Comunidad garífuna exige al Estado hondureño protección ante nuevas amenazas

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Comunidad garífuna exige protección del Estado hondureño

Ante la inseguridad y la amenaza de nuevas agresiones contra sus líderes, la comunidad garífuna de Punta Piedra, en el Atlántico hondureño, reclamó nuevamente este lunes al Gobierno de esa nación centroamericana garantías para la paz y una vida digna.

Necesitamos medidas cautelares permanentes y seguridad permanente para Punta Piedra, reclamó un vocero de dicha comunidad afrocaribeña, citado por la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Este reclamo se produce tras casi 50 días de la desaparición de cinco activistas garífunas, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Tróchez Cáliz y Albert Snaider Centeno Thomas, secuestrados por individuos vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigaciones, y en medio de las denuncias que señalan que el Estado oculta sus paraderos.

De acuerdo con el vocero, la comunidad no está de acuerdo con la convivencia con invasores, en alusión a una propuesta del Gobierno de Juan Orlando Hernández para explotar los recursos naturales en la zona que, a juicio de los pobladores, profundiza la invasión a sus tierras ancestrales y daña el medioambiente.

Además de rechazar esta solución, el vocero alertó sobre los escenarios extremos que podrían derivar del actual clima de inseguridad y de la violación de las medidas cautelares dictadas en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apuntó.

En fecha reciente, la coordinadora de Ofraneh, Miriam Miranda, denunció la expulsión y destierro contra el pueblo garífuna, que se concreta mediante las denominadas zonas especiales de desarrollo, la producción masiva de palma africana y otros proyectos económicos que avala el Gobierno de Honduras y generan represión, criminalización y judicialización contra el liderazgo de dicha comunidad, aseveró.

TeleSur


CIVICUS registra violaciones de DD.HH a defensores y periodistas en Honduras durante la pandemia

La Alianza Global de Sociedad Civil, CIVICUS en Español divulgó en las últimas horas un registro de monitoreo sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos reportadas durante los últimos meses de la crisis sanitaria en Honduras.

CIVICUS comunicó que, en su última actualización sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, destaca el caso del secuestro de los cinco líderes de la comunidad garífuna y el caso de los defensores del agua de la comunidad de Guapinol, que pone en relieve el “grave peligro” que atraviesan los defensores en Honduras.

Aquí la última actualización que reportó CIVICUS sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos, que reporta la identidad, la fecha, la organización y circunstancias de las denuncias reportadas.

Scarlet Cáceres, 22 años, defensora de los derechos de las personas LGTBI+, asesinada el 10 de julio de 2020. La defensora de la organización de sociedad civil Asociación LGTB Arcoíris LGBT de Honduras, se encontraba con un grupo de amigas en Tegucigalpa cuando un desconocido desde el interior de un vehículo le disparó en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte.

Marvin Damián Castro Molina, militantes ecologista, encontrado sin vida el 13 de julio de 2020 en el municipio de Pespire, Choluteca. Previo a su muerte, el líder de las organizaciones juveniles Red Juvenil de la Asociación de Desarrollo Pespirense Honduras (ADEPESHN) y de la Juventud del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida), notificó al Sistema Nacional de Protección temer por su vida.

Caso secuestro de garífunas. Mientras se encontraban en su casa, cinco líderes garífunas fueron secuestrados, el 18 de julio en la comunidad de Triunfo de La Cruz en el municipio de Tela, departamento de Atlántida. Los garífunas secuestrados fueron Milton Martínez, Suami Aparicio, Gerardo Trochez, Junior Rafael Juárez Mejía y Alberth Sneider Centeno. Vecinos que presenciaron el rapto testificaron que los líderes garífunas, fueron secuestrados por sujetos que vestían uniformes de la Policía de Honduras.

Caso Guapinol. Una corte de apelaciones revocó el sobreseimiento definitivo de los ocho defensores del medioambiente del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, también conocidos como los defensores del agua Guapinol. La Corte de Apelaciones también dictaminó el procesamiento de los otros cinco miembros de la comunidad.

Marvin Ortiz, periodista de Radio Globo, el 1 de agosto se reportó una denuncia de sabotaje en su contra obrado por desconocidos que manipularon su vehículo con el fin de ocasionarle un accidente automovilístico.

El periodista de la Corporación Televicentro Henry Fiallos junto con su camarógrafo, mientras daban cobertura a un intento de fuga de la cárcel de la ciudad de La Esperanza en el departamento de Intibucá, fueron obligado por un agente de policial a abandonar la zona donde se llevaban a cabo los hechos.

El periodista David Romero, murió el 18 de julio de insuficiencia respiratoria después de contraer el Covid-19 mientras se hallaba preso en la Penitenciaria Nacional de Támara. Romero fue director de Radio Globo y Globo TV. Tal y como señalamos en su momento el CIVICUS Monitor, el periodista fue detenido en marzo de 2019 acusado de difamación por su labor de denuncia de presuntos casos corrupción gubernamental. Había sido condenado a diez años de prisión.

Cabe agregar que, en el caso de Romero, sus familiares denunciaron al Estado de Honduras por la negligencia de dejar que el recinto carcelario donde se encontraba el extinto periodista resultara infectado por la Covid-19.

Pese al confinamiento del estado de emergencia sanitaria que otorga únicamente a las fuerzas de seguridad estatal el libre derecho a la movilidad, en Honduras se siguen reportando violaciones a los derechos humanos.

Y en ese contexto, organizaciones de derechos humanos en Honduras, también han registrado un repunte en las violaciones de derechos humanos relacionada a la libertad de expresión, libertad de circulación, acceso a información, entre otros, por lo que la cantidad de denuncias podrían ascender a más de lo que ya contabiliza el monitoreo de CIVICUS.

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