Día por el aborto legal en América Latina: qué acciones habrá hoy y cómo está el panorama en la región

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28S: el reclamo del aborto legal en América Latina

Por Celeste Murillo

El 28 de septiembre de 1871, Brasil sancionaba la ley de Libertad de Vientres, que consideraba personas libres a los hijos e hijas de las esclavas. En 1990, el V Encuentro Feminista Latinoamericano eligió esa fecha como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América latina y el Caribe, también conocido como Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.

Los únicos países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada son Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay. Está prohibido en todas las situaciones] en República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua (algunos, como este último, desmontaron legislaciones para soldar sus alianzas con el clero). En el resto del continente, el aborto está criminalizado con algunas excepciones. Este mapa resulta en una virtual ciudadanía de segunda categoría para la mitad de la población y, sobre todo, en riesgos para la salud y la vida de la mayoría de las mujeres.

En América latina y el Caribe se realizan 6,5 millones de abortos al año. La criminalización se traduce en que 760.000 mujeres sufran complicaciones por abortos inseguros cada año. La pandemia empeoró el escenario: el menor acceso a la salud encendió todas las alarmas sobre el aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros.

En un contexto de movilización contra la opresión y por el impacto de la marea verde argentina de 2018, el derecho al aborto se instaló entre los principales reclamos del feminismo y los movimientos de mujeres. Forma parte de agendas políticas tan diferentes como República Dominicana, Brasil, México o Argentina, que son hoy cuatro puntos calientes de debate en la región.

República Dominicana

En febrero de 2020, una crisis política culminó en el llamado anticipado a elecciones y un nuevo gobierno en República Dominicana. El presidente electo Luis Abinader prometió incorporar las tres causales de riesgo de vida, embarazo inviable y violación para despenalizar el aborto. Hoy, en medio del debate para reformar el Código Penal, las mujeres le exigen que honre su palabra.

Laury Rosado es feminista y activista social, es parte de la juventud que se plantó en la plaza cuando empezaba el año. “El debate siempre ha estado latente, pero la muerte de Rosaura Almonte Hernández esperando un aborto para poder hacer un tratamiento oncológico generó mucha repercusión”. En el debate actual, parece imponerse la maniobra de presentar una “ley especial” sobre el aborto (sin texto ni fecha) para facilitar la aprobación del Código. “El gobierno sabe que la presión social lo llevó hasta donde está y ellos tienen una deuda moral, principalmente con ‘los jóvenes de la plaza’, que están a favor de las tres causales”. Hoy este derecho elemental es la variable para equilibrar las expectativas y las presiones de las Iglesias (con funcionarios en el gobierno). “Si aprueban el Código sin las tres causales, estamos fritas”, dice Laury, por eso se preparan para hacerse oír. El próximo 29S las dominicanas preparan un nuevo plantón frente al Congreso Nacional.

Brasil

Brasil mostró una de las peores caras de la criminalización. La única forma para que una niña de diez años, víctima de una violación intrafamiliar, accediera a una interrupción legal del embrazo fue ingresar escondida en el baúl de un auto a un hospital de Recife (Pernambuco). Para llegar hasta ahí viajó casi 2.000 kilómetros porque en su ciudad los médicos se negaron a realizar el aborto. Grupos antiderechos intentaron impedirlo, “los diputados de extrema derecha, como Clarissa Tercio del Partido Social Cristiano, organizaron la marcha y le gritaban asesina por las ventanas del hospital”. “El movimiento de mujeres de Pernambuco, donde vivo, fue al hospital para garantizar el derecho de la niña”; esto lo cuenta Janaína Freire, historiadora, profesora universitaria y militante de Pao e Rosas. El aborto se realizó pero, en respuesta, el presidente Jair Bolsonaro emitió el 27 de agosto el decreto 2282, que obliga a las y los profesionales de la salud a informar a la Policía cuando una mujer solicite un aborto por violación.

El nuevo decreto exige a las mujeres presentar “evidencias”. “Se piden dos documentos, uno donde deben declarar ser concientes de que pueden ser responsabilizadas del crimen de falsedad ideológica y aborto, si se probara que no fueron violadas”. La crueldad estatal es una entre muchas del gobierno de Bolsonaro, pero se inscribe en un patrón de criminalización. “Para entender cómo llegamos a este punto, es necesario recordar que el PT [Partido de los Trabajadores] gobernó el país 14 años y no avanzó en la legalización del derecho al aborto, todo lo contrario, los sectores reaccionarios que hoy celebran el decreto son los mismos con los que se hicieron pactos, como el Acuerdo Brasil-Vaticano y la Carta al Pueblo de Dios”. Más allá de las declaraciones de los presidentes Lula y Dilma Roussef, esos pactos se tradujeron en bloqueos para tratar el derecho el aborto como un tema de salud pública. El 28S, hay varias movilizaciones convocadas en diferentes ciudades de Brasil y las calles brasileñas volverán a encontrarse con las que siempre estuvieron en la vereda opuesta a Bolsonaro.

México

El rechazo de la Corte Suprema a la propuesta del Congreso del estado de Veracruz para legalizar el derecho al aborto es la batalla mexicana más reciente. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había incluido en sus promesas el aborto legal. Pero pasaron dos años y sigue criminalizado, con excepción de la Ciudad de México y Oaxaca, donde se despenalizó en 2007 y 2019 respectivamente. “Fue gracias a la lucha de organizaciones feministas y del movimiento de mujeres”, cuenta Lucy González, que es trabajadora precaria de la salud en la Ciudad de México (CDMX). “En la CDMX se avanzó en la despenalización, no en la legalización. Esto significa que el gobierno de la Ciudad dejó de criminalizar el aborto durante las primeras 12 semanas y sin que las mujeres tengamos que justificarlo. Pero la interrupción se reconoce como un servicio de salud y no como un derecho”. Aunque parezca un detalle, lo que explica Lucy es vital, porque deja a las mujeres a merced del mercado: “solamente se habilitaron 13 clínicas públicas en una ciudad con más de 4 millones de mujeres más las que vienen de otros estados. La Ciudad no construyó más hospitales públicos especializados en interrupción del embarazo, pero sí dio cientos de permisos a clínicas privadas que ofrecen el servicio con un costo de entre 2.500 y 5.000 pesos”. El salario mínimo es de 3.700 pesos, imagínense lo que representa para una trabajadora o una estudiante.

¿El rechazo de la propuesta de Veracruz podría bloquear otros avances en el debate? Lucy González cree que no y, “que va más allá de las iniciativas legislativas presentadas en los congresos locales y nacional. Sigue siendo una de las demandas más sentidas en el movimiento de mujeres en México”. Es militante de la agrupación Pan y Rosas y se preparan para volver a la calle: “ya hay convocatorias a movilizaciones, mitines y pañuelazos para este 28 de septiembre, contemplando medidas sanitarias”.

Argentina

Dos años después del rechazo del Senado, el aborto sigue criminalizado en Argentina. Cada tanto, el presidente Alberto Fernández renueva la promesa de presentar un proyecto para su legalización, pero, como el peso argentino, su palabra se devalúa. La principal excusa es el estrés que provoca la pandemia sobre el sistema de salud. Uso esa palabra porque números como los del Grupo de Estudios sobre Derechos Sexuales y Reproductivos contradicen el argumento. “Entre los años 2005 y 2015 se produjeron en promedio 53.878 egresos hospitalarios anuales por aborto en establecimientos públicos. Se estima que sumando al sector privado, esta cifra ascendería a más de 70 mil”. La legalización reduciría el 98 % de esas internaciones y “redundaría en un importante número de plazas sanitarias disponibles para atender las urgencias del COVID 19”.

Además de los riesgos para la salud, la criminalización es un problema acuciante. En Argentina hay presas por abortar, pero lo que más empuja a la clandestinidad es el miedo a la persecución legal. “El Código Penal vigente en Argentina ha creado un modelo inviable en la práctica”, es una de las conclusiones de la organización internacional Human Rights Watch, que elaboró un informe en base a opiniones y experiencias de especialistas, mujeres y personas con capacidad de gestar que solicitaron interrupciones legales.

Cada día sin legalización significa persecución y muertes evitables, mujeres y niñas con nombres e historias. No se trata de estar a favor o en contra, sino de garantizar el derecho elemental a decidir y que no sea un lujo para las mujeres que pueden pagar una clandestinidad segura.

La Izquierda Diario


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Argentina | Carta urgente por el derecho al aborto seguro

En la jornada previa al Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que tiene lugar cada 28 de septiembre, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito hicieron un llamado a las autoridades políticas para aprobar, este año, el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa y tantas otras más no habrían muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo”, reza el texto con crudeza y sensibilidad. A su vez, recordaron que, cada año, más de 49 mil mujeres son internadas por complicaciones en abortos practicados de manera insegura.

El Día por la Legalización del Aborto fue elegido en base a la promulgación de la Ley de Libertad de Vientres en Brasil, por la que se consideró libres a las personas nacidas de mujeres esclavas.

Debajo, la carta completa.

Es urgente, es prioridad: Aborto Legal 2020

Este 28 de septiembre, Día por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigimos a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo.

En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Se les niega su derecho a la interrupción legal del embarazo -contemplado en el Código Penal desde 1921-, a la salud integral, a la educación sexual integral y a vivir una vida libre de violencias. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios.

Las presas por abortar sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión. Sin contar con la atención adecuada, son sometidas a maltratos por profesionales de la salud que actúan en complicidad con agentes de la Justicia, la policía y los medios de comunicación.

En este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual y (no) reproductiva. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza.

Por eso: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario.

La penalización del aborto contempla una sanción discriminatoria hacia quienes podemos quedar embarazadas sin desearlo, lo cual contradice los tratados contra la discriminación por género a los que Argentina suscribe.

La negativa a sancionar la ley que reclamamos, y la insistencia en sostener un marco jurídico que cotidianamente muestra sus limitaciones, pone en riesgo nuestra salud y nuestras vidas. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más de 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud. En la pandemia los abortos son una urgencia real que debe atenderse.

Nuestro proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, impulsado por más de 700 organizaciones de diversa índole, debe aprobarse de manera urgente. Apelamos a los poderes públicos a que esta necesidad sea una realidad y un derecho efectivo. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, niñas torturadas ni abortos inseguros. Exigimos el reconocimiento de nuestro derecho a decidir.

Este 2020, Sr. Presidente, Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados: ¡EXIGIMOS ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO YA!

Educación sexual para decidir

Anticonceptivos para no abortar,

Aborto legal para no morir

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Coordinadora de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización y la Legalización

del Aborto en Latinoamérica y el Caribe

#AbortoLegal2020

InfoNews


Ecuador | Grupos a favor del Código de Salud anuncian que saldrán a las calles en rechazo a veto

Los grupos y colectivos a favor de la aprobación del Código de la Salud se organizan para expresar este lunes 28 de septiembre su rechazo ante el veto total del Ejecutivo y anuncian que ahora la lucha se centrará en lograr que la Corte Constitucional despenalice el aborto en caso de violación.

El colectivo Aborto Libre anuncia en las redes sociales una convocatoria para esta tarde, a las 15;00, en las calles Panamá y Junín. “Este #28S en Guayaquil nos vemos en la calles, estamos hartas de que nuestros derechos sean transgredidos y vulnerados. Nuestras vidas no son secundarias ni agenda política para captar votos….”.

A la convocatoria de salir a las calles se han sumado, en redes sociales, otras agrupaciones como la Asociación Femenina Universitaria Nacional por la defensa de la Educación Pública y los DDHH de las/os estudiantes del Ecuador.

Un comunicado, respaldado por varias organizaciones a favor de la aprobación de este código, señala que la Ley Orgánica de Salud vigente no protege a las mujeres, por lo que el proyecto de ley incluía artículos que intentaban visibilizar y garantizar “la protección que está en la Constitución y en estándares internacionales sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y que son vulnerados todos los días”.

Según el comunicado, en este año murieron 122 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, parto, aborto. “21 000 mujeres acuden por emergencias obstétricas al Sistema de Salud cada año, el próximo año será igual. ¿habrá alguna ley que las proteja? Las denuncias a mujeres en situación de aborto siguen. Ninguna ley vigente las protegió. El artículo 150 del Código Penal integral no cumple”.

Virginia Gómez, directora de la Fundación Desafío, expresó tras el veto al proyecto de ley que la lucha ahora es lograr que la Corte Constitucional despenalice el aborto en caso de violación. (I)

El Universo


México | Con ‘pañuelazo’ y performance, mujeres exigen aborto legal y seguro en México

Agrupaciones de mujeres se manifestaron este domingo en el Centro Histórico de la Ciudad de México así como en Ecatepec y Toluca, Estado de México, para exigir aborto legal y seguro en el país.

Un grupo de mujeres organizadas por la colectiva OKUPA Bloque Negro se reunió en la sede tomada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, con pañuelos verdes, marcharon hacia la sede del Congreso de la Ciudad de México.

Sin embargo, un grupo de policías formó una valla frente al contingente e impidió su paso.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México dijo que “tiene identificadas a las personas que han agredido y vandalizado las calles del Centro Histórico con intervenciones gráficas y quemas, por lo que actuará conforme a la ley”.

Acusó que algunas manifestantes llevaban martillos, bombas molotov, y que 11 uniformadas resultaron lesionadas.

Mi cuerpo, mi decisión, en Ecatepec

En Ecatepec, la organización Mujeres de la Periferia para la Periferia convocó a un perfomance político, artístico y cultural en la explanada de la iglesia de San Cristóbal.

Durante el acto, narraron experiencias de violación y abortos clandestinos.

“Asesina no es la mujer que decide abortar, asesinas y asesinos son quienes legislan leyes en contra de los derechos humanos basadas en prejuicios, en ideologías religiosas que violan el estado laico”, dijo una mujer que participó en el performance.

Rodada por la despenalización en Toluca

Colectivas feministas del Valle de Toluca organizaron una rodada en el municipio y un evento en el Jardín Zaragoza.

De acuerdo con la agencia Quadratín, las mujeres que se manifestaron por la despenalización del aborto pidieron un alto a la violencia de género y justicio por los feminicidios impunes, colocaron un tendedero con sus consignabas y colocaron un pañuelo verde en el busto de Ignacio Zaragoza.

Las manifestaciones fueron convocadas en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre.

Animal Político


Colombia | Fotos: Feministas colombianas protestan para pedir despenalización del aborto

La manifestación, en la que participaron unas 50 mujeres, ocurre once días después de que 91 organizaciones sociales y 134 activistas interpusieran una demanda ante la Corte Constitucional para que elimine el delito de aborto del Código Penal por «vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud».

«Nos estamos manifestando por el derecho a decidir, porque nosotras tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, nuestros ovarios, sobre si queremos o no tener una hija o hijo», contó Andrea, una de las mujeres que participó en la protesta.

Las tres causales para las que está permitido el aborto en Colombia son que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer; cuando la gravidez es producto de violación o incesto, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina.

Dichas causales fueron aprobadas en 2006 por la Corte Constitucional y ratificadas por el mismo tribunal en 2018.

Grafiti tapado

Durante la manifestación, los colectivos feministas cubrieron un grafiti que había sido puesto esta semana por movimientos antiabortistas y decía «Colombia es provida».

Esa imagen fue reemplazada por una nueva pintada que tenía como mensaje principal «Será ley», en referencia a la demanda que deberá estudiar el alto tribunal, así como por otras frases como «Aborto libre», «Somos el grito de las que ya no están» y «Patriarcado y capital, alianza criminal».

«Estamos diciendo ‘aquí estamos’, ‘estamos juntas’, estamos para apoyarnos y para gritar que nosotras somos dueñas y somos capaces de decidir sobre nuestros cuerpos», expresó Andrea.

Demanda para despenalizar el aborto

El Movimiento Causa Justa, que agrupa a las organizaciones sociales y a las activistas que demandaron, le está pidiendo a la Corte que se declare inconstitucional el Artículo 122 del Código Penal mediante el cual se establece el aborto como delito.

Considera que esta disposición es injusta con las mujeres porque les vulnera derechos fundamentales como la salud, la igualdad y la libertad.

Para la ONG Women’s Link, las causales que fueron aprobadas en 2006 supusieron un «hito en América Latina y el Caribe», pero eso no ha evitado que sigan «persistiendo barreras estructurales que obstaculizan en la práctica el acceso el servicio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE)».

«La penalización es la barrera principal de la cual se desprenden las demás. Las mujeres en Colombia siguen enfrentándose al riesgo de que se les inicie un proceso penal, de ir a la cárcel o de ser sometidas a la discriminación y al estigma cuando buscan acceder al servicio de forma segura, debido, en gran medida, a que el aborto sigue existiendo como delito en el Código Penal», agregó la ONG.

En esa línea, Andrea dijo que promueven la despenalización para que «todas las chicas en cualquier lugar» puedan abortar y para abrir una vía para que «las personas con la capacidad de gestar que están en las marginalidades de Colombia también puedan abortar y tengan el acceso a la información».

«No hay un acceso a la información. Te cuentan que hay tres causales, pero no te cuentan que la causal de salud también implica tu salud mental. Queremos llegar también a estas chicas que están en unos contextos violentos, en familias que muchas veces son súper violentas, y que las obligan a parir, lo cual es sumamente violento porque nadie está obligada a ser madre», agregó la mujer.

Vanguardia


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