Congresistas de EEUU envían carta al presidente Bukele y denuncian “abandono del estado de derecho”

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Duro mensaje de congresistas republicanos a Bukele por el Estado de Derecho en El Salvador

Seis congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para manifestarle preocupación ante “un alejamiento lento pero seguro del Estado de Derecho y las normas de la democracia” en El Salvador, por ataques a una subsidiaria de una empresa estadounidense y por una posible legitimación del Gobierno salvadoreño a la pandillas más peligrosa de los Estados Unidos, la MS-13.

El Partido Republicano es al que pertenece el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

En la carta, con fecha 23 de septiembre de 2020 y divulgada ayer, los congresistas muestras preocupación específicamente por el uso de tropas militares para intimidar a la Asamblea Legislativa de El Salvador, refiriéndose a la ocupación militar y policial que el 9 de febrero de 2020 dentro la Asamblea Legislativa salvadoreña y su Salón Azul.

Nos preocuparon los informes de que el gobierno de El Salvador podría estar legitimando a la MS-13, la pandilla más grande y peligrosa de Estados Unidos, al involucrarse en un proceso de negociación arriesgado que podría empoderar aún más a esta organización criminal”.

En segundo lugar, muestran preocupación por los esfuerzos para socavar resoluciones judiciales que han declarado inconstitucionalidades durante la pandemia.

En tercer lugar, los legisladores republicanos mencionan que el Gobierno de El Salvador “ha atacado arbitrariamente a la subsidiaria de una empresa estadounidense, allanando sus instalaciones e interrumpiendo sus operaciones”.

La Fiscalía de El Salvador capturó el domingo 16 de agosto al representante legal de Intradesa, S.A. de C.V., que es subsidiaria de una empresa norteamericana cuya casa matriz se encuentra en Miami, Florida, Estados Unidos. La Fiscalía acusa a la empresa de evasión fiscal por $5.3 millones porque declaró como exentos $293 millones por la actividad de prestación de servicios de intermediación que no se encontraría amparada bajo la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.

¿Qué congresistas republicanos firman la carta al presidente Bukele?

David P. Joyce (Ohio)
Rodney Davis (Iowa)
Alex X. Mooney (Virginia Occidental)
Mario Díaz-Balart (Florida)
Brian Fitzpatrick (Pensilvania)
Francis Rooney (Florida)

En cuarto lugar, los congresistas le dicen al presidente Bukele que les preocuparon los informes de que el Gobierno de El Salvador “podría estar legitimando a la MS-13, la pandilla más grande y peligrosa de Estados Unidos”, refiriéndose a un proceso de negociación que “podría empoderar aún más a esta organización criminal”.

Los congresistas le recuerdan en la breve carta que la MS-13 está designada como organización terrorista nacional por el Gobierno de El Salvador y está “activamente involucrada en el tráfico de drogas y la trata de personas menores”, así como en crímenes brutales.

Nos preocupa lo que parece ser un alejamiento lento pero seguro del estado de derecho y las normas de la democracia que nuestro hemisferio se ha esforzado tanto por preservar”.

Los congresistas le advierten al gobernante salvadoreño que les complace financiar programas que trabajan diariamente para promover valores democráticos, que respetan el Estado de Derecho y los derechos humanos a través de las Américas, señalando que Estados Unidos ha promovido fuertemente estos valores a través de su participación en la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Le reiteran además que el compromiso que tienen con la libertad y las instituciones democráticas en las Américas “es inquebrantable” y que por ello se oponen “firmemente” a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Agradecemos el reconocimiento de su gobierno al presidente interino Juan Guaidó en Venezuela”.

Le señalan también que por décadas El Salvador ha sido miembro de la comunidad de naciones libres y democráticas del hemisferio, y que es su deseo sincero que esta tradición continúe para el beneficio de los americanos, de los salvadoreños y de los ciudadanos de las naciones vecinas en la región.

Los congresistas agradecieron al gobierno salvadoreño el reconocimiento al presidente interino Juan Guaidó en Venezuela y destacaron la relación de muchos años de mutua de respeto y cooperación entre El Salvador y los Estados Unidos, así como las mayores inversiones que han hecho los ciudadanos norteamericanos, a través del Congreso, a las instituciones de gobierno de El Salvador, a la seguridad y a la economía.

El Mundo


Bukele dice que juez de caso El Mozote no tiene jurisdicción sobre la FAES

Por Norma Ramírez

«Este Gobierno está comprometido con la justicia y la verdad», en cadena nacional ofrecida anoche el Presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró lo que dijo al inicio de su período: estar a favor de la verdad y del lado de las víctimas. No obstante, aseguró que no permitirá la inspección de archivos militares.

La reacción de Bukele se da días después de que militares impidieran al juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ingresar al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (FAES), para realizar una inspección programada desde el mes de junio, dado que el ministerio de Defensa ha negado esta información que, según abogados, es clave para determinar lo sucedido en diciembre de 1981 al norte de Morazán.

Según el mandatario, «la mayoría de archivos fueron destruidos en estos 40 años, no sabemos cuándo”. Y agregó que “su Alto Mando militar” no había ingresado al ejército cuando ocurrió la masacre.

Durante la cadena nacional, que también fue una conferencia de prensa, mostró una serie de cajas que, afirmó, son la “única información sobre la masacre de El Mozote” que encontraron en los archivos. Sostuvo que éstas serán entregadas al juez de la causa.

Tras afirmar que él está “desclasificando información” y que es el Comandante General de la FAES quien puede tomar esa decisión, Bukele señaló que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera “no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada”.

“Lo que ellos quieren es entrar para encontrar operaciones militares de la semana pasada. Ellos saben que los archivos no están en el Estado Mayor Conjunto», apuntó haciendo referencia al juez, Jorge Guzmán, y al Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar.

De acuerdo a la interpretación que el mandatario hace de la Constitución de la República, la única que «puede pedirle informes es la Asamblea Legislativa”.

Tras el bloqueo a la inspección de archivos militares, el juez Jorge Guzmán, emitió una resolución en la que informó que solicitará al Presidente y al ministro de Defensa un informe para saber quién dio la orden de no permitir el proceso.

Gobierno no firmará Acuerdo de Escazú

Durante la cadena nacional, y al ser cuestionado por la prensa, el Presidente Bukele aseguró que el Gobierno no firmará el Acuerdo de Escazú, porque «no están de acuerdo con algunas cláusulas que no aplican para el caso de El Salvador». Sobre todo aquellas que “afecten el desarrollo”. «Nosotros no podemos dejar de construir viviendas», dijo.

Este instrumento, entre otras cosas, permitiría que se adopten medidas para la protección de personas defensoras del ambiente y que se establezcan acciones para la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales.

Sobre el anuncio del Presidente, el Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú-El Salvador lo calificó como un “mensaje fuerte y claro, (que) no está a la altura del cambio de época que vivimos, el compromiso con la defensa de la naturaleza es el gran reto de estos duros tiempos, es un retroceso y mensaje negativo contra el multilateralismo”.

Bukele a medios: “Nos comprometemos a garantizar la libertad de expresión y de prensa al 100%”

Durante su cadena nacional y ante preguntas de la prensa, el Presidente de la República señaló, en varias ocasiones, que su Gobierno respeta la libertad de prensa y expresión.

“Nos comprometemos a garantizar la libertad de expresión y de prensa al 100%”, aseguró.

Sin embargo, de nuevo, hubo denuncias en redes sociales de parte de algunos medios sobre que no se permitió preguntas. Y, de hecho, el mandatario volvió a arremeter contra algunos periodistas que cuestionaron temas como la negociación del Gobierno con pandillas –revelada por una publicación de El Faro– o la carta que enviaron congresistas republicanos señalando debilitamiento de la democracia en el país.

Sobre el tema, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, cuestionó los criterios utilizados por la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia para permitir preguntas y sobre que había material gráfico “preparado” para las respuestas del Presidente.

“Un periodista hace una pregunta y @nayibbukele casualmente ya tenía un video listo para responder”, cuestionó Cárcamo.

La APES ha denunciado que durante el primer año de Gobierno del Presidente Bukele, se registra un incremento de vulneraciones a la prensa.

“Expresidente del BCR era técnico y no político”

Otro tema por el que el Presidente Bukele fue cuestionado fue sobre las declaraciones dadas en una comisión legislativa por el expresidente del Banco Central de Reservas (BCR), Nicolás Martínez. Al respecto, Bukele señaló que «Nicolás Martínez dio información verídica, pero se enfrentó a políticos que tergiversaron sus palabras».

El Presidente señaló que el expresidente del BCR “era técnico y no político” y reiteró el discurso que ha manejado durante la pandemia sobre que no han recibido fondos por parte Asamblea Legislativa. Expresó que solo les aprobaron $3,000 millones, «una décima parte de lo que han recibido otros países de la región».

Reconoció que el resto de fondos utilizados «han sido los ingresos normales del Estado». Una publicación periodística reveló que durante la pandemia de COVID-19 el Gobierno movió $600 millones al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid), que permiten flexibilidad en su uso.

Durante la cadena nacional, el Presidente, Nayib Bukele, realizó dos juramentaciones. La primera fue a Rubén Alemán, quien es el nuevo presidente de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) en sustitución del cuestionado Frederick Benítez.

El nombramiento del nuevo titular de la ANDA, de hecho, tuvo el respaldo del Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien envió un video de apoyo a Alemán -que también fue emitido durante la cadena nacional-. Alemán trabajó por 12 años como experto ambiental en la USAID.

Y, la segunda juramentación, fue a Milena Mayorga, quien fungirá como nueva Embajadora de El Salvador ante los Estados Unidos. Mayorga, junto a otros diputados disidentes de ARENA, ha mostrado afinidad al Gobierno de Bukele desde el inicio de su gestión.

ARPAS


Bukele desclasificará archivos de la masacre de El Mozote

El presidente Nayib Bukele aseguró en cadena nacional que la mayoría de los archivos de la masacre de El Mozote y lugares aledaños fueron destruidos pero que los pocos que hay los desclasificará para entregarlos no solo a los jueces sino a todos los ciudadanos, es decir, que pretende divulgarlos públicamente.

“Nosotros vamos a desclasificarlos voluntariamente y si llegásemos a encontrar otro documento, he pedido a la Fuerza Armada que me lo manden para desclasificarlo y hacerlo del conocimiento público”, dijo en cadena nacional.

Aseguró, además, que Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, no tiene ninguna jurisdicción sobre la Fuerza Armada, por tanto, no tenía potestad para entrar a las instalaciones del Estado Mayor Conjunto ni revisar archivos.

También dijo que trató de evitar que el juez y su personal revisaran archivos actuales relacionados con la seguridad militar y por eso no lo dejó entrar.

Afirmó que si hubiera más archivos él mismo los entregaría porque puede encontrar documentos utilizables políticamente para atacar a sus enemigos políticos de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y de algo que llamó “arenita”.

“La mayoría de archivos fueron destruidos, no lo sabemos cuándo, quizá después de la masacre, cuando llegó Duarte al poder, cuando entró ARENA”, expresó.

Criticó al FMLN por no haber desclasificados los archivos durante los diez años que estuvo en el poder con Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén.

“Ellos saben que los archivos no están en el Estado Mayor Conjunto. Lo saben porque Apolonio (Tobar, procurador de Derechos Humanos) era financista del FMLN”, afirmó.

El 21 de septiembre el juez Guzmán intentó entrar al Estado Mayor pero lo recibió en la entrada un sujeto que se identificó como Carlos Vanegas y le negó la entrada.

Guzmán llegó con el acusador particular y exprocurador de Derechos Humanos, David Morales; la procuradora adjunta de Derechos Civiles, Sylvia Hidalgo; representantes de la Fiscalía General de la República, además de los medios de comunicación presentes.

Dos días después el juez emitió una resolución en las que pide explicaciones al Gobierno sobre quién dio la orden y por qué se obstaculizó el acceso a los archivos militares de la masacre de El Mozote.

Específicamente, el juez Guzmán pidió en la resolución emitida ayer que las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa informen de manera escrita, en cinco días hábiles, quién delegó a Vanegas para rechazar la entrada.

También Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, defendió públicamente la negativa.

En entrevista radial el ministro aseguró que únicamente hizo “respetar la Constitución” y que el presidente Nayib Bukele sí cumplió su promesa de entregar información sobre la masacre atribuida al extinto Batallón Atlacatl.

“Nosotros no hemos negado la información”, afirmó. Agregó, además, que siempre que las instituciones judiciales pidieron información sobre el asunto la Fuerza Armada la entregó certificada.

“Ordenamos a las instancias correspondientes que busquen toda la información que exista y se las entregamos”, expresó.

Dijo, asimismo, que los militares están respetando la Constitución sin especificar a qué se estaba refiriendo.

Diario1


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