Choque de poderes en El Salvador | Corte suspende testeo de ingreso y Bukele amenaza con cerrar aeropuerto

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Nayib Bukele advierte con «cerrar el aeropuerto» si no se obedece su disposición para ingresar al país

El Gobierno de El Salvador había impuesto, como requisito para ingresar al país por aeropuertos o fronteras terrestres, que los usuarios presentaran una prueba de COVID-19 negativa. Esto, sin embargo, alarmó a muchos por el alto costo que el exámen implica.

La Sala de lo Constitucional resolvió suspender la medida, pues atentaba con el derecho de los ciudadanos salvadoreños para ingresar libremente al país. Al presidente Nayib Bukele no le ha gustado nada esta disposición y acusó a la Sala de intentar «desmantelar al Gobierno».

El mandatario escribió un largo hilo de tweets donde aseguró que «ningún derecho es absoluto», refiriéndose a la libertad de circulación, y agregó además que no pedir una prueba de COVID-19 a la llegada al país, «sería sumarle miles, o al menos cientos de contagios, a los 80 o 90 que estamos teniendo a diario».

Finalmente, Nayib Bukele advirtió con cerrar al aeropuerto si las aerolíneas no exigen «a todos sus pasajeros una prueba PCR negativa de COVID-19 tomada, como máximo, 72 horas antes del viaje».

«Este requisito no será para siempre», ha dicho el presidente, sin embargo, dijo, durará «hasta que estemos seguros de que hemos podido controlar la curva epidemiológica».

El Salvador Gram


Hijo del exjefe de seguridad fallecido desmiente a director de Policía por toma de Asamblea de El Salvador

El hijo del César Reyes Dheming, fallecido jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa, rechazó que su padre haya autorizado el ingreso de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) al Salón Azul de la Asamblea Legislativa como lo aseguró el director policial, Mauricio Arriaza Chicas, a diputados.

“Lo que dice el director de la PNC y Guillermo Gallegos es completamente falso, mi padre entregó la documentación de lo sucedido ese día registrado por el personal de seguridad de la Asamblea”, escribió César Reyes en Twitter. Pidió no utilizar el nombre de su padre para una “bajerada política”.

Una comisión especial de la Asamblea Legislativa investiga los hechos ocurridos el 9 de febrero de 2020 cuando ingresaron elementos de la Fuerza Armada y de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) a la Asamblea Legislativa.

”Las órdenes del director de la PNC era tomar el control de la Asamblea por la fuerza, incluso bajo amenazas”.

La documentación claramente demuestra que las órdenes del director de la Policía Nacional Civil (PNC) era “tomar el control de la Asamblea por la fuerza, incluso bajo amenazas”, dijo Reyes.

Un escrito publicado por Reyes que “el señor Arriaza gritándole dijo que si a los que había mandado que tenían que obedecer que los habría mandado a tomar el control de los portones de la Asamblea Legislativa, que bien sabía que era una orden clara, porque, si no, de lo contrario, él sabía que rodarían cabezas al no tomar control de la institución”.

El escrito señala que Arriaza se dirigió al portón sur de la Asamblea Legislativa y a los cinco minutos un grupo de la UMO a cargo del sargento Guzmán llegó “a tomar control de todo el acceso en dicho portón”.

El abogado Luis Mario Rodríguez ha asegurado que el problema no es la fuerza utilizada para ingresar sino la ocupación militar de la Asamblea Legislativa. “Con permiso o sin permiso, la Constitución no establece la posibilidad de que la Fuerza Armada ingrese a la Asamblea Legislativa en una situación anormal como la que estábamos viviendo ese día donde el Presidente usurpó funciones del Legislativo”, expresó.

El Mundo


Arriaza Chicas aclara que presencia policial el 9F en la Asamblea fue a petición de la Seguridad del Congreso

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, reiteró este día en la Comisión Especial que investiga los hechos acaecidos el pasado 9 de febrero en la Asamblea Legislativa, que el rol de la institución policial fue la de proporcionar seguridad a petición de ese órgano de Estado.

Asimismo, aseguró que «no se giró ninguna orden de quitarle la seguridad a funcionarios» ni de realizar acciones de hostigamiento, tal como denunciaron legisladores, que afirmaron que los PPI destinados para su seguridad fueron acuartelados en la víspera. De igual manera, algunos diputados denunciaron que fueron hostigados en sus viviendas una noche antes de los eventos.

El jefe policial justificó que lo que pasó el día 8 de febrero fue «una supervisión» de la División de Protección a Personalidades Importantes, y ello generó «malos entendidos».

“Que hubo malos entendidos, esa es otra cuestión que habría que verificarla», afirmó.

«Como director les digo, no tuve el conocimiento ni mucho menos di instrucciones para andar persiguiendo funcionarios. Hay procedimientos para instalar y quitar seguridad a los funcionarios”, dijo tajantemente.

Según dijo, la institución policial «no se presta y no se prestará» a realizar acciones de persecución de funcionarios y reveló que el coronel César Reyes Dheming (ya fallecido), jefe de seguridad de la Asamblea, solicitó apoyo de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) en el interior del recinto legislativo por la aglomeración de personas.

Arriaza Chicas afirmó que la actuación de la institución fue basada en el marco de la legalidad, al reiterar la existencia de un convenio entre la PNC y la Asamblea, para proporcionar seguridad en las instalaciones de ese órgano.

Dicho convenio establece que uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad de los funcionarios y del recinto legislativo. «Lo vuelvo a recalcar: la actuación de la PNC fue de carácter profesional y a requerimiento del jefe de seguridad de la Asamblea. Nuestra actuación está basada en eso», enfatizó.

De este modo, aclaró que la actuación de la PNC fue exclusivamente por la realización de un dispositivo de seguridad preventiva y de seguridad pública y que “las coyunturas se quieren ver de otra manera”.

La Página

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