Crece la represión y los ataques contra el pueblo mapuche en Chile y Argentina

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Chile | Cárcel de Lebu: Brutal represión contra prisioneros mapuche y sus familias

Anoche aproximadamente a las 2 a.m. el medio Aukin (en facebook) informó que el grupo Antimotines de Gendarmeria, haciendo ingreso al módulo de los presos políticos mapuche (PPM) de la cárcel de Lebu, realizan un violento allanamiento y posterior desalojo.

Los presos mapuche, con cerca de 2 meses de huelga de hambre y el inició de la huelga seca, con un delicado estado de salud, fueron fuertemente reprimidos. El testimonio de una vecina del recinto penal ratifica estos hechos, que ellos con su familia “vimos todo por la ventana”, agrega entre llantos “me duele el alma ver esto”, indicaba en un vídeo publicado por Aukin.

Mientras en paralelo, el campamento levantado al costado del penal, por familiares de los presos de los territorios Lafkenche, fue reprimido por Fuerzas Especiales de carabineros, en momento que permanecían apostados en el exterior de recinto manifestándose en contra de la violencia ejercida en contra de sus familiares al interior del penal. Hasta el Hospital Santa Isabel de Lebu llegaron dos mujeres mapuche, familiares agredidas en este marco por las fuerzas represivas.

Si bien al comienzo se informó que los doce prisioneros políticos “estarían siendo trasladados por la fuerza hasta el hospital de Los Ángeles”, trascendió que la intención de Gendarmería habría sido alimentarlos por la fuerza para obligarlos así a deponer la huelga de hambre. Más adelante otras informaciones señalaban que los prisioneros mapuche serían trasladados a la Carcel El Manzano de Concepción, desconociéndose por completo el motivo de tal situación.

La situación es sumamente grave, según relato de testigos, familiares pudieron ver ellos mismos desde el exterior como se violentaba a los presos mapuche, indican además que los prisioneros fueron agredidos sin mediar provocación alguna, encontrándose en huelga seca hace 8 días no se encuentran en condiciones físicas para hacer frente a un desalojo, siendo lanzados al suelo y golpeados en los sectores en que no hay cámaras de seguridad.

El llamado es a las comunidades movilizadas y organismos de derechos humanos a que se pronuncien y realicen acciones legales contra la violencia sistemática contra los presos políticos mapuche.

MapuExpress


Chile | Violento traslado en Lebu: Tribunal acoge amparo contra Gendarmería y Fiscalía investigará agresiones a huelguistas mapuche

Por Tomás González F.

En Lebu, los 12 comuneros mapuche que cumplen medidas cautelares de prisión preventiva en la cárcel del lugar llevan 57 días en huelga de hambre y, al igual que sus pares de Angol -quienes hoy cumplen 120 días en huelga-, en los últimos ocho días se han mantenido en ayuno seco.

Pese a que en los últimos días la salud de los comuneros era estable -considerando su delicado estado-, la situación de éstos últimos se agravó durante la madrugada de este lunes, pero, al parecer, no por las consecuencias del ayuno. Pasadas las 02:00 hrs. de la noche, el personal de la Unidad Antimotines de Gendarmería habría allanado y desalojado violentamente el módulo de los presos mapuche en la cárcel de Lebu. Los 12 comuneros fueron trasladados sin previo aviso hasta el Hospital de Los Ángeles en “una noche de verdadero terror”, como la calificaron los familiares y cercanos que se encontraban presentes, quienes aseguran haber visto desde las calles cómo los huelguistas eran golpeados por personal de Gendarmería pese a su delicado estado de salud y que varios de ellos apenas podían moverse. Así también quedó evidenciado en diversos registros publicados en redes sociales.

Pero las agresiones no terminaron ahí. En conversación con nuestro medio, el vocero de los comuneros de la cárcel de Lebu, Auka Castro, relató lo que vieron él y otros que presenciaron el violento traslado que terminó con los huelguistas en Los Ángeles. “Los agarraron y se los llevaron reducidos, como un saco de papas para arriba“, señaló. “Después cuando Gendarmería los ingresó al hospital, le dispararon bombas lacrimógenas a las familias. Se pusieron a pelear, literalmente. Golpearon a los hermanos acá afuera, frente a todos, mientras los iban sacando en silla de ruedas los empezaron a golpear”, contó el werken de los huelguistas.

“Cuando entramos a hablar con ellos nos dijeron que a un hermano le rompieron un diente, le sacaron un diente a palos y en la cabeza tuvo una contusión. Estaban con contusiones en el cuerpo, en los brazos; tienen los brazos morados, tienen la espalda rasguñada”, relató Castro.”O sea, se supone que Gendarmería hace esto por la salud de nuestros hermanos, esa es la excusa legal del recurso; pero en realidad, bueno, les sacan la chucha (sic)” , sentenció.

En la foto, Auka Castro, werken (vocero) de los once comuneros mapuche que se encuentran hace 57 días en huelga de hambre en la cárcel de Lebu. Foto: Julio César Parra.

Pero el desenlace tuvo un giro inesperado durante la tarde, luego de la audiencia en que el abogado defensor interpusiera un recurso de amparo ante el Juzgado de Garantía de Cañete debido a las vulneraciones sufridas por sus defendidos en el violento traslado desde el penal de Lebu hacia el hospital de Los Ángeles. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado Nelson Miranda manifestó su preocupación por las condiciones “arbitrarias e inhumanas” en que se llevó a cabo el traslado y valoró la resolución del Tribunal, que además pidió a Gendarmería explicaciones y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue las denuncias.

“Gendarmería tiene que rendir cuentas por el traslado arbitrario, violento y en horas de la madrugada de los comuneros. Fueron golpeados, ahora están todos en camillas en los pasillos del hospital de Los Ángeles. Le dieron un plazo de 12 horas a Gendarmería Regional para que informen de quién tomó esa decisión arbitraria e injusta. No solamente se golpeó a los presos que están en huelga de hambre sino que también a los familiares. El pretexto fue que era para resguardar su integridad física, obviamente que ese traslado no hace sino agravar la condición de los huelguistas”, señaló Miranda a nuestro medio.

“Se entregaron todos los antecedentes a la Fiscalía de Derechos Humanos para ver los delitos que se cometieron, en tanto si son torturas o tratos degradantes e inhumanos por parte de Gendarmería“, señaló.

Respecto de las insinuaciones que hicieron funcionarios de la institución penitenciaria a los familiares de los huelguistas, amenazándolos con que los comuneros iban a ser trasladados del penal de Lebu, cosa que ya habían perdido en los tribunales, la jueza confirmó que esa no es una alternativa real. “Resolvió que bajo ningún pretexto pueden ser trasladados desde el penal de Lebu, que eso ya está zanjado por el Tribunal de Garantía de Cañete, el Tribunal Oral y la Corte de Apelaciones de Concepción”, explicó Miranda.

Por otra parte, el Juzgado de Garantía pidió antecedentes por un posible delito de desacato por parte de la dirección regional de Gendarmería. Ya había un recurso de amparo en este sentido y se había resuelto un protocolo para que la institución penitenciaria lo hiciera efectivo, cosa que se habría incumplido por parte del personal del penal de Lebu. Se dio un plazo de 48 horas a los recurridos para presentar sus informes y para que el Tribunal resuelva el posible desacato por parte de Gendarmería Biobío.

Horas antes, a través de un comunicado de prensa, la institución penitenciaria justificó el traslado insistiendo en que éste fue “una medida de prevención, en el ejercicio de las facultades legales de Gendarmería”, pero no se refirieron a las denuncias de agresiones que hicieron los voceros y familiares.

“El traslado es una medida de prevención, en el ejercicio de las facultades legales de Gendarmería, orientadas a resguardar la salud, integridad física y la vida de las personas sujetas a su custodia, a propósito de un recurso de protección interpuesto por la Institución en favor de los comuneros, y en virtud del cual la Corte de Apelaciones de Concepción autorizó a Gendarmería adoptar, en forma inmediata, todas las medidas idóneas y suficientes destinadas a salvaguardar la vida e integridad física de los privados de libertad; incluyendo trasladarlos a algún centro asistencial, con las medidas de resguardo correspondientes”, sostiene el comunicado de la institución penitenciaria.

Éste recurso, fallado el pasado 26 de agosto por la Corte penquista, autorizó a Gendarmería a tomar, de forma inmediata, “todas las medidas para salvaguardar la vida e integridad física” de los huelguistas; incluyendo el traslado a un centro asistencial con las medidas de resguardo correspondientes. La situación, y la posibilidad cierta de que todo derive en una alimentación forzada por parte de los médicos del hospital de Los Ángeles, ha encendido las alarmas no sólo de los familiares y las comunidades movilizadas, sino también en el gremio médico. Y es que la alimentación forzada es considerada por diversos instrumentos del derecho internacional como “un trato inhumano y degradante”, lo que preocupa tanto al entorno de los huelguistas como al Colegio Médico.

Actualmente es una persona de confianza quien los está atendiendo, pero antes era el Colegio Médico regional Concepción el que velaba por su estado de salud. La relación se terminó el sábado pasado y ahora es el médico Alihuen Antileo quien está a cargo de evaluar y tratar a los comuneros. El titular del Colmed Concepción, Germán Acuña, sólo dijo que el estado de salud es “delicado” y lamentó la decisión de los huelguistas argumentando que el gremio al que representa acatará lo que la Justicia determine.

“El Colegio Médico regional Concepción, al igual que el Colegio Médico de Chile, adhiere la Convención de Malta de 1991, ratificada en la Convención Médica Mundial de Sudáfrica el año 2006. Esto significa que no estamos de acuerdo con la alimentación forzada a quien ha manifestado clara intención de no ser alimentado”, sostuvo Acuña, pero a la vez aclaró que respetarán la decisión de la Corte. “Sin embargo, vivimos en un país en que las leyes deben cumplirse y si la Corte de Apelaciones ordena la alimentación no tenemos sino que cumplir lo que la ley nos ordene“, manifestó el presidente del Colegio Médico en Concepción.

Pese al completo silencio en que se han mantenido hasta el momento, desde el Gobierno admitieron gestiones para que se llevara a cabo el traslado, sin embargo, fuentes en La Moneda aseguran que la decisión de llevar a cabo la alimentación forzada es una que se tomará como último recurso, en caso de que el estado de salud de los comuneros sea crítico. Esto, argumentan, con el objetivo de resguardar la vida y la salud de los huelguistas; motivaciones que han sido constantemente desestimadas por los propios comuneros y sus vocerías, que abogan por la libertad de los movilizados de mantener su huelga de hambre y seca como acción de protesta.

Mujeres mapuche se toman las oficinas de gendarmería en Concepción, en apoyo a los 12 comuneros que se encuentran en huelga de hambre. Foto: Julio César Parra.

Radio U Chile


Argentina | Los mapuches denunciaron ataque armado y llamaron a “resistir hasta el final”

Por Federico Águila

El conflicto por la toma de tierras en Villa Mascardi amenaza con agravarse y extenderse. Mientras la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, pidió este lunes mayor firmeza al gobierno nacional, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recordó el caso Nahuel y ratificó el “diálogo” para solucionar el conflicto. Por su lado, la comunidad mapuche cree “necesario y urgente” avanzar hacia otras tierras y pidió “resistir hasta el final” luego de denunciar hoy un tiroteo en los terrenos ocupados.

Mientras la gobernadora rionegrina se encontraba este lunes en la Rosada para buscarle una salida a la toma que preocupa a los vecinos de Villa Mascardi y de varias zonas de la Patagonia, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu denunció que sufrieron disparos desde un vehículo.

En un comunicado que publica el diario Río Negro, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu denunció que cerca de las 10.30 transitó por la zona un vehículo de la Policía y “en frente de la tranquera amedrentaron, estacionaron e invitaron a pelear” a integrantes de la comunidad mapuche. Y agregó la comunidad que luego de eso “avanzó el grupo para policial” en un Ford Fiesta color gris con un grupo de jóvenes que “portaban armas de fuego y elementos corto punzantes” quienes “tomaron posición” en el predio de Gas del Estado”.

“Esto representa un riesgo a toda nuestra comunidad ya que desde ahí abrieron fuego hacia el interior del lof, por lo expuesto vemos necesario y urgente hacer efectivo el control territorial sobre los terrenos de Gas del Estado, para resguardar la integridad física de los integrantes de la comunidad”, puntualizó el comunicado.

Sergio Massa: “Si hay gente tomando tierras, lo que se tiene que hacer es desalojar”

Y agregaron los mapuches que mantendrán “firme nuestro lineamiento en la recuperación y control territorial, en base a la autodefensa y la autonomía” y que “contra la embestida racista, policial y para policial combatiremos hasta el final”.

La gobernadora Carreras viajó este lunes a Buenos Aires para tratar la problemática con las autoridades nacionales. Señaló que la toma, que se instaló en 2017 en terrenos de Parques Nacionales y en diciembre se extendió a la costa del lago Mascardi, se trata de “un problema complejo que no tiene una solución simple” y consideró que “tiene que estar clara la posición del Estado nacional y provincial y tiene que ser una posición muy firme”.

“Hay un conflicto que tiene ya más de tres años y se origina a partir de un grupo de personas que actúan encapuchados, se identifican a sí mismos como una comunidad mapuche y han tomado tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi”, indicó la mandataria provincial.

Carreras subrayó que este grupo “actúa de manera agresiva, lo que pone en riesgo la integridad de las personas y de las propiedades en la zona de Villa Mascardi”.

Por su lado, la ministra de Seguridad nacional dijo que el Gobierno está “yendo por el camino del diálogo, porque en 2017 esta misma toma terminó en allanamiento, desalojo y una persona muerta”. En declaraciones a Radio con Vos, Frederic se refirió así al operativo de la Prefectura desplegado en 2017 que terminó con la vida de Rafael Nahuel durante un intento de desalojo de esas tierras.

Frederic explicó que en esta negociación esperan que “ellos se avengan a ciertas condiciones, y en caso de que esto no ocurra, si la justicia decide que hay que desalojar, habrá que desalojar”.

La ministra fue cuestionada tras la marcha que se realizó el sábado pasado, en la que un grupo de vecinos que se oponían a las tomas fueron denunciados por la cartera nacional. “Nosotros pedimos que la justicia investigue si existían personas que se estaban armando de manera ilegal en el marco de esta protesta”, explicó la funcionaria.

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