Colombia | Marylen Serna, dirigente campesina: “Hay una respuesta desarticulada y desorganizada del Estado para proteger a los líderes y lideresas sociales”

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Entrevista a Marylen Serna, dirigente campesina e integrante del Congreso de los Pueblos

Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL

La violencia en Colombia se ha agravado durante la pandemia y en lo que va del año se han registrado al menos 54 masacres y el número de líderes y lideresas sociales asesinados supera los 200. Los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han pedido al gobierno de Iván Duque medidas eficaces para frenar estas matanzas y la ciudadanía se ha movilizado en diversas ocasiones. En entrevista con NODAL, Marylen Serna, dirigente campesina e integrante del Congreso de los Pueblos, reflexiona acerca de las principales causas de estos hechos y las respuestas que ha dado el gobierno.

Este año han sido asesinados más de 200 líderes y lideresas sociales ¿Cuáles son las principales causas?

Esta problemática es grave y a la vez sostenida en el tiempo. Tiene que ver con las diferentes prácticas de golpear a la población e involucrar a las comunidades en el conflicto armado, de quitarles los medios de subsistencia, sus formas organizativas que se debilitan y sus formas económicas que se ven desplazadas, sus culturas que se ven menguadas y destruidas cotidianamente. Vemos que el asesinato de líderes y lideresas sociales es una situación muy frecuente que venimos sufriendo desde hace muchísimos años en el marco del conflicto armado pero incluso también con la resistencia de los pueblos originarios por la autodeterminación en una batalla por control del territorio que sigue estando vigente. Una de las razones más importantes es la económica, que ha generado todo este genocidio en estas comunidades. El control de los recursos naturales de los territorios es necesario para las multinacionales y para el capital nacional  que, a partir de alianzas entre los gobiernos y los capitales extranjeros, establecen el saqueo de los bienes de la naturaleza.

Una segunda causa es la sobreexplotación de la tierra que tiene que ver con la posesión de la tierra para la instalación de grandes monocultivos con agroquímicos y de alta intensidad que generan un deterioro del suelo. Otro elemento es la instalación y la explotación de los cultivos de uso ilícito, que en los últimos años se ha agudizado muchísimo en las regiones, y tiene que ver con la producción y exportación de cocaína. A raíz de la pobreza las comunidades se involucran en este tipo de producción y se generan la entrada agresiva de muchos actores al territorio para tener el control y aprovechamiento de los cultivos de uso ilícito. Esto también ha afectado la parte organizativa, cultural y la posibilidad de vivir en un territorio en condiciones de tranquilidad. A nivel político, otra de las causas tiene que ver con el deseo del control del pensamiento, de las formas de vida y de organización comunitaria de estas poblaciones. Se quiere imponer una forma de la vida relacionada al consumismo, a la visión de explotación y de explotado, de que hay que extraer al máximo toda la riqueza pero no para la redistribución, sino para generar una mayor acumulación y por lo tanto un mayor poder económico y político en los territorios. Esta visión de acumulación de la riqueza es otra de las causas que genera esta situación. Respecto a lo cultural, se trata imponer un modelo político y de gobernabilidad que margina, que excluye y que desconoce a los sujetos políticos que viven en los territorios y se tratan de imponer políticas muy nocivas para las comunidades.

¿Cuál viene siendo la respuesta del gobierno?

Lo que vemos es que realmente no hay una capacidad y una voluntad de escuchar las propuestas que están haciendo las comunidades. Se quiere imponer desde el nivel central unas medidas que son bastantes dispersas, incoherentes y sobretodo ineficaces ya que son muy débiles frente a la protección de los líderes y las lideresas. Por ejemplo, el programa de asignación de esquemas de protección es de difícil acceso y son asuntos muy individualizados, no colectivos. En toda esta dinámica del ministerio del Interior de dialogar con los líderes y las lideresas realmente no recoge las propuestas sociales. En el caso de los territorios que tienen las guardias campesinas o indígenas no hay un reconocimiento al ejercicio civil que hacen estas organizaciones y por el contrario estos procesos han sido sujetos a ataques e incluso al asesinato de los líderes sociales. No hay un reconocimiento de una autoridad comunitaria o colectiva. Por otro lado existe la militarización de los territorios. Se piensa que un conflicto armado se puede resolver profundizando el nivel de militarización. Por el contrario, nosotros consideramos que las comunidades tienen mecanismos de autoprotección que les permite tener un mayor control del territorio pero realmente el Estado los desconoce e incluso estigmatiza y ataca a estos métodos. Todo lo que uno ve es una respuesta bastante desarticulada y desorganizada de parte de la institucionalidad del Estado en lo que tiene que ver con la protección y la prevención de los asesinatos de líderes y lideresas.

¿Qué evaluación hace de la implementación de los acuerdos de paz?

Los acuerdos de paz tienen una gran infraestructura para su implementación. Con toda la institucionalidad que fue creada uno podría decir que hay mucha implementación. Sin embargo, nosotros medimos la situación a partir del desarrollo de las acciones que tienen que ver con los territorios. Todo lo que tiene que ver con los acuerdos que se firmaron para la sustitución de los cultivos de uso ilícitos, representan una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en los territorios por el incumplimiento del gobierno de esos acuerdos que miles de familias han firmado para la sustitución voluntaria y que la respuesta hoy sigue siendo la amenaza y la erradicación forzada cuando ya hay acuerdos y existe voluntad de parte de las comunidades. En ese sentido, se puede ver que realmente hay un incumplimiento muy alto de parte del gobierno nacional a los pactos que implican la economía y la permanencia en el territorio que tienen altos significados para la dinámica comunitaria. El otro aspecto es el de los planes de desarrollo con enfoque territorial que, si bien durante la primera etapa después de la firma del acuerdo se hizo un esfuerzo muy grande para su ejecución, hoy vemos que eso no se está desarrollando como se debe a partir de las necesidades que tienen las comunidades. Se entiende el acuerdo de paz como una posibilidad de parar el conflicto armado y de hacer un ejercicio de reincorporación a la vida de los actores armados y sobre todo, de ir superando esas brechas sociales y económicas que hay en el país. Pero vemos que el gobierno hace mayor énfasis en el desarme y no se dan las garantías suficientes. Entonces en los planes de desarrollo con enfoque territorial incluso se nos engaña porque a veces se hace pasar como cumplimiento del acuerdo y compromisos que realmente no están en ese marco sino que ha sido general en otros espacios. Uno se siente bastante engañado porque quieren simular una implementación del acuerdo cuando no es así. Otro aspecto que es profundamente preocupante y que da cuenta del no respeto al acuerdo es la falta de garantías para quienes lo firmaron. Cuántos asesinados y asesinadas hay hoy firmantes que hace inviable un acuerdo. O sea, con qué garantía se piensa que firmar un acuerdo y negociar la paz es importante cuando se está atacando a quienes lo han firmado y han dejado las armas. Sí hay una infraestructura institucional muy fuerte que seguramente está avanzando pero la implementación es muy débil.


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