Derechos Humanos en crisis en la OEA: Almagro vs CIDH – Por Luis F. Jiménez

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Luis F. Jiménez

El marco general

La Organización de los Estados Americanos (OEA) no ha gozado, en general, de gran prestigio en el hemisferio debido en parte a la exagerada influencia de Estados Unidos en sus decisiones. Existe una sola excepción: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que goza de gran prestigio debido a sus numerosas intervenciones en la defensa y promoción de los derechos humanos. El sistema de denuncias individuales proporcionó un acceso directo a las personas individuales que ganaron una presencia decisiva en sus decisiones. Luego, los organismos no gubernamentales (ONG) acentuaron la presencia de intereses que no eran los de los gobiernos.

Desde un punto de vista filosófico, la CIDH (complementada luego con la Corte Interamericana de Derechos Humanos generando el Sistema de Derechos Humanos) parte de una contradicción: es un organismo dirigido a controlar los actos de los Estados en relación con las personas individuales pero que está financiado por esos mismos Estados. Existe, por lo tanto, una tensión permanente entre la CIDH y los Estados respecto a situaciones denunciadas por personas individuales. La base de esta relación conflictiva está constituida por los valores que los Estados afirman reconocer (los derechos de las personas) y los órganos del Sistema que están encargados de protegerlos.

Los Estados, a su vez, conforman la OEA y tanto sus acciones como las de sus organismos (incluidos los de los órganos como la CIDH) son regulados por las normas que ellos adoptan. Quien administra al conjunto de la OEA y vela por el cumplimiento de sus normas para alcanzar los fines de la organización, es el Secretario General.

Nos encontramos así con las interacciones de un trípode: los Estados, la Secretaria General de la OEA y la CIDH. Quien esto escribe trabajo 23 años en la OEA, 10 de los cuales como abogado de la Secretaria Ejecutiva de la CIDH y el resto en la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos. En ese dilatado lapso pudo observar las numerosas y a menudo graves tensiones entre los integrantes del “trípode”. A veces el Secretario General tenía cierta proximidad al gobierno de un Estado cuyas acciones eran examinadas (y a veces condenadas) por la CIDH. Lo fundamental fue preservar las relaciones constructivas dentro del “trípode”, lo cual era a veces difícil.

La CIDH busco siempre la solución del problema con apego a los derechos de las personas involucradas. Allí donde se producía un desacuerdo, el mismo debía resolverse dentro de los canales institucionales, evitando el estallido público para evitar que el desacuerdo se transformara en conflicto abierto. Una difícil labor que integra lo institucional, lo jurídico, lo diplomático y, fundamentalmente, lo humanitario. Esto es lo que ha fallado esta vez.

Las normas

En este marco general es que se produce el conflicto entre el Secretario General Luis Almagro y la CIDH con motivo de la negativa de aquel de renovar el contrato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, a pesar de la solicitud formulada por esta. ¿Qué dicen las normas? La Convención Americana sobre Derechos Humanos es la que regula tanto los derechos como las obligaciones de los Estados y las funciones de sus órganos. Ella establece que la Comisión será asistida por una secretaria ejecutiva que formará parte de la Secretaria General de la OEA (Art. 40). El Estatuto de la Comisión, aprobado por la Asamblea General de la OEA, dispone en su art. 21 que el Secretario Ejecutivo de la Comisión será designado por el Secretario General en consulta con la CIDH. Según el texto, el Secretario General debe recabar la opinión de la CIDH, la cual no es vinculante; carece de obligatoriedad. Desde el punto de vista jurídico, el SG ha actuado dentro de sus facultades.

La CIDH afirma en un confuso y dilatado comunicado de prensa que el SG, al ignorar su opinión ha violado su “autonomía e independencia”, conceptos que son apoyados, entre otros, por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y el director para América Latina de HRWatch, José Miguel Vivanco.

El conflicto suscitado abre las puertas a que organismos políticos (Como el Grupo de Puebla) y otros Estados de la OEA (como Argentina) se involucren en el conflicto apoyando a una de las partes. No falta quien se refiera a la pertenencia de Abrao a la agrupación política de Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil. Con ello, se ahonda el problema dificultando su solución.

Los hechos

Una observación superficial de los hechos nos permiten considerar que la crisis fue generada por las acciones de las dos partes. La CIDH efectuó su recomendación al SG en enero; demasiado tiempo sin solución pues el contrato de Abrao se vencía el 15 de agosto. Luis Almagro recién pone parcialmente de manifiesto la existencia de un importante grupo de denuncias acusando a Abrao de graves faltas administrativas lo cual lleva al SG a negar la renovación de su contrato. El SG afirmó que la CIDH nunca traslado esas denuncias al Inspector General de la OEA para corregir las faltas. No es difícil pensar que algo más hay por detrás pues es fácil conceder un plazo adicional para resolver los problemas antes de sacarlos al público.

Cabe señalar al respecto que quien esto escribe represento durante varios años (después de su jubilación de la OEA) al general de división Jaime Salinas Sedo quien se sublevó contra la dictadura de Alberto Fujimori en 1992, la cual fue develada y le costó varios años de prision junto con sus camaradas. Fueron los únicos militares que sufrieran prision y toda clase de vejámenes por su defensa de la democracia. Los defensores de Fujimori nunca perdonaron al general Salinas y sus compañeros. Regresada la democracia, los seguidores de Fujimori capturaron la cancillería peruana y lograron que la CIDH archivara el caso que se encontraba en trámite. Las numerosas acciones del general Salinas, entre ellas las muchas comunicaciones al Secretario Ejecutivo Abrao, nunca recibieron respuesta. La “autonomía e independencia” de la CIDH fue desmentida por quienes hoy dicen defenderlas.

Tanto el SG Luis Almagro como la CIDH y, en especial, su Secretario Ejecutivo no han sabido cultivar el arte de la diplomacia y resolver con total discreción y eficacia los problemas que inevitablemente se presentan al tratar temas tan sensibles y, a veces, dolorosos. El Secretario Ejecutivo ha sido y es la pieza fundamental de este complejo mecanismo; dejar que se acumulen más de 60 denuncias en su contra revela que carece de las cualidades requeridas para ese cargo.

Caretas

 


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