Colombia | Uribismo: del terror al rechazo social en 365 días – Por Diana Carolina Alfonso

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Diana Carolina Alfonso*, especial para NODAL 

La movilización del 21 de septiembre dejó en evidencia el desprestigio del modelo de seguridad del gobierno uribista. 

¿Cómo puede el uribismo sostenerse a pesar de los sendos escándalos que le vinculan al narcotráfico y el paramilitarismo? El intento de invasión por vía marítima a Venezuela el 3 de mayo, conocido como Operación Gadeón; el apoyo al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a contrapelo de la reacción de los gobiernos latinoamericanos; y el propósito de refinanciar con dineros públicos la multimillonaria deuda de la aerolínea panameña Avianca; estos tres hechos del orden geopolítico explican la importancia del modelo uribista en el ajedrez regional.

En mayo de 2005, durante la presidencia de Álvaro Uribe, el general Bantz Craddock, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, reveló durante una visita a una base militar en Sumapaz que varios miembros de su ejército estaban siendo investigados por apoyar activamente a grupos paramilitares. La alianza incluía el tráfico de cocaína. La irregular presencia de las tropas norteamericanas no ha mermado desde entonces. En medio del alza represiva militar, policial y paramilitar del 2020, se comprobó que hubo una definición ilegal del Poder Ejecutivo sobre el desembarco de tropas norteamericanas en las zonas donde justamente aumentaron las masacres. El término legítimo según la Constitución es “traición a la patria”.

Fuerzas de Seguridad: en guerra contra la sociedad

Fotografía: Télam

El 29 de agosto del 2019 el Ejército Nacional de Colombia bombardeó y fusiló a quema ropa a trece menores de entre 12 y 17 años que hacían parte del cinturón de seguridad de Gildardo Cucho, un disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El bombardeo en el departamento de Caquetá, ejecutado por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) fue calificado como una “operación impecable” por el presidente Iván Duque. El Ministro de Defensa, Guillermo Botero,  negó haber tenido conocimiento de la presencia de los menores en el campamento. La mentira fue develada gracias a un informe de la Misión de Verificación de la ONU. 48 días después se llevó a cabo en el Senado una moción de censura en su contra que decantó en su renuncia.

Esta no es la única grieta en el blindaje institucional de la fuerza pública. El 29 de junio del 2020 salió a la luz un nuevo caso de abuso sexual a una menor de edad indígena por parte de siete militares. Contrario a lo que afirma el gobierno, en Colombia el estupro es una práctica sistemática de adiestramiento al interior de las Fuerzas de Seguridad. De hecho, en febrero de este año el historiador Renán Vega Cantor reveló como militares norteamericanos habían grabado 54 violaciones a mujeres y niñas colombianas en el marco de la alianza defensiva conocida como Plan Colombia. 

Los Derechos Humanos no tienen asidero en el uribismo. En lo que va del año fueron asesinados 61 líderes y lideresas sociales, y masacrados 27 detenidos en la cárcel Modelo de Bogotá que exigían condiciones básicas para hacer frente a la pandemia. Sumado a ello, más de 200 excombatientes de las FARC también fueron aniquilados en un evidente intento por socabar los acuerdos de paz. 

El 22 de agosto en el municipio de Samaniego, dónde fueron masacrados ocho jóvenes, el presidente habló de “homicidios colectivos” queriendo evadir el término “masacres”. 

El 9 de septiembre del 2020 la Policía Nacional electrocutó y golpeó hasta la muerte al abogado Javier Ordóñez. El hecho provocó una movilización social espontánea que fue reprimida a tiros. La noche del 10 de septiembre la Policía Nacional acabó con la vida de trece personas más. En medio de la represión fueron retenidas tres mujeres en una estación de policía en la localidad de San Diego en Bogotá. Allí sufrieron torturas y violaciones. Ante el desconcierto, la alcaldesa de la ciudad negó haber enviado la orden represiva. Fue entonces cuando los ciudadanos volcaron su ira en las redes sociales preguntando “¿quién dio la orden?”. Sin embargo, el gobierno nacional -ejercido desde las sombras por el hoy presidiario Álvaro Uribe desde su finca “El Ubérrimo”- salió en defensa de las prácticas represivas de la fuerza pública. 

El presidente no sólo no asistió al acto de reconciliación convocado por la alcaldesa. En un total desprecio hacia las 13 víctimas, lució ante cámaras la chaqueta de la Policía Nacional y exigió respetar a la fuerza pública. Mientras tanto, el 20 de septiembre la ciudadanía conoció la autopista del cuerpo torturado de Javier Ordóñez y la declaración de uno de los policías implicados. Según el uniformado, Ordóñez, en estado de ebriedad, se habría caído en repetidas ocasiones sobre su cabeza. Según los datos forenses el hombre murió de múltiples hemorragias internas. Además, su piel presenta marcas de pólvora que indican disparos múltiples próximos a su cuerpo.

Fotografía: EFE

La masacre cometida por la policía en la ciudad de Bogotá se suma a otras 67 más en lo que va del año. Al repertorio coyuntural, los manifestantes agregan los nombres de Nicolás Neira, Dilan Cruz y Diego Becerra, asesinados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). En las calles también se escucharon cánticos por los 6.600 “falsos positivos”: el eufemismo hace referencia a los ciudadanos indefensos, la mayoría provenientes de la localidad de Soacha, asesinados por el Ejército Nacional y presentados a sus altos mandos como guerrilleros. 

Algo queda claro ante la opinión pública: el presidente Iván Duque -elegido por Uribe con dineros del narcotráfico, según consta en la causa llevada adelante contra el narcotraficante Ñeñe Hernández- no goza de credibilidad alguna. Desde que asumió el cargo hace dos años, su imagen no ha parado de descender en todas las encuestas, incluidas aquellas afines al gobierno uribista. 

Con el boom de las redes sociales estás verdades se han tornado cotidianas. Tanto así que el monopolio de la Casa Editorial El Tiempo se encuentra en crisis. La redes sociales se han convertido en el Agora de una sociedad acallada durante décadas y el nombre del periodista y humorista Jaime Garzón, baleado por los paramilitares en 1999, recuerda a la opinión pública cómo la prensa oficial construyó sus consensos con el poder. 

Solamente en la última semana han sido amenazados de muerte los populares comunicadores Levy Rincón y María Jimena Duzan. Además, se ha dictado orden de captura contra Gonzalo Guillén, creador de La Nueva Prensa y autor de las investigaciones que vinculan a los narcotraficantes del Caribe con la financiación de la campaña presidencial de Iván Duque. 

Finalmente, la movilización del 21 de septiembre puso sobre la mesa la necesidad de crear un nuevo pacto social que desande el legado paraestatal. El respeto a los Derechos Humanos, a la verdad histórica, la reparación a las víctimas del conflicto político y social, la desmilitarización de las fuerzas de seguridad, el reconocimiento de las garantías laborales, el acceso a la salud y la educación públicas, el derecho a la libre expresión, y la edificación de una agenda soberanista, fueron algunas de las demandas de la convocatoria. 

* Historiadora y comunicadora colombiana.


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