos cumplir, pero que quedó inconclusa para un país entero, que ha quedado en el desamparo, en la soledad, un país carente de derechos. Hoy estamos a un pelito de cambiar Chile. Esa es tarea de una generación completa”, asegura sobre el momento que se avecina.

Fragmentos de historia

En plena “Revolución Pingüina”, en 2006, Matías Villa Juica (28) le escribió una carta a Mario Juica Vega, detenido desaparecido el 9 de agosto de 1976. Coincidió con un proceso muy importante para él: decidió entrar a militar a las Juventudes Comunistas y fue el puntapié para volver sobre la historia de su abuelo.

“No puedo negarlo -comenzó-, no te conocimos. Nos lo negaron tus torturadores y asesinos… y sus cómplices. No puedo callarme esta rabia, esta ira, de ser consciente que la vida es tan frágil, que la dignidad humana -para algunos- resulta tan mezquina”, se lee. Le dice que también le hubiese gustado debatir con él, contarle cosas y que quizás no hubiesen compartido en el mismo partido, pero que sí posiblemente hubiesen marchado juntos. “Es tarea de las jóvenes generaciones presentes y venideras profundizar y rescatar la experiencia que junto a todo un pueblo construiste”, le dice.

Su interés por la historia lo motivó a emprender un proyecto fotográfico que ha venido desarrollando desde hace dos años y que espera publicar en formato de libro. Se trata de la reconstrucción del árbol genealógico de dirigentes de partidos obreros y otras corrientes políticas. Es un tema que lo ha llevado a revisar decenas de documentos buscando, por ejemplo, la descendencia de Luis Emilio Recabarren.

Hace unos meses se puso en contacto con una mujer que había compartido con su abuelo, uno de varios relatos que le han permitido reconstruir fragmentos de su historia: “La fui a visitar y ella estaba muy feliz de que fuera el nieto de Mario Juica por eso me recibió. Me contó sobre el trabajo que desarrolló para el partido en la clandestinidad y de cómo estaba encargada de ciertos vínculos que tenía que hacer en los regionales”, cuenta. Su abuelo era encargado del Comité Regional Norte del Partido Comunista.

También ha encontrado folletos sobre actividades de las que participó su abuelo. Uno de ellos es un discurso que hizo junto a Gladys Marín y a otros militantes. “Me encantaría encontrarme con reproducciones fotográficas en marchas u otros actos de los que participó”, expresa Matías.

El material ha sido un aporte para iluminar episodios sobre los que no sabían ni su abuela y ni tampoco sus hijas. “De a poquito iba buscando sobre él y supe que fue parte del Comité Central de las Juventudes Comunistas en los 60, que participó en una delegación que fue a un festival, que visitó Moscú, que fue secretario político del regional norte en la UP y que en dictadura perteneció a un intento de reorganizar un comité central que falló”, detalla.

Este trabajo lo ha llevado a reflexionar sobre la construcción de identidades y cómo reconoce la suya en el presente. “Esta búsqueda ha hecho darme cuenta que no siempre existe una herencia en términos de activismo, de militancia política o de pensamiento. Muchas veces me encuentro con nietos o bisnietos de dirigentes que, o bien conocen muy poco de sus familiares, o tienen un cuento totalmente distinto donde la ligazón se rompe. Eso también me ha chocado”, dice.

Y cree que, en términos personales, el traspaso de memoria, la trayectoria y la herencia de un familiar ha sido relevante para su construcción. “Uno también tiene que encontrarse en eso”, concluye.

El Desconcierto


Los 171 casos de personas mapuche asesinadas/desaparecidas por la dictadura en Chile

Por Alfredo Seguel

Un trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche, fue dado a conocer en un primer informe en enero del año 2016 a través del historiador, Hernan Curiñir Lincoqueo en representación de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche), el que actualiza a 171 los casos.

Entre los casos documentados, está el de una lactante menor de 1 año y el de una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado. También se hace referencia al caso de un hombre y su familia que vivían en el sector Montaña Recortada comuna de Lautaro. Al momento del secuestro del comunero, encerraron en el domicilio a su mujer y sus siete hijos, tras lo cual prendieron fuego a la casa. Los familiares de la víctima apenas alcanzaron a salvar sus vidas gracias al auxilio prestado por vecinos que alcanzaron a llegar.

“Nos hemos dado la tarea de clasificar a las víctimas de acuerdo al lugar en donde vivían, lofMapu y éste vinculado a su comuna, pues sostenemos la hipótesis que el asesinato de muchos de ellos está vinculado a la tenencia de la tierra. Muchos de ellos pertenecían a algún asentamiento originado por la Ley de reforma Agraria, como queda establecido por ejemplo en las comunas de Lautaro, Galvarino, Panguipulli, entre otras. También consignamos que la mayoría de las víctimas, figuran como detenidos desaparecidos”, destaca Curiñir, cuyo informe fue presentado en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Sorprendentemente hemos encontrado 171 casos, 36 casos más a saber, vinculadas a las victimas mapuche reconocidas por el Estado de Chile; que fueron oportunamente investigadas por las distintas comisiones establecidas para el efecto, nos hemos apoyado de la investigación sobre apellidos mapuche publicada por el Peñi Necul Painemal. Por las peculiaridades que esto conlleva, muchos casos no disponen de fotos que nos ayuden a humanizar la propuesta”.

Buena parte de estos asesinatos y desapariciones se enmarcan en los conflictos territoriales históricos frente al acaparamiento del latifundio colonial y los despojos estatales de tierras causado a numerosas comunidades mapuche.

Ver aquí contenido completo en PDF:

“Informe trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche” /

ESCUCHAR EN LÍNEA O DESCARGAR AUDIO ENTREVISTA A HERNÁN CURIÑIRhttps://cl.ivoox.com/es/11991012

La Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche), junto a autoridades tradicionales, realizaron en noviembre 2017 la consagración de un kuel en la Isla Cautín de Temuco, montículo de tierra con porciones provenientes de todos los territorios del Wallmapu y pu kura –piedras- del puelmapu inclusive, investido con 4 esculturas de seres en madera (Meli Che Mamüll), como parte de un complejo memorial inaugurado en enero del 2018 junto a organismos de derechos humanos, en homenaje a todas las personas mapuche que fueron víctimas de la dictadura militar.

Dictadura militar y crímenes de lesa humanidad

Los antecedentes del informe mapuche son parte del contexto general donde no existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el periodo de la dictadura militar, el que se estima en 40.280 personas, entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.

La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos y/o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197 en el País.

El informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una mesa de diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.

El 11 de septiembre de 1973 se impone la dictadura militar encabezada por Pinochet con una junta militar de gobierno y detrás, el aparato represivo de Estados Unidos y grupos económicos chilenos y extranjeros, declarándose el estado de guerra interna en el país, declarándose así el estado de sitio que se prorroga hasta 1987. Esto significó la sustracción de la justicia y el traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra, cuyas víctimas de estas acciones bélicas, según cifras de informes de derechos humanos arrojan que un 46 % aproximado de las víctimas asesinadas no tenía afiliación política.

Bajo este estado, el gobierno de Pinochet se dedicó a hacer detenciones arbitrarias, estimándose en más de 250.000 detenciones las realizadas los primeros días del golpe y más de 200.000 mil personas exiliadas a diferentes países del mundo.

El golpe de estado está relacionado con los principales grupos económicos en Chile. Tierras de reformas agrarias y numerosas empresas fiscales pasaron a manos de grupos económicos, así como innumerables privilegios, cuyos impactos, conflictos y desigualdades, continúan repercutiendo en el presente, incluyendo la Constitución Política de Estado.

Indymedia


11/09. Los 3 ministros de Piñera que apoyaron el golpe de Estado

Por Gonzalo Magueda

Los actuales ministros del Interior, Justicia y de Relaciones Exteriores, Víctor Pérez (UDI), Hernán Larraín (UDI) y Andrés Allamand (RN), respectivamente, fueron acérrimos enemigos del gobierno del Presidente Salvador Allende y respaldaron el golpe de Estado en su contra. Luego participaron y simpatizaron con el régimen dictatorial. Discípulos de Jaime Guzmán y de Sergio Onofre Jarpa, representativos ideólogos de la ultraderecha. A ellos, entre otros, se suman personajes de la actual derecha como Joaquín Lavín e Iván Moreira y una larga lista de reivindicadores de la dictadura cívico-militar y de Augusto Pinochet. Los tres ex ministros suelen evadir, a estas alturas, sus actividades desestabilizadoras en contra del Presidente Allende, su apoyo al derrocamiento del gobierno y su respaldo al régimen castrense.

Son decenas los personeros de gobierno, parlamentarios y dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), de Renovación Nacional (RN) y del Partido Republicano (PR) que aplaudieron y apoyaron la asonada golpista que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende. Luego asumieron labores como funcionarios del régimen o como dirigentes de los organismos gremiales que creó la dictadura. Varios fueron alcaldes designados. Muchos, en 1973, eran militantes y dirigentes del Partido Nacional (PN) y de la Juventud Nacional (JN) y pertenecieron o estuvieron cerca del ultradrechista y paramilitar Comando Rolando Matus, que efectuó ataques violentos, agresiones a dirigentes y militantes de la Unidad Popular y actividades terroristas y de sabotaje para buscar la salida violenta del gobierno allendista. Varios, como Larraín, adscribían a la corriente del Gremialismo incubada en la Pontificia Universidad Católica, donde se perfiló el liderazgo del abogado Jaime Guzmán, quien sería justificador intelectual de la acción golpista y luego gestor del ideario dictatorial que terminó consagrado en la Constitución de 1980, vía plebiscito fraudulento, donde ni siquiera existía un padrón electoral.

Todos eran aliados del grupo paramilitar de ultraderecha Patria y Libertad, que tenía como cabecilla al abogado Pablo Rodríguez, promotor de actos terroristas, alentador del derrocamiento del gobierno y aliado conspirativo de mandos de las Fuerzas Armadas, llegando a planificar y ser parte de la intentona golpista de junio de 1973 junto a oficiales del Ejército. Rodríguez sigue como catedrático, es columnista del diario El Mercurio y mantiene amistad política con algunos integrantes del gobierno piñerista y dirigentes de la UDI. Dirigentes y militantes de Patria y Libertad desarrollaron labores represivas y conspirativas con los encargados del recinto nazi y ultraderechista de Colonia Dignidad, del cual Pérez y Larraín fueron muy cercanos.

El actual Canciller, Andrés Allamand, fue un ferviente opositor al gobierno popular, ingresó a militar a la Juventud Nacional (JN) cuando era estudiante secundario, teniendo como guía político al entonces presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, quien sería embajador y ministro del Interior de la dictadura. Allamand fue jefe del frente estudiantil del PN, cargo que ostentaba al momento del golpe de Estado, y desde el cual celebró el derrocamiento de la administración de la Unidad Popular. Fue postulado por la JN, y apoyado por la derecha, incluido Patria y Libertad, a la presidencia de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESES). Participó en marchas en contra de Allende y fue parte de las fuerzas que buscaban la salida del mandatario y que luego aplaudieron y respaldaron el golpe militar. También, de acuerdo a información de la época y que figura en documentación pública, integró el grupo paramilitar Comando Rolando Matus que desarrollaba acciones violentas contra el gobierno.

También militó en la JN el actual titular de Interior, Víctor Pérez, y desde esas filas fue un activo opositor al gobierno de la Unidad Popular, participando en marchas, organización de actos en contra de Allende y actividades de desestabilización política. En recientes declaraciones reconoció que al ver manifestaciones de partidarios de la UP, tomó la decisión de entrar a militar en el partido de ultraderecha y combatir a la izquierda. Respaldó con entusiasmo la asonada militar y desde 1974, según informaciones biográficas, se vinculó política e ideológicamente a Jaime Guzmán, a personeros nazis y ultraderechistas de Colonia Dignidad  y aceptó ser alcalde designado por el dictador Augusto Pinochet. En esas actividades estableció lazos con altos mandos del Ejército, la Armada y Carabineros, que permanecen hasta hoy.

Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, era una de las figuras destacadas de las fuerzas gremialistas de la Universidad Católica, presidió la federación de estudiantes de esa casa de estudios defendiendo las posturas de los sectores conservadores en la década de los sesentas e inicios de los setenta, fue un acérrimo enemigo de la Unidad Popular y crítico del triunfo de Allende. Considerado discípulo de Jaime Guzmán, desde inicios de los setenta se vinculó a la ultraderecha y terminó, por ejemplo, siendo miembro de la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad.

Los tres, en su momento, defendieron “la obra del gobierno militar” y formaron parte de la reorganización de la derecha para asumir roles políticos en el tiempo pos dictadura, militante en los partidos conservadores hasta la fecha. Según algunos analistas, en estándares institucionales europeos, por ejemplo, ninguno podría ocupar hoy los cargos que ostentan al estar vinculados tan estrechamente al origen y desarrollo de un régimen dictatorial genocida.

En esa larga lista de enemigos del gobierno de la UP y que respaldaron su derrocamiento, está el actual alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, destacado militante de la UDI. Desde sus tiempos de universitario, mantuvo vínculos políticos y personales con la ultraderecha y fue opositor decidido al proyecto de la Unidad Popular, respaldando a los militares y al régimen dictatorial. Durante el gobierno de Allende trabajó como opositor levantando desde ya las tesis neoliberales en el plano económico y fue parte del grupo de economistas que comenzó a instalar las tesis de los Chicago Boys en Chile. Su suegro, Alberto León, fue un destacado jefe del grupo paramilitar Patria y Libertad. Además, fue discípulo cercano de Jaime Guzmán y parte fundamental del Frente Juvenil de Unidad Nacional creado por la dictadura.

Iván Moreira fue otro de los destacados militantes del Partido Nacional, partícipe de actividades desestabilizadoras y entre 1971 y 1973 presidió la Juventud Nacional en Punta Arenas. Desde esa posición respaldó sin reparos el golpe de Estado y celebró el derrocamiento de Salvador Allende, para convertirse tempranamente en colaborador del régimen militar, al que reivindica hasta el día de hoy manteniendo un lazo cercano con la familia Pinochet Hiriart.

En el Parlamento, la actividad política e incluso con aspiraciones presidenciales, siguen actuando defensores de la dictadura y reivindicadores de Pinochet, como Ignacio Urrutia, Evelyn Matthei, Camila Flores, José Antonio Kast, Juan Antonio Coloma,  Jacqueline Van Rysselberghe, entre otras y otros.

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