El aborto, la eterna deuda con las mujeres latinoamericanas – Por Elena Jiménez
Por Elena Jiménez *
La gran mayoría de las mujeres latinoamericanas viven en países donde el aborto es un delito. Inestabilidad política, religión y desigualdad en todas las esferas son algunas de las principales causas que impiden su despenalización. No obstante, la situación varía mucho de unos países a otros. La lucha por los derechos reproductivos está creciendo en América Latina, pero todavía está lejos de conseguir cambios significativos.
Solo dos países de América Latina permiten la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de una ley de plazos: Cuba y Uruguay, a los que se une Guyana, un país anglófono pero también en Sudamérica. Estos tres países representan una minoría en población y en alcance y, como en tantos otros aspectos, son una excepción a la regla. En contraposición, el 97% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil viven en países donde el aborto está prohibido, con lo que acabar con un embarazo no deseado puede acarrear graves consecuencias como la pérdida de su libertad o, en el peor de los casos, de su vida.
Recabar datos sobre la lacra que supone el aborto clandestino resulta casi imposible debido a la falta de registros oficiales, aunque se estima que en América Latina las cifras oscilan entre cinco mil y diez mil muertes anuales, cifras que, en cualquier caso, no se dan en países donde la interrupción voluntaria del embarazo está garantizada por ley y los servicios públicos de salud. El aborto, una práctica sanitaria relativamente sencilla, es en América Latina un importante problema de salud público, pero también un problema político, ya que agrava la pobreza y la violencia crónica que sufren las mujeres, y constata la falta de poder sobre sus propios cuerpos. En algunos de los países más restrictivos en materia de aborto, como El Salvador, Honduras y Haití, la prohibición de interrumpir el embarazo bajo cualquier supuesto convive con altos índices de violencia sexual contra las mujeres y las penas por aborto duplican, en muchos de los casos, las penas por violación.
A pesar de que la legislación en materia de aborto es bastante restrictiva en la totalidad de la región, hay una clara diferencia por subregiones. Frente a la restricción total de los ya mencionados países centroamericanos, México o los países del sur tienen legislaciones algo más laxas y parecen avanzar, en algunos de los casos, hacia una ley de plazos equiparable a la que poseen la mayor parte de países europeos. Mientras unos avanzan muy lentamente, otros retroceden, lo que demuestra que los derechos reproductivos no permanecen inconexos de otros derechos sociales y se encuentran íntimamente ligados con factores como el tipo de Gobierno, el peso de la religión, la violencia sexual o la desigualdad económica.
Para ampliar: Leyes sobre Aborto, Observatorio de de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL)
Centroamérica, la moral religiosa antes que las mujeres
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití y República Dominicana no son solo los países más restrictivos de la región en materia de aborto, sino que se encuentran entre los más restrictivos del mundo junto con ocho países africanos, tres europeos y dos asiáticos. En estos Estados el aborto es ilegal en cualquier supuesto y ni siquiera se contempla la interrupción del embarazo en el caso de que exista peligro para la vida de la madre. Estos países comparten algunos factores comunes: son países empobrecidos y con gran desigualdad, se encuentran a la cola de los índices de democracia en la región y hay un enorme predominio de la religión cristiana.
Haití es, de todos, el que presenta peores datos macroeconómicos y de desarrollo. El aborto, pero también cualquier otro asunto que ataña a la sexualidad, es un enorme tabú, por lo que a la ausencia de derechos reproductivos se le suma la nula educación para la contracepción y una alarmante cifra de agresiones sexuales, lo que se ha visto agravado por las catástrofes naturales y las consecuentes crisis humanitarias.
Aunque la vecina República Dominicana esté mejor situada en índices económicos y políticos, la situación respecto a la interrupción voluntaria del embarazo es muy parecida, aunque el Código Penal de 2014 parece recoger una pequeña excepción por la cual no es punible el aborto: en caso de que “se haya hecho todo lo posible por salvar las dos vidas”. Sin embargo, esa excepción para salvar la vida de la madre es en el texto muy sutil y en la práctica se traduce en una prohibición total, ya que el personal médico se abstiene, en la mayoría de los casos, de realizar tratamientos que puedan poner en riesgo la vida del feto. A diferencia de Haití, donde la regulación del aborto no es un tema ni mucho menos prioritario, en República Dominicana la despenalización ha sido colocada varias veces en la agenda política, en parte, gracias a su presidente, Danilo Medina, favorable a una ley de supuestos equiparable a la mayoría de países latinoamericanos. Sin embargo, esta propuesta esta cuenta con la fuerte oposición del parlamento y de la Iglesia católica.
El Salvador, Honduras y Nicaragua comparten un relato muy similar en términos de violencia, corrupción e inestabilidad. En El Salvador y Honduras, las maras —organizaciones criminales originarias de estos países— controlan el territorio y el poder político, y son también las grandes responsables de una violencia sexual crónica. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega se ha ido alejando de los preceptos sandinistas para abrazar una especie de populismo evangelista con tintes cada vez más autoritarios. Estos tres países tienen también en común haber retrocedido en derechos reproductivos, pues la penalización total del aborto es relativamente reciente.
En Honduras y El Salvador se pasó de una ley de supuestos a una prohibición total en 1997, cuando una campaña del Vaticano para salvaguardar los derechos del “no nacido” consiguió que los partidos conservadores derogaran las excepciones al aborto contempladas en el Código Penal de ambos países. Dos años después, El Salvador aprobó una reforma constitucional en la que se reconoce al óvulo fecundado como una persona y se introduce la tipificación penal de “lesiones al no nacido”. En Nicaragua, que contemplaba como excepción el peligro para la gestante —el llamado “aborto terapéutico”—, la prohibición total es también aplaudida por la Iglesia, aunque esta vez se trataba de una iniciativa política que pretendía ganar la simpatía de los votantes conservadores de cara a las elecciones de 2006.
Es El Salvador donde sin duda se da la legislación más restrictiva: el Código Penal recoge penas de cárcel de entre seis y ocho años por abortar, pero muchos de estos casos son juzgados como homicidios agravados y las penas ascienden a treinta, cuarenta o incluso cincuenta años de cárcel. Casos como el de Evelyn Hernández, una joven condenada a treinta años de prisión por un aborto extrahospitalario tras ser violada por un pandillero, encendieron a la opinión pública y provocaron en los últimos años varias marchas en el país que pedían la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Evelyn Hernández fue absuelta en 2019 por falta de pruebas, pero las plataformas feministas aún luchan por la liberación de otras dieciséis mujeres en situaciones similares. El actual presidente salvadoreño, Nayib Bukele, admitió durante la campaña electoral estar de acuerdo con la despenalización en algunos casos, pero por ahora el tema se ha mantenido alejado de la agenda política, al igual que en Honduras y Nicaragua, donde la legalización, aunque sea de forma parcial, es aún una utopía.
Para ampliar: “La esperanza truncada del sandinismo en Nicaragua”, María Canora en El Orden Mundial, 2018
El aborto como derecho parcial
En la mayoría de los países latinoamericanos el aborto es legal si se da dentro una serie de supuestos. Los tres más comunes son cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay malformaciones en el feto y cuando pone en riesgo la vida de la gestante. Sin embargo, algunos de los países de esta lista contemplan únicamente uno de los supuestos, como es el caso de Venezuela, Guatemala, Paraguay, Perú o Costa Rica, donde la interrupción del embarazo se permite solo si el mismo amenaza la vida de la mujer, lo que se conoce como aborto terapéutico. Entre los que contemplan peligro para la madre y violación están Panamá, Ecuador y Bolivia, mientras que el resto —Argentina, Chile, Colombia y Brasil— contemplan los tres supuestos.
En este grupo de países es donde hay más diversidad, ya no solo de legislaciones, sino también a nivel socioeconómico, religioso y cultural. Paraguay, por ejemplo, registra el índice de embarazo infantil más alto de la región: uno de cada cinco embarazos se da en adolescentes y muchos de ellos son producto de la violación, supuesto que no permite su interrupción. El aborto clandestino fue la principal causa de mortalidad materna en 2018, y se publicitan de manera indiscriminada a través de mensajes de WhatsApp y páginas web. La legalización total o la ampliación de los supuestos parecen aún bastante lejos de conseguirse debido a la tradicional alianza entre la Iglesia católica y el Partido Colorado, actualmente en la presidencia y con un gran predominio dentro del parlamento.
Por otro lado, el auge del evangelismo en América Latina y su conquista de espacios de poder dificulta aún más el éxito de las reivindicaciones feministas en torno al aborto y otros derechos reproductivos básicos. Brasil es un buen ejemplo de ello, donde la bancada evangelista ya venía frustrando acciones legislativas a favor de las mujeres o la población LGTBI antes incluso de la llegada de Bolsonaro a la presidencia. En el gigante lusófono se calcula que cada minuto aborta una mujer, mientras que la legislación no solo no avanza, sino que amenaza con retroceder a pesar de las múltiples voces que reivindican la despenalización completa. En Colombia, Costa Rica, Perú o México grupos sociales empujados por la Iglesia evangélica lideran las manifestaciones “provida” —nombre con el que se autodenominan los movimientos antiabortistas—. En Chile, Piñera, el actual presidente, contaba con cuatro pastores evangélicos como asesores de campaña, y en Bolivia, el actual Gobierno de transición dirigido por Jeanine Áñez participa de misas evangélicas para “consagrar el país a Dios”. En todos estos países, los Gobiernos conservadores ven respaldados sus discursos antiabortistas por una masa religiosa que, si bien no es aún mayoritaria, cada vez tiene más voz.
En Chile, donde la ley de supuestos entró en vigor en 2017, el aborto sigue sin ser una realidad, al menos para las mujeres y niñas con pocos recursos. Si la sanidad pública es ya muy escasa en este país, a ese factor de desigualdad estructural se le suma que el 51% de los médicos del sistema público de salud se declaran objetores de conciencia a la hora de practicar abortos por violación. Algo muy parecido ocurre en Colombia, donde la objeción de conciencia es aún muy frecuente e impide que la interrupción voluntaria del embarazo pueda ejercerse plenamente.
De todos estos casos, el más optimista es el de Argentina, que estuvo muy cerca de la despenalización en 2018 y, aunque no lo consiguió por la negativa del Senado, es bastante probable que lo consiga en esta recién estrenada legislatura, donde el nuevo presidente, el peronista Alberto Fernández, se ha manifestado a favor de la legalización total y ya ha dado los primeros pasos en esa dirección. Además, las argentinas han sido durante 2019 las abanderadas de una movilización social sin precedentes que ha conseguido extender su famoso pañuelazo verde por todo el continente. Precisamente esa chispa procedente de Argentina es la que llevó al estado mexicano de Oaxaca a legalizarlo bajo todos los supuestos. México contempla el supuesto de violación en todos los estados mientras en el resto se contemplan distintos supuestos. Solo Oaxaca y la capital federal cuentan con una ley de plazos, dato muy preocupante dadas las altas cifras de embarazos tempranos y de muertes por aborto clandestino en el resto del país, especialmente en el estado de Guerrero, uno de los más empobrecidos.
Para ampliar: “La gran marcha de la Iglesia evangélica en América Latina”, Inés Lucía en El Orden Mundial, 2017
Aborto legal, seguro y gratuito: una excepción
Además de los dos mencionados estados mexicanos, los únicos países de la región con una ley de interrupción voluntaria del embarazo de plazos —es decir, sin otra condición que la de no sobrepasar determinado tiempo de gestación— son Cuba, Guyana y Uruguay. El caso de Cuba es quizás el más paradigmático, puesto que no solo es el primero en incluir la ley de plazos en América Latina, sino que fue uno de los primeros países del mundo; el primero fue la Unión Soviética en 1920, aunque volvió a prohibirlo entre 1936 y 1955. El aborto fue despenalizado en Cuba en 1965, cuando pasó de manera automática a estar garantizado por el sistema público de salud. Como resultado, Cuba tiene una de las tasas más bajas de mortalidad materna de la región y el aborto clandestino es prácticamente inexistente, puesto que solo es ilegal si se practica con fines lucrativos.
La legislación uruguaya, en vigor desde 2013 y que llega con tantas otras legislaciones progresistas como la del matrimonio igualitario, dista mucho de la de sus vecinos. Tanto es así que fue tomada como referencia para el anteproyecto de ley argentino. El garantista sistema de salud de la república rioplatense es también una excepción, pues ha conseguido que, al igual que en Cuba, las muertes por aborto sean casi iguales a cero. Por el contrario, Guyana es el claro ejemplo de que la despenalización del aborto no es siempre suficiente para asegurar la salud reproductiva de las mujeres: aunque la ley de 1995 permite el aborto voluntario durante las ocho primeras semanas de gestación, el aborto clandestino y la mortalidad materna sigue siendo alarmante debido a que la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada por el sistema público de salud, algo muy parecido a lo que ocurre en los estados de Ciudad de México y Oaxaca.
Excepciones aparte, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo una realidad muy minoritaria en América Latina y sus consecuencias van mucho más allá del peligro de una intervención clandestina. La falta de acceso al aborto y a los métodos anticonceptivos reproducen la desigualdad económica, pues el embarazo temprano o no deseado impide la movilidad social de aquellas mujeres que se ven abocadas a abandonar sus estudios o su trabajo. La prohibición total o parcial de decidir abortar es también una prohibición de que las mujeres decidan sobre su futuro, más aún cuando conviven con alarmantes situaciones de exclusión social y violencia sexual.
Entre los principales factores para que no se avance en esta materia está el peso de la moral religiosa, pues, a pesar de que la mayoría de los países son constitucionalmente laicos, no pasa lo mismo con su población ni sus gobernantes, tradicionales seguidores de la fe cristiana. La inestabilidad política y la desigualdad crónica impiden la implantación de políticas sociales a largo plazo, así como la introducción de un sistema público de salud garantista en la gran mayoría de los países. Si los derechos reproductivos nunca han sido una prioridad en América Latina, el actual estado de incertidumbre en el que se encuentra la región coloca el aborto aún más a la cola de la agenda política. Queda esperar si en los próximos años Argentina consigue la tan ansiada legalización y sirve como impulso para el resto del continente, aunque los esfuerzos a corto plazo parecen tener que centrarse en no retroceder más que en avanzar.
* Graduada en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Interesada en América Latina y en temas de geopolítica, género, migraciones y medioambiente.
